Nos siguen prohibiendo derechos

Santiago del Estero es una de las provincias que aún no adhiere al protocolo por la interrupción legal del embarazo en Argentina. En lo que va del año se hicieron públicos dos casos de abortos no punibles negados a niñas de 11 y 12 años. Faltan leyes que promuevan los derechos de las mujeres pero, además, que las que están vigentes se cumplan.  

Desde 1921, el Código Penal establece los casos en los que no se debe penar la interrupción del embarazo: cuando se practica con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer y cuando se interrumpe un embarazo fruto de una violación. Sin embargo, 100 años después las mujeres siguen sin tener acceso al aborto legal.

En 2012, la Corte Suprema se pronuncia con el fallo F.A.L. sobre el aborto por violación y resuelve que las mujeres violadas pueden interrumpir un embarazo sin autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal. Según el fallo, solo es necesaria una declaración jurada que deje constancia del delito que sufrió la persona que quiera interrumpir el embarazo.

El 12 de diciembre de 2019, tras asumir Fernández como presidente y el Dr. Ginés González García como ministro de Salud de la Nación, dicho Ministerio aprobó la última actualización al «Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo». El documento reconoce la posibilidad de la objeción de conciencia pero establece que esta no puede suponer un obstáculo para el acceso al derecho a abortar.

Según un informe de La Izquierda Diario, en la actualidad son siete las provincias que aún no han adherido al protocolo nacional. Además de Santiago del Estero se cuentan Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan y Tucumán. Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto manifestaron su preocupación y reclamaron que se cumpla con la ley en Santiago y en el resto del país.

Niñas, no madres

En los últimos años se han dado a conocer varios casos de niñas abusadas que no han podido interrumpir su embarazo porque los médicos se niegan a cumplir con la ley o porque grupos religiosos y hasta gobernantes interfieren para que sus embarazos lleguen a término. Por más títulos románticos e historias de jóvenes que son madres ejemplares que se difundan, es importante remarcar que una niña madre es una niña violada, y que además es revictimizada cuando no se respetan sus derechos.

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En mayo de este año, se conoció el caso de una nena de 12 años obligada a gestar en Santiago del Estero. La niña es cartonera, vive en condiciones de hacinamiento con su mamá, la pareja de ella y dos hermanitos de 8 y 6 años, en una habitación muy precaria que alquilan en un barrio humilde de las afueras de La Banda, a unos sesenta kilómetros al norte de la capital provincial. No tienen agua potable. Además, pasó la mayor parte de su vida en instituciones alejada de su familia.

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El 2 de abril, la menor fue a atenderse por dolores abdominales a la Unidad Primaria de Atención Sanitaria N° 3, de Villa Griselda, de La Banda. El 6 de abril, en el del barrio Misky Mayu, le hicieron una ecografía que dio una edad gestacional de 20 semanas. Según pudo reconstruir la referente en Salud Sexual y Reproductiva de Santiago del Estero, nunca le brindaron la consejería en derechos sexuales y reproductivos que se le garantiza por ley.

Esa consejería debería cubrir aspectos relativos al origen de ese embarazo, los derechos que la asisten, las opciones de acuerdo a la edad gestacional, los riesgos de continuación o interrupción de embarazo y los apoyos posibles en cada caso. Además, la médica María de los Ángeles Pereyra, coordinadora de la UPA N° 3, de Villa Griselda, demoró 18 días en informar a las autoridades sanitarias de la provincia sobre el embarazo que, dado que la niña tiene menos de 13 años, se considera siempre que es producto de violencia sexual.

El informe detalla que a la niña se le constató una gestación de 26 semanas. Es decir, mintió en la edad gestacional. Además, expresa que la niña «refiere haber estado de novia con un joven y ahora ya no, negando la identidad del mismo». Y más adelante, detalla: «Con antecedente de transgresión alimentaria, se indica dieta y seguimiento, programándose control obstétrico». Todo el tiempo se la trató como una mujer embarazada más.

Cuando el informe ingresó al Ministerio de Salud, teniendo en cuenta la información notificada por la médica Pereyra, se presumió que la niña ya tenía un embarazo avanzado, que entraba en la semana 30 de gestación, lo cual dificultaba la posibilidad de ILE. Con ese cuadro, intervino el área de Fortalecimiento Familiar de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y se decidió derivarla a un hospital de mayor complejidad, el Centro Integral de La Banda.

El 7 de mayo, fue con su madre a atenderse y quedó internada por un día para realizarle los estudios necesarios y descubrieron que, en realidad, cursaba la semana 24 de gestación. Con esa información, se podría haber ofrecido una ILE. Pero el sistema de salud provincial tampoco respondió a tiempo: ni siquiera se le brindó la consejería adecuada.

El caso de esta pequeña sacó a la luz el modo de manejarse de una gran parte del personal de salud de Santiago del Estero. Se descubrió que no brindan la información necesaria acerca de los derechos y las posibilidades de las menores o gestantes violadas, niegan contención psicológica, demoran sus informes o denuncias y, además, exageran el número de semanas de gestación para generar la idea de que ya no se puede hacer nada.

La ley existe. Ahora, se necesita de un Estado y un sistema de salud que actúen en nombre de las víctimas y no de sus concepciones personales.


Fuentes:

Imagen de portada: Otra Óptica


Será Ley

En 1990, durante el quinto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se llevó a cabo en Argentina, se declaró el 28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto. ¿Qué cosas cambiaron desde entonces? Sigue leyendo Será Ley

Pañuelazo en La Matanza

La ola verde llegó a La Matanza. La plaza de San Justo, centro administrativo y comercial del distrito, alzó el pañuelo verde el pasado martes 3 de abril, a poco más de un mes del primer pañuelazo en Plaza de Mayo y a días de que se trate el proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en Diputados.

Alrededor de 40 activistas y referentes de diferentes espacios políticos pasaron por el micrófono, montado en la esquina de Arieta e Yrigoyen, frente a más de 200 militantes, interesadxs y adolescentes que salían su jornada escolar con los uniformes, brillos en la cara y el emblemático pañuelo colgado de la mochila o como top. La jornada inició a las 5 y media y se extendió hasta casi las 8.

Desde los espacios políticos, se acercaron referentes del Partido Comunista, Plenario de Trabajadoras (Partido Obrero) y las agrupaciones Pan y Rosas, Mumalá, Mala Junta, Somos Patria, Juventud Peronista Descamisados. También se hicieron presentes mujeres despedidas del Hospital Posadas, la CTA Matanza, la Consejería Diversa “La Berkins” de Isidro Casanova y Furia Trava Noticias.

Angélica, trabajadora despedida del Hospital Posadas, opinó: “El aborto clandestino es un problema de salud pública, así como lo es el recorte estructural que se está haciendo en todo el sistema”, y agregó: “Siempre son los pobres los afectados”.

Representantes de la Consejería “La Berkins” recordaron que “no es solamente una problemática de mujeres, sino de todos los cuerpos gestantes” y denunciaron la anulación del Protocolo de Aborto No Punible en la provincia de Buenos Aires por parte de la gobernadora Vidal.

Un joven pidió el micrófono para hacer su descargo en contra del aborto, al que entendía como pecado, y acusar a las mujeres presentes de “endemoniadas”. A continuación, tomó la palabra Romina Pereyra, militante lesbiana y comunista, secretaria de Género de la CTA la Matanza, quien se preguntó: “¿Se violentarán tanto estos hombres cuando matan a las compañeras, cuando la cana persigue a las lesbianas, cuando una piba se muere por un aborto clandestino? Pero somos buenas y les damos lugar para opinar”.

La Campaña por el Derecho al Aborto, organizadora del evento, ofreció pañuelos hechos por la cooperativa feminista “Mestizas: mujeres de máquinas tomar” a contribución. La fiebre por los pañuelos llevó a que vendedores ambulantes y miembros de organizaciones políticas vendieran los propios a 50 pesos.

La Matanza es uno de los distritos de más peso político del conurbano y, por la población que concentra, se dice que es la quinta provincia. Las activistas del territorio le reclaman a la intendenta, Verónica Magario y al ex intendente, Fernando Espinoza, el haber adherido al Pacto de San Antonio de Padua en 2016, propuesto por el Papa Francisco e impulsado por Gustavo Menéndez, presidente del Partido Justicialista en la provincia.

El Pacto se trata de una serie de ejes hacia donde apuntar las políticas públicas, entre ellos, “proteger la vida humana desde la concepción”, lo cual se leyó como un claro posicionamiento en contra del aborto legal. Sin embargo, el pasado 8 de marzo, Magario se lució en la marcha por el Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans con el pañuelo verde al cuello, lo cual podría significar un cambio de rumbo.


Foto de portada: Tamara González Maldonado

#Pañuelazo contra la muerte y la desigualdad

El aborto no es inmoral. El aborto es una realidad. Sucede a diario, en todos los rincones de los barrios y del país. Lo inmoral son las muertes que genera la clandestinidad.

El lunes en la tarde, con esta idea como convicción, nos atamos el pañuelo verde al cuello y nos congregamos de a miles frente al Congreso para discutir el aborto como una problemática de salud pública y de desigualdad social y demandar al Estado una ley de aborto legal, seguro y gratuito.

Entre 370.000 y 522.000 personas abortan de manera clandestina al año, según estima el Ministerio de Salud de la Nación desde el año 2009, dato que no puede confirmar por lo irregular de la práctica pero sí calcular en base a la cantidad de consultas e internaciones por sus consecuencias.

Hoy el aborto clandestino es la principal causa de muerte materna. Un informe del Centro Atenea calculó que, a nivel mundial, el aborto causa la muerte del 11% de las personas gestantes. En América Latina, ese número asciende al 13%. En Argentina alcanza el 20% y supera la media de los países vecinos.

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Foto: Télam

Los números abruman y se suman a la desigualdad que viven las niñas, las mujeres y los trans de forma estructural. Porque quienes mueren a causa de los abortos clandestinos son los mismos sectores de siempre: los excluidos del sistema de salud y del sistema en general. Es decir, las pobres. Quienes no pueden acceder a un aborto seguro porque son caros, ni a salud gratuita y de calidad. Y también los hombres trans, que experimentan la marginación en todas las instituciones por las que pasan: desde la familia y el mercado laboral, hasta en los hospitales.

En el 2007, cuando se presentó por primera vez un proyecto de ley para implementar el aborto legal, seguro y gratuito, algunas voces pedían que esperemos porque la sociedad «aún no estaba preparada para ello». Ya fueron presentados seis proyectos por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito y este año vamos hacia el séptimo. Y aún se pide paciencia. Pero, ¿cuántas  muertes más podemos esperar para hacernos cargo?

En los megáfonos, en los afiches y en las remeras, ayer aparecía una y otra vez una misma consigna: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Ese es el horizonte y un paso fundamental para comenzar a construir un mundo un poco más igualitario.

Entre lo clandestino y lo permitido

Antes que nada, cabe aclarar que el aborto no es por completo ilegal en Argentina. Pero tampoco funciona como debería en los casos permitidos por la ley, ya que muchas veces lxs profesionales de la salud deciden no practicarlos por objeción de conciencia, violan el secreto profesional o se interponen procesos judiciales para retrasarlos que culminan al mismo tiempo o después del embarazo.

Otras veces, la idiosincrasia machista encarcela y castiga sin preguntar, como sucedió con Belén, la joven tucumana que llegó al hospital con un cuadro de aborto espontáneo (y sin siquiera saber que estaba embarazada) y salió con una condena de 8 años a prisión.

Desde la segunda reforma al Código Penal, en 1921, la interrupción del embarazo es legal cuando la vida de la mujer peligra o cuando el embarazo es fruto de una violación.

Tras varias modificaciones, dictaduras militares, gobiernos democráticos y reformas constitucionales, en el 2012 la Corte Suprema de Justicia habilitó a lxs médicxs a practicar la Interrupción Legal del Embarazo en las causales previstas desde 1921, en el fallo denominado “F.A.L.”. El único requisito a presentar por las personas gestantes para realizar el aborto sería una declaración jurada sobre el delito sexual que se les hubiera infringido.

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Foto: Primera Piedra

En el año 2015, el Ministerio de Salud de la Nación confeccionó el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE), basado en los lineamientos de la Corte Suprema y destinado a dictar cómo proceder en hospitales y centros de salud nacionales.

Esta herramienta amplió el concepto de “salud” al incluir los aspectos psicosociales de lxs sujetxs y al tener en cuenta las consecuencias del embarazo y la maternidad obligada en lxs pacientes. Abrió la posibilidad de que el daño psicológico y el estigma social que generaría un embarazo no deseado en la vida de una adolescente, por ejemplo, pudiera llegar a considerarse una causal válida para practicar el aborto. Sin embargo, siempre estuvo sujeto a interpretaciones y a decisiones de la institución interviniente en cada caso.

El problema es que el protocolo ILE no tiene carácter de resolución ministerial, como sí tenían los dos previos, del 2007 y 2010. Además, las autoridades federales no se encargaron de darle una correcta difusión e implementación hasta la fecha. Por lo tanto, las posibilidades de aplicarlo en todo el país disminuyeron.

Sólo ocho provincias adoptaron el protocolo y respetaron en gran medida la disposición del ministerio y la Justicia: Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Entre Ríos (esta última, desde noviembre de 2017).

Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Salta, en cambio, pusieron en funcionamiento un protocolo modificado, con mayores limitaciones que el original. En Córdoba, se encuentra suspendido parcialmente por orden judicial.

En la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri vetó el primer proyecto aprobado por la legislatura cuando aún se desempeñaba como Jefe de Gobierno. El entonces ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, presentó otro, mucho más restringido, que aún está siendo tratado por la Justicia.

Otro caso particular es el de la provincia de Buenos Aires, que contaba con la adhesión al protocolo nacional, hasta que la gobernadora María Eugenia Vidal lo anuló en el 2016.

En el resto del país, no existen protocolos y muchas veces no se registran índices de personas atendidas por consecuencias de los abortos inseguros.

 

Foto de portada: Rosario Plus

Demasiada testosterona en el Hospital de Trelew

Una mujer de 24 años, residente de la ciudad patagónica de Trelew, está embarazada de ocho semanas. El embrión que lleva en el útero no tiene cabeza ni extremidades, y su salud corre riesgo dada la naturaleza no viable de tal embarazo.

Hace unos días, se acercó al Hospital Zonal para que se le practicase un aborto. La intervención estaba programada para el miércoles 24 de enero a la mañana y sin embargo, hoy sigue embarazada porque el Jefe de Anestesia se negó a hacer su trabajo.

La médica Stella Maris Manzano, especialista en tocoginecología y medicina legal, forma parte del plantel de profesionales del Hospital Zonal. A través de sus redes sociales, Manzano denunció la situación y afirmó que la vida de la joven en cuestión corre peligro mientras no se cumpla su derecho de interrumpir el embarazo.

“El anestesista lo llamó [al director] por teléfono y le dijo que ninguno de ellos (los anestesistas) daría más anestesia para abortos”, declaró Manzano. “Los anestesistas no tienen ningún problema moral en ponerse a jugar a la ruleta rusa con las mujeres, protegiendo a quienes obstaculizan su acceso a la salud”.

Stella Maris Manzano. Fuente: Página 12.

La provincia de Chubut es una de las ocho provincias que tiene reglamentado el Protocolo de Aborto No Punible, que indica que es legal la interrupción del embarazo siempre que este ponga en riesgo la salud de la persona gestante.

El Protocolo garantiza el derecho de los miembros del equipo médico a ser “objetores de conciencia” y no participar en los procedimientos de interrupción del embarazo. Sin embargo, la ley también exige que por cada hospital o centro de salud exista un equipo completo de profesionales que sí realicen la práctica, para no vulnerar el derecho de la persona gestante a recibir atención médica.

Tras la condena social a la actitud misógina e ilegal del anestesista, el Estado intervino. Una fuente del Ministerio de Salud de Chubut confirmó que la situación fue revertida y que el procedimiento se realizará “a más tardar, este fin de semana”.

 

 

Fuente: Página 12.

Garantizar derechos no es delito

El pasado miércoles se conoció la sentencia del juez José Oscar Colabelli en el caso de la médica procesada por garantizar el derecho al aborto.

La médica acusada de mala praxis y de haber realizado un aborto punible seguido de muerte fue absuelta del cargo de «homicidio culposo», pero condenada por «lesiones culposas» a un mes de prisión en suspenso y un año de inhabilitación profesional.

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Foto: La Tinta

En diciembre del año 2015, Maira (nombre utilizado para resguardar la identidad de la fallecida), una joven de 17 años, acudió al Hospital Subzonal de El Maitén, provincia de Chubut, para solicitar la interrupción legal de un embarazo. Abril (cuya identidad también está protegida), la médica que la atendió, le explicó cómo era el procedimiento de acuerdo con la normativa vigente, en la que se establece que al ser mayor de 14 años, solo se necesita consentimiento escrito de la paciente para proceder.

La interrupción del embarazo fue llevada a cabo en ese mismo hospital, bajo la supervisión de los médicos, ya que Maira no quería hacerlo por su cuenta. Pasadas 48 horas de la realización del procedimiento, se le hicieron los controles pertinentes y, al no haber signos de infección o un sangrado excesivo que requiriera de nuevos chequeos, se le dio el alta.

Al día siguiente, Maira se presentó con vómitos y diarrea en la guardia, tras lo cual fue internada por unas horas y supervisada por los médicos. Esa misma noche, regresó hinchada y con los glóbulos blancos muy altos, y tras una ecografía fue derivada al Hospital de Esquel. En dicho hospital, le realizaron una cirugía mediante la cual, según los médicos que intervinieron, se encontró pus y adherencia en su abdomen, y las trompas del útero pegadas a los intestinos y el apéndice. Tras la cirugía, no la mantuvieron en terapia ya que se encontraba estable. Sin embargo, Maira falleció al día siguiente.

Los padres de la joven denunciaron a Abril por mala praxis, alegando que su hija había fallecido a causa del aborto que le habría causado una sepsis (una infección que se extiende a todo el cuerpo) y, más tarde, la muerte al no ser tratada a tiempo. La acusación pública fue presentada por el fiscal Carlos Díaz Mayer.

El proceso judicial duró dos semanas y fue caratulado como “Interrupción legal del embarazo, practicada por un médico abusando de su ciencia y arte con el consentimiento de la mujer seguido de muerte”. Durante su transcurso, se citó a declaración a 25 testigos, en su mayoría presentados por la querella. Sin embargo, no se pudo probar una vinculación entre la muerte de Maira y el aborto realizado por Abril, ni el incumplimiento por parte de la médica de ningún protocolo de atención.

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Foto publicada en las redes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito expresó a través de un comunicado su disconformidad con la investigación, en la cual no se tuvo en cuenta el accionar de los médicos que la atendieron en Esquel, a quienes se desligó de cualquier responsabilidad en la muerte de Maira, y señalaron incoherencias varias en el informe presentado por la perito forense oficial y la falsedad del certificado de defunción presentado en la autopsia. También repudiaron la actitud del fiscal Mayer, a quien acusaron de no tener intención de esclarecer la muerte de Maira sino de culpar a la médica.

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Foto: Pagina/12

Stella Maris Manzano es ginecóloga y perito médico, y fue una de las impulsoras de la ley que regula los abortos no punibles en la provincia de Chubut, sancionada en 2010 por unanimidad tras el caso de una adolescente de 15 años en Comodoro Rivadavia que llegó a la corte provincial para defender su derecho a la interrupción de un embarazo producto de una violación. Fue la misma Stella quien realizó el aborto a la menor, cuando ningún médico de la ciudad quería hacerlo.

En una publicación que compartió en su cuenta de Facebook, expresó su enojo por el fallo del juez y sostuvo que a él no le importó lo que ella y otras tres médicas declararon con respecto al estado de Maira días después de realizado el aborto, donde dejaban en claro que no había ninguna infección abdominal ni sangrado fuera de lo normal.

Indicó que no se puede llamar «lesiones culposas» a la infección de una placenta que no es parte del cuerpo de una mujer, que puede ser fácilmente extraída con un legrado sin dejar secuelas y ser tratada con antibióticos. Agregó además que las sepsis o infecciones graves solo se ven en casos en que las pacientes recurrieron a métodos no seguros para realizarse un aborto en primera instancia, donde hubo introducción de sondas o material no esterilizado en el útero, o incluso por haber tenido relaciones sexuales durante los 15 días posteriores a realizado el aborto con medicamentos, pero que de todas formas no había evidencia de que siquiera hubiera existido dicha infección.

Mencionó también al novio de la joven, quien había tenido actitudes violentas para con ella y quien le habría dicho que «tenía algo» para que abortara ya que, en caso de no hacerlo, confrontaría a sus padres y contaría lo sucedido en la iglesia. Sin embargo, el juez se negó a realizar un examen toxicológico para comprobar si la joven había tomado algo que pudiera haberla intoxicado y haberle ocasionado las complicaciones que se presentaron luego; tampoco investigó al novio, quien podría haberla forzado a tener relaciones sexuales a pesar de que los médicos le habían indicado que no lo hiciera, causando así la supuesta infección.

Concluyó su descargo diciendo que:

«Este es un juicio misógino, que intenta castigar y disciplinar a lxs médicxs que garantizamos derechos a las mujeres. Un juicio que nos muestra que nuestros conocimientos, pruebas, fotografías, no valen nada para los funcionarios de tribunales. También busca provocar miedo en las mujeres que piden abortos».

 

Fuentes consultadas
Notas Periodismo Popular

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito

Diario Jornada