A tres años de que la provincia de Mendoza saliera a las calles para proteger el agua, el gobernador Rodolfo Suárez vuelve a minimizar la importancia de los recursos naturales. Pocos días después de la última Navidad, le cedió las tierras del Campo Potreros de Cordillera a la empresa El Azufre S.A. Estas se encuentran cerca del límite con Chile, a 190 km de la ciudad de Malargüe.
La entrega fue hecha por decreto, con la excusa de que la empresa ya había invertido mucho en esos terrenos, por lo que no era necesario llamar a una licitación pública. Es decir, que la empresa en cuestión avanzó sobre las tierras que pertenecen a la población mendocina con total impunidad. Según los registros, han ocupado el valle desde 2019, cuando instalaron una base con energía renovable y comunicación satelital allí. Aparentemente, El Azufre está construyendo un centro de esquí que promete ser 100% sustentable. Pero no realizó ninguna Audiencia Pública, ni hizo público ningún expediente del proyecto y mucho menos presentó un estudio de impacto ambiental.
Estos pasos resultan fundamentales, ya que se sabe que en esta zona se encuentran glaciares, nacientes de ríos y arroyos, humedales altoandinos y vertientes termales, además de que, por su proximidad con el Volcán Peteroa, es una zona volcánica riesgosa. Por no mencionar que esos documentos y estudios son instancias obligatorias según la Ley Nacional 25.675 y la Ley Provincial 5.961.

Campo Potreros de Cordillera, un terreno en disputa
Las 12.351 hectáreas entregadas a la empresa El Azufre pertenecen a Nación pero en 1969 se cedió la posesión a Mendoza. Esto significa que la provincia no puede venderlas ni comercializarlas, pero sí puede asignarlas. Para ello, se ampara en la Ley 21.900 que establece que para la adjudicación de zonas de frontera, «se tendrán especialmente en cuenta las actividades agropecuarias, forestales, mineras, industriales, pesqueras, turísticas, energéticas, sociales, urbanísticas y de conexidad». El famoso centro de esquí entra en la denominación de turismo.
Sin embargo, surgen voces que cuestionan la extensión del terreno que ahora es propiedad de El Azufre: son 120 km², más de 2 veces la superficie de la Capital de Mendoza, o la mitad de la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. «¿Por qué 12 mil hectáreas? El centro más grande de esquí de Latinoamérica, el cerro Catedral, tiene 2 mil hectáreas. ¿Por qué se lo entregó a una empresa que tiene solo cuatro años?», consultó al respecto el senador provincial mendocino Lucas Ilardo.
Por otra parte, resulta llamativo que no se le haya solicitado presentar estudios que certifiquen que la edificación que se pretende realizar no dañará el ambiente cordillerano ni sus glaciares. Desde la empresa reconocieron la presencia de glaciares pero aseguraron que en su actividad «no los tocan». También es importante saber que 4000 de esas hectáreas están cubiertas por el humedal altoandino más grande de la provincia: las vegas (terrenos fértiles que constituyen las llanuras aluviales de los ríos) del Valenzuela. Este comprende un humedal de varios kilómetros de extensión, conformado por miles de hectáreas de pastizales higrófilos y pantanos de altura, y cientos de lagunas y manantiales, una enorme fuente de agua dulce. Sabiendo que Mendoza es una provincia que lleva más de 10 años de sequía histórica, es fundamental para les ciudadanes proteger sus fuentes de agua potable.
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Otro punto de conflicto son los puesteros y las puesteras. En 1969 se les pidió que ocuparan la zona del valle, debido a su proximidad con Chile. Ahora, desde la empresa y el gobierno provincial aseguran que hubo solo dos propietaries con quienes pudieron llegar a un acuerdo. Mientras que el peronismo y diversos abogados afirman que se trata de más de 20 puesteros y puesteras que vieron vulnerados sus derechos de reclamar las tierras, ya se han llevado a cabo reclamos en la fiscalía para que se investigue sobre estos hechos.
Y aún hay más: el valle en cuestión está comprendido dentro del relevamiento de pueblos originarios, por ser reclamada por las lof Buta Mallín y Pincheira, como zona de veranada para la pastura de su ganado y desde ya como ocupantes ancestrales de esas tierras.
También hay denuncias que aseguran que a la empresa se le han otorgado los derechos de uso del agua del Río Valenzuela por parte del Departamento General de Irrigación, sin ser aún titulares de la tierra. De confirmarse, esto representaría un suceso sin precedentes en la provincia ya que, de acuerdo a la Ley de Aguas de Mendoza, este bien natural es inherente a la tierra. Por estas cuestiones es que surgieron voces del justicialismo que cuestionaron las alteraciones cometidas en este proceso e hicieron un pedido de informe por irregularidades.
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El centro de esquí más importante de Latinoamérica
El megaproyecto fue anunciado en 2019 y promete ser 100% autosustentable: se mantendrá con energía solar, eólica y micro-hidroeléctrica. También afirman desde El Azufre que se trabaja en un plan de forestación que comprende la plantación de 1 millón de árboles y el tratamiento de los residuos y efluentes. Los inversores alaban la ubicación del centro de esquí, ya que les permitirá tener hasta 5 meses de nieve al año, una característica que no es común en los centros del país. Al respecto, Alejandro Spinello, uno de los socios del proyecto aseguró: «Estudiamos el promedio de nieve histórico, corroboramos datos de precipitaciones, vientos, laderas y hasta instalamos un campamento en la zona durante un invierno».

Además, prevee la construcción de un centro de esquí con 6 medios de elevación, 7 hoteles, 10 restaurantes, lotes para casas y comercios. Para cerrar con broche de oro, contempla un nuevo aeropuerto en la ciudad de Malargüe y uno pequeño en el valle para aviones privados.
Si bien se presenta como una oportunidad turística y comercial, no hay que dejar de ver la imagen completa. El Azufre S.A. avanzó sobre unas tierras que no le pertenecían y comenzó a construir su centro de esquí, que promete mucho, pero que se establece en un zona que está llena de recursos naturales y ecosistemas que deben ser preservados, para lo que es fundamental realizar un estudio de impacto ambiental que brilla por su ausencia. ¿Es este el modelo de negocio que queremos para Mendoza y para Argentina?
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