«Esto es violencia política y de género»

Silvia Martínez Cassina fue desplazada de su lugar como conductora de «NotiTrece» luego de denunciar públicamente desigualdades de género y salariales en Canal 13. El hecho no es casual: Cassina es delegada del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y en las últimas semanas mostró su repudio frente a la inequidad de género y apoyó los reclamos salariales de trabajadores de Polka. Un movimiento de la empresa con gusto a castigo patriarcal y gremial.

Silvia Martinez Cassina co-conduce el noticiero de Canal 13 -ARTEAR- desde 1997. Su presencia es histórica y por muchos años fue la cara de los mediodías de la señal. Sin embargo, desde el año pasado arrastra un conflicto con el Grupo Clarín que tuvo como consecuencia su desplazamiento a un lugar de columnista, lo cual significa una preponderancia y una cuota de pantalla mucho menor.

Todo empezó en noviembre del año pasado, cuando la periodista hizo un reclamo porque le estaban recortando tareas habituales del noticiero como participación y reportajes que, por contenido, solía hacer. El conflicto finalmente estalló en los primeros días del pasado julio, a partir de un aviso en el Diario Clarín, en donde se publicitaba la programación matutina del canal con fotografías solo de periodistas hombres. A través de su cuenta de Twitter, Cassina no se quedó callada y mostró su descontento con la tapa discriminatoria.

«Desplazan y acallan voces. Afuera, @eltreceoficial firma acuerdos de equidad en los medios. Adentro, la realidad es esta», tuiteó, acompañado con el hashtag #PerspectivaDeGenero. Días después, Martínez Cassina se refirió a la situación de Polka —productora de ficción a cargo de Adrián Suar—, cuyos trabajadores se manifestaron frente al canal en reclamo por sus sueldos y cobertura de salud. Además, compartió un video con el hashtag #LeyDeEquidadYa.

Martínez Cassina es delegada del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) desde hace tres años. La situación actual de la periodista está totalmente ligada a su voz en tanto mujer sindicalista. La ausencia de figuras femeninas en los medios —sobre todo, los audiovisuales— o mismo la supremacía de las personalidades masculinas por sobre el lugar de las mujeres deviene de una violencia simbólica en donde el papel de eminencia le pertenece al hombre por «orden natural».

Una mujer que habla, que se queja y que rompe con la línea editorial de un medio hegemónico y poderoso es una mujer que desobedece el mandato patriarcal y se vuelve una amenaza para el poder conservador. Al no poder despedirla por su calidad de delegada, la empresa desplazó a Cassina de su silla de co-conductora y redujo su papel a columnista como reprimenda política por sus declaraciones.

Quien ocupa su lugar, ahora, es nada más ni nada menos que un hombre: Sergio Lapegüe, quien al ser consultado por las modificaciones en el programa respondió que acata órdenes y que no tiene por qué avisarle de los cambios porque no es su jefe, según declaraciones de la propia Cassina.

«Esto es #ViolenciaPolíticaxGénero porque desplazan de la conducción de un noticiero a una mujer, porque esa mujer es una voz feminista. Están cediendo al conductor masculino el tratamiento de casos de violencia, no tienen ninguna perspectiva de género», expresó la periodista en un encuentro virtual realizado por la Defensoría del Pueblo.

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En 2016, cuando todavía no era delegada, ya había recibido un «apriete» del medio después de expresar su solidaridad con la lucha feminista en el saludo de despedida del noticiero. A través de un apartado sin firma en el diario Clarín, la compararon con Juana de Arco y le advirtieron —en algo muy cercano a una amenaza—: «Ojo con la lucha, Silvia, mirá que esa Juana de la que hablan terminó quemada en la hoguera».

La pregunta que surge entre apoyos y enojos es qué sucede puertas adentro de los espacios laborales, en este caso los mediáticos, con aquellas personas —mujeres y disidencias— que están mas abajo en la cadena de poder, lejos no solo del beneficio jerárquico sino también de los privilegios replicados por un sistema heteronormativo y patriarcal. Si Cassina, en tanto representante gremial y voz femenina con más de 20 años frente al noticiero, es castigada sin más, ¿qué queda para el resto de les trabajadores que viven día a día situaciones de desigualdad de género y laboral?

La periodista no dudó en referirse a la cuestión en una entrevista con La Izquierda Diario: «Lo que me pasa a mí es un hostigamiento porque no me callo. Pero si ven la grilla de los que salimos en pantalla y ya no están, son desplazados a fines de semana o dejan de aparecer, es impresionante. Mi obligación sindical es no callarme. Defendemos derechos laborales y luchamos por un periodismo digno».

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Martinez Cassina se mostró agradecida con el apoyo y respaldo de agrupaciones, gremios y colegas de trabajo recibido a través de las redes sociales. «Recibí cariño, apoyo y solidaridad de los lugares, personas y organizaciones menos esperados», contó a Radio Del Plata y finalizó remarcando sentirse «muy empoderada, con la seguridad de que lo que estoy reclamando es legítimo».


#Opinión: Menos recursos, más represión y exposición

El informe transmitido en el programa «Periodismo para todos» acerca del chico de 11 años expuso la existencia de un entramado mediático e institucional, cuyo objetivo es culpabilizar y castigar a quienes carecen de oportunidades en nuestro país en un contexto socioeconómico donde casi 6 de cada 10 menores son pobres, y en el que la presencia de violencia estatal hacia los que tienen menos recursos es visible, incluso, en casos como la represión a los trabajadores de PepsiCo.

 

A partir de la entrevista al menor que se transmitió el domingo pasado en el programa conducido por Jorge Lanata en Canal 13, distintos medios se hicieron eco y lanzaron todo tipo de opiniones punitivistas. Durante el ciclo, en la parte superior de la imagen se podía leer el hashtag «#DrogasyCurros», utilizado en Twitter por muchos usuarios que coincidieron en que el menor debería estar preso.

 

El hecho de haber presentado a un niño que confesó tener acceso a drogas y que se adjudicó varios delitos, reales o no, opera en función de construir una representación estigmatizante que, lejos de visibilizar o analizar las causas por las que vive en esas condiciones,contribuye a instalar el tema de la baja en la edad de imputabilidad, en sintonía con la ideología del gobierno actual, que encuentra en ese proyecto una posible solución al problema de la inseguridad.

 

Sin ir más lejos, en un momento del relato, el nene expresó: «No me da nada nadie. (…) Son todos pobres», refiriéndose a su familia. En cuanto a datos estadísticos, un informe de la UCA publicado la semana pasada indicó que 7,6 millones de niños, es decir, el 59% de la población infantil total, no tienen cubiertas las necesidades básicas como alimentación adecuada, vivienda, educación y asistencia médica. Entonces, es conveniente repensar si encerrarlo y negarle esas oportunidades, que ya señaló de forma explícita que no tiene, es la manera acertada de cambiar su realidad y la de tantos otros chicos que viven en la calle.

 

Además, la madre del menor junto con la organización Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) denunció penalmente al canal por «el uso de una imagen que viola leyes y tratados internacionales de los derechos del niño», y al Secretario de Seguridad del Municipio de Lanús, Diego Kravetz, por «extorsión, amenazas y violencia física y verbal» sufridas por su hijo de parte de personal policial, antes y después de aparecer en el informe.

El Estado es responsable, los medios también

La violencia ejercida desde el Estado, y en concreto desde el aparato policial, está dirigida a aquellos que no tienen espacio en el modelo que impone este gobierno: no importa si son menores en situación vulnerable, tampoco si son personas despedidas de forma injusta de sus trabajos.

 

A las amenazas y las extorsiones que denunció la madre del chico, se suma la represión política ante el reclamo laboral social. El caso más reciente es el de los trabajadores de PepsiCo, que fueron despedidos de manera abrupta, y tras salir a defender su puesto laboral, fueron desalojados con violencia por 300 policías bonaerenses; como en su momento ocurrió con el personal de Cresta Roja, y con los docentes de la Escuela Itinerante frente al Congreso, entre muchos otros ejemplos.

 

En este sentido, es importante destacar que el vaciamiento de la planta de Florida se dio por el cierre imprevisto y el traslado de la producción a otra fábrica en Mar del Plata, lo que llevó a que trabajadores que contaban con empleo hasta hace unas semanas, al ser despedidos de pronto, decidieran tomar la fábrica para reclamar la reincorporación. El gobierno ordenó la presencia policial, que actuó con gases lacrimógenos y balas de goma.

 

Frente a un panorama donde empresas cierran y vacían plantas, personas pierden su trabajo y quedan en la calle, y menores sufren la falta de asistencia y políticas para reincorporarse en la sociedad, la postura del Estado, ente que debería garantizar y respetar los derechos de los ciudadanos, es la de responder con más violencia. Desde nuestro lugar, es clave escapar de esa visión propuesta por algunos medios, despojada de todo tipo de sensibilidad, que refuerza el modelo represivo que encuadra a personas marginadas como enemigos sociales.

 

Fuente imagen destacada: Disculpen la molestia