¿Qué pasó con Facundo Castro?

Facundo Astudillo Castro, de 22 años de edad, salió de su casa en Pedro Luro el 30 de abril rumbo a Bahía Blanca pero nunca llegó. Desapareció tras ser detenido por la policía por «violar la cuarentena», a la entrada de la localidad Mayor Buratovich. Uno de los oficiales aseveró en un primer momento que el joven se fue en un auto, luego cambió su versión asegurando que continúo caminando. Sin embargo, tres testigos afirmaron verlo subir a un vehículo policial.

Ni los gobernantes ni los grandes medios de comunicación le dieron al caso la importancia necesaria. Tanto desde el gobierno nacional como provincial declararon que, si hay responsabilidad estatal, nadie será encubierto. Para la familia de Facundo, el encubrimiento comenzó el primer día y es un mecanismo permanente para exonerar a la Policía Bonaerense y diluir las responsabilidades políticas y judiciales.

Desaparecer en democracia sigue siendo moneda corriente. La historia nos recuerda a las desapariciones seguidas de muerte de Luciano Arruga, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Según Amnistía Internacional, en lo que va de la pandemia se conocieron nueve casos donde la violencia llegó al extremo: Valentino Blas Correa, Franco Maranguello, Florencia Magalí Morales, Luis Espinoza, Lucas Barrios, Mauro Coronel, Walter Ceferino Nadal, Facundo Scalzo y Lucas Nahuel Verón murieron en circunstancias que involucran a la policía.

«Entre el 20 de marzo y el 4 de mayo las fuerzas de seguridad federales realizaron 10.887 detenciones en todo el país, en el contexto de control del aislamiento social, preventivo y obligatorio:

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires habría realizado 1.192 detenciones entre el 20 de marzo y el 8 de mayo. La Policía de la Provincia de Santa Fe habría detenido a 21.478 personas entre el 20 de marzo al 27 de abril. La Policía de la Provincia de Córdoba habría detenido a 17.214 personas en las mismas fechas. La Policía de la Provincia de Chubut, detuvo a 6.419 personas, entre el 20 de marzo y 19 de mayo».

Ministerio de Seguridad de la Nación

Pistas falsas y complicidad policial

Facundo había convivido con su novia Daiana González durante un par de años pero en febrero se separaron y él volvió a su pueblo. Comenzó a trabajar con su amigo en una cervecería artesanal hasta que todo se interrumpió por la pandemia. Según contó su mamá, «Kufa» (como lo llaman sus amigos) decidió volver a Bahía Blanca con la ilusión de restablecer la relación con su expareja.

Ese mismo día, la madre recibió un mensaje en el que decía: «Mamá, vos no tenés idea a dónde estoy, no me vas a volver a ver». A los pocos días, la exnovia avisó a sus amigos que él nunca había llegado y empezaron la búsqueda. Fueron tres veces a hacer la denuncia: primero no los atendían y luego la tomaron en un papel de rotisería. «Se ganó el loto y anda de putas en Burato», dijo el oficial Grilloni. La denuncia quedó asentada el 5 de junio en la ayudantía fiscal de Médanos-Villarino y se abrió una causa por «averiguación de paradero».

Semanas despué,s una vaquita de San Antonio igual a la que la abuela de Facundo le había regalado como amuleto apareció en la inspección con perros al destacamento policial de Teniente Origone, donde trabajaban los últimos policías que lo vieron con vida. Además, mediante una pericia hallaron fotos del DNI de Facundo en el teléfono de un oficial, a pesar de que la policía había asegurado que el joven no poseía documentos al momento de la detención.

Según afirmó Página 12, se conocieron mensajes entre los que se destaca el del policía Mario Gabriel Sosa a su compañera Jana Jennifer Curuhinca el 3 de julio a las 11.39 h., cuando el caso ya había llegado a los medios: «Bueno quedate tranqui Janita nadie sabe que fuimos nosotros, aparte es como dice el jefe nosotros hicimos nuestro trabajo». Ambos son quienes detuvieron al joven en la ruta 3 a las 10 de la mañana del 30 de abril.

La última fotografía que se conoce de Facundo Castro.

El fiscal accedió a enviar a la justicia la denuncia contra los funcionarios municipales de Villarino, acusados de haber entregado un informe de tránsito falso, que tuvo un doble impacto: invalidar los dichos de los testigos que señalaban a la Bonaerense e introducir en la causa a la testigo E. R., que habría viajado el 27 de abril y no el 30 y que nunca estuvo segura de haber llevado a Facundo hasta que la presionaron.

Otro dato curioso surgió el 18 de junio, cuando José Galarza declaró que vio a Facundo en Cerri, cerca de Bahía Blanca, y que hasta habló con él. Se trata de un expolicía con carpeta psiquiátrica que se contradijo varias veces y no pudo terminar su testimonio ante el fiscal Andrés Heim. Por el momento, no hay personal policial detenido.

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El pasado sábado, Luciano Peretto, abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro, recibió una llamada de la Fiscalía Federal 1 de Bahía Blanca, para informarle que dos pescadores aseguraban haber visto un cuerpo flotando y también una mochila, en un canal ubicado en la región conocida como Cabeza de Buey, entre Villarino y Bahía Blanca.

El primer informe de los peritos de la Policía Federal que trabajaron en el lugar indicó que se trata de un cuerpo esqueletizado, lo cual fue confirmado por los abogados que llegaron al lugar junto con la madre, Cristina Castro. También se hicieron presentes el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez y autoridades de la Policía Federal.

«Son muchas las posibilidades de que sea Facundo. Se encontró un cuerpo, le faltan los brazos, no descartamos que pueda ser Facundo. Nunca hubo una mochila, lo único que hemos reconocido es una zapatilla, intacta, sin desgaste, ni tierra tiene encima, es la de la foto. Cuando llegué, le pasan un teléfono al fiscal y estaba hablando con Sergio Berni y me parece no menor por las declaraciones de este señor. Quiero la renuncia ya del señor Berni y la del intendente Bevilacqua».

Cristina Castro, madre de Facundo, en comunicación con los medios presentes en el lugar.

El cuerpo encontrado fue trasladado a Buenos Aires y ya se encuentra en el laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forenses, ubicado en la ex ESMA. Esta semana comenzarán los estudios de la autopsia con participación del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como peritos oficiales y la forense Virginia Cramer como perito de parte de la querella. Todavía no se sabe si es el cuerpo de Facundo; lo que sí se sabe es que la última vez que el joven fue visto con vida estaba esposado frente a un patrullero de la Policía Bonaerense.


Fuentes:


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La reglamentación de la violencia

Entrevista a Luciana Sánchez, abogada feminista y miembro de COPADI (Colectivo para la Diversidad) sobre el nuevo protocolo para la detención y el registro de personas LGBTI que presentó el Ministerio de Seguridad esta semana.

La semana empezó con novedades desde el Ministerio de Seguridad, cartera a cargo de Patricia Bullrich: la difusión del fragante Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T.

El documento, compuesto de tres anexos y acompañado de la resolución ministerial N° 1149-E/2017, reglamenta la manera de actuar de las fuerzas de seguridad al momento de detener a una persona que se identifique con identidades de género u orientaciones sexuales disidentes.

El texto, que parece asumir un lenguaje políticamente correcto, estipula que el registro y las posteriores requisas a personas no heterosexuales y no cisgénero serán efectuados exclusivamente por personal policial femenino, que actuará bajo los principios del Uso Racional de la Fuerza.

Entre otras disposiciones, establece que «la persona detenida será alojada según el género autopercibido”, y que la detención sólo puede aplicarse “de un modo excepcional y siempre que (la persona) tenga prevista una pena privativa de libertad”.

Lejos de transmitir seguridad, el protocolo impuso un clima de profunda preocupación y abrió puertas a toda una serie de dudas, desde el por qué presentar esta herramienta a tan sólo dos semanas de la XXVI Marcha del Orgullo a nivel nacional, hasta el qué sucederá con las trans y travestis que sufren la violencia institucional en carne propia y a diario, ahora que un instrumento oficial regula la represión.

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Diana Sacayán, militante trans, frente a agentes de la Policía Federal.

Escritura Feminista habló con Luciana Sánchez, abogada feminista e integrante de COPADI (Colectivo para la Diversidad), quien considera a este protocolo como “un instrumento que viene a criminalizar al colectivo LGBT, que lo vuelve a asociar al delito”.

Escritura Feminista: ¿Cuáles considerás que son los puntos en los que el protocolo deja mayores dudas o espacio a arbitrariedades?

Luciana Sánchez: Deja lugar a muchas arbitrariedades. Dos son especialmente preocupantes, más allá de que toda la herramienta en sí lo es porque establece cómo pueden usar la fuerza sin ningún tipo de control en el momento: siempre se apuesta al control judicial posterior, que sabemos que muchas veces llega tarde o no llega.

Los dos aspectos que enfatizo están en el Anexo I. El primero tiene que ver con la requisa de una persona desnuda, que se conoce como desnudez forzada, y las requisas íntimas.

El protocolo dice que pueden llevarse a cabo en la dependencia policial, lo que es una barbaridad enorme porque están consideradas tortura, por más que tengan una orden judicial. Tal es así que ni siquiera hay una ley que las prohíba expresamente, porque los tratados de Derechos Humanos lo vienen previendo hace muchos años.

La segunda cosa más preocupante tiene que ver con que en el Anexo I hay una parte que da a entender que no se considerará tortura ningún dolor o sufrimiento infringido que no sea grave y que se realice legítimamente por la policía en el ejercicio de la fuerza.

La regla es que cualquier ejercicio de la fuerza no debe causar ni dolor ni sufrimiento, y que esto debe estar graduado y controlado. La policía no puede ejercer la fuerza en cualquier caso, siempre debe seguir una serie de principios que están desarrollados en el protocolo, pero que aparecen desvirtuados. Es decir, expresa los principios de proporcionalidad, racionabilidad y control, pero después se contradice. 

La violencia como constante

Existen pocos estudios destinados a echar luz sobre la violencia institucional en la comunidad LGBTI en Argentina. Entre ellos, está “La gesta del nombre propio” del año 2005, el primer censo travesti, impulsado por Lohana Berkins y la antropóloga Josefina Fernández, y actualizado en el 2016 en el libro “La revolución de las mariposas” (que puede descargarse aquí).

El relevamiento arrojó que el 83,8% de las mujeres trans y travestis reconocen haber sido detenidas ilegalmente. También se detectó un alarmante índice de abusos sexuales (26,1%) y tortura (25,2%) por parte de los uniformados. En el 42% de los casos se habló de golpes y aproximadamente en la mitad, de coimas.

El Registro de Violencia hacia personas LGBT llevado adelante por la CIDH entre 2013 y 2014 explicó que en los casos de abuso policial en América Latina “se advierten bajos niveles de denuncia”, por miedo “a represalias y discriminación por parte de la policía y las fuerzas de seguridad estatales”, además de advertir muchos casos de “remoción arbitraria y violenta de hombres gay y mujeres trans y lesbianas de lugares públicos”. Situación que, sin ir más lejos, sufrieron Rocío Girat y Mariana Gómez hace unas semanas por besarse en Constitución.

 

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Rocío Girat y Mariana Gómez.

Otra arista que se agrega a esta problemática es la represión policial en las marchas de mujeres, como la razzia que tuvo lugar el pasado 8 de marzo luego del Paro Nacional de Mujeres o en los Encuentros Nacionales de Mujeres de años anteriores.

E.F.: ¿Creés que es necesaria la existencia de un protocolo dedicado exclusivamente a la población LGBTI?

L.S.:Estos protocolos deberían existir para establecer los límites de la policía sobre los  colectivos vulnerables, pero no hacer regla un uso de la fuerza que debería ser excepcional. Ese es el sentido que deben tener y para lo cual Naciones Unidas exige que se redacten; razón por la cual ya había un protocolo en vigencia (desde el año 2011, dispuesto por la resolución 1.811).

Este protocolo está destinado a las actividades que el colectivo LGBTI desarrolla en la vía pública y no a cualquier tipo de crimen, ni siquiera a delitos graves, a estafas, desfalcos, de cuello blanco.

Está orientado a reprimir a la parte más vulnerable del colectivo LGBT, que son las travestis y las trans que realizan actividades relacionadas a su supervivencia en la calle por la exclusión estructural que sufren y a las lesbianas que realizan acciones de visibilidad, protesta.

Entonces es sesgado en ese sentido, busca reprimir la supervivencia y la protesta social, a los dos sectores del colectivo LGBT más expuestos a la violencia policial. El protocolo legitima los excesos de la fuerza y avala una situación que se agravó en los últimos dos años. 

 

E.F.: ¿Cuáles son las diferencias entre el protocolo actual y el que había sido puesto en funcionamiento en 2011?

L.S.:Las diferencias con el protocolo anterior son muchas. En principio, porque el Ministerio de Seguridad en la gestión de Nilda Garré no tenía sólo este, sino que tenía toda una serie de protocolos y una bajada de línea para el uso racional de la fuerza y el control civil de la fuerza de seguridad. Contemplaba formación en género para los agentes.

No es el caso ahora. La brutalidad policial está avalada por la jefatura de la seguridad. Lo vemos todos los días en la calle, lo sufrimos con las compañeras travestis y trans en las plazas, en Once, en Constitución, lo estamos sufriendo en cada una de las manifestaciones en donde compañeras lesbianas y otros sujetos visibles para la policía se manifiestan.

Hacia una Justicia más injusta

El lunes, mientras el protocolo generaba polémica y repudio, otro acontecimiento tuvo lugar: la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó su renuncia, la cual comenzará a correr desde el 31 de diciembre en adelante. Tras haber denunciado diversas presiones, explicó que su partida era un intento de evitar “reformas que rompan el equilibrio” del organismo y afectaran “de manera sustancial su autonomía”.

Estos dos hechos se conectan de forma sutil: la Procuraduría General de la Nación debe velar por el correcto funcionamiento de los procedimientos y por el respeto de los Derechos Humanos en el accionar de las fuerzas de seguridad.

E.F.: Con respecto a la renuncia de Gils Carbó, ¿creés que puede poner en riesgo los avances en materia de género en el ámbito judicial?

L.S.: Hay un antes y un después de Gils Carbó en la Procuraduría. Ella implementó el Cupo Laboral Trans. Incluso antes de que estuviera sancionada la Ley, había trans y travestis trabajando en el Ministerio Público Fiscal.

Esto tuvo un impacto enorme para el Poder Judicial, nunca antes había habido sujetos no cisgénero en trabajando en el Poder Judicial como empleados y empleadas con posibilidades de ser magistradas y magistrados. Siempre habían sido los sujetos criminales.

Además, creó las unidades especializadas con despliegue territorial. Por ejemplo, ATAJO (Programa de Acceso Comunitario a la Justicia) y la RE.TE.GER. (Red Territorial en Género), un trabajo indispensable para los barrios que en otras áreas del Estado de la nueva gestión se viene recortando.

La UFEM (unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales), la PROCUVIN (Procuraduría de Violencia Institucional) y la DOVIC (Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas), son todas instituciones que han cambiado la forma de acceder a la justicia, sobre todo para colectivos vulnerables.

Esperemos que los avances trasciendan a la persona, ese es nuestro mayor deseo.

 

E.F.: Entonces, ¿con qué herramientas se cuentan ante los casos de abusos policiales?

L.S.: Desde lo legal, hay que seguir utilizando la presentación de habeas corpus, de medidas autosatifactivas como la que presentó ATE para la marcha por Santiago Maldonado de esta semana, las denuncias contra las fuerzas de seguridad, los planteos de nulidad en las detenciones. Después están las otras herramientas, las movilizaciones, el reclamo social. 

No es inclusión, es más violencia

Es para celebrar cada vez que los sectores excluidos y estigmatizados son reconocidos por el Estado, porque pasan a tener espacio en las legislaciones y más posibilidades de alcanzar sus derechos. Dejan de ser invisibles ante las instituciones que deben velar por ellos.

Claros ejemplos de esto fueron el matrimonio igualitario, la ley de cupo laboral trans o ley Sacayán (aún no reglamentada) y la ley de identidad de género, entre otras medidas traccionadas por años de lucha y reclamos.

Pero no se puede incluir desde la violencia: con este protocolo el Gobierno está reconociendo a la comunidad LGBTI sólo en términos penales, en lugar de avanzar en la erradicación de la desigualdad.

«Que el INADI haya respaldado el protocolo demuestra que no hay una ley que pueda ser aplicada e interpretada de manera abstracta. Lo que hace la diferencia es tener un gobierno que haga de los derechos humanos una política real, como pasó con la sanción del matrimonio igualitario, bien distinto a lo que pasa en un gobierno antipopular como este«, opinó Sánchez.

#Reflexión: Te encanará un robocop sin ley

Mariana Solange Gómez y Rocío Girat son una pareja y están casadas. El lunes 2 de octubre se encontraban en la estación de Constitución, Capital Federal, dialogando y besándose, hasta que fueron interceptadas por personal de la Policía de la Ciudad.

Bajo la excusa de que estaba fumando un cigarrillo en un sector no autorizado, los policías golpearon y detuvieron a Mariana, en un claro ataque contra su orientación sexual. La historia ya es de público conocimiento: logró viralizarse por medio de videos que prueban los hechos narrados por las víctimas de este suceso violento, que no tendría que haber ocurrido.

¿Por qué detuvieron a Mariana, acción violenta de por medio, durante 7 horas, cuando había otras personas fumando?

¿El cigarrillo fue la excusa esperada? ¿Por qué no arrestaron a todas las personas que fumaban?

¿Por qué se ensañaron con estas mujeres?

¿Por qué tolerar abusos de la autoridad policial? ¿Por qué un policía puede meter presa a una persona sin aviso previo de los motivos, sin argumentos? ¿Por qué le abrieron una causa a Mariana y no así a los policías que la golpearon?

¿Por qué la Institución Policial no reconoce ni respeta a la Institución del Matrimonio? ¿Por qué no entienden estos policías que deberían respetarlas sin importar el estado civil de las personas?

¿Por qué los valores de la igualdad aún no impregnan a la sociedad? ¿Por qué tampoco se reconocen los derechos de estas ciudadanas? ¿Por qué legalidad y legitimidad a veces tardan en encontrarse?

¿Por qué Mariana estuvo encarcelada durante 7 horas? ¿Por qué la golpearon y la llamaron «pibe» en pleno acto discriminatorio? ¿Por qué armaron un operativo con ocho policías, como si estuviesen persiguiendo a un delincuente?

¿Por qué les pidieron certificado de matrimonio, cuando esta solicitud no es habitual ante parejas heterosexuales? ¿Por qué manipularon la información en la Comisaría ocultando el estado civil de la detenida?

¿Quién les devuelve las horas perdidas? ¿Quién les quita el disgusto?

¿Qué conceptos tendrán Jonatan Rojo y Karen Villarroel, uniformados de la Policía Metropolitana del Gobierno de la Ciudad, sobre las palabras igualdad y derechos? ¿Por qué aún no hay educación con perspectiva de género en todas las instituciones, incluso la policial?

¿Por qué estas mujeres viven recibiendo violencia institucional? ¿Por qué Rocío fue violada por un militar, y este hombre no está en una cárcel común? ¿Por qué Mariana fue violada durante 16 años por su tutor, y este hombre sigue libre? ¿Por qué el Suboficial de la Armada Marcelo Girat obtuvo prisión domiciliaria si es un violador?

¿Por qué otros tantos violadores, agresores y femicidas siguen libres? ¿Por qué el sistema permite reducciones en sus condenas? ¿Por qué las restricciones perimetrales no funcionan como corresponde?

¿Por qué continúa la violencia institucional? ¿Por qué las cárceles están llenas de presos de clase media y baja? ¿Por qué el sistema sigue siendo clasista y jerárquico?

¿Por qué no se penaliza el maltrato físico y simbólico perpetrado por los policías? ¿Por qué hay tanta opinología infundada en los foros y las redes sociales sobre el tema?

¿Cambiará la matriz patriarcal? Hoy solo tenemos preguntas.

Escribimos con perspectiva de género y entendemos al feminismo como una forma de ver el mundo, como un movimiento inclusivo que busca mejorar las relaciones humanas, más allá del género y del sexo de cada persona.

La sociedad que condona estos comportamientos, no.