En este marco, el ministerio de Salud de la Nación difundió datos acerca del impacto de la ley en las personas con cuerpos gestantes. La línea de salud sexual del Ministerio de Salud de la Nación recibió 19 000 consultas sobre interrupción del embarazo; esta cifra es superior al total de consultas sobre el tema en los 10 años previos: entre 2010 y 2020, la línea respondió 17 302 llamados vinculados al derecho a la interrupción legal.
En los primeros 11 meses de este año, se registraron 32 758 interrupciones de embarazo realizadas en condiciones seguras en el sistema público. La cifra no incluye aquellos procedimientos efectuados en el sector privado, en servicios cubiertos por obras sociales y prepagas, o autogestionados por les solicitantes de la interrupción. En este sentido, un total de 904 profesionales recibieron capacitaciones respecto al contenido de la ley.
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En esta línea, durante el primer semestre de 2021, 5600 personas abortaron acompañadas por Socorristas. Seis de cada diez de quienes buscaron acompañamiento tenían entre 18 y 28 años y el 4% eran adolescentes. En el mismo sentido, luego de la ley, 1243 hospitales y centros de salud garantizan la práctica. A diciembre de 2020, eran 903 los hospitales que la realizaban, es decir, la cantidad aumentó en un 30%.
Respecto a los medicamentos, se distribuyeron en todo el país 46283 tratamientos de misoprostol. El Ministerio de Salud de la Nación incrementó 5 veces la compra de dicho fármaco y creció un 150% su distribución. El gobierno también gestionó la donación de 250 equipos para la aspiración manual endouterina (AMEU). Además, se editaron tres protocolos nacionales sobre cómo proceder en la atención de la ILE/IVE en los casos de violación y en la atención posaborto.
Los antiderechos de siempre
Las trabas a la ley por parte de algunos sectores aún persisten. Los grupos opositores autodenominados «provida» presentaron 37 causas judiciales contra la ley; sin embargo, solo 5 continúan en trámite. Dos de ellas se encuentran en la Corte Suprema, una de Salta y la otra de Córdoba.
En paralelo con los avances, las dificultades y la persecución siguen vigentes en nuestro país. Por ejemplo, en Salta, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir reclama el sobreseimiento de Miranda, quien fuera denunciada luego de cumplir con lo establecido por la ley 27.610. Otro tema no menor fue la persecución de las médicas por aplicar la IVE y el efecto adoctrinador de dicho hostigamiento.
Al cumplirse un año de la sanción de la ley, un monitoreo a nivel nacional realizado por el CEDES e Ibis Reproductive Health encontró que todavía se observan fuertes desigualdades entre provincias. «El sector privado y de obras sociales ha sido el más resistente a la implementación de la ley», señaló Carlota Ramírez, directora de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia de Buenos Aires, al medio Página 12.
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Otro dato que aporta este monitoreo refiere a los embarazos no intencionales:
«Cada año, ocurren aproximadamente 121 millones de embarazos no intencionales a nivel global según estimaciones para 2015-2019. De ellos, el 61% finaliza en un aborto. La proporción de embarazos no intencionales es mayor en los países con acceso restringido al aborto respecto de aquellos donde el acceso es ampliamente permitido: 75% versus 58% respectivamente».
Todes es con los pueblos originarios
El miércoles pasado, en la Cámara de Diputados de la Nación, la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir presentó la adaptación sociolingüística a lenguas originarias, a través de materiales gráficos y sonoros, de los protocolos para la atención integral «de Víctimas de Violaciones Sexuales» del Ministerio de Salud de la Nación y «de las Personas con Derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del embarazo» del año 2021. El objetivo es generar mayores condiciones de igualdad y respeto hacia y con las mujeres y personas con capacidad de gestar de los diferentes pueblos originarios que habitan este territorio.
«No estamos hablando de un caso de traducción académica, sino de adaptaciones sociolingüísticas que se realizaron en territorio, en comunidades rurales, y que fueron hechas por hablantes nativas», indican las coordinadoras del trabajo, Mónica Menini (CDD) y Mariana Ortega (ARETEDE), sobre los materiales de salud sexual y reproductiva en lenguas wichí, guaraní, qom y chorote. «Este hecho enriquece el proceso de generación de los materiales que están atravesados por saberes y reflexiones de y hacia dentro de las comunidades que significan una mediación entre el territorio y los conocimientos técnicos, académicos y jurídicos escritos en los protocolos», agregaron.
Todos los derechos adquiridos en materia de autonomía y salud sexual se pudieron lograr gracias a la acción de los movimientos de mujeres y diversidades que batallaron para que el aborto legal obtenga un lugar en la agenda pública cuando aún se consideraba un tema tabú. Es importante recordar que abortar es un derecho: si necesitas interrumpir un embarazo, podes llamar al 0800 222 3444, línea de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación.
Fuentes:
Escritura Feminista 
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