Custodia de los derechos humanos

Artículo escrito en colaboración por Camila Cortez y Lorena Fernández Bravo

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Historia de los Derechos Humanos en Argentina

El 10 de diciembre se conmemora internacionalmente el Día de los Derechos Humanos (DD.HH.) en homenaje a la aprobación de la Declaración de Derechos Humanos propuesta por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. ¿Conocés la historia de las organizaciones de DD.HH. en Argentina?

Si bien cuando se piensa en luchas por derechos es imposible no remitirse a la figura de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, existieron experiencias de organización previas. Un primer antecedente clave que se puede mencionar es la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, hoy devenida Liga Argentina por los Derechos Humanos. Fue fundada por un grupo de abogados de diferentes corrientes políticas en 1937. Su objetivo era primordialmente defender a presos políticos y luchar por avances en materia de derechos.

Conquista de derechos para hacerle frente a la derecha

En el contexto de los reclamos obreros de principios de siglo XX, en medio de una Argentina gobernada por liberales como Julio Argentino Roca, ciertas leyes y decretos entonces vigentes (como la ley de Residencia) tenían una marcada línea de persecución y represión contra inmigrantes y obreros organizados.

Además, la consolidación de las fuerzas militares como grupo de poder político significó una marcada indiferencia por parte del grueso de la sociedad civil hacia los golpes de Estado ocurridos en el país entre 1930 y 1973. Este marco histórico habilitó muchísimos abusos de derechos humanos: encarcelamiento inhumano, presos políticos, procesos judiciales tortuosos, brutalidad policial y grupos parapoliciales que se adjudicaban el poder de reprimir, como la Alianza Patriótica activa durante la Semana Trágica de 1917.

A los modos de abuso mencionados anteriormente se sumó la invención de la picana eléctrica hacia la década del 30. En lo que a las cárceles y la persecución judicial respecta, los orígenes del Estado argentino incidieron en el establecimiento de un sistema penal que no solo no contaba con las condiciones mínimas de vida digna, sino que también se caracterizó –en sus inicios– por tener una población mayoritariamente inmigrante y militante.

Los abogados que entonces actuaban en los juicios contra obreros, en línea con la formación de la Comisión Pro Amnistía Presos Políticos y Exiliados de América, serán el punto de inflexión para dar origen a la Liga. Entre sus fundadores se encontraron personalidades públicas como Arturo Frondizi, Lisandro de la Torre, Deodoro Roca, Alcira de la Peña, Mario Bravo y Emilio Troise.

Algunos de los aportes jurídicos que realizó la Liga por los Derechos del Hombre fueron: la lucha por el habeas corpus de Carlos Sánchez Viamonte; el aporte de Eduardo Barcesat, Julio Viaggio, Alberto Pedroncini, Atilio Librandi, Beinuz Szmukler, David Baigún y Carlos Zamorano para desmontar el aparato jurídico de la impunidad creado por la dictadura cívico-eclesiástico-militar; e incluso el accionar de Guadalupe Godoy en el juicio a Echecolatz que alegó a favor de dictaminar que los crímenes de lesa humanidad cometidos ocurrieron en el marco de un genocidio.

En 1945, finalizada la Segunda Guerra Mundial, se crea la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se propone mantener la paz y seguridad internacionales. Hacia 1948, Argentina suscribe a la Declaración Universal de Derechos Humanos de dicha organización. Sin embargo, recién en 1994 el tratado se incorporó a la Constitución Nacional (en el art. 75 inciso 22). Desde entonces, el sistema de tratados en Derechos Humanos tiene fuerza de ley.

Luche como una abuela: organizaciones durante el último golpe de Estado

Con el devenir del último golpe de facto en 1976, surgieron varias organizaciones de Derechos Humanos –aún activas en la actualidad– que se movilizaban por los «derechos de la persona»: vida, libertad y seguridad personal. En el marco de la sistemática desaparición forzada de personas, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se organizaron para reclamar por la aparición con vida de sus hijes y nietes desaparecides.

Imagen vía Lavaca.org

Para la misma época, se crearon la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) en 1975 y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en 1979. También surgieron organizaciones de DD.HH. con una perspectiva religiosa: Movimiento Ecuménico por los DDHH (1976), Movimiento Judío por los DDHH (1980) y el Servicio de Paz y Justicia (1974).

Entre las actividades que llevaron a cabo estas organizaciones pueden mencionarse:

  • la inclusión en la agenda mediática, que entonces se enfocaba en la historia oficial desde las voces militares, a través de símbolos, marchas y otras estrategias de comunicación.
  • protestas, denuncias y convocatorias públicas.
  • la creación de la consigna Nunca más.

Con el retorno de la democracia, desde el Estado se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, cuya tarea fue investigar lo ocurrido durante la dictadura cívico-eclesiástico-militar. La síntesis de todo ese trabajo fue la elaboración de un largo informe, publicado más tarde en el libro Nunca más. Además, años más tarde, los responsables máximos de la desaparición, tortura y asesinato durante el período dictatorial fueron llevados a juicio y condenados.

El aborto legal, otro derecho humano a conquistar y resguardar

La lucha por el derecho a decidir lleva más de 15 años en nuestro país. La maternidad deseada está amparada por nuestra legislación: actualmente, y desde 1921, el aborto es legal por tres causales. Dicha convención fue ratificada en 2012 con el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, este reconocimiento no es suficiente ya que en muchos sectores de Argentina continúan existiendo dificultades para su acceso.

Necesitamos ampliar la legislación vigente porque negar una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es una forma de tortura. El Relator Especial Contra la Tortura de la ONU, Juan Méndez, lo ratificó así en sus informes sobre la temática y resoluciones de 2013 en adelante. Impedir el acceso a una IVE supone, entonces, una forma de violencia contra las personas gestantes. Además, el aborto está vinculado a varios derechos humanos reconocidos, incluyendo el derecho a la autonomía y a la integridad corporal.


Fuentes:


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La ley Johanna busca mantener estado parlamentario

El proyecto de ley 1240/D19 de Procedimientos Médicos Asistenciales en la Salud frente a la Muerte Perinatal, impulsado por Johanna Piferer, fue presentado el 28 de marzo de 2019 por la diputada nacional Magdalena Sierra pero el próximo 20 de noviembre perderá vigencia para ser tratado.

La iniciativa necesita el dictamen de la Comisión de Salud y de otras tres comisiones, las cuales indicarán las modificaciones necesarias para que la propuesta sea superadora y poder presentarla una vez más para que se vuelva ley.

La muerte perinatal se define en el proyecto como aquel deceso que se da en un período que comienza en «la semana 22 de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y termina cuando se completan siete días después del nacimiento».

#LeyJohanna

El proyecto está pensado para el ámbito público y privado de todo el territorio nacional. Con el foco puesto en las personas que sufren la muerte perinatal de sus hijes, algunos de los objetivos que se destacan son: establecer procedimientos médico-asistenciales y dotar a les profesionales de la salud que intervienen en el parto para la atención de la persona gestante y sus familias; ayudar con diversas estrategias para que puedan atravesar y aceptar la pérdida en un ambiente de contención y cuidado, con el acompañamiento de especialistas; confeccionar el acta de defunción con el nombre y el apellido, en lugar de las siglas NN; y facilitar la información necesaria sobre las opciones terapéuticas, las gestiones, la documentación y toda consulta a realizar para que puedan elegir las mejores alternativas.

En este contexto, la ley busca garantizar ciertos derechos para la persona gestante, como a recibir información sobre las intervenciones médicas que pudieran tener lugar y respetar su libertad de elegir cuando hubiera alternativas; a ser tratada con respeto, de forma individual y personalizada para preservar su intimidad en el proceso y que sean consideradas sus pautas culturales; al conocimiento de las causas que produjeron el deceso; a ser internada en un servicio que no sea el de maternidad y recibir tratamientos médicos y psicológicos post internación para prevenir trastornos derivados del duelo.

También propone que se generen protocolos de atención para evaluar las acciones que se realicen en los centros de salud, realizar actividades de sensibilización y difusión, elaborar programas de capacitación especializados como también de prevención y generar un estudio para detectar las causas más frecuentes y las causas evitables con el fin de reducir el riesgo.

Considerando la totalidad de la situación, desde la internación en un lugar adecuado, la posibilidad de sepultura a través de poder poner el nombre y apellido elegidos en el acta de defunción, el acompañamiento de profesionales especializados y otros pasos, se ayuda a generar conciencia sobre los factores de riesgo que pueden producir estos decesos.

El caso de Johanna y Ciro

Johanna, con 33 semanas de gestación, pasó por esta situación el 6 de octubre de 2014. Vivió en carne propia la violencia obstétrica por parte de la institución que la atendió durante todo el embarazo.

Al detectar que Ciro, su hijo, ya no tenía latidos, la internaron en maternidad en contra de su voluntad: «Tenía una panza muy grande, sabía que Ciro estaba sin vida y se escuchaba el llanto y las voces y la alegría de otras familias que estaban en una situación completamente diferente a la mía», destacó Johanna en una entrevista con el medio TKM.

Le quisieron inducir un parto natural, otra vez expresando que no era eso lo que quería, sino una cesaría porque no estaba en condiciones ni físicas ni psicológicas de atravesarlo, a lo que le respondieron que ella no era una urgencia. Gracias a la asistencia de una amiga abogada, logró que le hicieran una cesárea casi 10 horas después de llegar a la institución médica.

Al día siguiente, sumando acciones violentas, le dieron pastillas para detener la lactancia. «Entró una enfermera a vendarme y a decirme que me tenía que sacar la leche, le pregunté cómo hacía y me dijo: “Apretate las tetas, mamita” y se fue». Además, cuando fueron a la morgue a retirar el cuerpo de Ciro, se lo entregaron en una caja de archivo.

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Como si no hubiera recibido suficientes golpes, se tuvo que enfrentar a la documentación que muestra que, para la medicina, esos fetos son «NN» y que, por lo tanto, no tienen derecho a un nombre y un apellido. Su tumba iba a ser NN. El certificado de defunción tampoco se completa con el nombre elegido; por el contrario, se realiza a nombre de la madre. «Yo ahora les estoy contando todo esto pero tengo un certificado de defunción a mi nombre», expresó Johanna.

Como no se puede iniciar un juicio por violencia obstétrica porque no está tipificada en el Código Penal como un delito, lo hicieron por daños y perjuicios pero basaron la demanda en este tipo de violencia y se convirtió así en la primera demanda del país sobre esta problemática.

Violencia obstétrica = violación de los Derechos Humanos

La violencia obstétrica se produce cuando se implementan prácticas médicas invasivas que son innecesarias y que pueden ocasionar daños, en ocasiones irreversibles; cuando no tienen un objetivo terapéutico y en consecuencia pueden constituir una tortura o un maltrato hacia la persona gestante; y cuando estas acciones se realizan sin el consentimiento libre e informado de la persona que está siendo atendida, configurando abuso de poder y maltrato.

Cecilia Soledad Sanabria, abogada y autora de una tesina de grado enfocada a esta problemática, asegura que la muerte perinatal se vincula de manera estrecha con la violencia obstétrica:

«La violencia obstétrica abarca a la violencia que se sufre ante la muerte perinatal debido a que consiste en situaciones de maltrato generadas a partir de una variedad de factores (podríamos decir que se trata de una combinación de situaciones críticas). Es de esta manera que podríamos arribar a la conclusión de que la violencia perinatal incluye la violencia contra la mujer (violencia obstétrica); la violencia estructural por parte de la institución hospitalaria y la violencia neonatal».

Por su parte, Vanina Panetta, abogada feminista e integrante de ABOFEM Argentina, en su exposición durante la última charla del ciclo #ProyectoDLleyJohanna, derechos de las personas gestantes frente a la muerte perinatal, afirmó: «La violencia obstétrica es violencia de género (…), es una violación a los derechos humanos».

Al mismo tiempo, es importante destacar que hay leyes que enmarcan esta problemática y buscan defender los derechos de las personas gestantes. A nivel nacional:

  • Ley 25.929 de parto humanizado: reglamentada en 2015 luego de 11 años de espera, con el decreto 2035/2015, que establece el derecho de toda mujer embarazada a la información y al trato digno, humanizado, respetuoso e individual y defiende tanto la elección de la mujer sobre la persona que la acompañará durante los controles prenatales, el trabajo de parte, el parto y el posparto, como el parto natural.
  • Ley 26.485 de protección integral a la mujer: reglamentada con el decreto 1011/2010, define la violencia obstétrica como aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales.
  • Ley 26.529 de derechos del paciente: dentro del Código Civil y Comercial y la Constitución.

Además, a nivel internacional, se encuentran la Convención Belem do Pará, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, los Protocolos Facultativos y las Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la atención del parto y nacimiento.

Una Ley necesaria

La urgencia de este proyecto radica, por un lado, en la cantidad de casos: en 2015 el Ministerio de Salud de la Nación refirió que la tasa de mortalidad perinatal era de 11,3 casos por cada mil nacides vives. Por otro lado, en el país no existe un protocolo de actuación para que les profesionales de la salud sepan cómo desenvolverse.

La muerte intraútero, intraparto o a poco de nacer es reconocida como una de las experiencias más traumáticas que las personas pueden llegar a vivir y por lo general conllevan efectos psicológicos a largo plazo. La Red Psicológicos y Psicólogas Perinatales de Argentina expresó que uno de los determinantes psicosociales más frecuentes de Trastorno de Estrés Postraumático se da en los duelos que no son acompañados por un equipo de salud. Otro dato clave que aporta la OMS, en base a una auditoría y examen acerca de estas muertes a nivel mundial, es que la mayoría de estas muertes son prevenibles.

Por todos y cada uno de estos motivos es urgente que se avance en el trato de la Ley Johanna, porque «la muerte perinatal silenciada y minimizada es violencia».


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