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#Reseña Niña mamá, de Andrea Testa

Antes de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, las militantes feministas no paramos de comunicar la necesidad que teníamos como sociedad de tener garantizado el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. La directora Andrea Testa da cuenta de este movimiento a través de su último documental.

«A partir de la voz de jóvenes mujeres que transitan maternidades en su adolescencia, atravesadas por violencias y una extrema vulnerabilidad, la película ahonda en las vicisitudes de la toma de una decisión: continuar o no con un embarazo. “Niña mamá” es el encuentro con las historias de vida de ellas, las tensiones de estas maternidades forzadas y el miedo latente que provocan los abortos inseguros y clandestinos».

Colectivo de Cineastas.

La cinta tiene una hora de duración, a lo largo de la cual conocemos fragmentos de la vida de diferentes mujeres jóvenes que se enfrentaron a la maternidad sin buscarla. Con escenas grabadas en hospitales públicos de La Matanza y Tres de Febrero, la película le pasa el micrófono a las protagonistas con primeros planos en blanco y negro. Sin voces en off, intervenciones gráficas ni subtítulos, la obra se desenvuelve a partir de los relatos de las mujeres.

En una entrevista con el Colectivo de Cineastas, Testa relata que una de las chicas que aparece en el filme le contó que el estreno de la película le permitió conocer un cine por primera vez. La vulnerabilidad económica, la ausencia de contención familiar y la falta de acceso a la información vulneran derechos que no aparecen narrados desde la carencia, sino desde la normalización.

Además, resulta interesante destacar el compromiso de las médicas, enfermeras y trabajadoras sociales (en genérico femenino porque la presencia masculina aparece solamente una vez, a través de la figura de un obstetra). Ellas asumen el rol de informar a las pacientes sobre la existencia de métodos anticonceptivos, la posibilidad de interrumpir un embarazo sin arriesgarse a perder la vida y ofrecen contención emocional.

«Niña mamá» ganó la Competencia Largometraje Juvenil Internacional en la 27º edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia, así como también obtuvo el Premio del Jurado Largometraje Internacional de la octava edición de DOQUMENTA, el Festival Internacional de Cine Documental de Querétaro, México.

Según el portal GPS Audiovisual, el jurado le dio el reconocimiento por presentar «un articulado discurso sobre la maternidad para jóvenes vulnerables (…). Una propuesta urgente y de gran relevancia sociocultural que se atreve a mostrar un espectro complejo de la sociedad».

La podés ver acá.
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Jacinda Ardern: referente feminista y primera ministra

Artículo escrito en colaboración por Jose Cuerda y Emilia Padin

La primera ministra y líder del Partido Laborista de Nueva Zelanda se ha convertido en un ejemplo a seguir desde que asumió como la jefa de gobierno más joven del mundo el 8 de marzo de 2017. 

Ideológicamente, se describe a sí misma como una socialdemócrata, progresista, republicana y feminista. Durante su mandato ha logrado reflejar estos principios y sobrellevar tres desafíos que definieron su gestión y afectaron a gran parte de los neozelandeses: los atentados de Christchurch en marzo de 2019 contra la congregación de las mezquitas Al Noor y de Linwood, la erupción del volcán de la isla Whakaari que causó muertes y herides tanto entre natives como turistas y la pandemia de coronavirus.

Ardern recibió reconocimiento mundial el año pasado por su buen manejo de la pandemia: después de un año de restricciones y estrictas políticas migratorias, Nueva Zelanda tuvo tan solo 2501 casos de Covid-19 y 26 muertes. La primera ministra declaró que ella no buscaba aplanar la curva sino eliminarla.

El buen manejo de la pandemia no ha sido su único logro: ya en 2018 y 2019 fue reconocida por la revista Time dentro de la lista de las 100 personalidades más influyentes donde la destacaron por ser de gran inspiración para las nuevas generaciones de niñas y la felicitaron por su manejo del ataque terrorista de Christchurch.

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Su historia 

Desde su juventud, Ardern siempre se ha interesado por el gobierno y su entorno. Luego de graduarse de la Universidad de Waikato como Licenciada en Comunicación en Relaciones Internacionales se incorporó al Partido Laborista de Nueva Zelanda con solo 18 años. 

A lo largo de su carrera, Ardern ha ganado experiencia en distintos trabajos en el gobierno: el más importante como investigadora y en la oficina de la primera ministra Helen Clark (quien estuvo en el puesto desde 1999 hasta 2008). No solo ha trabajado en su país sino también en Reino Unido, como asesora política del primer ministro Tony Blair. En 2008, fue elegida presidenta de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas. 

En 2017, Ardern se convirtió en líder del Partido Laborista, cuando Andrew Little renunció a su puesto luego de tener un resultado de votación históricamente bajo para el partido, para luego convertirse en primera ministra ese mismo año.

En medio de toda su campaña Ardern transitó un embarazo, lo cual mostró el machismo cuando muchas personas reclamaban que «Nueva Zelanda tiene derecho a saber si su primer ministro va a tomarse la baja maternal». Con determinación, ella respondió de manera firme: «Es totalmente inaceptable en el año 2017 decir que las mujeres tienen que responder a esa pregunta en su lugar de trabajo. La decisión de una mujer sobre cuándo quiere tener hijos no debería predeterminar si se le ofrece o no un empleo». Un tiempo después de ganar las elecciones, dio a luz a su hija Neve Te Aroha Ardern Gayford.

«Si pudiera destilar en un solo concepto lo que buscamos en Nueva Zelanda, es simple y es esto: amabilidad».

Jacinda Ardern

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¿Qué ha hecho durante su período como primera ministra?

Sus propuestas de campaña siempre fueron claras y mostraron sus deseos e ideas para el beneficio del país: la lucha por la igualdad de derechos y la importancia del medioambiente. Ha impulsado proyectos como la reducción de productos de un solo uso a través de un fondo de 50 millones de dólares para que empresas encuentren diferentes tipos de envoltorio y así reducir el uso de plástico.  

Uno de los más grandes cambios ocurridos durante su gobierno fue la discusión sobre la despenalización del aborto. Para dar un poco de contexto, según el censo realizado en 2007, el cristianismo es la religión predominante en Nueva Zelanda, practicada por el 55,65% de la población; el 34,7% de les encuestades dijo que no practicaba ninguna religión (subió del 29,6% en 2001) y alrededor del 4% estaba asociade a otras religiones.

Desde 2017, la primera ministra había prometido la despenalización del aborto, pero sus planes se habían visto retrasados debido a la discusión del proyecto entre les diputades. Durante más de cuatro décadas las leyes del país castigaban la práctica con hasta 14 años de prisión. En 2020, por una leve mayoría de 68 frente a 51 votos, el Parlamento aprobó un proyecto de ley que permite la interrupción del embarazo hasta las 20 semanas de gestación, con asesoramiento médico.

A la hora de lidiar con la COVID-19, Ardern logró lo inimaginable para muchos países: domar la ola de contagios y volver a la normalidad. A mediados de abril del año pasado, Ardern y sus ministres redujeron su salario en un 20% durante seis meses, con el objetivo de solidarizarse con les trabajadores en el frente de batalla y quienes perdieron sus ingresos durante la pandemia. A fines de ese mismo mes el país ya consideraba «eliminada» la pandemia al poner fin a los contagios locales. Esta ejemplar administración dio sus frutos: la vida en Nueva Zelanda volvió a la normalidad rápidamente y Ardern, junto al Partido Laborista, salió victoriosa en las elecciones de octubre extendiendo su mandato por tres años más. 

El 31 de marzo de este año, la primera ministra neozelandés volvió a dar el ejemplo contra la desigualdad e impulsó la economía tras el impacto de la COVID-19 al aprobar medidas como el aumento del salario mínimo y la suba de impuestos a los más ricos. Estas medidas forman parte de sus promesas electorales y benefician a 175.000 personas. Ardern señaló que estas medidas, que entraron en vigor el 1 de abril, representan «mejoras reales y largamente esperadas en el apoyo que prestamos a nuestros habitantes más vulnerables».

Ardern, gracias a todos sus logros y pensamientos, fue la encargada de poner fin a una época de poder conservador del Partido Nacional de Nueva Zelanda. Su apoyo hacia las mujeres ha resaltado en toda su carrera y ella misma ha explicado varias veces que su partido «no descansaría» hasta conseguir la igualdad en los sueldos entre hombres y mujeres. 

Gran referente del feminismo, Jacinda Ardern no piensa parar ni un segundo para alcanzar todo lo que se propone y así se alza como un ejemplo para todas las personas: a pesar de tener barreras y desigualdades frente a nosotres, siempre debemos luchar y seguir adelante por lo que creemos y deseamos en el futuro. 

«Necesitamos que nuestras madres, hijas, hermanas o tías sean valoradas sin importar en qué puesto de trabajo se encuentren».

Jacinda Ardern

Fuentes:

#Reseña Dicen que tuve un bebé

Hagamos un ejercicio: volvamos por un instante a la madrugada de ese 9 de agosto de 2018. Intentemos llevar la memoria hacia la frustración, la ira y el llanto que nos provocó escuchar que el proyecto de ley de interrupción legal del embarazo había sido rechazado por la Cámara de Senadores. Si cerramos los ojos, quizás hasta podamos visualizarnos a nosotres mismes: qué estábamos haciendo, con quién estábamos hablando, qué reacción nos generó saber que, una vez más, nos estaban negando un derecho.

Recordemos la hipocresía en los argumentos comunes de quienes proclamaban defender la vida. Repitamos en nuestras cabezas todas las veces que escuchamos decir que ninguna mujer iba presa por un aborto y pensemos en las personas que habrán apagado la tele pensando que, tal vez, tenían razón.

Dicen que tuve un bebé intenta saldar la deuda que el sistema judicial tiene con la legislación sobre los cuerpos con capacidad de gestar. La única herramienta que tiene es la información y la exhaustiva investigación sobre los hechos para responder a todas esas veces que se negó la existencia de mujeres presas por la interrupción de un embarazo.

Además del famoso caso Belén, quien sufrió un aborto espontáneo y pasó tres años en la cárcel luego de ser acusada por homicidio, hubo otras denuncias en las que se actuó tendenciosamente y se condenó cayendo en la mirada reduccionista que afirma que la mujer debe responder, ante todo, a su función reproductiva. 

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El libro expone siete casos en los que distintas mujeres de diferentes partes del país fueron juzgadas por la justicia patriarcal que las consideró, antes que humanas, madres. «Madres que mataron intencionalmente a sus bebés», haciendo la vista gorda a cuestiones como el contexto, la educación y el mismo testimonio de las víctimas. Como si pudiéramos pensarnos por fuera de ese prisma.

Con una narración más apegada a la crónica, Dicen que tuve un bebé nos sumerge en los casos de Yamila, Paloma, Gimena, Eliana, Inés, Rosalía y Patricia. Aunque cada historia es muy particular, todas tienen en común haber parido en situaciones de extrema vulnerabilidad: la mayoría de ellas no sabía siquiera que estaba gestando y no habían podido tener control médico en ninguna instancia del embarazo. 

Yamila parió sola en su casa y su bebé falleció por accidente. Paloma fue violada y dio a luz un bebé que no lloraba y aparentaba haber nacido muerto. Algo parecido le pasó a Gimena. A Eliana también la violaron a los 17 años de edad y quedó embarazada sin contárselo a nadie. Inés tenía 19 años cuando rompió bolsa en su casa, tras haberse enterado de que estaba embarazada tarde por ciclos menstruales irregulares. Hizo lo que pudo y, como la bebé no se movía, la creyó muerta.

Rosalía no pudo realizarse ningún control médico porque las condiciones de precarización de su trabajo no le permitían tomarse ni un solo día. Al parir, se desangró y, cuando recuperó la consciencia, vio a la bebé muerta. Patricia falleció estando presa por haber tenido un aborto espontáneo de un feto de cinco meses de gestación en su casilla.

«El cuerpo de Paloma, por ser una mujer pobre, no fue parte del cuerpo principal. Paloma declaró que la bebé estaba muerta, pero nadie la escuchó. Declaró que había sido violada, pero los tribunales se enfocaron en otra parte de la historia».

Dicen que tuve un bebé, ed. Siglo XXI.

Aunque el libro se lee con fluidez, sus páginas son un golpe al ánimo. La bronca se acumula en nuestro sistema y resulta difícil de creer que algunos de estos casos hayan tenido tan poca repercusión por fuera de los ámbitos feministas. La justicia no se puso del lado de las víctimas, sino que eligió construirlas como seres incapaces de vivir en sociedad por su «mala manera de maternar».

¿Y si se hace lo que se puede cuando los recursos escasean? ¿Y si pensamos que las situaciones de emergencia, la falta de educación sexual y la imposibilidad de acceder a un centro médico influyen a la hora de actuar? ¿Y si insistimos con una reforma en la justicia para que un cuerpo con capacidad de gestar sea, ante todo, concebido como un cuerpo humano? 

La lectura de Dicen que tuve un bebé entristece, enfurece y termina de quitarle el velo que recubre a un sistema que se escuda con carátulas erróneas, jueces tendenciosos y fiscales moralistas. Es una excelente lectura para quien quiera enojarse, tal vez entendiendo que la ira es una fase inevitable en el despertar feminista.

Sobre las autoras y la editorial

El libro es un trabajo en conjunto de las abogadas María Lina Carrera, Natalia Saralegui Ferrante y Gloria Orrego-Hoyos. En el prólogo se detalla que el deseo de reconstruir estos casos surgió luego de que Saralegui supiera sobre la condena de Patricia, a quien consiguió entrevistar en prisión. Su posterior fallecimiento la impulsó a continuar investigando casos similares junto a Carrera y Orrego-Hoyos, cuyo resultado es este estudio.

Por otro lado, Siglo XXI es un proyecto editorial que busca difundir el pensamiento crítico y la circulación de ideas del campo de las Ciencias Sociales, Humanidades y la divulgación científica. Sus obras abordan autores clásiques, como Barthes, Luxemburgo y Marx, autoras y autores con trayectorias consolidadas y también «a quienes están dando forma a su primer libro y expresan tonos, estilos y temas de una nueva generación».

Caso Vannesa Rosales: entre injusticias y derechos recortados

Los debates por los derechos de las mujeres siempre serán largos y tendidos. En el medio, tragedias pasan y quienes las atienden son privadas de la libertad por la (in)justicia: este es el caso de Vannesa Rosales, una mujer venezolana, feminista y militante que ayudó a una joven de 13 años embarazada, fruto de una violación, a abortar. Vannesa actualmente está presa y el violador no. 

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#AbortoLegal2020 Lo que el debate en Diputados nos dejó

Artículo escrito en colaboración por Julieta Iriarte y Tatiana Fernández Santos

A 15 años de la creación de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y a dos años de que la marea verde se volviera irrefrenable, se logró media sanción en Diputados para que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo sea ley. Encontrá en esta nota qué pasó en la sesión, cómo fueron los votos por partido, cuál es la normativa actual que garantiza las interrupciones legales del embarazo y cómo sigue el tratamiento del proyecto en la Cámara de Senadores.

El viernes 11 de diciembre de 2020 a las 7:25 de la mañana y después de más de 20 horas de debate, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones. 

Afuera del Congreso, entre banderas y pañuelos verdes, militantes de agrupaciones feministas, grupos de amigues y personas autoconvocadas que pasaron la noche en la vigilia se abrazaban y festejaban entre lágrimas y cantos un paso más hacia la ampliación de derechos de todas las personas gestantes, sean mujeres, varones o nobinaries: «Aborto legal en el hospital».

Votos por partido 

De les 131 diputades del bloque del Frente de Todos, 81 votaron a favor, 30 en contra y 3 se abstuvieron. Daniel Ferreyra, de Santiago del Estero, fue uno de quienes decidieron abstenerse, luego de que su hija recibiera amenazas. 

En el bloque Pro-Cambiemos, 10 diputades votaron a favor, 40 en contra y uno se abstuvo. Sofía Brambilla (Pro-Corrientes) y Héctor Stefani (Pro-Tierra del Fuego) votaron a favor en 2018 y ayer cambiaron su voto hacia el no.

En el bloque de la Coalición Cívica cuatro diputades votaron a favor, nueve en contra y una se abstuvo.

Cambio en los votos

Alejandra Vigo, diputada por Córdoba Federal y esposa del gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, pasó de abstenerse en la votación de 2018 a votar de forma negativa el proyecto actual: «No queremos que sigan muriendo más mujeres, pero hacerlo libre no es la respuesta», argumentó. 

Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz) y Aída Ayala (UCR-Chaco) también habían dado su voto afirmativo en 2018 y decidieron votar en contra esta vez. Por su parte, Flavia Morales, del Frente de la Concordia de Misiones fue la única que, habiendo votado negativamente en 2018, cambió su voto al sí esta vez. 

El debate, que empezó a las 11 de la mañana del jueves y terminó el viernes a las 7 de la mañana, tuvo exposiciones de la más amplia variedad tanto a favor como en contra del proyecto y, también, muchos argumentos vacíos con datos incomprobables y fuentes no reveladas. 

Entre los argumentos de quienes votaron a favor de la IVE, se hizo hincapié en la defensa de los derechos de «las mujeres y cuerpos gestantes», el fin a la clandestinidad y la responsabilidad del Estado para con elles. Mientras tanto, los sectores de representación celeste desviaron el foco del debate a la «inconstitucionalidad» del proyecto, la defensa de la vida de «los niños por nacer» y lo inoportuno que resultaba el momento en el que se estaba debatiendo (respecto al contexto de la pandemia de COVID-19). 

Qué dijeron les diputades

Walter Correa, diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, expresó que: «Por mi condición de género, considero que no corresponde y por eso recurro a este texto escrito por la trabajadora del cuero, Laura Lázaro, integrante de mujeres sindicalistas de la corriente federal de los trabajadores CGT» antes de proceder a leer dicho texto.

Ayelén Spósito, diputada del Frente de Todos por la provincia de Río Negro, argumentó que: «Cuando hablamos de cuerpos gestantes no solo las mujeres que tenemos ovarios y útero tenemos la capacidad de gestar. Hay muchas identidades invisibilizadas como los hombres trans que también abortan y muchas veces son discriminados e invisibilizados cuando llegan al sistema de salud. Esta lucha también se la debemos a elles». 

Mara Brawer, diputada del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, cuestionó los mandatos impuestos a las mujeres respecto a la maternidad cuando preguntó: «¿Qué pasa con las sexualidades no reproductivas? ¿Con las mujeres que no quieren maternar? Cruje el sistema patriarcal». 

La diputada de la UCR por Córdoba, Brenda Austin, manifestó: «Venimos a saldar esta deuda de la democracia, las 3 mil mujeres muertas que pesan sobre las espaldas de este Congreso. Se nos ha dicho que no es el momento. Yo digo: ¿cuándo es el momento?». 

Dentro de las voces que se pronunciaron en contra, Luis Contigiani, del Frente Progresista, Civico y Social – Santa Fe sostuvo que: «Tienen que visibilizar que hay vida en el feto. Puede ser una vida biológica pero después puede ser un conjunto de células, puede ser un tumor. Ese es el drama que nos separa, es el concepto de vida humana». 

Por su parte, José Luis Patiño, del Bloque PRO por CABA, asentó su postura diciendo que: «No hablamos desde la moral ni la ciencia porque somos políticos y tratamos de dar soluciones políticas. Considero que esta ley es una mala ley y es inaplicable. […] Mi forma de resistir es abstenerme». 

Jorge Enriquez, del Bloque Pro por CABA, mandó a todes a que: «Vayan a las villas, no cacareen tanto, y vean cuál es la riqueza para esa mujer que tiene un hijo. ¡Esa es su verdadera riqueza! Porque no tiene la cloaca, no tiene agua, no tiene la posibilidad de acceder a una vida digna». 

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Normativa actual para la Interrupción Legal del Embarazo

En 1921, el Congreso de la Nación Argentina reguló la interrupción de embarazos en el Código Penal y determinó que los abortos no son punibles si corre riesgo la vida o salud de la mujer o «si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente».

Este último punto generó distintas interpretaciones hasta que, en 2012, el Fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia determinó que serán abortos no punibles aquellos que sean producto de una violación y aquellos en los que esté en peligro la vida y la salud de la persona gestante.

En diciembre de 2019, el Ministerio de Salud de la Nación actualizó el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), donde se sostiene el concepto integral de salud como una de las causales para garantizar las ILEs. Según la OMS, la salud implica el «completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones».

29 de diciembre: DE CARA AL SENADO

El proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se giró a un plenario acotado de tres comisiones de la Cámara Alta: la iniciativa se comenzará a tratar el lunes por les senadores de la Banca de la Mujer; Justicia y Asuntos Penales; y Salud. 

La senadora Norma Durango, presidenta de la Banca de la Mujer, señaló en conversación con El Destape Radio que el objetivo es que la iniciativa oficial esté en condiciones de ser votada el martes 29 de diciembre y aseguró que: «Esta vez tenemos posibilidades de lograr la sanción en el Senado. Sino sería un retraso» y cerró: «Esto no es un problema de creencias, es un problema de salud pública».

Imagen de portada: Revista Colibrí (Alana Rodríguez)

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Polonia: manifestaciones en contra de las restricciones al aborto

El pasado 22 de octubre, el Tribunal Constitucional de Polonia realizó modificaciones a la actual legislación del aborto, restringiéndola aún más. Este país es uno de los más restrictivos en cuanto a la legalidad de la práctica en Europa, por lo que el endurecimiento de la medida desató una ola de manifestaciones no solo en su capital, sino también en diferentes puntos del territorio. 

Durante al menos dos semanas, han llegado a manifestarse más de 150 000 personas en Varsovia, las protestas se concentraron en la sede de la Corte y en la casa del líder del partido gobernante y ultraconservador, Jaroslaw Kaczynski. Los reclamos en contra de la resolución se extendieron a los pueblos y las aldeas del interior, se realizaron marchas silenciosas alrededor de las iglesias, irrumpieron en las misas y se generaron enfrentamientos con los creyentes. 

La actual legislación sobre el aborto permite la práctica en tres ocasiones: si hay amenaza para la salud de la persona gestante,  por incesto o violación y en caso de anomalías fetales. Sin embargo, la resolución del Tribunal estableció que las anomalías fetales ya no constituyen una causal porque viola la Constitución y es una decisión que no tiene posibilidad de ser apelada. 

Según el Ministerio de Sanidad, en 2019 se realizaron 1110 abortos de manera legal de los cuales el 97% fueron solicitados por malformaciones fetales. Asimismo, una de las críticas gira en torno a la ausencia de planes sólidos de apoyo financiero y acompañamiento psicológico para las familias de niños y niñas con alguna discapacidad. 

La legislación actual, conocida como ley de planificación familiar, fue sancionada en 1993 y puso fin a la postura más liberal que existía en Polonia con respecto al aborto en ese momento. Actualmente es el país con mayores restricciones solo detrás de Andorra, Malta y San Marino, donde el aborto no es legal bajo ninguna circunstancia. 

Contexto social y político de la medida 

El partido gobernante, Ley y Justicia, enfrenta críticas de diferentes sectores de la sociedad no solo por las restricciones en cuanto a la legislación del aborto sino porque se reclama que no hay una justicia independiente en Polonia.

Los últimos sucesos han servido para reforzar esa hipótesis, ya que desde el gobierno habían impulsado reformas a la ley de planificación familiar tanto en 2016 como en 2018 y en ninguno de los dos casos consiguió los votos suficientes en el Parlamento. Por ello, la decisión fue tomada por el Tribunal Constitucional, espacio ocupado por fervientes católicos que serían afines al gobierno. 

El partido nacional Ley y Justicia realizó hace tres años una reforma judicial que le valió la apertura de un proceso por parte de la Unión Europea y que el año pasado dictaminó como «contraria al derecho» de la comunidad por establecer un control sobre la Justicia. Esto generó un descontento en la sociedad pero aun así ocupan la posición oficialista desde 2015.   

A partir de su desembarco como gobierno en 2015, Ley y Justicia frenó la financiación pública a los programas de fertilización in vitro, limitó la píldora del día después con receta médica y ahora sumó restricciones a la práctica legal del aborto. 

Por otro lado, el partido se presentó en las elecciones como capaz de mantener los valores católicos conservadores, algo que ha cumplido aunque la sociedad ya no lo aprueba en su totalidad. Gran parte no comulga con la injerencia de la Iglesia en diversos temas políticos y educativos y a su vez aguarda sentencias para los sacerdotes denunciados por abusos. 

Las manifestaciones de las últimas semanas habrían logrado un retroceso en la decisión del Tribunal Constitucional de Polonia, ya que la semana pasada debería haber sido publicada la nueva disposición en el Boletín Oficial y esto aún no ha ocurrido. Sin embargo, habría quedado un vacío legal para quienes en estos momentos quieran realizar un aborto por malformaciones fetales. Por el momento, se espera que estos casos no se sumen a los más de 100 000 que, estiman desde las asociaciones a favor de la legalización del aborto, se realizan en otros países donde está permitido.

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#AbortoLegal2020: volvimos a las calles

El caso de 2018 fue la séptima vez que un proyecto de interrupción del embarazo llegó al Congreso. Hoy, dos años después, las personas gestantes continúan sometiéndose a la clandestinidad de aborto ilegal. El pasado miércoles se realizaron diferentes manifestaciones a lo largo de todo el país bajo las consignas «Es urgente» y «Aborto legal 2020».

El 4 de noviembre, bicicletas, rollers, motos y autos llenaron las calles de las principales ciudades de todo el país. Miles de personas se movilizaron: en Capital Federal desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación; en otras capitales, las municipalidades y plazas fueron los puntos de encuentro. En las convocatorias se incentivaba a cumplir con el uso de barbijo y el distanciamiento social.

Fuente: Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Los tiempos legislativos se acortan: el 30 de noviembre terminan las sesiones ordinarias y desde las organizaciones feministas piden que la ley de aborto legal sea tratada antes de fin de año. El 20 de noviembre es el último día para que las comisiones de las dos cámaras emitan dictamen; de no presentarse y tratarse antes de esas fechas, el debate pasará al año que viene, a menos que sea incluido por el presidente de la Nación en sesiones extraordinarias.

llegamos para quedarnos

Para poder comprender cómo se llega a debatir una ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), es necesario revisar la organización de las mujeres y las diversidades en los últimos años en Argentina y en gran parte del mundo. Se vuelve imposible separar los discursos en torno al debate de la legalización y despenalización del aborto de los relacionados con el feminismo, la violencia de género y la lucha de las mujeres.

Todo forma parte de un solo eje: el sistema capitalista/patriarcal y la desigualdad que este genera. Esta no es la primera vez que el debate por el aborto se instala en nuestro país: el derecho a una sexualidad libre, separada de la reproducción, aparecía ya en las feministas de la llamada «segunda ola» en las décadas del 70 y 80.

La historia del derecho a la interrupción del embarazo en Argentina se inicia en 1886 con la sanción del primer Código Penal, en el cual se penalizan todos los casos de aborto sin excepción alguna. Sin embargo, según datos brindados por la Fundación Huésped, con la primera reforma del Código en 1903, se establece la primera salvedad: los casos de tentativa de interrupción del embarazo no son punibles.

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El 6 de marzo de 2018 fue la séptima vez que un proyecto relacionado a la legalización del aborto ingresó a la Honorable Cámara de la Nación. Esta vez fue con la firma de 71 diputades, en su mayoría mujeres. Pero, a pesar del apoyo popular, la ley no fue aprobada por les senadores de nuestro país.

la espera se cobra vidas

El primero de marzo de este año, en el discurso de inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, Alberto Fernández confirmó que presentará un proyecto propio de legalización de la interrupción legal del embarazo «que permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar». Sería la primera vez en la historia Argentina que un presidente enviaría al Congreso un proyecto de ley para legalizar el aborto.

En la actualidad las personas con capacidad de gestar continúan interrumpiendo embarazos en la clandestinidad. Los motivos que dio el presidente para posponer el debate fueron que quería que el Ministerio de Salud y el ministro Ginés González García estuvieran al frente de la discusión, algo difícil en tiempos de pandemia.

Después de dos reuniones canceladas, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se reunió en el Congreso con referentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, quienes exigieron la «urgente» sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Massa propuso el armado de una mesa de trabajo con las autoridades de la comisión de Mujeres y Diversidades, Macha y Lospennato, para incorporar la interrupción del embarazo a la agenda parlamentaria.

Hay que recordar que durante el año 2018 ya se realizaron mesas y comisiones de trabajo desde las cuales  se organizaron las exposiciones de 738 referentes a favor y en contra de la ley. También, que en 2019 se presentó un proyecto de ley que elaboraron desde la Campaña y aún tiene estado parlamentario. Por su parte, Massa sostuvo que el mejor momento para discutir el tema será cuando el presidente Alberto Fernández presente el proyecto e informó que ante la excepcionalidad de la pandemia las sesiones continuarán hasta febrero.

«Nos reunimos este jueves con el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación para manifestarle que es urgente el tratamiento y la aprobación de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Reiteramos que la criminalización del aborto agrava el acceso la salud y que las complicaciones por abortos inseguros suman más demanda al sistema sanitario».

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Accesos y dificultades

El Observatorio de Acceso al Misoprostol monitorea los precios de los medicamentos utilizados para interrumpir embarazos no deseados. El último informe de octubre registra el Oxaprost a un valor de $9620, lo que equivale a un aumento del 3,8% respecto al precio de septiembre, y el Misop 200 a $5860, con una suba del 4%.

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Por su parte, un estudio reciente del Instituto Guttmacher, organización comprometida con la salud y los derechos sexuales, calcula que durante la crisis sanitaria global, una disminución de apenas un 10% en el acceso a la atención en los países de ingresos bajos y medios causaría 3 millones de abortos en condiciones de riesgo, 15 millones de embarazos no deseados adicionales y 28 000 muertes de personas gestantes durante este año.

Además asegura que una disminución del 10% en el uso de anticonceptivos daría lugar a 49 millones de mujeres adicionales que presenten una necesidad insatisfecha de anticonceptivos modernos en los países de ingresos bajos y medianos. Para mitigar este impacto, el Instituto Guttmacher brindó recomendaciones para los Estados: que declaren los servicios de salud sexual y reproductiva esenciales, que dispongan del personal necesario, que pongan a disposición anticonceptivos sin receta y que exploren modelos de atención innovadores como la telemedicina.

Además de los riesgos y la muerte para las personas con capacidad de gestar, posponer el debate tiene detrás otro problema que es el contexto político: el año 2021 será año electoral, lo cual puede posponer un año más la discusión parlamentaria como ocurrió durante 2019. Las consecuencias de la pandemia y la crisis que arrastra el coronavirus son inevitables, pero los retrocesos en materia de salud sexual y reproductiva no lo son.

Fuentes:

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#Reseña «Crímenes de familia»: un ángulo improbable de una causa noble

Crímenes de familia se estrenó el jueves 20 de agosto: la semana pasada estuvo entre las 10 películas más populares de Netflix en todo el mundo y fue centro de varias conversaciones y polémicas insólitas.

En el núcleo de la película está una «familia bien» de Recoleta, conformada por Alicia (Cecilia Roth), Ignacio (Miguel Ángel Solá) y su hijo Daniel (Benjamín Amadeo). Típica familia de clase media-alta, el matrimonio convive con una empleada doméstica «con cama dentro», Gladys (Yanina Àvila), y su hijo pequeño Santi (interpretado por el hijo real de la actriz).

La película narra dos procesos judiciales y la familia que los atraviesa: uno, por violación e intento de homicidio, que enfrenta Daniel contra su exmujer y madre de su hijo pequeño, Martín. Otro, el misterioso crimen del que es acusada Gladys. Del último crimen somos parcialmente testigos: recibimos poco a poco las imágenes oscuras de un baño al fondo de un pasillo que, al acercarse, nos deja entrever restos de sangre. Del primero, lo único que vemos son los testigos de los personajes en la corte, que funcionan como un juicio modelo sobre abuso y violación.

Fuente: Netflix.

SPOILERS alert!

La película muestra con gran eficacia las diferencias entre la figura de Daniel y la de Gladys, no como individuos dentro del sistema judicial, sino como símbolos de un trasfondo social. Daniel, hombre blanco de clase acomodada, es ayudado por sus padres para conseguir un abogado privado, e incluso tiene acceso a métodos extraoficiales (y no por eso menos frecuentes) por el monto de US$400.000. Sin una prueba, se ve en un plano de clara ventaja ante su exmujer, Marcela (Sofía Gala Castiglione), por quien es acusado de haberla violentado en repetidas ocasiones.

Lejos está el caso de Gladys: una mujer joven misionera que padece un retraso madurativo, es semianalfabeta y depende por completo de su empleadora en cuanto a trabajo y domicilio. Además, fue víctima de pobreza extrema, abuso intrafamiliar y abandono en su infancia. Como personaje, es de pocas palabras (prácticamente silente). Acusada de asesinar a su recién nacido, enfrenta una probable condena por homicidio agravado por vínculo.

La diferencia entre las condiciones sociales de Daniel y Gladys es claramente abismal. Cuando comienza el juicio de ella, lo vemos en el propio plano que lo introduce: Gladys es la primera en sentarse en una corte vacía para ser juzgada y condenada. Daniel será absuelto y Gladys será condenada a casi dos décadas de cárcel.

En el juicio de Gladys, presenciamos la intensa charla entre el fiscal y la psicóloga que la examinó, hábilmente retratada por Paola Barrientos. Este diálogo durante el juicio encarna la discusión constante sobre la maternidad no deseada y la ley y provoca escalofríos en su transversalidad. «¿Por qué mató a su hijo? ¿Por qué no darlo en adopción? ¿Por qué no dejarlo en la puerta de una iglesia?», pregunta el fiscal. La psicóloga responde: «No era una opción para ella».

Fuente: Netflix.

¿Qué opción tenía realmente Gladys, ante su contexto social y su condición psicológica? Incluso ante la tragicidad del caso y sus terribles consecuencias, el fiscal no hace más que buscar una respuesta que no existe. Este diálogo exhibe la hipocresía del sistema judicial a través de un caso extremo, que no por eso deja de ser extrapolable a tantos otros. De ninguna manera se justifica el asesinato como una situación o solución benigna, sino que el elefante en la sala grita: «¿Qué esperabas ante la ausencia del Estado?».

Alicia se hace cargo de Santi, el hijo de Gladys, a quien crió toda la vida como un hijo. Cuando lo lleva a visitar a su madre en la cárcel, Gladys le pide que se quede con él para «darle lo que le debe», se lo ofrece como hijo y admite que el bebé asesinado era fruto de una violación de parte de su hijo, Daniel.

Una heroína improbable, Alicia decide ofrecerle la evidencia (aquella que le costó su matrimonio y US$400.000) del crimen de Daniel contra su exmujer, Marcela. Intenta averiguar si el juicio de Gladys puede ser apelado para bajar la condena y con su nuevo testimonio, colabora a favor de Gladys. Daniel termina en la cárcel, Alicia se acomoda con Santi en un monoambiente y su marido prácticamente desaparece. La película termina con Alicia y Marcela en una fiesta de cumpleaños, donde Santi y Martín juegan con su abuela.

FANTASÍA Y REALIDAD

Dentro de los estándares de la realidad, es una película idealista. No habría manera de remontar la situación si no fuera por el personaje ideal de Alicia: el final nos da algo de esperanza, un respiro de oxígeno entre tanto barro. Sin embargo, hay que rever la verosimilitud que se maneja en el personaje que salva la película, más que nada para practicar el ejercicio saludable de separar ficción y realidad en nuestros consumos diarios.

Nuestra heroína es, efectivamente, improbable. La figura de la mujer en la clase alta, en su mayor parte, es decorativa y maternal. Generaciones de mujeres han sido criadas y educadas para ese fin diplomático infaltable en una «casa bien». En pocas familias tienen un trabajo que las haga independientes en lo económico y menos aún tienen la decisión sobre las propiedades familiares. Si bien Ignacio podría considerarse permisivo, no se puede dejar de lado que, al ausentarse como lo hizo, estaría dejando atrás un departamento de al menos US$500.000 en Recoleta.

Aún si tuvieran un patrimonio que no se preocupa por esos montos, sigue siendo una mujer de clase alta que decide perder sus privilegios sin chistar y luego enfrenta la hipocresía de su círculo para ser honesta con los actos de su hijo y llevarlo a la Justicia. Algo que, si se considera la codicia por estatus de muchas familias adineradas, es poco probable. No es que Alicia no exista, sino que Alicia es el uno en un millón. Esto justifica aun más que sea una película, porque es extraordinaria, pero acordémonos de que lo es: tomemos esta bella historia como un ángulo más de la resistencia contra la desigualdad, cuya cara no es solo blanca y rica y cuya universalidad merece el mismo tipo de representación.

No olvidemos que la desigualdad trasciende la pantalla. Hace menos de una semana, Red Magazine Central reveló en una entrevista con Yanina Ávila (la actriz que intepreta a Gladys) que ella aún no había recibido sus honorarios. Cabe mencionar que Yanina trabaja en el área de limpieza y lucha por sobrevivir en su vida diaria. Además, al no tener cable ni Internet, no había visto la película siquiera. Un día después y luego de una gran polémica, recibió sus honorarios (que algunos dicen son demasiado bajos para un papel coprotagónico, sumado a la actuación de su hijo). Efectivamente, la realidad supera la ficción.

Más allá de la ironía de producción ya mencionada, Crímenes de familia describe una historia que no oculta un sistema perverso, sino que lo lleva a flor de piel con la certeza de que no todo está perdido. La política la atraviesa completamente, exhibiendo la vulgaridad sobre a quiénes cuida y a quiénes no y, en vez de negarla, introduce una luz pequeña esperanzadora. Intenta contagiarnos su búsqueda por la justicia y la verdad desde el lugar menos pensado. Bravo, porque lo logra.

Fuentes:

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