Humanizar la crisis climática en Argentina

Territorios y Resistencias busca visibilizar cómo los cambios ambientales modifican las vidas de mujeres, personas LGBTTQI+ y comunidades campesinas e indígenas en todo el territorio nacional.

Un equipo de más de 35 mujeres y personas LGBTTQI+ conformado por comunicadoras, periodistas, fotoperiodistas, editoras, consultoras ambientales, diseñadoras gráficas, diseñadoras web y verificadoras de datos creó y llevó adelante la investigación que refleja, mediante ocho crónicas periodísticas y registros fotográficos, la realidad de poblaciones vulneradas y directamente afectadas por la crisis socioambiental en las regiones Patagonia, Centro, Noroeste, Cuyo y Noreste.

«Nuestro objetivo fue contar y mostrar cómo se ve la crisis climática en Argentina, que no tiene nada que ver con la imagen de un oso polar sobre un glaciar que se derrite. Y queríamos que esas historias fueran escritas y retratadas por periodistas y fotoperiodistas de esos lugares que aportaran su mirada local y diversa».

Guadalupe Sánchez Granel, Directora general del proyecto.

Las historias

Ocho relatos combinan investigación, datos científicos concretos, una gran cantidad de entrevistas y el relato de vivencias y experiencias que demuestran que la crisis climática está a la vuelta de la esquina: es aquí y ahora. Ocho historias acompañadas por imágenes fotográficas que retratan las problemáticas ambientales de distintos territorios.

«La historia de una sobreviviente de los incendios de marzo de 2021 en la Patagonia, una brigada LGBTTQI+ en Córdoba que se organiza para hacer frente a los incendios en la zona de Punilla, la bajante extrema histórica del río Paraná contada a través de una cooperativa de pescadoras, el impacto de la minería en Catamarca a 25 años de Bajo de la Alumbrera en pueblos indígenas de la zona, la crisis hídrica en Mendoza, el desmonte en Santiago del Estero, la lucha por la protección de un humedal en Chaco y la agroecología como solución posible en Entre Ríos». De esta manera introducen el trabajo en la nota editorial de Territorios y Resistencias las directoras de la investigación, Fernanda Tuti Romain y Guadalupe Sanchez Granel.

Conocé las historias.

REGIÓN NOROESTE
Descripción de imagen: fotografía en plano medio de una mujer de alrededor de 50 años que mira a cámara con gesto serio. Tiene rostro redondo, piel morena clara y ojos verdes. Tiene cabello castaño rojizo con raíces canosas atado en una cola y las puntas le caen sobre el hombro y el lado izquierdo del pecho. Viste una camiseta de mangas cortas de color azul brillante.
Imagen: Florencia Navarro.


Una mujer tonokoté que lucha contra el desmonte

Mientras la deforestación avanza sobre Santiago del Estero, Angélica Serrano se convirtió en la cara visible de la lucha del pueblo tonokoté Yaku Muchuna para conservar sus tierras.  

Megaminería en Catamarca: extraer la vida

Bajo La Alumbrera, el primer proyecto megaminero que funcionó en Argentina, opera desde hace 25 años en territorio catamarqueño. La explotación dejó un paisaje de sequía y crisis hídrica en la zona y alteró la vida de los pueblos originarios de la zona. 


REGIÓN CENTRO
Descripción de imagen: en una barca de pescadores en el río, una mujer de pie sostiene una red de pesca con los brazos extendidos a los lados. Viste ropa abrigada y tiene los ojos cerrados contra el sol. Detrás de ella, se ve el horizonte como una línea muy delgada de árboles que separa el agua del cielo nublado al amanecer.
Imagen: Celina Mutti Lovera

Las domadoras del Paraná

En medio de la pandemia de COVID-19 y la extraordinaria bajante del río Paraná, una cooperativa busca mejorar los ingresos de un grupo de mujeres que vive de la pesca artesanal, uno de los eslabones más delicados de la emergencia hídrica que afecta a siete provincias argentinas, entre ellas las del Litoral.

Autogestión comunitaria y disidente contra los incendios

La recurrencia de incendios forestales en las sierras cordobesas y la escasa respuesta estatal para evitarlos generó que grupos autoconvocados de habitantes se organizaran para combatirlos. La experiencia de la brigada Chañares, con sello feminista y disidente.


REGIÓN NORESTE

Volver a la tierra. Agroecología para restituir la vida al suelo

Productoras agropecuarias de la provincia de Entre Ríos eligen la agroecología como modo de producir alimentos, un paradigma amigable con el ambiente y socialmente inclusivo en pugna con un sistema convencional que es, en parte, responsable del calentamiento global.

Caraguatá, tierra prometida

El parque Caraguatá, uno de los últimos pulmones verdes del Gran Resistencia, es también un lugar de disputa política y abandono estatal. La comunidad indígena aparece como protectora ancestral de ese territorio. El pueblo qom y el monte luchan a la par por resistir el desplazamiento y la extinción. 


REGIÓN PATAGONIA
Descripción de imagen: fotografía en primer plano y perfil de tres cuartos de una mujer de ojos marrones y piel blanca, con cicatrices de color rosado por quemaduras en el lado izquierdo del rostro, a cámara. Las cicatrices se extienden desde la comisura del ojo hasta el cuello. La mujer tiene el cabello negro con canas parcialmente cubierto por un pañuelo teñido con estilo batik en distintos tonos de azul y blanco.
Imagen: Julieta Distasio

Las marcas del fuego

La crisis climática genera más frecuentes y más extensas temporadas de incendios forestales, y la Patagonia es una de las regiones más golpeadas. En marzo de 2021 una tormenta de fuego en Chubut cambió la vida de miles de personas. Andrea Depetri es una de ellas.


REGIÓN CUYO

Mendoza tierra asolada. Por los caminos del agua

La gestión oficial del agua en Mendoza privilegió algunos territorios por sobre otros que, en un contexto de crisis climática global, padecen cada vez más períodos de sequía y escasez hídrica. Esto obligó a poblaciones enteras a cambiar su modo de vida.


El proceso federal y colaborativo

Durante el desarrollo del trabajo, cada integrante de la investigación recibió capacitaciones y cada trabajo fue revisado por dos profesionales de la verificación de datos, Ana Prieto y  Ana Laura Mitidieri. Asimismo contó con el seguimiento editorial de Jorgelina Hiba, periodista especializada en temas ambientales de Argentina junto a María Sol Oliver, editora del trabajo.

Conocé la investigación Territorios y Resistencias en www.territoriosyresistencias.com.


Imagen de portada: Julieta Distasio


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DNI no binario en Argentina: ¿qué implica la «X»?

Artículo colaboración escrito por Sofia Fuentes


Argentina se convirtió en el primer país de la región en reconocer a las identidades no binarias en los DNI, un cambio a nivel social y político que trajo nuevamente a la mesa los debates en torno al género, la diversidad sexual y el uso del lenguaje no binario.

¿Alguna vez te preguntaste cómo identificarte ante un mundo que pide constantemente una declaración formal de tu identidad? ¿Cuántas veces tuviste que elegir entre el silencio cómplice del binarismo y tu verdadero deseo? ¿Cómo nombrar todo aquello que no cumple con la norma heterocis imperante?

El camino recorrido por los feminismos y las disidencias se acerca cada vez más a ese horizonte transformador. En pleno siglo XXI, Argentina avanza en materia de derechos humanos y se convierte en el primer país latinoamericano en reconocer a las identidades no binarias en los DNI. Esto implica la posibilidad de que las personas puedan elegir entre las categorías de género F (femenino), M (masculino) o X, es decir, «sin especificar» en el documento nacional de identidad y en el pasaporte.

El Decreto 476/2021 fue anunciado el pasado 21 de julio por el presidente Alberto Fernandez, junto al ministro de Interior Wado de Pedro y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, en un acto realizado en Casa Rosada. Si bien nuestro país cuenta con la Ley de Identidad de Género desde el año 2012, en la que se indica que «toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida», hasta el momento los DNI no contemplaban a las identidades no binarias, es decir, a aquellas que no se autoperciben ni como hombres ni como mujeres.

¿La «X» en el DNI es realmente la solución al problema estructural?

La X ha generado controversias en el debate público desde el comienzo del uso del lenguaje no binario. La Real Academia Española (RAE) sentenció tajantemente que el uso de la «x» o la «e» era innecesario. Desde ese momento, las preguntas empezaron a girar en torno a cómo nos comunicamos, qué palabras tienen más valor que otras y cuáles merecen ser deslegitimadas. Poco a poco, nos encontramos repensando nuestro rol social y su constante devenir desde los parámetros lingüísticos y culturales acerca de cómo nombrar aquello que no responde a las normas binarias clásicas de mujer/varón, de todos y todas. Quizás, por momentos, nos olvidamos de que el mundo sigue girando y, en ese constante devenir de cambios y transformaciones sociales, el lenguaje también fue atravesado por los debates de género.

El DNI no binario llegó en el momento justo cuando el debate en torno a prohibir o no el uso del lenguaje no binario (o «inclusivo») era introducido dentro del recinto del Congreso. Una semana después del Día Internacional de la Visibilidad No Binaria, se promulgó el decreto de los nuevos DNI. Desde los diferentes colectivos y, sobre todo, desde los feminismos, se habló de un avance histórico en materia de derechos humanos para toda la región. Sin embargo, para parte del colectivo LGBT+ y TTNB la X no es suficiente. Ya lo anunciaba Valentine Machado, una de las primeras tres personas que recibieron su nuevo DNI en el acto en Casa Rosada: «No somos una X» alcanzaba a leerse en su remera.

Hoy existen más de 100 identidades de género distintas. Un número casi imposible de contemplar en el DNI para la burocracia estatal, que convierte a la X en la mejor solución momentánea no solo para nuestro continente y los países de habla hispana, sino también a nivel internacional. Desde el movimiento Todes Con DNI manifestaron su disconformidad con respecto al nuevo DNI: «Una tercera categoría borra nuestra diversidad. Al ubicarnos a todos, todas y todes en una X se jerarquiza la M y la F que acceden al derecho a ser nombradas».

Si bien hablamos de cambios históricos, aún nos preguntamos si es la X la mejor solución. Y la respuesta es clara: una X no es suficiente cuando se trata de englobar a un colectivo tan amplio, que ha sido silenciado y borrado por las prácticas coloniales binarias desde hace 500 años. Para Todes Con DNI, el Estado argentino «creó una política pública para nosotres sin muches de nosotres» porque el decreto no resuelve la falta de reconocimiento de la mayoría de las identidades, sino que es solo la punta del iceberg de una larga trayectoria hacia ese horizonte transformador. La nueva categoría «sin especificar», que continúa marcando esa diferencia existencial con respecto al género asignado al nacer, pone en agenda el debate para seguir discutiendo sobre los derechos para todes.

El reclamo de Todes Con DNI se centra en modificar la concepción de «sexo» del DNI para que sea abierto, es decir, que cada quien pueda completar este segmento como desee, sin que haya opciones limitadas para elegir. Porque muchas veces nos encontramos en diferentes ámbitos en donde la expresión de género termina por condenarnos a ser leídes como lo que parecemos y no tanto por cómo deseamos ser llamades.

Es por ello que, en algún punto, encontrar espacio o, al menos un símbolo específico para englobar a todas las identidades, puede significar un alivio a la hora de demostrar la verdad propia aunque otres la desconozcan. Es allí donde reside la clave de la lucha del colectivo LGBT+ y TTNB: la necesidad imperante de poner en palabras quiénes somos o quiénes queremos ser, trascendiendo la imagen corporal para comenzar a asumir nuestras identidades desde la explicitación de nuestros pronombres.

Para que, de una vez y por todas, podamos habitar nuestras identidades libremente.


La importancia de la Cumbre Climática 2021

El pasado jueves 22 y viernes 23 de abril se llevó a cabo la Cumbre Climática 2021, convocada por Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Esta reunió a más de 40 líderes de todo el mundo para tratar la problemática urgente del cambio climático.

Fue un encuentro necesario e importante y funcionó como antesala de la Conferencia de las Partes (COP) N° 26 que se hará en noviembre de este año en Glasgow, Escocia. El gran objetivo mundial es que la temperatura media de la Tierra no supere los 2 °C (siendo la meta para 2050 no superar el 1,5 °C) con respecto a las temperaturas preindustriales. Si bien hubieron varias propuestas para mejorar la acción climática global, ¿son estos nuevos compromisos suficientes para frenar el cambio climático?

Metas más ambiciosas

La novedad de la cumbre fue que contó con la participación de los principales países emisores de gases de efecto invernadero (GEI): China, Estados Unidos, Brasil y países de la Unión Europea. Además, muchos de ellos propusieron objetivos de acción climática más ambiciosos que los que habían presentado en años anteriores. Por ejemplo, Reino Unido se comprometió a reducir sus emisiones en un 78% para 2035 comparado con los niveles de 1990, mientras que Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, prometió bajarlas en un 45% para 2030; otro gobierno presente fue el de India que, si bien no hizo promesas sobre el carbono, se comprometió a instalar energías renovables en su país.

Una intervención esperada y necesaria fue la del presidente Jair Bolsonaro, quien se comprometió a erradicar la deforestación ilegal en Brasil para 2030 y lograr la neutralidad de carbono para 2050. Lo cierto es que estas promesas sorprenden, ya que desde que asumió el poder, la deforestación del Amazonas se aceleró, así como la desfinanciación de los órganos ambientales que luchan contra estas problemáticas. Por su parte, Biden prometió que su país reducirá las emisiones en más de un 50% para fines de esta década y China afirmó que va a lograr la neutralidad de carbono para 2060.

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Los 5 principales emisores de GEI son China, Estados Unidos, la Unión Europea, la India y Rusia. Brasil es el país más contaminante de América Latina, ocupando el 7mo lugar. Argentina está en el puesto 19.

¿Qué pasó con Argentina? 

Alberto Fernández abrió su discurso con la frase: «Debemos tomar conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biósfera». Luego anunció nuevos compromisos: «Elevamos nuestra contribución determinada nacional un 27,7% con respecto a la de 2016, que son dos puntos adicionales porcentuales a la ya presentada en 2020». ¿Qué quiere decir esto? 

Primero, las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) son los compromisos asumidos por los países que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y que deben llevar a cabo para intensificar sus acciones contra el cambio climático, ya sea para reducir las emisiones de GEI o para adaptarse a los impactos producidos por ese fenómeno. Las contribuciones de cada país son establecidas en función de sus circunstancias nacionales y sus respectivas capacidades. El conjunto de las NDC presentadas por cada país debería contribuir con el cumplimiento del objetivo del Acuerdo de París

La NDC de 2016 afirmó que la Argentina se comprometió a no exceder la emisión neta de 483 millones de toneladas de dióxido de carbono (MtCO2) para 2030. La NDC publicada el año pasado proponía una reducción más ambiciosa: no exceder la emisión de 359 MtCO2. Ahora, según las palabras de Fernández, nuestro país se compromete a reducir aun más esa cantidad, a unas 349 MtCO2.

Sin embargo, la NDC que incluirá los detalles de cómo se logrará no ha sido publicada aún, sino que se hará camino a la COP26. El presidente argentino también anunció que se adoptarán «medidas profundas para erradicar la deforestación ilegal, tipificándola como un delito ambiental» y que se enviará un nuevo proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos al Congreso. Además, llamó a sus colegas de América Latina y el Caribe para coordinar medidas regionales y solidarias.

«Estos son pasos consistentes con la meta de 1,5 °C y con la neutralidad de carbono hacia el 2050».

Alberto Fernández, presidente de Argentina, en el marco de la Cumbre Climática 2021.

Según les expertes, las metas más urgentes que debemos plantear a nivel nacional son las relacionadas con frenar la deforestación, cambiar las prácticas agrícolas y ganaderas para que sean sostenibles y promover una transición energética hacia energías y transporte más sustentables. Esto no puede hacerse sin políticas públicas efectivas y financiación suficiente. 

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¿Por qué limitar el calentamiento a 1,5 °C?

Si bien todas estas metas de los distintos Estados constituyen una mejora, todavía no son suficientes para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de 1,5 °C, que es el que indican les científiques que nos va a permitir alcanzar un escenario con efectos menos dramáticos para la humanidad. De todos modos, sientan un precedente optimista de cara a la reunión de noviembre en Escocia.

Limitar el calentamiento a 1,5 °C no es imposible pero va a requerir transiciones sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad. Los próximos 10 años son críticos. Las emisiones globales netas de CO2 causadas por el ser humano tendrían que reducirse en un 45% con respecto a los niveles de 2010 para 2030, llegando a «cero neto» alrededor de 2050. Hay claros beneficios en limitar el calentamiento a 1,5 °C en comparación con 2 °C: 420 millones de personas menos expuestas a olas de calor severas, supervivencia de algunos arrecifes de coral tropicales, pérdida de menos especies de plantas y animales y protección de bosques y humedales.

Sin embargo, esta limitación debe ser continuada en el tiempo, ya que solo con alcanzarla no basta. Para que los efectos catastróficos no se hagan presentes debemos mantener la temperatura media por debajo de 1,5 °C. Por ello, la mayoría de los objetivos apuntan a 2030. Esto no significa que las consecuencias surgirán de un día para otro y estaremos condenades. El cambio climático es un proceso. De hecho, ya está causando problemas en todo el mundo. El objetivo planteado en el Acuerdo de París es evitar que estos sean irreversibles

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Las consecuencias del cambio climático ya están acá: sequías, migraciones, desplazamientos, hambrunas, guerras, destrucción de ecosistemas. Pero los impactos tienden a recaer de manera desproporcionada en les más vulnerables y vulnerades, así como en les menos responsables del problema. El cambio climático amenaza a la seguridad de los países y de las personas. Este es el momento para hacerle frente.

«Mientras el mundo se centra en la recuperación del COVID-19, usemos la oportunidad para volver a encarrilarnos para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y reducir la amenaza del cambio climático. Hago un llamado a todos, gobiernos, sociedad civil y empresas hasta a los ciudadanos individuales, a trabajar para que el 2021 cuente».

Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas.

Fuentes:


(De)construcción drag

La primera Drag Race producida en La Pampa se emitió durante el mes del orgullo 2020 y se puede ver en el canal de YouTube de la productora que la realizó, Megafón Audiovisual. «Disputa Santa» se presenta como un reality, formato tradicional de los concursos drag, pero también invita a talleristas que acompañarán a les participantes en la creación de su performance.

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#AbortoLegal2020 Crónica de una vigilia

Es pleno mediodía, el rayo del sol pega intenso sobre el asfalto de una ciudad que no descansa, ni siquiera cuando es atravesada por un escenario apocalíptico. Van llegando los micros, las banderas, los barbijos verdes. Se empiezan a leer los primeros carteles: «La maternidad será deseada o no será». El deseo es la consigna.

El calor es agobiante pero invita las birras que se ofrecen en cada esquina porque la doble crisis pega y les laburantes salen a juntar el mango. El clima es festivo, se viene a celebrar, a compartir, a disfrutar. Con los cuerpos bañados en sudor y glitter, suenan unos reggaetones y la joda empieza temprano.

La feria se armó a primera hora con todo el merchandising abortero: pañuelos, vinchas, llaveros, medias y, por supuesto, tapabocas, porque las luchas se adaptan al contexto y nada las detiene, ni siquiera una pandemia mundial.

Va cayendo la tarde, se arma un picadito en la esquina de Callao y Mitre. Verdes vs. celestes, les pibis patean y ríen porque no se trata de ganar o siquiera saber jugar, se trata de compartir y animarse. La pelota no se mancha y el feminismo se metió en las canchas para democratizar el fulbito y hacer girar la pelota a quienes quieran acercarse a transpirar la casaca un rato.

Las birras siguen girando, de fondo se escucha un mashup de discursos y cumbia. Algunes se sientan a seguir el debate, otres aprovechan a ponerse al día después de tanto tiempo sin encontrarnos en las calles. Todo es muy diferente a esa primera vigilia de 2018, pero la firmeza en la lucha está intacta y las ilusiones siguen en pie.

El humo de las parrillas invaden las calles abriendo el apetito para una noche que promete ser larga. «Dicen que a las 2 a. m. se vota», «Yo vi en Twitter que a las 6 a. m.», «¿Qué dijo Massa?». Las ansias no se aguantan, hay que distraerse. Por suerte toca Sudor Marika en la otra esquina y la marea verde se predispone a menear hasta abajo.

«¡Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer!», cantan les marikas desde el escenario. Abajo se agita y se perrea en medio del sudor popular que, caída la noche, no piensa bajar la temperatura. La revolución feminista es bailando o no es.

La madrugada se hace eterna, todavía faltan 60 oradores. Los puchos se consumen y comparten, la manija es incontenible. En algunos lugares sigue la joda aunque con los cuerpos ya cansados; el día fue intenso, el calor no afloja. Muches se sientan en el asfalto a descansar, otres se acuestan a intentar dormir. La calle es nuestra parada y de acá no nos saca nadie.

Falta menos, son incontables las veces en que el presidente de la Cámara pidió ser breve con los discursos. Nosotres seguimos ahí, el sueño vence y algunos ojos empiezan a cerrarse, pero no por mucho tiempo. «A las 5 a. m. se vota», todes arriba. Falsa alarma, faltan los discursos de cierre. Seguimos esperando.

Amanece en Buenos Aires y la marea verde trata de despabilarse, entre tambores y mates individuales, al mejor estilo uruguayo. El cielo amenaza con llover pero solo caen unas tímidas gotas que, después del diluvio de agosto de 2018, no logran intimidar a nadie. Nada nos mueve de la calle. Es una jornada histórica.

Con el maquillaje corrido y los pelos revueltos empiezan a acercarse a las pantallas para escuchar los últimos discursos. Los nervios atraviesan los ojos vidriosos que asoman por encima de los tapabocas. Ya falta menos, se despiertan les dormides del suelo, se preparan los celulares para grabar el momento histórico de la votación.

Por fin llega el motivo que nos reúne a miles un viernes atípico a las 7 a. m. en la capital porteña: se va a votar. Los abrazos son intensos, los ojos se aprietan, el corazón palpita, la respiración se altera. Años de lucha cristalizados en un instante: se va a decidir por nuestros cuerpos, nuestros deseos, nuestras vidas.

Termina la votación, se leen los resultados, el tiempo se detiene. «131 a favor, 117 en contra, 6 abstenciones»: tenemos media sanción. Estalla el Congreso y sus alrededores, las gargantas se desgarran en un grito colectivo. Les amigues se abrazan, una mamá llora en los brazos de su hija, les compañeres tocan los tambores con la fuerza que renace de las entrañas, se agitan los pañuelos—nuestro símbolo de lucha.

«¡Aborto legal en el hospital! ¡Aborto legal en cualquier lugar!», se corea a viva voz mientras las lágrimas desbordan los ojos. Se llora por las muertes por abortos clandestinos, por las niñas obligadas a gestar, por las presas de la justicia patriarcal, por les discriminades y maltratades por prejuicios machistas, por las compañeras que acompañaron abortos en pandemia, por las Socorristas que resistieron los años de macrismo, por las redes feministas que salvan vidas, por les que no habían sido nombrades hasta hoy. Se llora porque estamos un paso más cerca de ser un país más justo y equitativo. 

La emoción es colectiva, luchar sirve. Es inevitable pensar en las pioneras y sus años de lucha, en las marchas, los Encuentros Plurinacionales, las tardes en las plazas exigiendo la libertad de Belén, los debates en las casas, en las escuelas, en los espacios de militancia. Inevitable no ser parte de este movimiento político que vino a cambiarlo todo. Luchar sirve.

La jornada fue intensa, los cuerpos lo revelan, ¿para cuándo, Senadores? Nadie quiere irse, se sigue cantando y agitando tambores y pañuelos. Queremos ley. A seguir luchando que todavía queda otra instancia, tal vez, la más compleja. Ahí estaremos porque esta marea verde no descansa. Será ley.


Imagen de portada: @_anonimeh (fotógrafe)


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Historia de los Derechos Humanos en Argentina

El 10 de diciembre se conmemora internacionalmente el Día de los Derechos Humanos (DD.HH.) en homenaje a la aprobación de la Declaración de Derechos Humanos propuesta por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. ¿Conocés la historia de las organizaciones de DD.HH. en Argentina?

Si bien cuando se piensa en luchas por derechos es imposible no remitirse a la figura de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, existieron experiencias de organización previas. Un primer antecedente clave que se puede mencionar es la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, hoy devenida Liga Argentina por los Derechos Humanos. Fue fundada por un grupo de abogados de diferentes corrientes políticas en 1937. Su objetivo era primordialmente defender a presos políticos y luchar por avances en materia de derechos.

Conquista de derechos para hacerle frente a la derecha

En el contexto de los reclamos obreros de principios de siglo XX, en medio de una Argentina gobernada por liberales como Julio Argentino Roca, ciertas leyes y decretos entonces vigentes (como la ley de Residencia) tenían una marcada línea de persecución y represión contra inmigrantes y obreros organizados.

Además, la consolidación de las fuerzas militares como grupo de poder político significó una marcada indiferencia por parte del grueso de la sociedad civil hacia los golpes de Estado ocurridos en el país entre 1930 y 1973. Este marco histórico habilitó muchísimos abusos de derechos humanos: encarcelamiento inhumano, presos políticos, procesos judiciales tortuosos, brutalidad policial y grupos parapoliciales que se adjudicaban el poder de reprimir, como la Alianza Patriótica activa durante la Semana Trágica de 1917.

A los modos de abuso mencionados anteriormente se sumó la invención de la picana eléctrica hacia la década del 30. En lo que a las cárceles y la persecución judicial respecta, los orígenes del Estado argentino incidieron en el establecimiento de un sistema penal que no solo no contaba con las condiciones mínimas de vida digna, sino que también se caracterizó –en sus inicios– por tener una población mayoritariamente inmigrante y militante.

Los abogados que entonces actuaban en los juicios contra obreros, en línea con la formación de la Comisión Pro Amnistía Presos Políticos y Exiliados de América, serán el punto de inflexión para dar origen a la Liga. Entre sus fundadores se encontraron personalidades públicas como Arturo Frondizi, Lisandro de la Torre, Deodoro Roca, Alcira de la Peña, Mario Bravo y Emilio Troise.

Algunos de los aportes jurídicos que realizó la Liga por los Derechos del Hombre fueron: la lucha por el habeas corpus de Carlos Sánchez Viamonte; el aporte de Eduardo Barcesat, Julio Viaggio, Alberto Pedroncini, Atilio Librandi, Beinuz Szmukler, David Baigún y Carlos Zamorano para desmontar el aparato jurídico de la impunidad creado por la dictadura cívico-eclesiástico-militar; e incluso el accionar de Guadalupe Godoy en el juicio a Echecolatz que alegó a favor de dictaminar que los crímenes de lesa humanidad cometidos ocurrieron en el marco de un genocidio.

En 1945, finalizada la Segunda Guerra Mundial, se crea la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se propone mantener la paz y seguridad internacionales. Hacia 1948, Argentina suscribe a la Declaración Universal de Derechos Humanos de dicha organización. Sin embargo, recién en 1994 el tratado se incorporó a la Constitución Nacional (en el art. 75 inciso 22). Desde entonces, el sistema de tratados en Derechos Humanos tiene fuerza de ley.

Luche como una abuela: organizaciones durante el último golpe de Estado

Con el devenir del último golpe de facto en 1976, surgieron varias organizaciones de Derechos Humanos –aún activas en la actualidad– que se movilizaban por los «derechos de la persona»: vida, libertad y seguridad personal. En el marco de la sistemática desaparición forzada de personas, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se organizaron para reclamar por la aparición con vida de sus hijes y nietes desaparecides.

Imagen vía Lavaca.org

Para la misma época, se crearon la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) en 1975 y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en 1979. También surgieron organizaciones de DD.HH. con una perspectiva religiosa: Movimiento Ecuménico por los DDHH (1976), Movimiento Judío por los DDHH (1980) y el Servicio de Paz y Justicia (1974).

Entre las actividades que llevaron a cabo estas organizaciones pueden mencionarse:

  • la inclusión en la agenda mediática, que entonces se enfocaba en la historia oficial desde las voces militares, a través de símbolos, marchas y otras estrategias de comunicación.
  • protestas, denuncias y convocatorias públicas.
  • la creación de la consigna Nunca más.

Con el retorno de la democracia, desde el Estado se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, cuya tarea fue investigar lo ocurrido durante la dictadura cívico-eclesiástico-militar. La síntesis de todo ese trabajo fue la elaboración de un largo informe, publicado más tarde en el libro Nunca más. Además, años más tarde, los responsables máximos de la desaparición, tortura y asesinato durante el período dictatorial fueron llevados a juicio y condenados.

El aborto legal, otro derecho humano a conquistar y resguardar

La lucha por el derecho a decidir lleva más de 15 años en nuestro país. La maternidad deseada está amparada por nuestra legislación: actualmente, y desde 1921, el aborto es legal por tres causales. Dicha convención fue ratificada en 2012 con el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, este reconocimiento no es suficiente ya que en muchos sectores de Argentina continúan existiendo dificultades para su acceso.

Necesitamos ampliar la legislación vigente porque negar una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es una forma de tortura. El Relator Especial Contra la Tortura de la ONU, Juan Méndez, lo ratificó así en sus informes sobre la temática y resoluciones de 2013 en adelante. Impedir el acceso a una IVE supone, entonces, una forma de violencia contra las personas gestantes. Además, el aborto está vinculado a varios derechos humanos reconocidos, incluyendo el derecho a la autonomía y a la integridad corporal.


Fuentes:


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Un plan de políticas ambientales con sabor a poco

Incluye la ley de educación ambiental, el fomento de la agroecología y la erradicación de basurales a cielo abierto. ¿Por qué estas medidas resultan insuficientes?

El lunes 21 de septiembre en Olivos, junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y al jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, Alberto Fernández presentó el Plan de Políticas Ambientales. El presidente planteó la necesidad de un «cambio de cultura» para «amigarnos con la naturaleza». Este paquete está conformado por el Plan Casa Común, el Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, el Proyecto de Ley de Educación Ambiental y el Programa Nacional de Prevención de Incendios y Manejo del Fuego. Las medidas en cuestión tienen como objetivo «construir un modelo sostenible, de consumo responsable y de cuidado del medio ambiente a nivel nacional».

La ley de educación ambiental, un proyecto que deberá ser aprobado en el Congreso, consistiría en integrar la perspectiva ambiental a todos los niveles de educación formal e informal, algo que ya contempla la ley nacional de educación (art. 89). Se busca promover la sostenibilidad como proyecto educativo, impulsar procesos de construcción de ciudadanía ambiental y fomentar un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza.

«Necesitamos una ley de educación ambiental para poner en la cabeza de cada uno de nuestros niños y adolescentes por qué tiene sentido esta pelea», expresó el presidente de la Nación. Propuso también instaurar el «juramento al medio ambiente» por parte de alumnos y alumnas, con el fin de concientizar sobre esta problemática y promover el compromiso. Y aseguró que «son los jóvenes los que tienen que ponerse al frente de la demanda por el cuidado del medio ambiente porque eso nos va a permitir tener un mejor mundo», explicando que elles «son los dueños del futuro».

Con estas palabras, Fernández contribuye a la romantización del activismo juvenil. La responsabilidad ambiental y la mitigación del cambio climático no pueden quedar exclusivamente en manos de les jóvenes. Esto no es un problema futuro, las consecuencias las estamos sintiendo hoy y empeoran cada día. Lo cierto es que esta ley debería tener un público más amplio, como les funcionaries públiques, que son quienes toman las decisiones políticas, económicas y culturales que impactan en nuestro país hoy. Que cuenten con esta formación es fundamental para que las medidas que rigen a les argentines sean tomadas con conciencia ambiental.

El presidente continuó haciendo hincapié en la importancia de reducir el uso de combustibles fósiles para mitigar la contaminación y «aprovechar más las energías renovables». Comentario curioso, por decir lo menos, ya que no se comunicaron proyectos ni planes con esos objetivos. Tan solo el año pasado, el sector ganadero, agricultor y silvicultor fue responsable del 37% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) de Argentina, mientras que el sector de energía (quema de combustible, transporte e industria manufacturera y de la construcción) concentró el 53%. Siguiendo estos números, entendemos que las grandes empresas también deberían estar obligadas a educarse en ambiente, ya que son ellas las principales responsables de los mayores porcentajes de GEI, de la contaminación del agua y de la contaminación del aire. 

Inventario de GEI de la República Argentina, correspondientes al Tercer BUR elaborado en 2018-2019.

Por otra parte, se anunció el Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto. Además del cierre de estos lugares, el plan incluye la construcción de Complejos Socioambientales para el tratamiento diferenciado y eficiente de los residuos y la adquisición de equipamiento y productos básicos para protección de recicladoras y recicladores urbanos. Desde el gobierno afirman que la falta de control de operación y las escasas o nulas medidas de protección implican que estos sitios constituyan uno de los riesgos ambientales y sanitarios más urgentes de nuestro país. Un dato importante es que en la Argentina existen 5000 basurales a cielo abierto y solo hay 2500 municipios. 

Otra de las medidas que se informaron en Olivos fue el traspaso del Programa Nacional de Prevención de Incendios y Manejo del Fuego al Ministerio de Ambiente, que contará con una inversión inicial de 45.5 millones de pesos para la contratación de equipamiento para la Red de Faros de Conservación y pondrá énfasis en la preservación de los bienes naturales del país. El Ministro de Ambiente también se refirió a los incendios que hoy sufren distintas provincias. Al respecto, declaró que son el ejemplo más nítido del cambio climático por las «altas temperaturas y sequías prolongadas».

De esta manera, el funcionario atribuyó las quemas intencionales de los humedales y otros ecosistemas al cambio climático. Contrario a los casos de Australia y California, los incendios de la Argentina tienen relación directa con los intereses de los sectores agropecuarios, ganaderos e inmobiliarios. La sequía prolongada y el aumento del calor no fueron los causantes de miles de focos de incendios que arrasaron con cientos de miles de hectáreas.

«Muchas veces como uso y costumbre ciertos sectores productivos tendieron a quemar pastizales», afirmó Cabandié, para luego llamar a la acción a la Justicia ya que «hace 6 meses que hay fuegos continuos y todavía no apresó a un responsable». Pese a esto, no se pronunció palabra sobre la urgente necesidad de una ley de humedales. Por su parte, Alberto Fernández calificó como «pícaros» a los terratenientes que perpetúan estas prácticas.

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Por último, Cabandié presentó el Plan Casa Común. Este se orienta a la transformación social y la reactivación económica a través de asistencia técnica y financiera a gobiernos locales y organizaciones comunitarias para la realización de proyectos ambientales con impacto social y la generación y preservación de reservas naturales urbanas, viveros y áreas verdes. 

«Vamos a terminar de consumir nuestra casa común en perjuicio de los que nos sucedan y no tenemos ningún derecho a hacer semejante cosa».

El presidente Alberto Fernández, apuntó que esto sucederá en caso de no atender la temática ambiental.

Sin embargo, pese a todas estas nuevas medidas, los anuncios resultan insuficientes. La urgencia ecológica es demasiado grave y grande como para realizar planes poco ambiciosos. Desde Greenpeace consideraron que «son pasos necesarios pero insuficientes ante la emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad que vivimos. Es urgente que se catalogue como delito penal a los incendios y desmontes de bosques y de humedales y que se obligue a los responsables a su restauración». El compromiso del gobierno nacional para con el cuidado y respeto del ambiente no puede ser parcial. Es necesario que el resto de las políticas nacionales y locales estén en concordancia con este Plan. 

Esto también significa quitar el subsidio a los proyectos mineros y de combustibles fósiles que contaminan y llevan nuestros ecosistemas al extremo, rechazar el acuerdo bilateral con China para la instalación de megagranjas, fomentar la aprobación de la ley de humedales y aplicar sanciones más efectivas para evitar los desmontes y así cumplir con la ley de bosques.

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El Presupuesto 2021, presentado el 22 de septiembre (un día después de los anuncios en Olivos), muestra cómo el compromiso de lucha contra el cambio climático del gobierno es una mera formalidad: los fondos asignados por el propio presupuesto para la Ecología y Medio Ambiente totalizan $23.521 millones, un 0,3% del total, mientras que para Energía, Combustibles y Minería alcanzan un 8%, con $681.925 millones.

Es necesario que el gobierno de Alberto Fernández deje en claro cuáles son sus intenciones en cuanto a tomar o no la responsabilidad por el cambio climático y sus efectos. Y, si deciden apostar por el ambiente, deben hacerlo con políticas nacionales de alto impacto, que solucionen los problemas inmediatos causados por la humanidad. Es hora de decidir de qué lado de la historia nos vamos a parar como país: ser quienes se quedaron sentades mientras causábamos la extinción de nuestra especie y de la naturaleza o aquelles que impulsaron soluciones y lucharon por un mundo en equilibrio.


Fuentes:


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Derecho al trabajo estable y formal

El viernes pasado comenzó desde su hora cero con mensajes de festejo en la comunidad LGBTIQ+. La aprobación por decreto de un cupo mínimo del 1% de la totalidad de los cargos y los contratos en la administración pública nacional destinado a empleades trans-travestis es un aporte a la reparación histórica que la sociedad le debe a ese movimiento en Argentina.

La medida implementada por Nación también crea un registro con inscripción optativa en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y una Unidad de Coordinación Interministerial integrada por el mismo MMGyD, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el INADI.

«La expectativa de vida hoy en nuestro país para las personas travestis y trans es de 40 años a partir de una cadena de exclusiones, de discriminaciones y de violencias que atraviesan toda la vida. Como Estado tenemos la obligación de generar las condiciones que garanticen el ejercicio pleno de los derechos y de igualdad de oportunidades».

Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad

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El decreto

A través del decreto 721/2020 se establece que los cargos de personal deberán ser ocupados, en un 1 por ciento como mínimo, por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo. Las personas alcanzadas pueden o no haber efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen, en referencia a la ley N° 26.743 de identidad de género.

No podrán establecerse requisitos de empleabilidad que obstruyan el ejercicio de los derechos al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género o expresión. En ese sentido, se destaca que el requisito de terminalidad educativa no podrá resultar un obstáculo para el ingreso y la permanencia en el empleo.

«Si las personas aspirantes a los puestos de trabajo no completaron su educación, en los términos del artículo 16 de la ley N° 26.206 de educación nacional, se permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos faltantes y finalizarlos. En estos casos, la Unidad de Coordinación, establecida en el artículo 7° del presente decreto, deberá arbitrar los medios para garantizar la formación educativa obligatoria y la capacitación de las personas travestis, transexuales y transgéneros con el fin de adecuar su situación a los requisitos formales para el puesto de trabajo en cuestión».

Boletín Oficial

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El MMGyD en articulación con el Instituto Nacional de la Administración Pública capacitará a las autoridades y al personal del Poder Ejecutivo Nacional para asegurar que la inclusión en los puestos de trabajo se realice en condiciones de respeto a la identidad y expresión de género de las personas. Asimismo, se creará un registro de anotación voluntaria para personas aspirantes a ingresar a trabajar en el sector público nacional, adoptándose las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales.

Las jurisdicciones y entidades deberán informar al MMGyD los puestos de trabajo vacantes y las ofertas de contratación de personal disponibles. Este mismo organismo se encargará de realizar un seguimiento de la cantidad de cargos cubiertos por cupo en relación a los cargos totales de la planta permanente y transitoria y el total de los contratos existentes del sector público nacional. La inscripción en este registro no se considerará requisito para el ingreso a un empleo.

La creación de la Unidad de Coordinación Interministerial tendrá como funciones:

  • Elaborar el Plan de Implementación.
  • Garantizar los mecanismos y procedimientos para el cumplimiento del cupo establecido.
  • Garantizar los espacios de educación necesarios para las personas que requieran completar los estudios obligatorios y las capacitaciones para el empleo y la formación laboral.
  • Promover mecanismos de acompañamiento para la permanencia en el empleo.
  • Proponer guías de actuación y capacitaciones específicas para las áreas de gestión de los recursos humanos, para la prevención de comportamientos discriminatorios y a fin de que se promueva el trato digno e igualitario.
  • Promover espacios de coordinación y participación de las entidades gremiales con representación en el sector público.
  • Promover instancias de participación de las organizaciones de la sociedad civil con competencia en la materia.

Este organismo estará integrado por dos representantes con rango no inferior a directore nacional, representantes del MMGyD, la Secretaria de Gestión, Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el INADI. A su vez, el MMGyD podrá invitar a formar parte de dicha unidad a otros organismos de la Administración Pública Nacional en caso de considerarlo necesario para el cumplimiento de las funciones que tiene asignadas.

Fuente: Agencia Presentes

Ley Diana Sacayán

El 16 de agosto de 2018, el Frente Nacional por la Ley Diana Sacayán presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para instituir el cupo laboral del uno por ciento de los puestos de la administración pública nacional para personas travestis, transexuales, transgénero y masculinidades trans. La iniciativa fue presentada por la diputada nacional Mónica Macha (Unidad Ciudadana), ratificando que la inclusión laboral es uno de los reclamos más urgentes del colectivo travesti trans. A raíz de la marginalización en ámbitos escolares, este colectivo  atraviesa dificultades para acceder a trabajos formales y estables.

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En aquel momento, el proyecto tenía como referente la ley que había redactado, impulsado y militado Diana Sacayán en 2010 en Buenos Aires y que fue aprobada en 2015. Esa ley fue pensada para responder al contexto histórico de vulnerabilidad de la población travesti trans, ya que la mayoría enfrenta obstáculos estructurales para acceder al trabajo formal que parten de la estigmatización y de la violencia.


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