Justicia por Evelyn

Evelyn Beatriz Hernandez Cruz, salvadoreña de 18 años, vivía con sus padres y su hermana en una comunidad precaria en Cojutepeque, estudiaba en el Centro Escolar y estaba de novia. Su novio la violó. Nunca pudo hablar ni denunciar el hecho porque la amenazaba con matar a su madre

El 6 de abril de 2016 fue al baño (una letrina, en realidad) por un fuerte dolor en el abdomen y sufrió un desmayo. Había tenido un parto espontáneo. Evelyn no sabía que estaba embarazada. 

Desde ese momento afronta una causa por homicidio agravado. El hospital al que llegó la denunció y la policía corroboró que en su casa estaba el cuerpo de un bebé de ocho meses fallecido por «neumonía aspirativa». 

La jueza de sentencia de Cojutepeque, Nury Velásquez, la condenó a mediados de 2017 a 30 años de prisión por homicidio agravado sin tener en cuenta el desconocimiento de la víctima de su estado. En El Salvador el aborto no es legal bajo ninguna forma y se castiga a las mujeres con penas de hasta 40 años de cárcel incluso si lo hacen por complicaciones en el embarazo. 

Los abogados de Evelyn apelaron esta sentencia y la Sala en lo Penal correspondiente resolvió en diciembre de 2018 que el Tribunal de Cojutepeque celebrase un nuevo juicio. El 14 de febrero de este año decidió que la víctima siguiera el proceso judicial en libertad junto a su familia, después de haber pasado 33 meses presa. 

El 15 de julio pasado, Evelyn debió enfrentarse a un nuevo juicio, pero esta vez por homicidio culposo. Su abogada Bertha Deleón explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) decidió cambiar la tipificación del delito de «homicidio agravado» (con dolo y premeditación) a «homicidio culposo» (por negligencia), que tiene una pena que va entre los 10 y los 20 años. 

El análisis del Instituto de Medicina Legal no fue concreto sobre qué desencadenó la muerte del bebé. Sin embargo, la autopsia estableció que había meconio (el primer excremento que se expulsa después de parir, nocivo para el bebé) en los bronquios, lo que podría haberle causado la muerte.

Una situación que desespera

La criminalización de las mujeres que sufren abortos en El Salvador es moneda corriente y una de las más restrictivas del mundo. Según organizaciones de derechos humanos, al menos 16 mujeres están presas acusadas de homicidio tras sufrir abortos que en muchos casos fueron espontáneos.

Los distintos colectivos feministas de El Salvador lograron liberar cerca de 20 mujeres condenadas y encarceladas por haber sufrido, la mayoría, partos espontáneos que derivaron en la muerte de sus bebés. Desde 2016, el Congreso de El Salvador estudia una propuesta para despenalizar el aborto, pero el debate se estancó porque los partidos de derecha se oponen. 

Según el Fondo de Población de Naciones Unidas – UNFPA, en el año 2017 se registraron en El Salvador 19.190 embarazos en niñas y adolescentes entre 10 a 19 años de edad, es decir, 53 niñas o adolescentes embarazadas por día.

El mismo estudio afirma que ocho de cada diez embarazos son perpetrados por personas cercanas a las víctimas, entre estos padres, abuelos, hermanos, tíos, sobrinos, profesores, vecinos, dirigentes de iglesias, entre otros.

Según un documento de Amnistía Internacional, en 2011 la OMS indicó que «el 11% de las mujeres y niñas que se sometieron a un aborto ilegal en El Salvador murieron como consecuencia de ello. Muchas mujeres tienen miedo de pedir asistencia médica cuando sufren complicaciones relacionadas con el embarazo, lo que causa más muertes que se podrían prevenir.  Una encuesta realizada por un periódico en 2013 reveló que el 74% de las personas encuestadas en El Salvador estaban a favor del aborto cuando peligra la vida de la mujer».


 

Más víctimas de aborto clandestino: ¿qué vida salvaron?

Pese a que la mayoría de los Senadores emitiera su voto “a favor de las 2 vidas” el pasado 8 de agosto, no ha conseguido salvar ninguna: cada día se suman otras mujeres que fallecen por causa de un aborto en condiciones inseguras. El último caso que se conoce es el de una chica cordobesa que está al borde de la muerte.

 

 

Una joven murió el lunes 13 de agosto en el Hospital Sanguinetti, en Pilar. Había sido ingresada por complicaciones por un “aborto provocado, no espontáneo”, según confirmó el director ejecutivo del hospital, Esteban Sieling, quien agregó que, por temas legales y de confidencialidad, no puede revelar más información sobre el caso.

Ese mismo día, en un hospital de Pacheco, falleció una mujer de 34 años de José León Suarez, madre de un hijo de dos años, por intentar interrumpir su embarazo con un tallo de perejil. La mujer había ingresado el domingo a la guardia del hospital Belgrano con un shock séptico debido a una infección generalizada y fue trasladada luego de realizársele una histerectomía (extracción del útero) de urgencia.

Sobre este caso, la Campaña Nacional por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito y la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir lanzaron el siguiente comunicado:

«La clandestinidad mata. ¡Aborto legal, seguro y gratuito ya! Llegó a la guardia de un Hospital del conurbano bonaerense por las consecuencias de un aborto inseguro. Estuvo dos días internada en dos centros de salud diferentes y falleció anoche. Tenía 34 años y era madre de un niño. (…) Desde el 8 de agosto, cada muerta y presa por abortar es responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional y de lxs 40 senadoras y senadores, integrantes del Poder Legislativo que se abstuvieron o votaron en contra de nuestro derecho a la vida, a la salud y al reconocimiento de nuestra dignidad».

aborto 2

Debido a estos casos, la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) anunció la creación de un registro de muertes de mujeres ocurridas por abortos clandestinos en Argentina, similar al de los femicidios, para visibilizar y seguir exigiendo la aprobación de una ley de interrupción voluntaria del embarazo que dé respuesta a esta problemática.

«Las muertes de estas mujeres jóvenes y humildes que perfectamente podríamos denominar femicidios de Estado, ya que todas podrían haberse evitado, confirman lo que desde hace meses venimos denunciando: la clandestinidad se cobra la vida de miles de mujeres en nuestro país», expresó la coordinadora nacional de MuMaLá, Raquel Vivanco.

Vivanco reiteró cuál es el foco de la cuestión sobre esta práctica, a la que se calcula recurren más de 350 mil personas por año: «El aborto existió, existe y seguirá existiendo, la discusión de fondo es si es clandestino o legal«.

 

El caso de la joven cordobesa

Por otro lado, esta semana comenzó con la noticia de una joven de 21 años que ingresó al Hospital Materno Provincial Doctor Raúl Felipe Lucini de Córdoba Capital con una grave infección por practicarse un aborto clandestino.

La chica continúa grave en terapia intensiva, luego de que se le practicase una histerectomía de urgencia.

 

 


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