Será Ley

En 1990, durante el quinto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se llevó a cabo en Argentina, se declaró el 28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto. ¿Qué cosas cambiaron desde entonces? Sigue leyendo Será Ley

Voto a voto, fuimos volviéndonos locxs

Al día de hoy, según declaraciones y manifestaciones de lxs propixs diputadxs, los votos están muy parejos. Hasta ayer, quienes votarían en contra de la interrupción voluntaria del embarazo superaban por 8 a aquellos a favor, pero durante las últimas horas esa diferencia se redujo a tan solo 3. Es fundamental el rol y la decisión de lxs 24 legisladorxs indefinidxs.


A partir del concenso por parte de las cuatro comisiones y algunas modificaciones que realizaron en el proyecto original presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, varixs diputadxs que todavía no lo habían hecho se pronunciaron a favor. Sin embargo, lxs legisladorxs indecisxs (o que no quieren pronunciarse para evitar presiones) son 24 .

Desde las redes, principalmente Twitter, se comenzó a realizar campañas para visibilizar quiénes eran estxs diputadxs. El domingo a la tarde además hubo un tuitazo con el hashtag #AbortoLegalOClandestino, mientras la oposición antiderechos utilizaba #ArgentinaEsProVida. Ambos fueron TT durante varias horas.

Miles de tuits, entre ellos los del movimiento actrices argentinas, buscaron interpelar a lxs legisladorxs de cada partido para que voten con responsabilidad y aprovechen la posibilidad de formar parte de la historia de nuestro país.

En el caso de un diputado en particular, se creó un hashtag para pedir que revirtiera su voto. #LuisVotáAFavor apuntaba a que el socialista santafesino Luis Contigiani, único representante del PS en la Cámara Baja, comprendiera que pronunciándose a favor de «las dos vidas» interponía sus convicciones personales a aquellas del partido que históricamente se promulgó a favor de la autonomía de las mujeres.

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Un grupo de intelectuales, liderado por Beatriz Sarlo, publicó una carta en la cual solicitaba a las autoridades del PS que exigiera la renuncia de Contigiani a su banca antes de la votación del día 13 y en caso de que el legislador no accediera, que se disolviera el bloque del Partido Socialista. Finalmente, ayer terminó por cambiar el nombre de su monobloque a «Frente Progresista Cívico y Social».

Contando porotos

Una de las fuentes más completas y organizadas en estos días fue la plantilla colaborativa que generaron las compañeras de Economía Feminista en la que, con actualizaciones continuas, se puede seguir la posición de cada unx de lxs diputadxs y senadorxs.

Según «Contando porotos», hasta el momento los votos a favor serían 115 y en contra 119, mientras 2 se abstendrían.

Mañana es un día histórico. Por primera vez se tratará un proyecto de ley a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Si se aprueba, será el turno de la votación en el Senado. Si lxs diputadxs interponen sus creencias personales frente a un tema de salud pública y no saben estar a la altura del momento histórico del que son partícipes, habrá que esperar como mínimo un año para poder presentar nuevamente el proyecto.

 


Fuentes

Economía Feminista

#Pañuelazo contra la muerte y la desigualdad

El aborto no es inmoral. El aborto es una realidad. Sucede a diario, en todos los rincones de los barrios y del país. Lo inmoral son las muertes que genera la clandestinidad.

El lunes en la tarde, con esta idea como convicción, nos atamos el pañuelo verde al cuello y nos congregamos de a miles frente al Congreso para discutir el aborto como una problemática de salud pública y de desigualdad social y demandar al Estado una ley de aborto legal, seguro y gratuito.

Entre 370.000 y 522.000 personas abortan de manera clandestina al año, según estima el Ministerio de Salud de la Nación desde el año 2009, dato que no puede confirmar por lo irregular de la práctica pero sí calcular en base a la cantidad de consultas e internaciones por sus consecuencias.

Hoy el aborto clandestino es la principal causa de muerte materna. Un informe del Centro Atenea calculó que, a nivel mundial, el aborto causa la muerte del 11% de las personas gestantes. En América Latina, ese número asciende al 13%. En Argentina alcanza el 20% y supera la media de los países vecinos.

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Foto: Télam

Los números abruman y se suman a la desigualdad que viven las niñas, las mujeres y los trans de forma estructural. Porque quienes mueren a causa de los abortos clandestinos son los mismos sectores de siempre: los excluidos del sistema de salud y del sistema en general. Es decir, las pobres. Quienes no pueden acceder a un aborto seguro porque son caros, ni a salud gratuita y de calidad. Y también los hombres trans, que experimentan la marginación en todas las instituciones por las que pasan: desde la familia y el mercado laboral, hasta en los hospitales.

En el 2007, cuando se presentó por primera vez un proyecto de ley para implementar el aborto legal, seguro y gratuito, algunas voces pedían que esperemos porque la sociedad «aún no estaba preparada para ello». Ya fueron presentados seis proyectos por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito y este año vamos hacia el séptimo. Y aún se pide paciencia. Pero, ¿cuántas  muertes más podemos esperar para hacernos cargo?

En los megáfonos, en los afiches y en las remeras, ayer aparecía una y otra vez una misma consigna: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Ese es el horizonte y un paso fundamental para comenzar a construir un mundo un poco más igualitario.

Entre lo clandestino y lo permitido

Antes que nada, cabe aclarar que el aborto no es por completo ilegal en Argentina. Pero tampoco funciona como debería en los casos permitidos por la ley, ya que muchas veces lxs profesionales de la salud deciden no practicarlos por objeción de conciencia, violan el secreto profesional o se interponen procesos judiciales para retrasarlos que culminan al mismo tiempo o después del embarazo.

Otras veces, la idiosincrasia machista encarcela y castiga sin preguntar, como sucedió con Belén, la joven tucumana que llegó al hospital con un cuadro de aborto espontáneo (y sin siquiera saber que estaba embarazada) y salió con una condena de 8 años a prisión.

Desde la segunda reforma al Código Penal, en 1921, la interrupción del embarazo es legal cuando la vida de la mujer peligra o cuando el embarazo es fruto de una violación.

Tras varias modificaciones, dictaduras militares, gobiernos democráticos y reformas constitucionales, en el 2012 la Corte Suprema de Justicia habilitó a lxs médicxs a practicar la Interrupción Legal del Embarazo en las causales previstas desde 1921, en el fallo denominado “F.A.L.”. El único requisito a presentar por las personas gestantes para realizar el aborto sería una declaración jurada sobre el delito sexual que se les hubiera infringido.

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Foto: Primera Piedra

En el año 2015, el Ministerio de Salud de la Nación confeccionó el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE), basado en los lineamientos de la Corte Suprema y destinado a dictar cómo proceder en hospitales y centros de salud nacionales.

Esta herramienta amplió el concepto de “salud” al incluir los aspectos psicosociales de lxs sujetxs y al tener en cuenta las consecuencias del embarazo y la maternidad obligada en lxs pacientes. Abrió la posibilidad de que el daño psicológico y el estigma social que generaría un embarazo no deseado en la vida de una adolescente, por ejemplo, pudiera llegar a considerarse una causal válida para practicar el aborto. Sin embargo, siempre estuvo sujeto a interpretaciones y a decisiones de la institución interviniente en cada caso.

El problema es que el protocolo ILE no tiene carácter de resolución ministerial, como sí tenían los dos previos, del 2007 y 2010. Además, las autoridades federales no se encargaron de darle una correcta difusión e implementación hasta la fecha. Por lo tanto, las posibilidades de aplicarlo en todo el país disminuyeron.

Sólo ocho provincias adoptaron el protocolo y respetaron en gran medida la disposición del ministerio y la Justicia: Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Entre Ríos (esta última, desde noviembre de 2017).

Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Salta, en cambio, pusieron en funcionamiento un protocolo modificado, con mayores limitaciones que el original. En Córdoba, se encuentra suspendido parcialmente por orden judicial.

En la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri vetó el primer proyecto aprobado por la legislatura cuando aún se desempeñaba como Jefe de Gobierno. El entonces ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, presentó otro, mucho más restringido, que aún está siendo tratado por la Justicia.

Otro caso particular es el de la provincia de Buenos Aires, que contaba con la adhesión al protocolo nacional, hasta que la gobernadora María Eugenia Vidal lo anuló en el 2016.

En el resto del país, no existen protocolos y muchas veces no se registran índices de personas atendidas por consecuencias de los abortos inseguros.

 

Foto de portada: Rosario Plus

#NiUnaMenos: La situación actual

El 3 de junio del año 2015, se organizó la primera marcha multitudinaria del colectivo Ni Una Menos. El femicidio de Chiara Pérez, una niña de 14 años embarazada a quien su novio había matado a golpes en la localidad santafesina de Rufino fue el punto de quiebre.

Desde entonces, muchxs se han sumado a la lucha contra la violencia de género, pero muy poco ha hecho el Estado para cumplir con las demandas. ¿Qué cambió desde aquel 3 de junio lejano? ¿Mejoró o empeoró la situación de las mujeres?

Medidas insuficientes

El comunicado de convocatoria a la última marcha denunció que, en lo que va del año, hay al menos una mujer o una travesti menos por día, que aún no hay estadísticas oficiales serias sobre los femicidios, y que es mayoritariamente la organización popular y no el Estado quien se hace cargo de la búsqueda de las jóvenes desaparecidas. El caso más reciente es el de Araceli Fulles.

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Según los datos de la Corte Suprema de Justicia, en 2014 hubo 225 femicidios -una mujer asesinada cada 39 horas-; en 2015, el número se incrementó a 235 y en 2016, a 254. Estos números difieren de los datos que desde el año 2008 aporta la Asociación Civil La Casa del Encuentro en base a lo relevado en los medios de comunicación. Según sus estadísticas, los femicidios treparon en 2015 a 286,  y en 2016 a 290.

Mientras la asociación adjudica la diferencia a que la Corte no incluye datos sobre femicidas que se suicidan ni los casos de las travestis que no hicieron el trámite de cambio de género, desde la CSJN aseguran que esos casos sí son tenidos en cuenta, pero que muchas veces las noticias que en los medios figuran como femicidios no lo son en realidad.

Asimismo, un tercer indicador es el provisto por el Ministerio de Justicia, que en el año 2015 contabilizó 226 femicidios y en el 2016, 226. Tres indicadores y ninguna certeza.

Por otra parte, los movimientos feministas rechazan la búsqueda de solución al problema mediante el punitivismo: este llega tarde y no propone el desarrollo de políticas de prevención. Dos años después de la primera marcha, el 80% del presupuesto del Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres se va en la construcción de refugios.

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Incumplimientos

El colectivo Ni Una Menos, como ya denunció Escritura Feminista, sostiene que el Estado incumple con la ley de Educación Sexual Integral y con la ley que garantiza el patrocinio jurídico gratuito para las víctimas. Además, el acceso a la justicia es deficiente.

El Estado no debate el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Tampoco les otorga derechos laborales a las trabajadoras sexuales y las deja expuestas a la violencia institucional. El mismo Estado que tuvo detenida a Belén más de dos años por un aborto espontáneo, hoy priva de su libertad a Higui por defenderse de una violación grupal.

A dos años de la primera marcha, los movimientos feministas se encuentran más organizados, cada vez más convocantes y con demandas más concretas.

Sin embargo, el Estado decide ignorar la situación actual de las mujeres que se cobra una vida por día. Las escasas medidas que toma son insuficientes y muchas veces propone “soluciones” sin tener en cuenta la especificidad del tipo de violencia que se pretende combatir y las voces de quiénes son sus víctimas directas.

Ante una situación actual dramática, la única buena noticia es que la ola feminista no para de crecer. El Estado en algún momento deberá hacerse eco de lo que pasa en las calles y estar a la altura de las circunstancias. La revolución será feminista, o no será.

 

 


Fuentes consultadas:

Imágenes: