Removieron de su cargo al fiscal Julio Castro denunciado por violencia sexual y laboral

El Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal decidió por unanimidad remover de su cargo al fiscal Julio César Castro por mal desempeño y por no haber obrado con buena conducta. En la decisión se acreditaron «numerosos hechos de suma gravedad» cometidos por el fiscal que se repitieron a lo largo del tiempo y que mostraron un ensañamiento hacia las mujeres.

A Castro se le imputan cargos por actos de acoso sexual y laboral y de maltrato en general. Los actos de acoso sexual estuvieron dirigidos a distintas mujeres que se desempeñaron como dependientes en fiscalías que estuvieron a su cargo o que trabajaron en otras dependencias del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial. También se lo acusa de cometer hechos de maltrato laboral contra empleados y funcionarios que prestaron servicio bajo sus órdenes. Por su parte, las similitudes de los relatos de las víctimas, que no se conocían entre sí, brindaron verosimilitud a los testimonios.

Ex Fiscal Julio César Castro.

En el expediente, unas seis mujeres declararon haber sufrido acoso sexual, situaciones que oscilan entre comentarios e invitaciones a salir, dentro y fuera del ámbito laboral. Es por ello que en la acusación que habían realizado los fiscales Federico Reynares Solari e Indiana Garzón se había solicitado la remoción del ahora ex titular de la Fiscalía General Nº13 ante los Tribunales Orales Criminales y Correccionales.

El tribunal que dio a conocer el veredicto estuvo conformado por Adriana Donato, en representación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, César Grau, por el Senado de la Nación, Juan Carlos Paulucci y Alejandra Obregón, por el Ministerio Público Fiscal, Francisco Panero, en representación de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Laura Giosa, del Consejo Interuniversitario Nacional y Héctor Recalde, representante del Poder Ejecutivo Nacional.

Un machista siempre tiene antecedentes

Además de las denuncias en el ámbito laboral, los fiscales recordaron también un episodio de «contacto inadecuado» que tuvo Castro hacia una joven menor de edad a través de Twitter y la condena penal del 2019 que pesa sobre el fiscal, que se encuentra en etapa de revisión en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Dos años atrás fue considerado culpable frente a los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado en dos oportunidades con lesiones leves, en perjuicio de su ex pareja, en contexto de violencia de género. Si bien fue condenado a 6 años y seis meses de prisión, no se hicieron efectivos por no existir una condena firme debido a las instancias de apelación. Además, por estar gozando de una licencia por razones psiquiátricas, el fiscal no fue suspendido en sus funciones, lo que implica que continuó cobrando su sueldo hasta mayo de este año.

Fotografía de Claudia Conteris para el Portal Fiscales.

Los violentos no son casos aislados

Si bien en los últimos años se han dado avances en cuanto a los derechos de las mujeres y se han creado nuevas normas, como la obligatoriedad de la capacitación en ley Micaela, no son suficientes; hombres violentos con denuncias por abuso y acoso siguen siendo los encargados de tomar las denuncias y llevar a delante los procesos de las mujeres violentadas.

Otro ejemplo es el del juez Pedro Fragueiro en Misiones, provincia en la cual su gobernador, Oscar Herrera Ahuad, no aceptó la renuncia presentada por el magistrado luego de recibir cinco denuncias por abuso sexual realizadas ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Oberá y ante el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas. Al recibir las notificaciones, desde el Colegio de Abogados presentaron un pedido de jury hacia Fragueiro ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), lo que condujo a su suspensión por 15 días mientras se realizaba un sumario administrativo.

Las acusaciones fueron efectuadas por mujeres que compartieron espacios de trabajo junto a Fragueiro. La primera fue por un hecho sucedido en 2017 cuando el juez era encargado de esa área en la Unión de Rugby de Misiones. La segunda fue realizada por una mujer que trabajaba en su juzgado por un abuso sucedido en febrero de este año. La tercera por una denunciante que tenía un trámite en su juzgado, quien dice haber sido acosada en las entrevistas. Las otras dos restantes las realizaron dos empleadas del Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Oberá y de Posadas.

¿Puede un varón denunciado y condenado por delitos sexuales estar a cargo de la Unidad Fiscal especializada en Delitos Sexuales? Hasta hace unos días la respuesta era sí. Castro y Fragueiro son solo algunos de los tantos hombres que aun con denuncias previas forman parte de la justicia patriarcal. A la hora de elegir a los representantes de la ley se debe tener en cuenta que la violencia sexual en el ámbito extraoficial constituye mal desempeño. Del mismo modo, es necesario remarcar que la violencia y el acoso son una amenaza para la igualdad de oportunidades laborales.


Fuentes:

Imagen de portada: Claudia Conteris para Fiscales


Caso Thelma Fardín: cuando la Justicia actúa correctamente

Pasaron casi tres años desde que la declaración pública de Thelma Fardin sobre el abuso sexual que sufrió por parte de Juan Darthés se volviera un hito sin igual para el feminismo argentino. El caso de esta actriz tiene un triunfo excepcional y festejable ya que, el pasado 6 de abril, una fiscalía de Brasil presentó la denuncia formal contra Darthés. Son tres Ministerios Públicos Fiscales los implicados en esta causa y no deberíamos esperar menos.

El 11 de diciembre de 2018, nos enterábamos con una conferencia de prensa del Colectivo Actrices Argentinas del abuso sexual que había sufrido Thelma Fardín en 2009 por parte de Juan Darthés durante las presentaciones teatrales en Nicaragua de Patito Feo, la serie televisiva en la que trabajan juntes. Ella actuaba como amiga de la protagonista con 16 años de edad y él como padre de esta última con 45 años.

Declaración de Thelma Fardín, 11 de diciembre de 2018.

La respuesta de la Justicia

El hecho caló en el cuerpo social y el feminismo de una manera muy particular pero claramente el accionar de la Justicia y de organismos internacionales que respondieron ante la denuncia de Thelma, demuestran también una preocupación igual de especial. 

Como el hecho sucedió en Nicaragua, la denuncia de Thelma debió hacerse en ese país. La respuesta fue positiva y se pidió la extradición de Darthés en 2019 para juzgarlo en la corte de este país, junto con la Interpol. Según el código penal de Nicaragua la condena que le corresponde a Darthés es de 15 a 20 años en prisión. 

Sin embargo, el imputado se fugó hacia Brasil, donde se prohíbe la extradición de sus nacionales. Esta sugerencia fue propuesta por Fernando Burlando, abogado encargado de la causa de Darthés, ya que el abusador tiene doble nacionalidad y es oriundo de Brasil.

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Parecía que la causa iba a quedar trabada hasta que el pasado 7 de abril, a través de una nueva conferencia, Thelma Fardín junto con su nuevo equipo de abogades, Actrices Argentinas y Amnistía Internacional Argentina hizo público que una fiscalía de Brasil había presentado el día anterior una denuncia formal contra Darthés. Por ende, si un juez toma la causa en el futuro, el imputado será juzgado por la Justicia de Brasil por el hecho ocurrido en 2009 en Nicaragua. Es importante destacar que esta acción que llevó a cabo el Ministerio Público Fiscal de Brasil fue de oficio, lo que quiere decir que fue una iniciativa propia de este ministerio sin que Thelma Fardín o sus abogades lo impulsaran. 

El accionar de la Justicia de Argentina, Nicaragua y Brasil es alentador ya que el abogado de Thelma, Martín Arias Duval declaró para Télam que «el Ministerio Público Fiscal de Brasil decide promover la causa porque hay un pedido de extradición por parte de Nicaragua que mantiene la orden de captura. Además, la circular roja de Interpol sigue vigente»

La respuesta de la sociedad

El impacto de la primera conferencia de Actrices Argentinas en 2018 fue sin igual: el conmovedor video de Thelma contando el hecho y su final, donde se muestra todo el apoyo que tenía (y tiene) por parte de sus colegas y figuras públicas, fueron inspiradores. 

Luego de la conferencia de este Colectivo, reportamos un aumento de llamadas al 144, la línea de violencia contra la mujer y el aumento en un 1240% de las denuncias en la línea contra el abuso sexual infantil del Ministerio de Justica de la Nación.

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Además, el repudio público por Darthés cruzó fronteras cuando él se fugó hacia Brasil. Allí, el 21 de diciembre de 2018 lo recibió una manifestación de mujeres argentinas que residían en el país vecino, exponiendo con carteles la cara de Darthés y los hechos que él cometió.

Es importante resaltar, como dijo en su comunicado del 7 de abril el Colectivo de Actrices Argentinas, cómo el caso de Thelma es «la excepción y la regla» a la vez: la excepción, porque son muy pocos los casos que tienen apoyo social y judicial y, además, tal relevancia mediática. Pero también debería ser la regla, como dicen las actrices: «Hoy estamos acá, otra vez, para hacer pública esta victoria y corroborar que, a pesar de los innumerables obstáculos, este es un camino que para las mujeres y disidencias de América Latina no tiene vuelta atrás».

La relevancia del caso tiene que ver con las maneras en que pudo organizarse el Colectivo que respalda a Thelma Fardín -y a todas las denunciantes de Darthés- y la valentía que ella misma tuvo y tiene día a día para enfrentar esta exposición.

Es una inspiración para todas las personas que sufrimos abusos. Animarse a hablar sobre estas cosas es tan complicado que es igual de difícil ponerle palabras: el estigma y «la deslegitimación siempre están a la orden del día». La empatía y el poder escuchar sin intentar refutar o justificar a los abusadores son acciones que faltan en sociedades en las que estas temáticas recién ahora empiezan a ser preocupaciones públicas realmente.

Este es un caso que nos demuestra una manera eficaz de accionar de la Justicia pero que además pone en tela de juicio las formas en que se perciben socialmente estas declaraciones de abusos. Recién después de tres años, porque la justicia de tres países lo están afirmando y por las pericias psicológicas como fuente de prueba para este caso, se alcanza a juzgar a Darthés. Sin embargo, cuando esto no era así, se dudaba de la suficiencia de estas pruebas y lo que menos se necesita en estos casos es la templanza de una supuesta objetividad que de objetiva no tiene nada y responde a una construcción patriarcal de la justicia.

Los rastros de una violación se puede limpiar fácilmente y las lastimaduras en el cuerpo sanan. Pero lo que más cuesta curar son los traumas psicológicos. Que casos de violación no puedan prosperar porque no hay pruebas físicas es algo que necesita cambiar y este caso es la demostración de que eso es posible. 


Fuentes:


¿Pornovenganza? Hablemos de violencia de género

Producción escrita por Claudio Passaro en el marco de la jornada Feminismos y derechos del Taller Pensamiento crítico feminista en ámbitos cotidianos (2021)


Hay un tema que ha ido cobrando cierta importancia a luz de varios hechos y acontecimientos que se han dado como una de las (muchas) consecuencias de la existencia de las redes sociales. Estoy hablando del fenómeno conocido como «revenge porn», «pornovenganza» o sextorsión.

Este término se refiere a la difusión sin previo consentimiento de contenido sexual audiovisual o fotográfico de particulares, que lo habían creado y compartido en total intimidad y confianza y que ven irremediablemente destruida su reputación e imagen social. Sucede, en algunos casos, a partir de la ruptura de una relación.

La gran mayoría de las víctimas de este tipo de violencia de género son mujeres y ha habido una cantidad enorme de este tipo de casos en los últimos años. Voy a contarles dos en concreto, ambos ocurrieron en Italia. Uno en 2014 y otro en 2018. Lamentablemente uno de ellos acabó de forma trágica, mientras que el otro terminó con una victoria judicial por parte de la víctima.

La historia de Tiziana Cantone

La primera historia es la de Tiziana Cantone (31), oriunda de Nápoles. Hubiese sido más respetuoso, para ella y para todas las víctimas de la sextorsión, que en su momento se hubiese mantenido su anonimato pero desdichadamente esto no pasó y considero importante contar su historia recordando su nombre. A finales del 2014, en un grupo de WhatsApp de la facultad, recibí un video pornográfico en el que una mujer estaba siendo grabada por el hombre con el que estaba teniendo relaciones sexuales. En ese entonces yo no lo sabía, pero ese video estaba siendo compartido y difundido por grupos de WhatsApp en todo el país.

A los días la noticia, se había difundido enormemente y la gente no paraba de hablar de ello. Se hacían bromas en las redes sociales, su cara fue impresa en camisetas junto con una frase que ella dijo en ese video y se convirtió hasta en un meme. La gente compartía y seguía compartiendo este contenido. Nadie pensaba que detrás de todo eso estaba una persona, Tiziana, quien seguía allí, recibiendo comentarios, siendo llamada en la calle, mientras lo único que esperaba era ser olvidada.

Señalaron como culpable a Tiziana, por prestarse a ese «juego de adultos»: que fue consensual y debería haber permanecido limitado a las personas con las que ella quiso compartirlo. Entonces, ella pasó de disfrutar de su libertad sexual en un contexto bien definido y con personas que creía de confianza, a recibir cualquier tipo de apodo e insultos por desconocidos. Llegó a tener que cambiar de apellido, a escapar de la ciudad en la que vivía con la madre. A todo esto, sobre el hombre (el macho) que tomó parte en ese «juego de adultos», nadie hablaba. O, si de él se hablaba, era para halagarlo y subrayar su papel de hombre alfa.

Imagen vía Freepik

Tiziana fue a juicio. Pidiendo, justamente, ese olvido que se merecía: exigiendo que todo el material sobre ella fuese eliminado. Se llegaron a ocultar los videos, pero no sirvió de mucho. La reputación de Tiziana había sido dañada irremediablemente. De ahí, ella comenzó a caer en depresión, se mudó de ciudad varias veces, pero nunca logró salir de esa espiral descendente. En septiembre del 2016, lamentablemente, Tiziana acabó con su vida, colgándose con una bufanda en la casa donde vivía con su madre.

Después de su caso, en 2016, en el parlamento italiano fueron presentados dos diseños de ley sobre el cyberbullying y el revenge porn. En 2019, este último llegó a ser considerado un delito perseguible por ley. El suceso fue importante también a nivel investigativo, ya que durante las averiguaciones en las redes sociales se ideó un nuevo método de búsqueda que fue nombrado «Método Cantone», por el apellido de la víctima. Éste se basa en disposiciones ya presentes en el Digital Millennium Copyright Act estadounidense: esta ley federal hace posible que las páginas web y redes sociales involucradas en casos similares se vean obligadas a proporcionar informaciones y datos relativos a las personas que publicaron y difundieron el material incriminado para les investigadores.

El caso de la docente de nivel inicial

En 2018, una mujer de 22 años de la provincia de Turín, maestra de jardín de infantes, cuyo nombre quedó ocultado por razones de privacidad, envió unas fotos y un video de contenido sexual a un chico con el que estaba saliendo en ese momento. La relación, como a menudo sucede, no duró mucho más y los dos se separaron. Pero aquí comienza la pesadilla para ella. Por venganza, o por lo que en italiano se define como goliardia: es decir, ese espíritu juguetón, burlón, algo infantil, típico de los estudiantes de Universidad y que se usa como excusa para justificar conductas masculinas tóxicas y aberrantes («Boys will be boys…»); el chico envió ese material al chat de WhatsApp que tenía con sus amigos del fútbol. En ese grupo estaba el padre de une de les niñes que van a ese jardín de infantes.

El padre reconoce la a maestra y le enseña el contenido a su mujer, quien decide compartir el video con tres madres más. La protagonista del suceso llega a enterarse de que su material privado se ha filtrado y, justamente, tiene intención de denunciar los hechos pero la madre involucrada la chantajea: advierte que si la mujer lo denuncia, ella contaría todo a la directora del colegio para que la despidan. Y así fue. La mujer no cedió, denunció los acontecimientos y la madre habló con la directora que prontamente la despidió de su cargo. Hacia finales de febrero del 2021 el juicio se concluyó, con condenas para el varón que difundió el material, la madre de le niñe y la directora del colegio. La víctima, entrevistada por diarios, dice que solo quiere volver a su antiguo trabajo en un jardín de infantes. Afirma tener la conciencia limpia y que, a pesar de todo lo que aconteció, ninguno de los protagonistas de los hechos llegó siquiera a pedirle disculpas.

¿Qué nos enseñan estas dos historias? ¿Qué deberíamos aprender de ellas y qué postura deben asumir el Estado y la Justicia frente a acontecimientos de este tipo? Lamentablemente, mucho queda todavía por hacer en este ámbito. La ley no siempre dispone de todos los instrumentos necesarios para proteger a las víctimas (mayoritariamente mujeres) de estos hechos. Casos como el de Tiziana nos enseñan, además de las fallas jurídicas, la peligrosidad de las redes sociales que manejamos constantemente. Éstas pueden convertirse en instrumentos crueles, donde se estigmatiza a mujeres que quisieron vivir su sexualidad de la forma que más se les antojó y que le dieron su confianza a las personas equivocadas.


Fuentes:

  • Di Caterino, M. (2016) Tiziana Cantone, suicida per i video hard in rete. Il Messaggero.
  • Wikipedia
  • Lorenzetti, S. (2021) La maestra licenziata per video hard: «Un incubo anche peggiore di quello descritto dai media». Corriere della Sera.
  • Palazzo, C. (2020) Torino, video hard della maestra d’asilo sul web. E dopo la gogna è licenziata. La Repubblica.
  • Panarella, E. (2021) Maestra d’asilo cacciata dopo video hard: condannate preside e mamma che diffuse le foto in chat. Il Messaggero.
  • Revenge porn, centinaia di casi risolti con il «Metodo Cantone» come funziona. Il Mattino. (2020)

Caso Vannesa Rosales: entre injusticias y derechos recortados

Los debates por los derechos de las mujeres siempre serán largos y tendidos. En el medio, tragedias pasan y quienes las atienden son privadas de la libertad por la (in)justicia: este es el caso de Vannesa Rosales, una mujer venezolana, feminista y militante que ayudó a una joven de 13 años embarazada, fruto de una violación, a abortar. Vannesa actualmente está presa y el violador no. 

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El femicida Fabián Tablado otra vez detenido

Fabián Tablado, asesino de Carolina Aló, fue otra vez detenido luego de violar la perimetral que le prohíbe acercarse a menos de 500 metros a la familia de la víctima. Tras obtener el beneficio de 2×1 y ser liberado en febrero de este año, el femicida no solo tenía prohibido acercarse a los familiares de Carolina sino también a su exesposa e hijas, quienes lo habrían denunciado por violencia y amenazas.

Tablado fue captado por las cámaras de seguridad mientras caminaba con sus hijas a una cuadra y media del trabajo de Edgardo Aló. El padre de la joven asesinada habría realizado la denuncia en noviembre pero los hechos corresponderían al 19 de octubre. El fiscal Sebastián Fitipaldi pidió la detención por el delito de desobediencia y fue detenido recién el miércoles pasado.

Tablado tiene una tobillera de monitoreo electrónico con la que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) lo controla por otra perimetral, que le fue impuesta por la misma jueza de familia para que no se acerque a menos de 300 metros de su exmujer, Susana Villarejo -con quien se casó en la cárcel en 2007, luego se separó y amenazó de muerte-, ni a sus hijas. En los videos de las cámaras de seguridad se lo puede ver con sus hijas, por lo que no solo violó una perimetral sino también la que la jueza le había impuesto.

En la puerta de la Fiscalía de Violencia de Género de Tigre donde Tablado iba a ser indagado, su madre María Esther Gallardo afirmó ante la prensa que su hijo no hizo nada malo, que cometió una «infracción» y que solo «llevó a sus hijas a tomar un helado». Por este motivo, Gallardo señaló: «No se merece lo que le está pasando, ni él ni sus hijas, se ve que el señor Aló le tiene miedo, no sé de qué le tiene miedo».

No olvidemos a carolina

El 27 de mayo de 1996, Fabián Tablado, de 20 años de edad, asesinó a Carolina Aló (17 años) de 113 puñaladas en la casa de la familia del femicida. Por lo que se pudo reconstruir, luego de tener relaciones sexuales y «discutir por celos», el agresor persiguió por toda la vivienda a quien entonces era su novia, con diferentes cuchillos.

Tablado escapó, le confesó lo sucedido a un amigo y se fue a esconder debajo del puente de la calle Tedín, en Tigre, a unas 20 cuadras del lugar del crimen y seis de la escuela a la que ambos asistían y de la cual ese día se habían retirado antes para verse. Unas horas más tarde, la policía lo detuvo en su escondite.

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Como entonces no existía el concepto de femicidio, en 1998 fue condenado a 24 años de prisión por homicidio simple. En 2013 sumó una segunda condena por amenazar a su exmujer y su exsuegra y se le unificó en una pena de 26 años y seis meses que concluía a fines de 2022. Por su buena conducta y por la realización de cursos dentro del programa de estímulo educativo obtuvo el beneficio de la derogada «ley del 2×1», lo que redujo la condena que se dio por concluida el 28 de febrero de este año, cuando abandonó la Unidad 21 de Campana y se fue a vivir a la casa de Tigre donde hace 24 años cometió el femicidio de Carolina.

Padre de Carolina reclama justicia.

Si bien en los últimos años se ha trabajado mucho para visibilizar las distintas problemáticas de género y frenar la violencia machista, venimos de una sociedad en la cual si matás a tu novia de 113 puñaladas sos condenado por homicidio simple y si dentro de la cárcel amenazas a tu exmujer te benefician por buen comportamiento.

matar en nombre del «amor»

No solo las leyes suelen estar del lado de los femicidas: en los años noventa, el caso tuvo una gran cobertura mediática donde se hizo mención a los celos, el exceso de amor y la vida sexual de la joven. Los medios de comunicación hablaban de crimen pasional, del noviazgo que tenían y la popularidad del caso no estuvo relacionada a que un hombre asesinara a su novia sino a los detalles macabros del crimen.

Luego de varios años de lucha por parte de los familiares de la víctima, el 27 de mayo de 2013 se decretó el Día de la Prevención de la Violencia en el Noviazgo, a través de la ley 4.547, en homenaje a Carolina Aló. Pero, si bien pasaron más de 20 años y hoy palabras como femicidio, machismo y violencia de género son mencionadas dentro de la sociedad, las mujeres siguen siendo asesinadas por sus parejas y exparejas.

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En el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, desde el Observatorio de las Violencias de Género «Ahora Que Sí Nos Ven» dieron a conocer las cifras de femicidios en Argentina entre el 1 de enero y el 20 de noviembre del año 2020, elaboradas a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país. Las cifras, lejos de disminuir, muestran que 265 femicidios se cometieron entre el 1 de enero y el 20 de noviembre, lo que es igual a 1 femicidio cada 29 horas.

Algunos datos destacados:

  • Ocurrieron 184 femicidios durante los períodos de ASPO y DISPO entre el 20 de marzo y el 20 de noviembre.
  • El 63,8% de los femicidios fueron cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas.
  • El 64,5% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima.
  • 61 víctimas habían realizado una denuncia o tenían medidas judiciales de protección.
  • Al menos 230 niñes perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista en 2020.

Según los datos registrados, el hogar de las mujeres continúa siendo el lugar más inseguro, ya que el 64,5% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima. Este dato cobra mayor relevancia en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, dado que las víctimas se encuentran más expuestas al estar aisladas con su agresor. Del mismo modo, se puede observar que las mujeres no están seguras dentro de su propio entorno dado que los femicidas pertenecen a su círculo cercano: en más del 60% de los casos la víctima había tenido un vínculo sexoafectivo con su agresor.

Además, desde el Observatorio aseguran que «todo femicidio es político, es un disciplinamiento que mujeres y diversidades sufrimos producto de la desigualdad estructural de nuestra sociedad y las relaciones de poder que siempre configuran en un rol de superioridad a los hombres y de inferioridad a mujeres y personas LGBTIQ+».

Dado que la Justicia y el Estado no logran prevenir las relaciones violentas que terminan en el peor de los casos en femicidios, la educación sexual integral y los grupos de contención de mujeres sirven para visibilizar y combatir la violencia machista. Cuando la Justicia no alcanza, las familias, amigas y grupos feministas se vuelven esenciales para apoyar a las mujeres en situación de violencia. Si tu pareja te cela, te prohíbe ir a determinados lugares, te aísla de tu círculo íntimo, te grita, insulta o amenaza también es violencia y es importante que sepas que no estás sola.

Si sufrís violencia de género podes comunicarte de manera gratuita con la línea 144 los 365 días del año.


Fuentes:

Imagen de portada: Perfil



Grey Anahí Ríos: la violencia transodiante viralizada

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ presentó su informe semestral, del 1 de enero al 30 de junio, que da cuenta de 69 crímenes de odio, de los cuales el 78% corresponden a víctimas mujeres trans (travestis, transexuales y transgénero). Dentro del 16% se encuentran los varones gay cis y con el 4% de los casos les siguen las lesbianas. Por último, el 2% corresponde a los varones trans.

El 6 de septiembre, Grey Anahí Ríos, una mujer trans hondureña de 34 años, estaba en un bar de su pueblo en San José de Comayagua, una zona central de Honduras, cuando la atacaron a machetazos. Grey, quien se dedica al trabajo doméstico, le contó a la agencia de noticias Presentes que ese día acababa de salir de una de las casas en las que trabajaba y sintió sed. «Fui a buscar un refresco en un local donde también venden bebidas alcohólicas», comentó.

Según su relato, al verla dentro del negocio, Jesús Tábora Muñoz (hijo de la propietaria del bar) le dijo «Te voy a matar». Grey no salió del bar, por lo cual el agresor procedió a cumplir su amenaza tomando un machete –instrumento de labranza usado por los campesinos hondureños–: se acercó a Grey y le dio un machetazo en la muñeca izquierda, causándole una profunda herida que requirió la aplicación de diez puntos de sutura.

«Salí sin decir nada para ver si alguien me ayudaba. Fui a sentarme en una banca de un punto de buses. La gente que estaba ahí me ayudó».

Grey Anahí Ríos, mujer trans atacada.

Una de las personas que estaban en la estación de autobuses tomó la foto que se ha vuelto viral en las redes sociales. La foto de Grey ensangrentada sentada en una banca de madera tras el ataque de Tábora se viralizó en las redes sociales con el mensaje: «¡Los derechos trans también son derechos humanos!».

Imagen Archivo

En la imagen se ve a Grey sentada mientras se aprieta la muñeca izquierda con la otra mano en un intento de detener el flujo de sangre que le cubre la ropa y las piernas así como forma un charco en el suelo. «Unas mujeres me apretaron el brazo para parar la sangre», relató Grey. Luego la llevaron a un centro médico cercano para atenderla.

Lamentablemente, el odio y la discriminación hacia Gray no terminaron con el ataque: siguieron cuando radicó la denuncia en el juzgado de paz de San José de Comayagua, donde dice nadie le hizo caso. «Me sentí discriminada porque muchos de los que tomaron la denuncia no me tomaron en cuenta. Sentí que yo no era una persona, que no había derechos humanos para mí», se lamentó. 

El 16 de septiembre, Grey y su abogada llegaron a los juzgados comayagüenses para tener una audiencia con el agresor Jesús Tábora, donde ambas exigieron una orden de alejamiento contra al atacante, así como el pago de los costos médicos derivados de la herida. «También pedimos que no siga el hostigamiento físico y psicológico que él ha tenido contra mí», comentó Grey.

Además de la angustia y el dolor físico, Grey tiene que enfrentarse al desempleo, ya que la convalecencia por la herida le impide trabajar. «Tengo derecho a un empleo y no sé si después de esto estaré incapacitada durante varios meses», sentenció.

Para Grey, no es la primera vez que sufre el desprecio de la pequeña comunidad rural en la que vive. Inició su transición a los 11 años y casi toda su vida, contó, ha sufrido humillaciones y abusos. «Pero soy lo que soy y me siento orgullosa de ser quien soy», agregó. 

El ataque contra Grey es uno entre muchos en Honduras. En 2020, el Observatorio de Muertes Violentas de LGTBI+ de Cattrachas (Honduras) ha registrado 16 muertes violentas de personas de la diversidad sexual. Siete de ellas, personas trans.


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Denuncias por abusos sexuales en Perú descartadas ante la Justicia

Cerca del 90% de las víctimas de violencia sexual son mujeres. La victimización desigual, así como el crecimiento del registro de este fenómeno en los últimos años, se observa en todos los escalones de la pirámide, según UFEM 2019.

Durante años, Guillermo Castrillón ejerció como director y profesor de teatro, pese a no tener ningún título que lo habilitara para ello, y mantuvo con las denunciantes una relación jerárquica. En sus clases usaba «técnicas» que incluían desnudar a las actrices, manosearlas e introducir su pene entre las nalgas o sus dedos en sus vaginas.

También habría penetrado a una mujer que quedó inconsciente en su casa durante una fiesta e irrumpido en el cuarto de una compañera de piso para masturbarse junto a su cama. No obstante, según la resolución del fiscal Marcos Guzmán Baca, nada de esto constituiría un probable delito porque las víctimas, todas adultas cuando sucedieron los hechos, no muestran una «afectación emocional compatible» con los delitos y, en los casos en los que sí hay afectación, la pericia no puede probar que sean «explícitamente» a causa de «una violación sexual».

Imagen Agencia noticias EFE/ Cortesía de las denunciantes.

Que algunas víctimas no expresaran su negativa en el momento de los hechos, que no le reprocharan inmediatamente sus actos o que mantuvieran un trato «cordial» con el agresor implica también (según la tesis del fiscal) que, o bien dieron su «consentimiento» o que no tuvieron «un comportamiento razonable como víctimas de abuso sexual», indicios que para Guzmán Baca justifican archivar el caso y no proceder con una investigación.

Para el fiscal, tampoco parece siquiera digno de una investigación que existan, además, otras dos víctimas que decidieron no seguir con la denuncia y que todas narren patrones similares. De mantenerse la postura del Ministerio Público, podría echarse a perder lo que sería el primer gran caso de acusación colectiva en Perú contra un abusador sexual, que no llegaría siquiera a convertirse en un proceso.

Ante este revés del archivamiento de la denuncia, varias de las víctimas tuvieron que armarse de valor y hacer lo que no habían hecho antes: salir a denunciar públicamente una situación «delirante, retrógrada, machista y absurda».

«Hemos apelado para que se realice de nuevo la investigación por otra fiscalía. Somos 15 denunciantes, tienen que evaluar cada uno de los casos para ver cuáles procederían a una denuncia penal. Esta resolución desestimó por las mismas razones casos distintos».

Daniela Rotalde, una de las denunciantes.

También desestimó como prueba un correo electrónico del propio Castrillón en donde reconocía un acto de abuso y pedía perdón por el mismo, pues quien recibió la misiva no había presenciado el acto.

La ministra de la mujer de Perú, Rosario Sasieta, confirmó a la agencia de noticias EFE que su ministerio, que representa a las denunciantes, ya impugnó la decisión con la esperanza de que se revierta la decisión y el caso pueda convertirse en una denuncia penal.

Imagen Archivo

Para Sasieta, todo este asunto genera profunda indignación, pues se trata de «un sistemático caso de violencia sexual» y es una clara demostración de la ausencia de un sistema de Justicia especializada con enfoque de género.

Asimismo, también pone sobre la mesa la necesidad de «trabajar directamente con las y los fiscales» para lograr un adecuado abordaje de los casos de violencia, que abarque la erradicación de estereotipos desde la denuncia hasta la sentencia.

Pese a este apoyo, Rotalde apuntó que la sensación de abandono de las mujeres por parte del Estado solo desaparecerá de sus cabezas si se revierte la resolución fiscal.


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Cristina Vázquez: cuando la (in)justicia te quita la vida

Cristina Vázquez estuvo 11 años privada de su libertad por un crimen que no cometió. El miércoles pasado fue encontrada ahorcada en su vivienda del barrio El Palomar en Misiones. ¿Qué hicieron el Estado y el Poder Judicial estos meses para reparar el «error» en su contra?

La policía provincial se acercó hasta su casa luego de que su hermana, María Alejandra, alertara que no contestaba sus llamadas y al ingresar encontraron sin vida a la mujer de 38 años de edad. La policía científica realizó los peritajes correspondientes y miembros del Gabinete Psicológico de la Comisaria de la Mujer acompañaron a la familia.

En diciembre del año pasado había recuperado su libertad por falta de pruebas. Familiares y amigas coinciden en que lo que más la atormentaba era su futuro. Si bien había conseguido un empleo en Cáritas, no le alcanzaba para pagar el alquiler y cubrir sus gastos. Elles afirman que no recibió ningún tipo de ayuda al salir de la cárcel por parte del Estado para poder trabajar o estudiar.

inocente

Cristina tenía 19 años en 2001 cuando la acusaron de matar a una vecina. Siete años después, sin pruebas, la condenaron a cadena perpetua. La situación hizo que la Asociación de Pensamiento Penal y el Centro de Estudios Legales y Sociales se presentaran como amicus curiae. La noche del 28 de julio de 2001, Cristina Vázquez estaba con Celeste García y Pedro Oyhanarte en una quinta a ocho kilómetros de su casa. Un vecino atestiguó haberlas visto irse juntas del barrio. Se quedó a dormir allá y pasó todo el 29 con sus amistades.

Esa misma noche, entre las 21 y las 22, su vecina Erselida Lelia Dávalos, de 79 años, fue asesinada a martillazos. La alarma de su casa nunca se activó ni había puertas o ventanas forzadas. Según un testigo, la última persona vista en la casa fue un electricista que estuvo haciendo arreglos hasta las 21:30. La investigación no siguió esa pista; tampoco se indagó a familiares y conocides.

A días del homicidio, la policía se acercó a la casa de Cristina Vázquez y la acusó de haber robado y matado a su vecina, junto con una conocida y su novio. Su nombre surgió sin fundamentos en la foja 82: una mujer se presentó en la causa para decir que un hombre andaría vendiendo joyas que pertenecerían a Erselida. Ese hombre sería Ricardo Jara, pareja de Cecilia Rojas, conocida de Cristina Vázquez.

Les tres fueron condenades a prisión perpetua. Esa mujer declaró una vez durante la investigación pero en todo el proceso no volvió a testificar ni se presentó en el juicio oral. Tampoco aparecieron las joyas. En la escena del crimen no hubo rastros ni huellas de Vázquez y diez pruebas científicas avalan que Cristina no tuvo relación con el hecho. Tampoco hay testigos directos que acrediten su culpabilidad.

presa por pobre y por mujer

La propia condena afirma que no hay pruebas suficientes sobre su participación en el hecho.  A pesar de ello, el tribunal construyó la culpabilidad de Cristina en base a rumores, cargados de prejuicios de género y de clase. Para la prensa local, Vázquez era «la reina del martillo». Ningún medio de la zona se interesó en hacer una investigación del caso o una entrevista a la acusada.

Se la juzgó desde la imagen prejuiciosa de mujer joven, cuando lo que se debía juzgar era una acción que no se probó. La propia sentencia reconoce la falta de pruebas: «Si bien no existe prueba directa que acredite la autoría de los encartados respecto del hecho investigado, sí hay prueba de carácter indiciaria suficiente para consolidar un estado de certeza sobre el hecho investigado y sus autores».

En la sentencia se admite no saber cuál fue el rol que habría cumplido en el delito. Así se incurre en contradicciones porque, por un lado, se la acusa de haber «franqueado» la entrada de otras personas a la casa de la víctima aprovechando su confianza (fojas 62 y 81) y, por otro, se la acusa de haberla matado porque la víctima la reconoció (fojas 62 y 74). Según el Observatorio de Pensamiento Penal:

«En base a un juicio moral se le endilga a Cristina Vázquez tener un estilo de vida “promiscuo y marginal” (fs. 48), ser “adicta a la marihuana” (fs. 49); “tener como modo de vida cometer delitos contra la propiedad para obtener dinero a los fines de adquirir estupefacientes y, así, satisfacer sus adicciones” (fs. 51). De esta forma se construyó una imagen negativa, haciéndola quedar como una joven desinteresada, sumida en el mundo de las drogas y sin familia presente,  capaz, según los parámetros de los jueces, de matar a una vecina para satisfacer su “adicción” (fs. 76)». 

Observatorio de Pensamiento Penal.

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DOCUMENTAR LAS INJUsTICIAS

Tras recuperar su libertad en diciembre de 2019, Cristina recibió en su casa a Nora Cortiñas, a su defensora, Indiana Guereño, y a su amiga, la periodista Magdalena Hernández, quien la visitó durante seis años. De esas visitas surgió el documental sobre su causa «Fragmentos de una amiga desconocida». La película fue producida por Mita’i Films y contó con el apoyo del cineasta Enrique Piñeyro. Los escenarios en los que transcurre el filme son la celda en la que estuvo detenida Cristina, el penal de Posadas y su casa donde sus padres, su hermana y su sobrina relatan la espera.

Según contó Magdalena Hernández a Página 12, el propósito es que se conozca el precio de la injusticia: «La impunidad de una Justicia feudal y patriarcal y de sus representantes, que no tuvieron el coraje ni siquiera durante estos días, de dar su testimonio o presentar su renuncia». El documental «Fragmentos de una amiga desconocida» está disponible en la plataforma de Cine Argentino de manera gratuita acá.

Tráiler de «Fragmentos de una amiga desconocida».

Fuentes:


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