María “Malú” López es madre, sostén de hogar y trabajadora autónoma. Desde la noche del martes se encuentra detenida tras un allanamiento en su lugar de trabajo. ¿El motivo? La persecución sin tregua al trabajo sexual autónomo.
El día 10 de octubre, en un operativo violento, el domicilio que Malú López compartía con otras tres compañeras fue allanado en la zona norte de la ciudad de Mar del Plata. Por ser la mayor, María fue separada de las demás y se la dejó incomunicada. Sus amigas declararon que todas eran trabajadoras sexuales autónomas, que estaban allí por propia voluntad y que no había tal situación de trata ni proxenetismo.
Malú es la referente de Mar del Plata de AMMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, que hoy incluye también diversidad de géneros y de modalidades de trabajo sexual.
En una nota realizada en julio de este año por el portal Cosecha Roja, López decía: “Pasa todo el tiempo. Detienen a las más grandes y las acusan de ‘proxenetas’. Pero somos putas, no sarnosas. Somos mujeres trabajadoras”.
En un comunicado publicado en el día de ayer, AMMAR denuncia que María sufrió una descompensación a causa de estar más de 24 horas sin la medicación que debe tomar a diario.
Por otra parte, Malú es madre de seis hijxs, dos de lxs cuales son menores de edad, y el ingreso que proviene de su trabajo es el único con el que cuenta su hogar. Aun así, se encuentra incomunicada desde su detención.
Desde la Asociación declaran: “Estamos intentando acceder a la causa para poder acompañar y apoyar a María en el proceso judicial al que se tendrá que enfrentar porque en Argentina se equipara trata con trabajo sexual”.
LA INDUSTRIA DEL RESCATE
Esta falta de diferenciación entre trabajo sexual autónomo y el delito de trata de personas se debe a la Ley 26 842, sancionada en el año 2012, yconocida como la “ley anti-trata”.
Esta Ley crea una “industria del rescate”, que revictimiza a las trabajadoras sexuales autónomas organizadas en cooperativas para trabajar de manera más segura. La norma determina de forma expresa que el consentimiento de las partes no exime de responsabilidad penal, civil o administrativa. Las trabajadoras denuncian esta situación como una clara infantilización de sus personas.
Para comprender esta legislación y la actual industria del rescate que se empecina en construir responsables de un delito, aun cuando no lo hay, hay que remontarse a las llamadas Guerras del Sexo que tuvieron lugar en Estados Unidos, entre los sectores abolicionistas del feminismo y aquellos conocidos como prosexo.
Cargos de gobierno y en las Naciones Unidas fueron ocupados por el abolicionismo, gracias a mandatarios conservadores tales como Ronald Reagan.
Los informes realizados por el Departamento de Estado estadounidense, con claro sesgo abolicionista, y las recompensas a aquellos países que “rescatasen” más víctimas también explican cómo llega a constituirse en Argentina el negocio de la fabricación de víctimas.
Por otra parte, en el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas adoptó el Protocolo de Palermo, también conocido como el Protocolo contra la trata de personas, el cual nuestro país aprobó y sancionó con fuerza de ley en el año 2002. Este protocolo tampoco contempla el consentimiento de las partes involucradas e iguala trabajo sexual con trata de personas.
Bajo esta lógica rescatista, departamentos donde las trabajadoras sexuales trabajan de manera colectiva son allanados, se acusa de proxenetismo a aquella(s) persona(s) que figuren en el contrato de alquiler y se considera víctimas de trata a las prostitutas que se encuentren en el inmueble, incluso si expresan que se encuentran allí de propia voluntad, como sucedió en la noche del martes con Malú y sus compañeras.
María Riot (@riotmaria), trabajadora sexual feminista y militante de AMMAR, escribió en su cuenta personal de Twitter que “sus compañeras, a quienes quieren anotar como víctimas, fueron a pedir por ella”. Asimismo, relata que la hija de López pide desesperada poder verla.
Brune, trabajadorx sexual marplatense y militante de la Asociación, denuncia en Facebook: “La parodia que existe en torno a la lucha contra la trata de personas y la industria que se monta en pos de combatirla hace que la policía, funcionarios públicos y agentes municipales [sic] nos criminalicen a quienes ejercemos el trabajo sexual autónomo para hacerse una buena caja chica y, de paso, hacer parecer que trabajan”.
En una publicación en su muro, Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR a nivel nacional, critica como en otras ocasiones a la apelación al derecho penal (y, por tanto, al sistema punitivista) para afrontar problemáticas sociales y, más precisamente, para perseguir y criminalizar a las putas, en clara demostración del funcionamiento patriarcal de la justicia.
Siguiendo el mismo lineamiento, Brune escribe: “Malú son todas las putas que hoy están presas. Lo confirmamos cuando vemos las estadísticas de las personas condenadas por el delito de trata de personas: casi la mitad de ellas son mujeres, mientras que en todos los demás delitos, sólo una de cada diez personas lo es”.
Desde AMMAR denuncian en su comunicado el aumento de la criminalización de la pobreza y la persecución a los sectores vulnerados de la población.
Con esta lógica punitivista, el delito de trata de personas no disminuye, mientras que sí se vulneran los derechos de mujeres trabajadoras, muchas de ellas madres solteras y sostenes de hogar.
Por otra parte, las cárceles se llenan de mujeres pobres, mientras que los verdaderos responsables y sus cómplices en los altos cargos de poder continúan libres e impunes.
Mientras tanto, las putas ponen en marcha mecanismos de acompañamiento y de la denominada “zorroridad”, y son claras en su manifiesto: “Las putas que mandaste presas van a volver”.
Imagen:
Cuenta de Instagram del Sindicato de Trabajadoras Sexuales.
Escritura Feminista 