Artículo colaboración escrito por Camila Stefano
Según el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad realizado en 2018 por INDEC, 10 de cada 100 habitantes de nuestro país poseen algún tipo discapacidad. Más de la mitad son mujeres.
La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad aclara que no deben utilizarse términos como «discapacitado» ni «capacidades diferentes», entre otras palabras despectivas. El término correcto es «persona con discapacidad», ya que antes de la dificultad que les impide realizar una tarea cotidiana, existe un sujeto con derechos, garantías y obligaciones. Por lo tanto, aquellas personas que tengan una discapacidad y se autoperciban mujeres son mujeres con discapacidad.
María Fernanda Blasco, secretaria general de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (FAICA), expresa: «Desde que nacemos, nuestros padres viven con el temor que nos pase algo y, con su sobreprotección, nos ponen dentro de una burbuja, ya que para ellos seremos “la chiquita de la casa”».
La Convención antes mencionada expresa en el artículo 6 que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a discriminaciones y los Estados que la componen (como Argentina) están obligados a adoptar medidas para asegurarles una vida libre de violencias. Pero los datos muestran lo contrario.
Un informe de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) realizado en 2016 explica que el Estado argentino no garantiza el acceso a la justicia: no se implementaron recursos judiciales y administrativos en un lenguaje simplificado para que puedan ser comprendidos por mujeres con discapacidad intelectual. Tampoco hay intérpretes de lengua de señas en fiscalías y comisarías, es decir que una mujer sorda no cuenta con los medios para realizar una denuncia.
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El Plan Nacional de violencia hacia las mujeres no está transversalizado con la perspectiva de discapacidad. No presenta ninguna acción para combatir la violencia de género hacia niñas y adultas con alguna dificultad. El claro ejemplo es el caso de la línea 144, el número de atención para mujeres en situación de violencia, al cual solo se puede acceder mediante un dispositivo telefónico, dejando de lado a aquellas que no pueden oír ni comunicarse verbalmente. Recién este año y debido al incremento de denuncias con motivos de violencia de género en plena cuarentena por el COVID-19, se sumaron vías de comunicación accesibles (por mensajes de texto, de WhatsApp, correo electrónico).
El acceso a la salud tampoco está contemplado por el Estado. Las mujeres con discapacidad física tienden a retrasar los controles médicos (especialmente los ginecológicos) debido a la falta de camillas e instrumentos especializados. Algunos hospitales y centros de salud ni siquiera cuentan con rampa de acceso. El personal de salud no está especializado para cada caso de discapacidad.

Mujeres con discapacidad: una lucha de todas
El feminismo, entendido como una corriente sociocultural y política de identidades femeninas organizadas que busca la igualdad y equidad respecto de los varones, también incluye a las mujeres con discapacidad.
Según Laura Alcaide, militante de Movimiento Violeta, organización nacional de mujeres con discapacidad visual:
«Debemos preguntarnos ¿qué ocurre con esos cuerpos sujetos de derechos vulnerados, que somos las mujeres, cuando se suman otras vulnerabilidades como la discapacidad? Sufrimos una doble opresión: por ser mujeres y por tener una discapacidad».
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«Aún en los espacios feministas, la discapacidad está invisibilizada. Parte de esta situación responde a una construcción cultural hegemónica del miedo a lo diferente», expresa Alcaide. Dentro del mismo movimiento feminista era preciso replantear quiénes integran la lucha, teniendo en cuenta la falta de privilegios que significa convivir con un cuerpo contrahegemónico.
Conquistar derechos sexuales y reproductivos
Para Laura Lemura, también integrante de Movimiento Violeta, uno de los puntos fuertes de dicha agrupación es visibilizar la lucha de las mujeres con discapacidad visual y las problemáticas que las aquejan. Por ejemplo, no poder ejercer libertad sexual: no hay métodos anticonceptivos con descripción en braille ni test de embarazos con audiodescripción. «Si queremos saber si estamos o no embarazadas, le tenemos que pedir a una amiga o vecina que nos diga y no lo podemos hacer desde la intimidad como aquellas que sí ven». Así tampoco a la hora de usar copas menstruales o tampones.
La educación sexual integral no es accesible para todes: los manuales de ESI enviados por el gobierno nacional a las escuelas especiales son distintos a los que reciben las escuelas comunes. Carecen de información importante como conceptos de diversidad sexual, autoexploración corporal, relaciones sexuales y métodos de barrera y anticoncepción.
El aborto es otro tabú en un cuerpo gestante con discapacidad. Muchos son los casos de las mujeres con discapacidad que son obligadas a parir o a abortar y luego son esterilizadas sin su consentimiento. Es por eso que el nuevo proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, gestado por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, propone la creación de consejerías especializadas para acompañar a las mujeres con «capacidad restringida» durante todo el proceso, para que sean ellas quienes decidan sobre sus cuerpos.
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La maternidad deseada también es un derecho a conquistar. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad también asegura que el Estado debe brindar los apoyos necesarios para que aquellas mujeres que quieran ser madres puedan hacerlo de forma autónoma. Advierte que bajo ningún concepto deben ser separados los hijos de las madres por motivos de discapacidad.
La licenciada en Psicoterapia Carolina Buceta asegura: «Las mujeres con discapacidad siempre fuimos vistas como personas asexuadas, sin posibilidades de explorar el mundo, sin la oportunidad de sentirnos deseadas, ni deseantes». Soledad Gelvez, presidenta de la organización Mirame bien – Santa Fe, agrupación que lucha por la inclusión de las personas con discapacidad visual, expresa:
«Es muy importante que en los espacios feministas se hable de discapacidad y de mujeres. Somos sujetas de derecho, no somos ciudadanas de segunda. Tenemos deseos, queremos decidir sobre nosotras. Los varones también deberían participar de estos espacios, ya que son quienes, aún, presiden nuestras organizaciones. La deconstrucción es una tarea de todes».
Imagen de portada: Freepik
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