Niñas, no madres: la grave situación en América Latina

La campaña pretende dar visibilidad a la problemática de salud pública y derechos humanos que predomina en nuestra región: el embarazo de niñas y adolescentes, que en la mayoría de los casos es resultado de la violencia sexual, pero también de la ausencia del Estado en su obligación de protegerlas y reconocerles sus derechos.

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Una situación dramática

El proyecto, que pretende ser la voz de las miles de niñas violentadas, parte de un hecho concreto: América Latina es la única región del mundo donde ha aumentado el número de partos en niñas menores de 15 años. Las consecuencias que enfrentan quienes se encuentran con la maternidad en edades tan tempranas son tanto físicas como emocionales y sociales. Sus vidas resultan doblemente robadas: por sus agresores sexuales y por el Estado.

El futuro de una niña o adolescente víctima de violencia sexual y embarazada es oscuro: no tendrá acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva, se verá forzada a ser madre siendo una niña, su salud física y emocional estarán en riesgo permanente y se preservará el círculo de pobreza y marginación en el que (en la mayoría de los casos) vive, ya que la maternidad precoz suele interrumpir su educación y por consiguiente, su potencial económico.

De la campaña participan el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), Amnistía Internacional y Planned Parenthood. Está centrada en seis países: México, Perú, Guatemala, Nicaragua, Ecuador y Paraguay.

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Cifras alarmantes

En la mayoría de los países, el aborto sólo es legal cuando pone en riesgo la vida o la salud de la gestante. Ecuador lo autoriza también en caso de violación de una mujer con discapacidad mental mientras que México lo hace en todos los casos de violación pero hasta las 12 semanas de gestación. Nicaragua, en cambio, lo penaliza siempre. Estos países priorizan la continuidad del embarazo y obligan a las niñas a convertirse en madres y heroínas. La violencia sexual sufrida parece ser un detalle menor.

Lo que resulta aún más grave de esta situación es que los embarazos a temprana edad y los abusos no son casos aislados. Las cifras son de verdad alarmantes y obligan a tomar medidas urgentes:

  • En México se cometen al menos 600 mil delitos sexuales cada año, 9 de cada 10 víctimas son mujeres y 4 de cada 10 de ellas tienen menos de 15 años de edad;
  • En Perú, 4 de cada 5 denuncias por violencia sexual son de niñas y adolescentes, y el 56% de las muertes maternas en adolescentes son por suicidio;
  • En Guatemala, cada 4 horas se denuncia un caso de violencia sexual contra una niña o adolescente y el 98% de ellos quedan impunes. A diario se registran 5 embarazos de menores de 14 años;
  • En Nicaragua, el 27% de los embarazos registrados en el país son de niñas y adolescentes, de las cuales 47% tenían entre 10 y 14 años. Además, 8 de cada 10 mujeres víctimas de violencia sexual son niñas menores de 13 años;
  • En Ecuador, entre 2002 y 2010, los partos en niñas de 10 a 14 años aumentaron un 78%. En el 2013, se registraron 634 denuncias por violencia sexual en el sistema educativo. El 85% de estos casos fueron cometidos en contra de niñas y adolescentes mujeres; y
  • En Paraguay, en 2011 se registraron 611 embarazos en niñas y adolescentes. Las principales causas de muerte materna son: aborto, toxemia y hemorragia.

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Estados ausentes y derechos vulnerados

Amnistía Internacional afirma que los derechos sexuales y reproductivos se fundamentan en Derechos Humanos establecidos en tratados regionales e internacionales que la mayoría de los Estados de la región se han comprometido a cumplir; entre ellos, La Convención sobre los Derechos del Niño, La Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará).

Además, el organismo destaca como fundamentales entre los derechos sexuales y reproductivos: la libertad para decidir si ser o no sexualmente activo; mantener relaciones sexuales consentidas con independencia de la orientación sexual, no sufrir violencia ni prácticas dañinas, tener acceso a información, a servicios de contracepción y planificación familiar, y a educación sobre la salud sexual.

¿Dónde están los Estados que firman y ratifican pero después obligan a las niñas a continuar con sus embarazos? Desde la campaña denuncian que los países están obligados a prevenir que las niñas sean víctimas de violencia sexual pero también a responder de manera adecuada cuando, en consecuencia, resultan embarazadas. Por eso, realizan una serie de recomendaciones:

  • Garantizar que las niñas víctimas de violencia sexual reciban una atención integral (física, mental y social);
  • Brindar acceso a la anticoncepción de emergencia e interrupción legal del embarazo bajo las causales de violación y riesgo para la vida y/o salud de la mujer;
  • Contar con procesos legales que sean congruentes con la legislación nacional y los estándares internacionales de derechos humanos; y
  • Capacitar de manera permanente al personal médico y judicial en la atención integral que deben recibir las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, con perspectiva de género y derechos humanos.

Que cada Estado se haga cargo de sus compromisos es también una responsabilidad de la sociedad civil. Ésta debe exigir a sus funcionarios el cumplimiento de los tratados internacionales pero aún más, que se garanticen los derechos humanos de todos los ciudadanos. Resulta imprescindible comenzar a revertir la situación de vulnerabilidad que afecta a las niñas y adolescentes en nuestra región.

Fuentes consultadas:

Imágenes:

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