Buscan censurar una película LGTBI de Corrientes

Artículo escrito en colaboración con Javier Franco


La plataforma Netflix comenzó a distribuir la película Las Mil y Una a comienzos de mes. A raíz de ello, la multipremiada cinta LGTB recibió críticas de les vecines del barrio donde fue ambientada. ¿Se trata de comentarios de odio hacia la diversidad? ¿A quién representa el largometraje?

Las Mil y Una (2020) es la segunda película de Clarisa Navas, directora de cine correntina. La historia retrata la juventud de Iris, una basquetbolista que experimenta su sexualidad a escondidas en un barrio de clase trabajadora plagado de violencias.

La coproducción argentino-alemana recibió diferentes reconocimientos y premios en los festivales de Mar del Plata, San Sebastián, Lima, Valdivia, Toulouse y Guadalajara. Sin embargo, a algunes de quienes viven en el complejo Las Mil Viviendas, donde se ambienta el largometraje, no les pareció digna de elogios.

Un vecino inició una petición en change.org para cambiarle el título, ya que entiende que el retrato no representa a su barrio tal como él lo ve. Algunos comentarios que aparecen en la colecta de firmas, con 65 adherentes al momento, incluso sugieren censurarla y quitarla de circulación.

Fotograma de la película.

¿Qué narra Las Mil y Una?

Navas nos introduce en la vida dentro de unos monoblocks ubicados a 3 km de la capital de Corrientes. En este contexto, retrata en profundidad la cotidianidad de les habitantes del barrio: desde las historias de vida complejas de sus personajes hasta cada sonido que construye el espacio y la falta de privacidad que rodea a les protagonistas. Simultáneamente, expone las dificultades que supone la intersección entre desigualdad de clase, género y discriminación por orientación sexual.

La puesta de cámara tiene su propio protagonismo: nos convierte en un habitante más que recorre, junto a Iris, Renata y sus primos, los pasillos del barrio con extensos planos secuencias. En ocasiones, deja la cámara fija para convertirnos en testigos impotentes que presencian los sucesos sin poder hacer nada. Su elección es interesante para plantear una mirada del lugar en la que todo sucede sin ninguna intervención.

Otro detalle que se construye desde la puesta en escena audiovisual es cómo se materializa la poca intimidad que poseen los personajes, con personas interrumpiendo constantemente y sonidos externos ingresando a escena en todo momento.

Iris, interpretada por la basquetbolista Sofía Cabrera.

Si de representación hablamos…

«Puedo asegurar que esta es la historia de un montón de disidencias del interior que, como yo, se emocionan de ver cuando un personaje cuenta con detalles todo aquello que quisimos ver en otros y nos parecía imposible, porque nos creíamos solas. Pero afortunadamente nunca lo estuvimos».

Mauricio Vila, actor en Las Mil y Una.

El elenco de la película está compuesto por actores y actrices de Corrientes, Formosa y Chaco, lo que no resulta un dato menor en materia de representación. En algunas entrevistas, la directora contó que la historia fue escrita en base a sus experiencias (y las del reparto) viviendo en Las Mil Viviendas.

Además, para la comunidad LGTB de la región, la cinta demuestra una forma de representación gay, trans y bisexual alejada de los clichés y caracterizaciones convencionales. La participación de Pilar Cubells y Mauricio Vila, activistas feministas, también sumó en este sentido.

Lo que pasa detrás de las cámaras

«A mí me dejaron de decir torta, me dicen puto de mierda cuando voy sole caminando por la calle».

Milo, vecine de Las Mil Viviendas.

Varies militantes correntines encontraron al pedido de censura como un ataque hacia las expresiones artísticas que se salen de la heterocisnormatividad. Milo, une joven trans del barrio, relata que vivió en repetidas ocasiones la discriminación en primera persona: «Me pasó un montón de veces de estar tomando mates en la plaza con mi novia y que de repente venga gente a darme su opinión como felicitándonos por ser valientes, o preguntándonos qué hacemos en la plaza».

En su opinión, Las Mil y Una fue una experiencia cinematográfica muy cercana. Cuando vio la película por primera vez en el Festival de Mar del Plata (transmitido en línea), junto a su novia, recuerda que pausaban constantemente para ubicar qué lugar aparecía en cada escena; en qué parada de colectivo estaban las protagonistas; cómo habían usado el boliche gay de la zona. Incluso, en la escena de la fiesta, estaban emocionades buscando a su amiga que participó como extra.

El Colectivo de Mujeres de Corrientes compartió un hilo de Twitter de Iriel Amancay, periodista con perspectiva de género de la provincia, adhiriendo a su reflexión sobre el tipo de representación positiva que la película otorga a su comunidad. La directora de la cinta, por su parte, manifestó en medios locales que quienes se manifestaron contra su audiovisual parecen estar olvidando la dimensión subjetiva del arte.


Encuentros mágicos en Tilcara

El pasado fin de semana (9, 10 y 11 de abril) en la ciudad de Tilcara en la provincia de Jujuy, se realizó el primer fin de semana LGBTIAQ+. Un evento impulsado desde la Cámara de Comercio LGBTIAQ+ de la Nación en el marco del Programa Federal del Turismo LGBTIAQ+.

Desde el mes de febrero, la Cámara comenzó a brindar talleres para la capacitación en turismo LGBTIAQ+ a prestadores de servicios turísticos de todas las provincias, entre ellas, Jujuy. Dichos talleres se dictarán durante todo el año y están abiertos a todo el público. ¿De qué se trata el turismo «gay-friendly»? ¿Cuáles son sus objetivos y para qué sirven?

Según múltiples fuentes de información sobre el turismo, «la filosofía de este tipo de oferta turística es fomentar la integración de todos los miembros de la sociedad dentro de un ambiente de tranquilidad, respeto y convivencia al mismo tiempo que se ofrece una amplia gama de servicios destinados a la diversión, la fiesta y sobre todo el disfrute de los usuarios».

El fin de semana en Tilcara

El evento en Jujuy fue titulado como «Encuentros Mágicos» y tuvo como objetivo ubicar a Tilcara dentro de los destinos turísticos gay friendly, como la ciudad de Buenos Aires o Córdoba. Con múltiples actividades educativas, de debate y artísticas, con la participación de artistas trans y drag de Jujuy, se vivió el primer fin de semana especial para la comunidad LGBTIAQ+. Jorge Eduardo Wierna, presidente de la fundación NOA Diversa, nos comentó un poco más sobre este evento.


ESCRITURA FEMINISTA: ¿Cómo se vivió el fin de semana en Tilcara? ¿Tuvo una buena participación o cómo la calificarías vos? ¿Cuáles son los objetivos de este evento?

Jorge Eduardo Wierna: Fue un fin de semana espectacular y si bien no hubo una participación amplia de miembros de la comunidad de Tilcara, tal vez por el mismo miedo a la miradas o a la violencia que pueda existir, tuvo una amplia participación para ser la primera vez que se realiza este evento en la ciudad. A su vez, también hubo muchos turistas de otras provincias que se acercaron a disfrutar del evento como de Córdoba, Santiago del Estero, Chubut, Salta. 

E.F.: ¿Te parece que desde la municipalidad de Tilcara hubo una buena predisposición para los eventos? 

J.E.W.: Sí, desde la municipalidad firmaron el convenio con la Cámara de Comercio LGBT y hubo una buena predisposición de los espacios. Sobre todo hubo una predisposición por parte de los prestadores del turismo, tuvieron una respuesta muy respetuosa y positiva para con la comunidad este fin de semana.

E.F.: ¿Te parece que este evento ayuda a la aceptación de la comunidad en la provincia? ¿Cómo es el trato hacia la comunidad en Tilcara?

J.E.W.: Mucho, sobre todo ayuda a la visibilización de la comunidad acá en Jujuy. Los casos de violencia siguen existiendo pero considero que un evento así colabora a que los miembros de la comunidad se sientan representados, ayuda a la creación de un orgullo LGBTIQ+ con más fuerza. Creo que fue un evento que intensificó a la hermandad entre la comunidad LGBTQI+. Por ejemplo, después de cada proyección de las películas en los cine-debate, hubo charlas muy fructíferas en las que pudimos hablar sobre la visibilización que necesita la comunidad, pudimos hablar sobre la importancia de la ESI en las escuelas y también pudimos hablar sobre el VIH y hacer conciencia con eso, repartimos preservativos después de cada evento. Poder hablar de estos temas acá es algo muy nuevo y es una gran felicidad poder hacerlo, porque es necesario.

E.F.: ¿Cuál es la participación de la comunidad en Tilcara?

J.E.W.: Tenemos una amplia acción en Tilcara. Desde 2018 se realizan marchas del orgullo LGBTQI+, en la que participan distintas organizaciones políticas y sociales en busca de nuevos derechos para la comunidad y de demostrar que la comunidad en Tilcara existe. 

Además se espera y nos estamos organizando para esto, si el contexto pandémico lo permite, realizar todos los meses un evento como este con más artistas y figuras públicas, orientado a la comunidad LGBT+ para ayudar a difundir que Tilcara es una ciudad LGBTQI+ friendly


¿Pinkwashing o lucha?

Los límites son muy finos a la hora de definir la concepción de un turismo gay-friendly como un aporte positivo para la comunidad LGBTIAQ+. ¿Qué aspectos nos brinda la seguridad de que el turismo gay-friendly aporta más a la causa por los derechos LGBTIAQ+ que al lucro? ¿Hasta qué punto la comunidad LGBTIAQ+ es más un público al que se le dirigen ofertas que un colectivo en lucha? 

El pinkwashing es «el uso político o publicitario de símbolos y movimientos de derechos humanos sin ofrecer apoyo real a los grupos oprimidos ni escuchar sus reclamos concretos». Es un resultante del capitalismo: vender a partir de causas de lucha y con grupos poblacionales vulnerables y vulnerados para convertir estas cuestiones en una «moda», lo que genera líneas muy delgadas para poner bajo una lupa.

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Sin embargo, considerando que en el mes de febrero, Sharon Mendoza, una referente trans de Jujuy, fue violentada junto con su acompañante en las calles de Tilcara, poder realizar este tipo de eventos, en el que se tuvo más en cuenta la participación en las actividades educativas, de debate y artísticas que las reservas en hoteles, da la seguridad de que se está logrando un gran avance social en la visibilización y aceptación de la comunidad en esta provincia del norte argentino.

Es importante tener en cuenta que la firma de convenios y políticas que convengan realmente a las comunidades vulneradas es una responsabilidad grandísima. El lucro no debería ser nunca una prioridad. 


Fuentes:


Costa Rica: política y religión

Algunos países de América Latina y el Caribe todavía cuentan con grandes grupos ultratradicionalistas, que se oponen a los avances en materia de igualdad de género, a los derechos conseguidos por la comunidad LGBTQI+ y, en consecuencia, a los derechos humanos.

Un ejemplo de los obstáculos que presentan estos agrupamientos se vio reflejado hace algunos meses, también en Costa Rica, cuando se opusieron fervientemente a la legalización del matrimonio igualitario.

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Si bien el Observatorio de Sexualidad y Política (SPW) recoge el accionar de estos grupos en una serie de investigaciones tituladas «Políticas Antigénero en América Latina», nos enfocaremos en el caso de Costa Rica, donde, según Alharaca, líderes evangélicos conservadores fueron posicionándose en la esfera política y parlamentaria, tomando presencia mediática e influyendo en la toma de decisiones, con el objetivo de llegar al gobierno.

Lo fundamental, entonces, es que estas agrupaciones y movimientos no solo intervienen en la vida social como una resistencia frente a las transformaciones y los derechos conseguidos, sino que logran insertarse en el ámbito político, impactando en las resoluciones, afectando a la sociedad y a los derechos de todes en su conjunto. Es por eso que lo religioso se vuelve inseparable de la toma de poder.

La investigación sobre este país, con autoría de Gabriela Arguedas Ramírez —farmacéutica, bioeticista, especialista en Derechos Humanos y consultora del Instituto Interamericano de Derechos Humanos—, busca contribuir a una mirada trasnacional del fenómeno de las ofensivas antigénero. También pretende trazar dinámicas de des-democratización, entendida como una erosión gradual del tejido democrático de la política, que transforma la arquitectura institucional de regímenes democráticos en simulacros.

En el documento, Arguedas Ramírez analiza el contexto de las campañas electorales y las elecciones durante varios años pero, a nivel general, la importancia y la cuestión de fondo radica en el predominio y en el peso del conservadurismo en la totalidad del pueblo costarricense.

La investigación entiende que las nuevas corrientes de activismo conservador y autoritario están vinculadas a las condiciones estructurales y la des-democratización en curso en América Latina, por lo que califica a las ofensivas antigénero como dispositivos de acumulación de poder político integradas por las resistencias frente a las transformaciones referidas a las cuestiones de género y sexualidadque se oponen a una democracia plural e inclusiva.

Además, están en contra de las leyes dirigidas a garantizar derechos sexuales, derechos reproductivos o derechos civiles para las personas homosexuales y trans; incluso han impedido la realización de abortos terapéuticos, previstos por la constitución de Costa Rica desde 1975.

Según el medio digital ecuatoriano Wambra, actualmente les activistas religioses ultraconservadores buscan incidir en el sector público y deslegitimar iniciativas de educación y salud pública que pretenden fomentar la igualdad de género en el país. Los nuevos ataques son en contra de la «ideología de género», a la que utilizan como acusación para oponerse a la educación sexual integral en las escuelas, al acceso a métodos anticonceptivos y a las dinámicas socioeconómicas características de un estado laico.

Pero sus ideales no son el único problema: en reiteradas oportunidades han difundido afirmaciones falsas y discursos armados políticamente en sectores de culto, lo que significa que son privados y, por lo tanto, no hay posibilidad de discusión. La información es unilateral y quienes asisten se ven en la obligación de seguir a su líder y a comprometerse con la fe.

La principal diferencia con otros países latinoamericanos es que estos sectores liderados o fundados por pastores evangélicos iniciaron su participación política a finales del siglo XX. Su función es ofrecer una alternativa con base en los valores y mandatos morales tradicionales, vinculados con las creencias religiosas, contribuyendo a un proceso de relegitimación de la autoridad religiosa dentro de la sociedad.

Esto se logra también con la normalización de los discursos religiosos dentro del campo parlamentario, cuyo objetivo es obstaculizar la labor del Estado en el reconocimiento y la protección en materia de Derechos Humanos. Asimismo, se oponen fuertemente al uso de guías de educación sexual en las escuelas, situación de fundamental importancia si se tiene en cuenta que la tasa de natalidad en adolescentes entre los 15 y 19 años asciende al 53,5% en Costa Rica.

La preocupación de les investigadores recae en la gran influencia que estos grupos logran ejercer. No solo se movilizan en el campo político, sino que también participan y esparcen sus ideales en los principales medios de comunicación costarricenses, como el diario La Nación o medios digitales como El Mundo CR y CRHoy, en donde se expresaron ideas que vinculaban la «ideología de género» con el nazismo y el marxismo y en donde se hacen grandes coberturas a «Marchas por la vida y la familia», organizadas por la iglesia católica.

Como asegura la autora de la investigación, estos discursos incitan a la acción:

«El buen creyente y ciudadano tiene el deber imperativo de actuar, por su bien, el de su familia y el de su país. Los actos de habla que se enuncian en lugares de carácter sagrado tienen un alto impacto en la vida cotidiana de las personas creyentes. Estos lugares, imbuidos de un simbolismo que resiste el paso del tiempo, proveen la fuerza de este acto elocutivo, emitido por los líderes religiosos, que hablan y actúan como líderes políticos».

Al día de hoy, todavía se puede advertir que los medios repiten las mismas ideas. El 15 de mayo, El Mundo CR titulaba:

«Iglesia Católica: «Lamentablemente la ideología de género gana cada vez más terreno en Costa Rica»

Mensaje de la Conferencia Episcopal de Costa Rica con motivo del «Día internacional de la familia».

«La ideología de género niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer y vacía el fundamento antropológico de la familia»

Conferencia Episcopal.

Las acusaciones giran, nuevamente, en torno a los supuestos valores familiares fundamentales que se «pierden» con el avance de dicha «ideología». En estos casos, buscan respaldarse mediante el uso de la coyuntura mundial:

«Para la Iglesia Católica «esta colonización ideológica desprestigia el valor de la persona, la vida, el matrimonio y la familia y dañan, con propuestas alienantes, especialmente a nuestros jóvenes dejándolos desprovistos de raíces para crecer»».

«Ya no se advierte con claridad que sólo la unión exclusiva e indisoluble entre un varón y una mujer cumple una función social plena, por ser un compromiso estable y por hacer posible la fecundidad».

«La familia se considera desde siempre como el “hospital” más cercano, donde gracias a sus cuidados amorosos, se garantiza al enfermo, y a todos sus miembros, la atención y ayuda necesaria. Es una realidad que se ha confirmado durante la pandemia del COVID-19».

El 25 de mayo, el mismo medio digital difundía los dichos de la diputada Nidia Céspedes con respecto a la entrada en vigencia del matrimonio igualitario:

«Mañana celebrarán las minorías, porque la mayoría del país tenemos un gran dolor. Mañana no hay nada que celebrar, al contrario, es un día triste para la familia tradicional costarricense».

«Hoy la esencia del ser costarricense, creyente de Dios, es atropellada por la fuerza de una minoría, que apoyada por los gobiernos PAC, abre portillos a prácticas como el aborto y la ideología de género. Es mi deber y responsabilidad seguir en la lucha contra la agenda que disfraza de «derechos humanos» su intención de imponer una ideología totalmente contraria a los valores y principios de la mayoría del pueblo costarricense».

Si bien la autora sostiene que, dentro del Colegio de Médicos y Cirujanos, los grupos cercanos al Opus Dei buscan implementar medidas contra toda forma de aborto y la patologización de las personas trans, también afirma que la opinión pública ya no sigue fervientemente, como en años anteriores, a las líneas ultraconservadoras.

A partir de una encuesta, se determinó que el 57% de las personas están a favor del aborto terapéutico y que casi un 46% está a favor del aborto en el caso de que el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida humana.

Aunque todavía falta mucho por recorrer y mucho por avanzar, los datos muestran una posición menos severa hacia los derechos que se buscan alcanzar.


Fuentes:


«Pinkwashing»: de arcoíris y nubes negras

El 17 de mayo de 1990, la comunidad LGBTIAQ+ logró una victoria enorme a nivel internacional: la Organización Mundial de la Salud eliminó de su lista de trastornos mentales a la homosexualidad. Debieron pasar casi 30 años hasta el siguiente gran paso en esa misma línea, cuando en junio de 2018 se modificó la clasificación de la «transexualidad» y esta pasó de considerarse un trastorno a una «condición relacionada con la salud sexual».

Es indiscutible que, poco a poco, el cambio empieza a hacerse ver en la cultura y la sociedad. Las personas LGBTIAQ+ empiezan a aparecer en medios de comunicación y ficciones en todos sus formatos, se legislan nuevas leyes para ampliar el acceso del colectivo a derechos básicos y la bandera arcoíris deja de ser tabú en muchas mesas del mundo. Estamos viviendo un cambio de paradigma en tiempo real, que inevitablemente se ve entrelazado con otros aspectos de esta sociedad que construimos.

Cuando el oportunismo y el capitalismo se cruzan con estas transformaciones sociales, surgen corrientes como el pinkwashing y el purplewashing, que describen el uso político o publicitario de símbolos y movimientos de derechos humanos sin ofrecer apoyo real a los grupos oprimidos ni escuchar sus reclamos concretos. Las instituciones, las empresas y las personas que utilizan estas técnicas buscan ganar la simpatía de esos grupos, mostrar una fachada «progresista» sin bases reales y que, muchas veces, se contradice con las acciones y las decisiones que se toman detrás de escena.

Pinkwashing: que el arcoíris no tape las nubes negras

El término «pinkwashing» (traducible como «lavado de imagen en rosa») surgió en 1992 desde la organización dedicada a la concientización sobre el cáncer de mama Breast Cancer Action (BCA). La BCA denunciaba así el mal uso del famoso lazo rosado que simboliza esa lucha, con motivos meramente comerciales de parte de empresas que solo buscaban posicionarse mejor o vender más productos alineándose de forma ficticia detrás de la causa.

Aplicado a los derechos de la comunidad LGBTIAQ+, los ejemplos de pinkwashing son incontables. Hace apenas unos días, una usuaria de Twitter compartió dos piezas de comunicación de un banco famoso que indicaban: «No importa cómo te define tu DNI. Importa cómo te definís vos». La campaña, publicada en la red social LinkedIn, fue eliminada enseguida.

En tan solo dos oraciones, enterraban una de las batallas más duras que debió librar la comunidad travesti/trans argentina, como si tener un documento necesario para vivir en sociedad que te identifica como alguien que no sos no fuera doloroso e irrespetuoso. Otra usuaria compartió su experiencia con el banco y dejó todavía más en claro el caso de pinkwashing: «Lo más genial de todo esto es que el sistema de Santander no está preparado para que una persona haga cambio de género en el DNI».

#LoveIsLove, la campaña incompleta

La campaña #LoveIsLove nació como una forma de validar las relaciones afectivas no heterosexuales y ganó notoriedad a partir del empuje por la legalización del matrimonio igualitario en distintos países del mundo. La premisa es simple: el amor es amor, sin importar el género de las personas involucradas.

Sin embargo, el capitalismo se encargó muy rápido de vaciarla de contenido real. Como en el caso de las tareas de cuidado, se toma la idea del amor como «fuerza que todo lo puede» y se barren bajo la alfombra las demás problemáticas que rodean a la comunidad. No es casual que la frase «Si ya pueden casarse, ¿qué más quieren?» siempre aparezca cuando se acerca la Marcha del Orgullo. La publicidad antes mencionada lo ejemplifica a la perfección: ¿para qué seguir peleando por ampliar nuestros derechos si lo que importa es lo de adentro?

Una campaña centrada en el amor es ideal para las empresas que quieren ganar clientes de grupos oprimidos sin perder a los clientes de grupos opresores. Cada año, cientos de grandes marcas se pintan de colores y modifican sus logos durante el mes de junio, reconocido internacionalmente como Mes del Orgullo. Sin embargo, se siguen dando casos de violencia contra miembros de la comunidad en sus locales y no se invierte en instrucción con perspectiva de género para sus empleades. Muchas empresas patrocinan las Marchas del Orgullo en distintos países para que sus nombres aparezcan en la foto y a la vez se involucran en el financiamiento de campañas de polítiques abiertamente antiLGBTIAQ+.

«Leyes relacionadas a la orientación sexual en el mundo – 2019». Los países coloreados de azul oscuro son los que cuentan con mayores medidas de protección a la comunidad mientras que los del extremo rojo penalizan con la muerte las relaciones no cisheterosexuales. Fuente: ILGA.

La libertad afectiva no es el único reclamo de la comunidad pero sí es el menos radical. El amor es un valor universal y abstracto que puede generar empatía mucho más rápido porque, al fin y al cabo, es más aceptable la idea de que no elegimos de quién enamorarnos.

Otra es la historia con cuestiones como la libertad sexual y la identidad de género. La sexualidad sigue siendo considerada tabú en gran parte del mundo y las relaciones no cishetero puramente sexuales, por fuera de un vínculo afectivo, son vistas como perversiones y fetiches. La identidad de género sigue siendo erróneamente atada a las corporalidades y se acusa a aquelles que deciden someterse a tratamientos hormonales o cirugías de adecuación de mutilarse el cuerpo.

Asuntos más profundos, como el acceso igualitario a derechos básicos, dependen de la aceptación de lo anterior. Difícilmente se tomará en serio a una persona trans en una entrevista laboral si se la ve como «confundida» o «perversa» por vestirse con ropa del género «incorrecto». Difícilmente podrá continuar sus estudios una persona que es acosada de forma constante por su identidad, su orientación o su presentación.

Más allá de algunas publicidades bonitas, ¿qué hacen las empresas y las organizaciones para combatir estas problemáticas desde sus posiciones? ¿Adaptan sus propias políticas internas, dan trabajo a personas de la comunidad o se visten de colores para vendernos sus productos y se olvidan de nosotres cuando nuestros reclamos no les generan ganancias?


Imagen de portada: edición por Macarena Varicci

Documental sobre el origen del orgullo LGBTIQ

«La muerte y la vida de Marsha P. Johnson» es una película obligatoria para quienes defiendan los derechos humanos de alguna minoría. El documental toma la forma de película policial, y narra la investigación que lleva a delante incansablemente Victoria Cruz, quien tiene un propósito: brindar evidencias sobre el homicidio de la activista transgénero Marsha P. Johnson.

Estamos frente a una película excepcional que desde el presente hace historia en la búsqueda de visibilización de los crímenes contra las personas transgénero que suceden en el mundo hace décadas.

La película no tiene grises a la hora de defender a las fundadoras del movimiento LGTBIQ, y plantea un justo reconocimiento a Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera por haber estado presentes en la revuelta espontánea de Stonewall, a partir de la cual la comunidad gay comenzó a defenderse de la persecución, la extorsión y el acoso policial en Nueva York.

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Sin lugar a dudas, esta película pone en crisis valores como «progresismo», «civilización» y «sentido común». Cuando Sylvia Rivera, viviendo en la calle, se lamenta al expresar que «el mundo me volvió loca», uno siente que nada en el mundo tiene sentido.

Sin embargo, la película construye sentido al colocar a estas míticas luchadoras en la memoria de todas nosotras, las personas.

Género: documental
País: Estados Unidos
Año: 2017
Duración: 105 minutos
Director: David France

Disponible en Netflix

Homofobia e impunidad en Buenos Aires

En la madrugada del primero de diciembre pasado, Jonathan Castellari y Sebastián Sierra habían decidido salir a divertirse en el barrio porteño de Palermo cuando una patota de ocho machos homofóbicos los cruzó en una casa de comidas rápidas.

El desenlace es tristemente fácil de adivinar: entre gritos e insultos, parte del grupo golpeó con brutalidad y odio a Jonathan mientras los demás amenazaban a Sebastián para evitar que se acercara a auxiliar a su amigo.

Jonathan salvó su vida gracias a la intervención de Mercedes, una enfermera que se encontraba en el local, quien le administró los primeros auxilios antes de su internación en el Hospital Güemes. Estuvo en grave peligro de perder la visión en un ojo, y debió pasar varios días internado.

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«Hay un grito que nunca voy a olvidar: “Hay que matarlo por pu7*”», expresó Jonathan a través de su cuenta de Facebook.

La investigación abierta a partir de la denuncia judicial está a cargo del juez Alberto Baños y la fiscal María Paula Asaro.

La primera carátula de la causa rezaba “tentativa de homicidio agravada por la orientación sexual”, aunque más adelante sería cambiada por “lesiones graves, agravadas por la orientación sexual”. Aun así, sienta un precedente en lo que respecta a la violencia contra la comunidad LGBTQIA+ al explicitar que no fue un crimen corriente, sino uno de odio contra una minoría específica.

Siete de los agresores fueron identificados gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona y gracias al trabajo de las mismas víctimas, quienes los localizaron a través de las redes sociales antes que la Justicia.

«Nunca tuve miedo de mostrarme tal cual soy, y hoy sí tengo miedo. No salgo solo de mi casa porque tengo miedo de que vuelva a pasarme algo parecido», declaró Jonathan en el programa radial No Se Puede Vivir Del Calor, con Franco Torchia.

Entre los días 27 y 28 de diciembre cinco de los acusados fueron detenidos: Alejandro y Gastón Trotta, Juan Ignacio Olivieri, Facundo Curto y Jonatan Antony Romero Escobar. Para el 30 de diciembre, todos habían sido puestos en libertad, tras pagar fianzas que alcanzaban los $50 000, ya que el juez considera que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.

Diversas organizaciones en defensa de los derechos de la comunidad LGBTQIA+ acompañan a las víctimas y siguen con ojo crítico la investigación. Desde Escritura Feminista, nos solidarizamos por completo con Jonathan y con todas las víctimas de violencia homofóbica, cuyas voces trabajamos por ampliar.

Como Nunca, una obra rupturista

Como Nunca es una obra que vino a romper, quebrar y (auto)revisar al colectivo LGBTQ en todo su espectro. Vino a desinstalar estereotipos propios de la revista teatral porteña y de la cultura gay en sí, y algunos estereotipos impuestos, también. Franco Torchia y Juan Pablo Mirabelli se propusieron este proyecto, que Liliana Viola se encargó de escribir y Dino Balanzino de dirigir, y se subieron al escenario.

Desde Escritura Feminista, charlamos con Franco Torchia sobre la obra y el proyecto.

“Somos autocríticos en reconocer que nadie está exento de marginar y excluir, porque vivimos en un sistema de exclusión y marginación permanente. Todos pertenecemos a un sistema socioeconómico, histórico y cultural que no nos deja exentos a nosotros (el colectivo LGBTQ) de discriminar”, describe Franco Torchia, Licenciado en Letras, conductor y periodista, que se animó a incursionar en la actuación.

“La cultura gay le rinde pleitesía a la imagen, al cuerpo trabajado, al levante exprés, al sexo casual, a la vestimenta, a la industria de la moda, y nosotros [en la obra] somos autocríticos en ese sentido”, explica quien fuera la histórica voz del programa televiso de las décadas de 1990 – 2000 Cupido, que también tiene un cuadro en el show.

El espectáculo, de estilo café concert, propone ser una especie de disparador de autocrítica al centro y hacia afuera del colectivo LGBTQ en cuanto a situaciones discriminatorias, a través de puestas en escena humorísticas como el sketch, el monólogo e incluso la interacción con el público.

Torchia menciona como algunas de esas situaciones a “una cierta lesbofobia que hay entre los gays, o el modo en el que muchos gays usan a las personas trans o travestis”.

Para continuar con la línea rupturista, la obra presenta al primer vedette hombre y, con él, las preguntas de ¿por qué el rol de vedette tiene que ser ocupado únicamente por una mujer? ¿Qué es ser vedette, hoy, en la Argentina? ¿Hay requisitos?

“Juan Pablo Mirabelli siempre quiso construir la figura de vedette hombre y esto responde a la construcción de un personaje desde la actuación, pero, al mismo tiempo, nunca hubo un vedette hombre en la historia argentina.

Ponemos el énfasis ahí porque creo que implica arrebatarle la categoría al teatro de revistas que siempre la usó de una manera un tanto humillante, porque siempre es una mujer la que ocupa ese rol”, argumenta Torchia.

A estos interrogantes, los protagonistas suman una reflexión en torno a los cánones de belleza impuestos en el mundo de la revista teatral.

“Juan Pablo no tiene un cuerpo voluptuoso o de gimnasio extremo como un stripper. Entonces, ahí también hay un punto, porque a lo largo del tiempo el cánon de los cuerpos de las vedettes mujeres ha ido cambiando, aunque hay un patrón. Esto también marca un quiebre porque permite pensar por qué ese rol no puede ser ocupado por un hombre, ya que el mundo de las vedettes está dominado por mujeres”.

Sin quererlo, Como Nunca supone ser una expresión activista del colectivo LGBTQ, aunque Franco Torchia afirma que no buscan dialogar con el activismo aunque ya lo están haciendo, sin proponérselo. Lo que sí se proponen es instalar interrogantes a través del humor y lograr que el público se vaya con algo más que risa.

Como Nunca

Dónde: Work Bar, Gurruchaga 1832.

Cuándo: miércoles de diciembre y enero a las 21 hs.

Entradas: $ 250.

La reglamentación de la violencia

Entrevista a Luciana Sánchez, abogada feminista y miembro de COPADI (Colectivo para la Diversidad) sobre el nuevo protocolo para la detención y el registro de personas LGBTI que presentó el Ministerio de Seguridad esta semana.

La semana empezó con novedades desde el Ministerio de Seguridad, cartera a cargo de Patricia Bullrich: la difusión del fragante Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T.

El documento, compuesto de tres anexos y acompañado de la resolución ministerial N° 1149-E/2017, reglamenta la manera de actuar de las fuerzas de seguridad al momento de detener a una persona que se identifique con identidades de género u orientaciones sexuales disidentes.

El texto, que parece asumir un lenguaje políticamente correcto, estipula que el registro y las posteriores requisas a personas no heterosexuales y no cisgénero serán efectuados exclusivamente por personal policial femenino, que actuará bajo los principios del Uso Racional de la Fuerza.

Entre otras disposiciones, establece que «la persona detenida será alojada según el género autopercibido”, y que la detención sólo puede aplicarse “de un modo excepcional y siempre que (la persona) tenga prevista una pena privativa de libertad”.

Lejos de transmitir seguridad, el protocolo impuso un clima de profunda preocupación y abrió puertas a toda una serie de dudas, desde el por qué presentar esta herramienta a tan sólo dos semanas de la XXVI Marcha del Orgullo a nivel nacional, hasta el qué sucederá con las trans y travestis que sufren la violencia institucional en carne propia y a diario, ahora que un instrumento oficial regula la represión.

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Diana Sacayán, militante trans, frente a agentes de la Policía Federal.

Escritura Feminista habló con Luciana Sánchez, abogada feminista e integrante de COPADI (Colectivo para la Diversidad), quien considera a este protocolo como “un instrumento que viene a criminalizar al colectivo LGBT, que lo vuelve a asociar al delito”.

Escritura Feminista: ¿Cuáles considerás que son los puntos en los que el protocolo deja mayores dudas o espacio a arbitrariedades?

Luciana Sánchez: Deja lugar a muchas arbitrariedades. Dos son especialmente preocupantes, más allá de que toda la herramienta en sí lo es porque establece cómo pueden usar la fuerza sin ningún tipo de control en el momento: siempre se apuesta al control judicial posterior, que sabemos que muchas veces llega tarde o no llega.

Los dos aspectos que enfatizo están en el Anexo I. El primero tiene que ver con la requisa de una persona desnuda, que se conoce como desnudez forzada, y las requisas íntimas.

El protocolo dice que pueden llevarse a cabo en la dependencia policial, lo que es una barbaridad enorme porque están consideradas tortura, por más que tengan una orden judicial. Tal es así que ni siquiera hay una ley que las prohíba expresamente, porque los tratados de Derechos Humanos lo vienen previendo hace muchos años.

La segunda cosa más preocupante tiene que ver con que en el Anexo I hay una parte que da a entender que no se considerará tortura ningún dolor o sufrimiento infringido que no sea grave y que se realice legítimamente por la policía en el ejercicio de la fuerza.

La regla es que cualquier ejercicio de la fuerza no debe causar ni dolor ni sufrimiento, y que esto debe estar graduado y controlado. La policía no puede ejercer la fuerza en cualquier caso, siempre debe seguir una serie de principios que están desarrollados en el protocolo, pero que aparecen desvirtuados. Es decir, expresa los principios de proporcionalidad, racionabilidad y control, pero después se contradice. 

La violencia como constante

Existen pocos estudios destinados a echar luz sobre la violencia institucional en la comunidad LGBTI en Argentina. Entre ellos, está “La gesta del nombre propio” del año 2005, el primer censo travesti, impulsado por Lohana Berkins y la antropóloga Josefina Fernández, y actualizado en el 2016 en el libro “La revolución de las mariposas” (que puede descargarse aquí).

El relevamiento arrojó que el 83,8% de las mujeres trans y travestis reconocen haber sido detenidas ilegalmente. También se detectó un alarmante índice de abusos sexuales (26,1%) y tortura (25,2%) por parte de los uniformados. En el 42% de los casos se habló de golpes y aproximadamente en la mitad, de coimas.

El Registro de Violencia hacia personas LGBT llevado adelante por la CIDH entre 2013 y 2014 explicó que en los casos de abuso policial en América Latina “se advierten bajos niveles de denuncia”, por miedo “a represalias y discriminación por parte de la policía y las fuerzas de seguridad estatales”, además de advertir muchos casos de “remoción arbitraria y violenta de hombres gay y mujeres trans y lesbianas de lugares públicos”. Situación que, sin ir más lejos, sufrieron Rocío Girat y Mariana Gómez hace unas semanas por besarse en Constitución.

 

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Rocío Girat y Mariana Gómez.

Otra arista que se agrega a esta problemática es la represión policial en las marchas de mujeres, como la razzia que tuvo lugar el pasado 8 de marzo luego del Paro Nacional de Mujeres o en los Encuentros Nacionales de Mujeres de años anteriores.

E.F.: ¿Creés que es necesaria la existencia de un protocolo dedicado exclusivamente a la población LGBTI?

L.S.:Estos protocolos deberían existir para establecer los límites de la policía sobre los  colectivos vulnerables, pero no hacer regla un uso de la fuerza que debería ser excepcional. Ese es el sentido que deben tener y para lo cual Naciones Unidas exige que se redacten; razón por la cual ya había un protocolo en vigencia (desde el año 2011, dispuesto por la resolución 1.811).

Este protocolo está destinado a las actividades que el colectivo LGBTI desarrolla en la vía pública y no a cualquier tipo de crimen, ni siquiera a delitos graves, a estafas, desfalcos, de cuello blanco.

Está orientado a reprimir a la parte más vulnerable del colectivo LGBT, que son las travestis y las trans que realizan actividades relacionadas a su supervivencia en la calle por la exclusión estructural que sufren y a las lesbianas que realizan acciones de visibilidad, protesta.

Entonces es sesgado en ese sentido, busca reprimir la supervivencia y la protesta social, a los dos sectores del colectivo LGBT más expuestos a la violencia policial. El protocolo legitima los excesos de la fuerza y avala una situación que se agravó en los últimos dos años. 

 

E.F.: ¿Cuáles son las diferencias entre el protocolo actual y el que había sido puesto en funcionamiento en 2011?

L.S.:Las diferencias con el protocolo anterior son muchas. En principio, porque el Ministerio de Seguridad en la gestión de Nilda Garré no tenía sólo este, sino que tenía toda una serie de protocolos y una bajada de línea para el uso racional de la fuerza y el control civil de la fuerza de seguridad. Contemplaba formación en género para los agentes.

No es el caso ahora. La brutalidad policial está avalada por la jefatura de la seguridad. Lo vemos todos los días en la calle, lo sufrimos con las compañeras travestis y trans en las plazas, en Once, en Constitución, lo estamos sufriendo en cada una de las manifestaciones en donde compañeras lesbianas y otros sujetos visibles para la policía se manifiestan.

Hacia una Justicia más injusta

El lunes, mientras el protocolo generaba polémica y repudio, otro acontecimiento tuvo lugar: la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó su renuncia, la cual comenzará a correr desde el 31 de diciembre en adelante. Tras haber denunciado diversas presiones, explicó que su partida era un intento de evitar “reformas que rompan el equilibrio” del organismo y afectaran “de manera sustancial su autonomía”.

Estos dos hechos se conectan de forma sutil: la Procuraduría General de la Nación debe velar por el correcto funcionamiento de los procedimientos y por el respeto de los Derechos Humanos en el accionar de las fuerzas de seguridad.

E.F.: Con respecto a la renuncia de Gils Carbó, ¿creés que puede poner en riesgo los avances en materia de género en el ámbito judicial?

L.S.: Hay un antes y un después de Gils Carbó en la Procuraduría. Ella implementó el Cupo Laboral Trans. Incluso antes de que estuviera sancionada la Ley, había trans y travestis trabajando en el Ministerio Público Fiscal.

Esto tuvo un impacto enorme para el Poder Judicial, nunca antes había habido sujetos no cisgénero en trabajando en el Poder Judicial como empleados y empleadas con posibilidades de ser magistradas y magistrados. Siempre habían sido los sujetos criminales.

Además, creó las unidades especializadas con despliegue territorial. Por ejemplo, ATAJO (Programa de Acceso Comunitario a la Justicia) y la RE.TE.GER. (Red Territorial en Género), un trabajo indispensable para los barrios que en otras áreas del Estado de la nueva gestión se viene recortando.

La UFEM (unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales), la PROCUVIN (Procuraduría de Violencia Institucional) y la DOVIC (Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas), son todas instituciones que han cambiado la forma de acceder a la justicia, sobre todo para colectivos vulnerables.

Esperemos que los avances trasciendan a la persona, ese es nuestro mayor deseo.

 

E.F.: Entonces, ¿con qué herramientas se cuentan ante los casos de abusos policiales?

L.S.: Desde lo legal, hay que seguir utilizando la presentación de habeas corpus, de medidas autosatifactivas como la que presentó ATE para la marcha por Santiago Maldonado de esta semana, las denuncias contra las fuerzas de seguridad, los planteos de nulidad en las detenciones. Después están las otras herramientas, las movilizaciones, el reclamo social. 

No es inclusión, es más violencia

Es para celebrar cada vez que los sectores excluidos y estigmatizados son reconocidos por el Estado, porque pasan a tener espacio en las legislaciones y más posibilidades de alcanzar sus derechos. Dejan de ser invisibles ante las instituciones que deben velar por ellos.

Claros ejemplos de esto fueron el matrimonio igualitario, la ley de cupo laboral trans o ley Sacayán (aún no reglamentada) y la ley de identidad de género, entre otras medidas traccionadas por años de lucha y reclamos.

Pero no se puede incluir desde la violencia: con este protocolo el Gobierno está reconociendo a la comunidad LGBTI sólo en términos penales, en lugar de avanzar en la erradicación de la desigualdad.

«Que el INADI haya respaldado el protocolo demuestra que no hay una ley que pueda ser aplicada e interpretada de manera abstracta. Lo que hace la diferencia es tener un gobierno que haga de los derechos humanos una política real, como pasó con la sanción del matrimonio igualitario, bien distinto a lo que pasa en un gobierno antipopular como este«, opinó Sánchez.