América Latina se tiñe de verde

Al sur, Argentina ya tiene ley; al oeste, Chile busca la despenalización; al norte, Colombia demanda lo mismo y, al noroeste, Puerto Rico exige la protección de los derechos sexuales y reproductivos.

Chile no dejó pasar el impulso de la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo y atención post aborto de Argentina y comenzó su debate por el aborto libre. La iniciativa fue llevada a cabo por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género en la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados, con el objetivo principal de despenalizar a las personas gestantes, por el momento, hasta la semana 14.

Antes del debate, Maite Orsini (RD), presidenta de la instancia e impulsora de la iniciativa, comenzó la reunión celebrando que finalmente se debatirá:

«Hoy iniciamos el camino hacia la despenalización legal y social del aborto en Chile. Los abortos existen y seguirán existiendo. En nuestras manos está dejar de perseguir a adolescentes y mujeres que no tienen recursos para hacerlo en clínicas disfrazado de apendicitis».

Más tarde, la diputada Karol Cariola (PC) recordó el clima inolvidable de la discusión del proyecto de aborto en tres causales que se aprobó en 2017. «Recuerdo a una parlamentaria diciendo que habían violaciones no violentas; recuerdo parlamentarios diciendo que las mujeres buscábamos una violación porque nos tomábamos unas copas de más y que teníamos, por tanto, que hacernos cargo de las consecuencias», sostuvo.

También se solicitó información para continuar trabajando, por ejemplo, la cantidad de mujeres muertas a causa de abortos, el número de abortos contabilizados por el Ministerio (teniendo en cuenta que los clandestinos quedan fuera de ese registro), los abortos realizados luego de que entrase en vigencia la ley 21.030, la cantidad de mujeres condenadas, entre otros datos. La diputada Ximena Ossandón (RN) formó parte de estos pedidos para terminar de entender la problemática chilena:

«Creo que es súper importante que tengamos estas cosas sobre la mesa. A mí, por lo menos, me hace falta esta información para poder complementar dado que hay mucho argumento donde se basa este proyecto de ley que hace alusión a esta realidad que estaría pasando en Chile».

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Las autoras del proyecto son las diputadas Karol Cariola, Camila Vallejo, Natalia Castillo, Daniella Cicardini, Cristina Girardi, Claudia Mix, Emilia Nuyado, Maite Orsini, Camila Rojas y Gael Yeomans.

Orsini afirmó a través de su cuenta de Twitter que «esperamos despacharlo lo antes posible a la Sala de la Cámara». Desde su lugar, Gloria Maira, coordinadora de la Mesa Acción por el Aborto en Chile, expresó que:

«Descriminalizar la decisión de las mujeres es fundamental en el respeto de nuestra dignidad y derechos. No hay avances sustantivos en la igualdad si el ejercicio de la autonomía reproductiva es objeto de sanción penal».

Antecedentes nacionales

En 2017, Chile aprobó la ley 21.030 que permite la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales:

  • Peligro de vida de la madre;
  • Inviabilidad fetal;
  • Violación.

Esta normativa habilitó la salida de la criminalización total impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet en 1990.

Un año más tarde, la organización feminista Corporación Humanas presentó el proyecto de despenalización, el cual propone que no se penalice a las personas gestantes hasta la semana 14 en ocasión de aborto. Desde entonces, la iniciativa se encuentra en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara y fue firmada por una decena de diputadas.

En conversación con LATFEM, Camila Maturana, de la Corporación Humanas, afirmó que en ese mismo año «la discusión social sobre el aborto se intensificó. Y tuvieron mucha importancia los cabildos de mujeres en el camino de una Constitución feminista que reconociera los derechos sexuales y reproductivos».

Antecedentes en Latinoamérica

Chile, Puerto Rico y Colombia buscan que el aborto sea legal y de libre acceso; se debate, demanda y manifiesta para que todas las personas gestantes puedan decidir. En Latinoamérica, son pocos los países que han logrado legalizar el aborto; entre ellos, Cuba, Guayana, Guyana Francesa, Puerto Rico, Uruguay y Argentina. 

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Según el mapeo que realiza el Centro de Derechos Reproductivos (CDR), entre 1994 y 2020 más de 50 países han liberalizado sus leyes de aborto y 176 han eliminado las prohibiciones totales. Pero el 41% de las personas gestantes del mundo todavía viven bajo leyes restrictivas, ya que todavía existen 27 países que prohíben el aborto en todos los casos, como El Salvador, República Dominicana o Sierra Leona.

Por su parte, Colombia impuso el 16 de septiembre de 2020 una demanda en la que se le pidió a la Corte Constitucional la eliminación del aborto como un delito del Código Penal, por vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres y del personal de salud.

En Colombia, al igual que en Chile, por ahora, el aborto es legal solo por tres causales, con lo cual, tanto colombianes como chilenes siguen corriendo el riesgo de que se les penalice por abortar.

Al mismo tiempo, en Puerto Rico, el lunes 11 de enero la Campaña Nacional de Aborto Libre, Seguro y Accesible convocó a una manifestación para exigirle a la nueva Legislatura que proteja los derechos reproductivos y sexuales en el país al canto de «Aborto libre para no morir. La que decide es esta, esta que está aquí».

¿Ahora por qué vamos? ¡A por ello!

A partir de ahora, los días miércoles serán los asignados para continuar el debate en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Además, se acordó que se recibirán las propuestas de les expositores hasta este martes, las cuales luego serán presentadas para mostrar sus puntos de vista y, a partir de ellas, se elaborará un cronograma sobre la tramitación del proyecto.

Esta semana también se presentarán las organizaciones que participarán del debate. En ese sentido, la diputada Aracely Leuquén (RN) solicitó que exista la máxima representatividad posible en las organizaciones.

Al mismo tiempo, queda pendiente trabajar en la concientización del gobierno del presidente Sebastián Piñera y de la mitad de les médiques ginecobstetras del sistema público de salud que son objetores de conciencia.

Hay un camino largo por recorrer, un camino que termina con más derechos sexuales y reproductivos para todas las personas con capacidad de gestar.


Fuentes:



No se nace feminista

El pasado viernes comenzó el ciclo «No se nace feminista», donde desde LatFem, un medio de comunicación feminista, proponen armar distintos debates con la participación del público y un panel de invitados.

En esta primera edición, titulada «Justicia, sobrevivientes y víctimas», se abordaron problemáticas que pasan por las carencias del derecho penal, la persecución de trabajadoras sexuales, la criminalización del aborto y la violencia institucional.

Este encuentro contó con tres invitados: Mario Juliano, juez de Necochea y director de la asociación Pensamiento Penal y de la organización Víctimas por la Paz; Georgina Orellano, trabajadora sexual y directora de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas); y Sabrina Cartabia, abogada y miembro de Red de Mujeres y el colectivo Ni Una Menos, y militante por el derecho al aborto. 


«Feminismo no es punitivismo» comenzó diciendo Florencia Alcaraz, periodista de LatFem y encargada de moderar el debate, en referencia a la tendencia a solucionar todas las problemáticas sociales recurriendo al código penal. Además, explicó que si bien hubo un gran avance en cuanto a normas y ampliación de derechos para los grupos oprimidos, esos avances no llegan a la justicia donde se sigue reclamando que haya una perspectiva de género.

Tras esta introducción, Georgina Orellano contó una situación que afectaba a las trabajadoras sexuales de la zona de Constitución: un grupo de chicos que merodeaban por la Plaza Garay todas las tardes hostigaban a las trabajadoras sexuales de la zona con comentarios transfóbicos y discriminatorios, e incluso les robaban sus pertenencias.

«Nosotras tenemos una postura hace mucho tiempo de no resolver nada con la policía, tampoco resolver estos problemas a través del derecho penal. Sabemos que el derecho penal que tenemos es machista, patriarcal, clasista y por sobre todas las  cosas es selectivo. Las víctimas que selecciona son de los sectores populares».

Desde AMMAR, tomaron la iniciativa de averiguar de quiénes se trataba y ver qué se podía hacer. Eran chicos de entre ocho y catorce años que no concurrían a la escuela y eran maltratados por las fuerzas policiales. Más adelante, descubrieron que eran parte de una murga barrial y decidieron acercarse para plantear una solución en conjunto.

Armaron un taller en el cual las trabajadoras agredidas estuvieron presentes y donde se les habló a los chicos sobre cómo usar un discurso inclusivo, sobre la ley de identidad de género, la problemática de las trabajadoras sexuales y el hostigamiento por parte de la policía que también los afectaba a ellos.

«Es muy difícil pensar y salirnos un poco del sistema penal y buscar otra estrategia. Quienes estamos siendo perseguidos por el derecho penal, claramente sabemos que no es la solución y que hay que buscar alternativas. (…) Estamos pensando otra cosa y estamos saliendo de la lógica del sistema. Me parece que eso es una enseñanza y algo que tenemos que comenzar a utilizar como herramienta».

También habló sobre el prejuicio que tiene la sociedad en relación a la maternidad y las trabajadoras sexuales. Lo ejemplificó con el caso de Brenda, una trabajadora sexual de Río Negro que denunció haber sufrido violencia de género y fue denunciada por su agresor por ejercer la prostitución, a raíz de lo cual perdió la tenencia de su hijo tras una decisión arbitraria de la justicia.

A pesar de haber dejado de ejercer el trabajo sexual en pos de recuperar la tenencia, Brenda no puede ver a su hijo hace ya tres años.

«La trabajadora, a diferencia de otro sujeto político, lo que tiene es la condena social. Ser puta y ser madre no encajan en la sociedad. O sos una cosa, o sos la otra».

Entre las preguntas, surgió la posibilidad de llevar a cabo un debate dentro del feminismo sobre las distintas posturas que hay respecto del trabajo sexual.

Se hizo mención al «miedo a la discusión» y la necesidad de encontrar un gris dentro de estas posturas para buscar una solución que no lleve a deslegitimizar las distintas realidades dentro del trabajo sexual sino a la lucha por derechos para las trabajadoras sexuales y alternativas laborales para quienes quieren dejar de ejercer la prostitución.

«Así como escuchamos con respeto cuando se puede sentar una compañera que fue víctima de trata y totalmente abrazar esa causa, también tenemos que tener el mismo respecto y legitimar cuando una mujer dice que se reconoce como trabajadora sexual y se quiere jubilar como tal y eso no nos tiene que interpelar.

Nos tienen que interpelar las condiciones en las que tenemos que ejercerlo. (…) No la decisión que las mujeres tomamos con pocos recursos, con pocas opciones, con limitaciones. (…) Lo que nos tiene que interpelar son las vulneraciones de derechos».

Mario Juliano, por su parte, fue interpelado para hablar sobre selectividad del sistema penal, que pareciera tener una tendencia a la persecución de los hombres de clase baja, que están marginalizados. Declaró que un 95% de la población en cárceles y tribunales son hombres y que, a pesar de los avances en cuanto a legislación, los conflictos sólo se profundizan.

«Estamos absolutamente convencidos que la vía es la de la resolución alternativa de conflictos. De restituirle el conflicto a sus verdaderos protagonistas. El camino de la mediación, la conciliación. La demostración de que a través de la palabra, del encuentro, de la empatía, de ponernos en el lugar del otro de modo recíproco, podemos encontrar soluciones mucho más creativas de las que podemos dar desde el sistema penal».

«La sociedad, lejos de alguna creencia un tanto estereotipada, está en condiciones de dar respuestas mucho más sensatas a los conflictos que las que hacemos desde el derecho penal».

Sabrina Cartabia habló sobre la violencia institucional, planteándola no solo desde el lado de las fuerzas de seguridad sino también desde el sistema de salud que de manera constante criminaliza y maltrata a las mujeres, en especial cuando de maternidad se habla. Hizo énfasis en la forma continua en que se castiga a las mujeres que abortan, que deciden salirse de un estereotipo y niegan que toda mujer deba ser madre.

«Se investigan en Argentina los abortos espontáneos. (…) Es muy común, por ejemplo en Salta, Santiago del Estero, San Juan, que salgan noticias que dicen: «Llega mujer a hospital público con aborto en curso. Se le da aviso a la policía, queda detenida. Se investiga».

Otra noticia después que dice: «Al final era un aborto espontáneo». Pero eso es muy grave. Se están criminalizando los procesos biológicos de las mujeres. Y el grado de violencia institucional que se ejerce ahí, que llega en muchos casos a la tortura, no es visto como tal».

Mencionó cómo el caso de Belén, quien fue condenada, maltratada por quienes dicen ser profesionales de la salud y mantenida presa dos años por un aborto espontáneo, fue tomado como bandera por el movimiento de mujeres para visibilizar la violencia institucional en el sistema de salud.

También habló de cómo, desde su lugar de abogada, elije usar el derecho penal como herramienta y no como la única vía posible para resolver conflictos, planteándole a las mujeres un abanico de posibilidades.

«Muchas veces la solución para un problema de violencia de género no está en judicializar el tema o pedir una medida de restricción de acercamiento, sino en las condiciones materiales en las cuales vive esa mujer. Eso sí es una cuestión de derechos.

Las mujeres, para salir y poder ser autónomas y vivir una vida libre de violencia, tenemos un conjunto de necesidades que tienen que estar satisfechas. Necesitás poder acceder a un trabajo, tener tu vivienda, tener un núcleo de contención. Son temas que involucran derechos y no tienen soluciones desde el punto de vista del derecho penal.

Hay una tendencia a querer solucionar todo con el Código Penal en la mano».

En cuanto a las leyes, los tres invitados estuvieron de acuerdo en que son un gran paso, pero nunca una solución absoluta. Dependen de la implementación de políticas públicas, debates de una sociedad que debe aspirar a ser más deliberativa y menos representativa, para no dejar en manos de la clase dirigente todos los debates.

«La ley puede ser no el punto de llegada, sino el punto de partida de un cambio social y cultural. Muchas veces tenemos como una especie de fetichismo legal, decimos que «vamos a cambiar la ley» como si fuera un conjuro mágico que solo por estar enunciada en un código va a cambiar las condiciones materiales de la vida de las personas que pretenden ser beneficiarias de esta ley».

Cartabia puso como ejemplo el aborto, que, si bien es legal en nuestro país desde 1921 por distintas causales, no garantiza que quienes estén amparadas dentro de estas causales puedan acceder al aborto. La realización de los abortos queda siempre en manos de los médicos, que son quienes deciden si realizarlos o no.

«Nuestros úteros quedan presos de un poder hegemónico, como un patovica del derecho al aborto».

Mencionó además cómo el movimiento de mujeres se puso al hombro la lucha por el derecho al aborto y logro bajar la mortalidad materna en el país, con un acompañamiento feminista y una difusión de información que terminó por lograr la creación de consejerías en instituciones públicas de salud.

Resaltó la importancia de la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral como parte de esta concientización de la sociedad que planteaban desde un principio en el debate: «La ESI es mucho más profunda que evitar embarazos no deseados y transmisión de enfermedades de transmisión sexual«.

Se puso el foco en su importancia en cuanto a la lucha de la discriminación hacia las mujeres. Se criticó la posición del Estado, que alienta el sistema punitivista y el agravamiento de las condiciones de encarcelación de los agresores como solución y no se enfoca en la implementación correcta de la ley, que puede funcionar para cambiar las condiciones de vida de las personas.

Florencia Alcaraz cerró el debate declarando que hay una sociedad preparada para enfrentar todos estos temas y resaltó la importancia que tiene poder llevar estos espacios de debate más allá del ámbito académico para discutir las problemáticas dentro del feminismo acercandolo así al feminismo popular que está emergiendo.

 


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