Noura Hussein: conmuta la sentencia

El pasado 10 de mayo fue firmada la sentencia de muerte para la joven de 19 años que trató de defenderse de ser violada por su esposo una segunda vez.

Desde ese mismo día, organizaciones internacionales por de los derechos humanos, celebridades y personas de todo el mundo se movilizaron para evitar el trágico final que habría sido llevado a cabo en el mes. Naomi Campbell y Emma Watson fueron dos de las reconocidas figuras que intervinieron a favor de Noura, junto con grupos de activistas.

Los abogados de Hussein solo tenían 15 días para apelar luego de la sentencia. El caso se mantuvo al resguardo de los medios, que no contaron con nueva información mientras los procesos se llevaban a cabo, pero esta semana, el pasado miércoles 27 de junio, salió a la luz la noticia más esperada por todxs: la sentencia de muerte de Noura Hussein fue anulada.

Amnistía Internacional considera que este caso debe servirle a la justicia sudanesa como ejemplo para iniciar un cambio en su legislación. A pesar de que Hussein no quedará libre, ya que debe cumplir una condena de cinco años de prisión común, se logró el principal objetivo que era salvar su vida.

“Aunque la anulación de esta condena a muerte es una noticia excelente, debe dar pie a una revisión de la legislación que garantice que Noura Hussein sea la última persona que sufre este calvario. Noura Hussein fue brutalmente agredida por su esposo. La condena a cinco años de prisión por actuar en legítima defensa es un castigo desproporcionado”, manifestó Seif Magango, director regional adjunto de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.

Hussein es solo un ejemplo del gran número de víctimas de matrimonio precoz, forzado, y de violación conyugal. Es por esto que el caso de Noura ganó tanta importancia: es uno de los pocos que ha llegado a oídos de tantxs por las injusticias que estaban siendo cometidas en su tratamiento.

A raíz de las declaraciones hechas en el pasado sobre el abandono por parte de su familia, su padre, Hussein, afirmó que debido a la situación de riesgo que corrían desde ese momento debía entregarla a la policía, y se encontraba forzado a buscar refugio. Aunque no fue su intención dejar a su hija a merced de la justicia, Noura fue apresada y acusada de homicidio premeditado.

Según BBC, la casa y el comercio de los padres de la joven fueron quemados, y ellos obligados por las circunstancias (y la familia del fallecido) a dejar de ver a Noura, para después huir junto a sus otros hijos.

«Hay cientos de miles de Nouras de las que no hemos escuchado hablar, o en matrimonios forzados, siendo violadas. Esta lucha es también por ellas». Joan Nyanyuki, directora de Amnistía para África Oriental.


Fuentes

Niñas, no madres: la grave situación en América Latina

La campaña pretende dar visibilidad a la problemática de salud pública y derechos humanos que predomina en nuestra región: el embarazo de niñas y adolescentes, que en la mayoría de los casos es resultado de la violencia sexual, pero también de la ausencia del Estado en su obligación de protegerlas y reconocerles sus derechos.

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Una situación dramática

El proyecto, que pretende ser la voz de las miles de niñas violentadas, parte de un hecho concreto: América Latina es la única región del mundo donde ha aumentado el número de partos en niñas menores de 15 años. Las consecuencias que enfrentan quienes se encuentran con la maternidad en edades tan tempranas son tanto físicas como emocionales y sociales. Sus vidas resultan doblemente robadas: por sus agresores sexuales y por el Estado.

El futuro de una niña o adolescente víctima de violencia sexual y embarazada es oscuro: no tendrá acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva, se verá forzada a ser madre siendo una niña, su salud física y emocional estarán en riesgo permanente y se preservará el círculo de pobreza y marginación en el que (en la mayoría de los casos) vive, ya que la maternidad precoz suele interrumpir su educación y por consiguiente, su potencial económico.

De la campaña participan el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), Amnistía Internacional y Planned Parenthood. Está centrada en seis países: México, Perú, Guatemala, Nicaragua, Ecuador y Paraguay.

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Cifras alarmantes

En la mayoría de los países, el aborto sólo es legal cuando pone en riesgo la vida o la salud de la gestante. Ecuador lo autoriza también en caso de violación de una mujer con discapacidad mental mientras que México lo hace en todos los casos de violación pero hasta las 12 semanas de gestación. Nicaragua, en cambio, lo penaliza siempre. Estos países priorizan la continuidad del embarazo y obligan a las niñas a convertirse en madres y heroínas. La violencia sexual sufrida parece ser un detalle menor.

Lo que resulta aún más grave de esta situación es que los embarazos a temprana edad y los abusos no son casos aislados. Las cifras son de verdad alarmantes y obligan a tomar medidas urgentes:

  • En México se cometen al menos 600 mil delitos sexuales cada año, 9 de cada 10 víctimas son mujeres y 4 de cada 10 de ellas tienen menos de 15 años de edad;
  • En Perú, 4 de cada 5 denuncias por violencia sexual son de niñas y adolescentes, y el 56% de las muertes maternas en adolescentes son por suicidio;
  • En Guatemala, cada 4 horas se denuncia un caso de violencia sexual contra una niña o adolescente y el 98% de ellos quedan impunes. A diario se registran 5 embarazos de menores de 14 años;
  • En Nicaragua, el 27% de los embarazos registrados en el país son de niñas y adolescentes, de las cuales 47% tenían entre 10 y 14 años. Además, 8 de cada 10 mujeres víctimas de violencia sexual son niñas menores de 13 años;
  • En Ecuador, entre 2002 y 2010, los partos en niñas de 10 a 14 años aumentaron un 78%. En el 2013, se registraron 634 denuncias por violencia sexual en el sistema educativo. El 85% de estos casos fueron cometidos en contra de niñas y adolescentes mujeres; y
  • En Paraguay, en 2011 se registraron 611 embarazos en niñas y adolescentes. Las principales causas de muerte materna son: aborto, toxemia y hemorragia.

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Estados ausentes y derechos vulnerados

Amnistía Internacional afirma que los derechos sexuales y reproductivos se fundamentan en Derechos Humanos establecidos en tratados regionales e internacionales que la mayoría de los Estados de la región se han comprometido a cumplir; entre ellos, La Convención sobre los Derechos del Niño, La Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará).

Además, el organismo destaca como fundamentales entre los derechos sexuales y reproductivos: la libertad para decidir si ser o no sexualmente activo; mantener relaciones sexuales consentidas con independencia de la orientación sexual, no sufrir violencia ni prácticas dañinas, tener acceso a información, a servicios de contracepción y planificación familiar, y a educación sobre la salud sexual.

¿Dónde están los Estados que firman y ratifican pero después obligan a las niñas a continuar con sus embarazos? Desde la campaña denuncian que los países están obligados a prevenir que las niñas sean víctimas de violencia sexual pero también a responder de manera adecuada cuando, en consecuencia, resultan embarazadas. Por eso, realizan una serie de recomendaciones:

  • Garantizar que las niñas víctimas de violencia sexual reciban una atención integral (física, mental y social);
  • Brindar acceso a la anticoncepción de emergencia e interrupción legal del embarazo bajo las causales de violación y riesgo para la vida y/o salud de la mujer;
  • Contar con procesos legales que sean congruentes con la legislación nacional y los estándares internacionales de derechos humanos; y
  • Capacitar de manera permanente al personal médico y judicial en la atención integral que deben recibir las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, con perspectiva de género y derechos humanos.

Que cada Estado se haga cargo de sus compromisos es también una responsabilidad de la sociedad civil. Ésta debe exigir a sus funcionarios el cumplimiento de los tratados internacionales pero aún más, que se garanticen los derechos humanos de todos los ciudadanos. Resulta imprescindible comenzar a revertir la situación de vulnerabilidad que afecta a las niñas y adolescentes en nuestra región.

Fuentes consultadas:

Imágenes:

Las vidas invisibles de las mujeres refugiadas

El 20 de junio se conmemoró el Día Mundial de los Refugiados. Las mujeres adultas y las niñas se encuentran entre los grupos más perjudicados por los desplazamientos forzados. A la grave situación de buscar una frontera para cruzar y un país que las reciba, se les suman los peligros a los que están expuestas por su género.

Según el informe “Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2016” presentado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), al finalizar el año “había 65,6 millones de personas desplazadas forzosamente en todo el mundo a consecuencia de la persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones de Derechos Humanos”. Este número, además, representa un aumento de 300.000 personas respecto del 2015.

El informe agrega que de la totalidad de los refugiados del mundo, más de la mitad (55%) procedía tan sólo de tres países: República Árabe Siria, Afganistán y Sudán del Sur. En el caso de Siria, más de la mitad de la población estaba desplazada, fuera o dentro del país. Sin embargo, los números resultan insuficientes para dar cuenta de la cotidiana lucha de millones de personas a las que habitar el planeta les parece negado.

Si se profundiza en la gravedad de la crisis de los refugiados para intentar conocer la identidad de sus víctimas, es posible descubrir que, en algunos casos, la situación empeora. Se estima que por lo menos la mitad de las personas desarraigadas son mujeres adultas y niñas. Y se sabe que a su endeble condición de refugiadas se le suma el peligro de ser mujeres. Ellas están expuestas a más riesgos en su intento por sobrevivir y en su derecho a vivir dignamente.

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De acuerdo al ACNUR, durante su viaje las mujeres -en especial quienes tienen niños o bebés, las menores, las embarazadas y las que viajan solas- se enfrentan a una serie de riesgos adicionales que van desde la extorsión y la explotación hasta la violación, el acoso sexual, el sexo de supervivencia, el matrimonio precoz y/o forzado y la trata de personas.

Amnistía Internacional denuncia: En 2016, una serie de mujeres refugiadas y migrantes del África subsahariana que habían atravesado Libia contaron que a lo largo de las rutas de tráfico de personas, la violación era tan habitual que, durante el viaje, tomaban píldoras anticonceptivas para evitar quedar embarazadas”. Los victimarios están en todas partes. Son los traficantes y grupos criminales pero también el personal de seguridad y los propios refugiados.

La asistencia médica para casos de violencia de género es prácticamente nula. Los intérpretes de farsi y árabe de sexo femenino son insuficientes. Al carecer de documentación regularizada, muchas de ellas optan por no denunciar los ataques para evitar ser detenidas y deportadas.

Si bien el ACNUR cuenta con programas destinados a aumentar la matriculación y permanencia de las niñas en las escuelas, para que puedan superar las limitaciones económicas y culturales heredadas, y provee material sanitario para mejorar sus condiciones de salud, la solución está lejos de encontrarse. Mientras los responsables políticos de la crisis sigan generando refugiados y cerrando sus fronteras, la situación no se revertirá.

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Siempre es bueno recordar que detrás del número, se esconden millones de vidas que buscan con desesperación un lugar en el mundo. Esas personas son ignoradas a diario por quienes tienen la posibilidad de salvarlas. Entre ellas, las mujeres son doblemente invisibilizadas.

Fuentes consultadas