Violencia sexual como crimen de lesa humanidad

En los Centro Clandestinos de Detención (CCD) que funcionaron durante la última dictadura cívico-militar hubo maltratos de todo tipo, sin distinción de género. Sin embargo, en el caso específico de las mujeres existieron además otros métodos de tortura, no solo por ser militantes sino también por su género; en particular, por no ser las mujeres que la sociedad heteropatriarcal esperaba.

Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, se encontraron delitos sexuales en 36 de las 254 sentencias dictadas hasta principios de marzo. En cuanto a los condenados de estas causas, representan el 11% del total. Dicho de otra manera, de un total de 1025 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad hasta hoy, 121 fueron responsabilizadas también por delitos sexuales.

«Cada vez son más las causas en las que se trata y se acepta de forma autónoma e independiente el tratamiento de los casos de agresiones sexuales en el marco del plan sistemático».

Ángeles Ramos, Fiscal Federal a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

En 2000, la Corte Penal Internacional estableció como delitos de lesa humanidad a las violaciones, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, los embarazos forzados, la esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable «cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque». La repercusión de lo establecido tardó 10 años en llegar al país.

De hecho, en diciembre de 2008, en la causa «Riveros, Santiago Omar y otros por privación ilegal de libertad, tormentos, homicidio», condenaron a Santiago Omar Riveros por otros crímenes pero dictaron falta de mérito respecto al delito de violaciones sexuales, por considerar que habían sido «eventuales y no sistemáticas» y, por lo tanto, no constituían crímenes de lesa humanidad. Cuando en realidad estos delitos contra la integridad sexual formaron parte del ataque sistemático del terrorismo de Estado.

En 2006 se realizaron los dos primeros juicios como resultado de la declaración de inconstitucionalidad y de la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Desde ese entonces, hubo 36 juicios concluidos que abordaron delitos de violencia sexual, los cuales representan el 14% del total. En ellos existen 136 víctimas, que se dividen en 112 mujeres y 24 varones.

El proceso judicial y sus demoras

La Justicia se tomó su tiempo para escuchar estas denuncias. Durante el Juicio a las Juntas de 1985, consideró a las violaciones como parte integral del resto de las prácticas inhumanas en vez de tomarlas como hechos autónomos y nombrarlas como lo que son.

Susana Chiarotti, fundadora del Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de las Mujeres (CLADEM), en la investigación Grietas del silencio, detalla algunas de las dificultades que identificaron en el aparato judicial para recibir estas denuncias en particular: «Prejuicios y falta de sensibilidad; mayores exigencias para probar la violación sexual que para probar la tortura; negativa a aceptar la responsabilidad mediata en casos de violación sexual, entre otros».

Por su parte, Pablo Llonto, abogado querellante, en diálogo con Escritura Feminista, explicó la situación de los delitos sexuales en ese momento histórico: «Antes estaban invisibilizados porque cuando las víctimas contaban esto, la Justicia lo subsumía en la figura de los tormentos y por lo tanto no aparecían las prácticas sistemáticas de violaciones y abusos sexuales centralmente contra mujeres».

Además, detalló otras trabas y su resolución: «Las víctimas mujeres estaban encapuchadas y, salvo excepciones, no podían identificar al genocida agresor, entonces el salto se dio al poder condenar en algunos casos a los jefes de los centros clandestinos, de las áreas y de los cuerpos del ejército, lo cual tiene un valor enorme porque ellos sí sabían que el plan sistemático de exterminio incluía el secuestro, la tortura, el saqueo, el robo, las violaciones, los abusos sexuales, las apropiaciones de bebes».

Recién en 2010 se logró la primera condena a un represor como violador. Y en 2011, el juez Sergio Torres, a cargo de la causa ESMA, declaró a los sometimientos sexuales en el centro clandestino como prácticas sistemáticas llevadas a cabo por el Estado dentro del plan clandestino de represión y exterminio.

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La conquista de esta batalla por la autonomía de los delitos sexuales de los tormentos cometidos por los genocidas tuvo múltiples impulsoras. En primer lugar, las personas sobrevivientes que tuvieron la fuerza de brindar sus testimonios; a la par, las querellas y las fiscalías que con su arduo trabajo lograron que las causas avanzaran; por otro lado, el movimiento feminista que pudo compartir sus convicciones con el ámbito de los derechos humanos y, en este sentido, Pablo Llonto también menciona a la nueva generación de abogadas que hizo fuerza para que se diera este gran paso.

Por ejemplo, las organizaciones feministas CLADEM y el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR) se presentaron como amicus curiae en la causa de Riveros antes mencionada para lograr que se reconozcan, juzguen y castiguen los delitos contra la integridad sexual que figuran en los testimonios correspondientes.

Sentido de memoria y verdad

Como lo que no se nombra, no existe, poder tipificar de manera correcta estos delitos y no considerarlos ni aislados ni parte de un todo le da un significado muy valioso para toda la sociedad pero particularmente para las sobrevivientes y sus familias.

«Permitió que se comprendiera desde las víctimas y los familiares el valor jurídico, en el sentido de memoria y verdad, que tenía reflejar de una vez por todas todo esto como corresponde. No es lo mismo escuchar la frase «por tortura» en una condena que escuchar «por tortura, por violación» o «por tortura, secuestro y abusos sexuales», que da cuenta con exactitud de lo que sucedía dentro de los centros clandestinos a la vista, el control y la supervisión de los ojos de los represores».

Pablo Llonto, abogado querellante.


En este sentido, se destaca la condena al ex agente de inteligencia del Ejército Argentino Horacio Barcos por el secuestro, privación ilegal de la libertad y torturas contra Amalia Ricotti y quien era su marido, José Alberto Tur, detenidos en el centro clandestino conocido como «La Casita». En esta condena, se consideró por primera vez la violencia sexual como un crimen de lesa humanidad.

El fiscal y los abogados querellantes plantearon que «la violencia sexual cometida en los centros clandestinos de detención de la dictadura fueron parte del plan sistemático de represión ilegal y, por lo tanto, constituyen delitos de lesa humanidad, imprescriptibles». En consecuencia, se solicitó al tribunal que Barcos sea condenado también por la violencia sexual que padeció Amalia en el centro clandestino.

Para tener dimensión de lo que la violencia de género significó en el plan sistemático es importante saber cuáles fueron sus formas. Entre ellas se registran: violaciones; abusos; abortos forzados; desnudez; tocamientos; partos en cautiverio, lo que incluía en muchos casos que a los siete meses, aproximadamente, les inducían el parto (en general, cesáreas); negación de productos de higiene para cuando menstruaban; y robo y apropiación de bebés.

«Si la justicia minimizara o dejara de investigar y sancionar estos hechos estaría enviando un mensaje equívoco a la sociedad, lo que fomentaría la impunidad y la discriminación, además de no mostrar la verdadera imagen de quienes estuvieron a cargo de la represión ilegal», denunció la representante de CLADEM.

Hoy visibilizamos que los crímenes de violencia sexual no estuvieron aislados del plan represivo general de los genocidas sino que fueron parte, como también representaron una forma de la violencia machista más extrema. Lo resaltamos, lo juzgamos y lo repudiamos para que no suceda NUNCA MÁS.


Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia: dos libros para comprender la época

El 24 de marzo en nuestro país es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fecha en la que se conmemora a las víctimas de la última dictadura militar autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional», que usurpó el gobierno del Estado Nacional argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Desde Escritura Feminista, recomendamos dos libros de autoras mujeres para comprender desde historias puntuales una época llena de miedos y abusos de poder.

La historia de Laura Carlotto

El libro Laura, vida y militancia de Laura Carloto, publicado en el año 2013, es una investigación de la periodista María Eugenia Ludueña, en la cual se reconstruye la historia de Laura, militante del movimiento guerrillero Montoneros e hija de Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo que se dedica a la búsqueda de desaparecides durante la última dictadura cívico-militar argentina.

«Soy la mamá de Laura. La primera hija, la soñada, la querida, la esperada, igual que los otros tres que vinieron después. Pero ella fue algo especial por la vida que vivió: una vida corta, intensa, con mucho contenido. Vivió apurada, empapándose de su tiempo. Estaba atenta a aprender de cada momento, de cada lectura, de todo lo que la ayudara a pensar, hacer y participar».

Estela de Carlotto para el prólogo del libro «Laura, vida y militancia de Laura Carloto».

La protagonista comenzó militando para la Juventud Universitaria Peronista y luego pasó al grupo de izquierda peronista Montoneros, como encargada del área de prensa. El relato de Ludueña sigue la historia de Laura y sus compañeres militantes, recrea una época, la historia de Montoneros, sus protestas, sus enfrentamientos y la relación con Juan Domingo Perón.

El libro todo el tiempo va contextualizando la historia individual de Laura con las luchas universitarias y la represión creciente en la región. La autora relata la vida de les militantes platenses en la década del 70 y la brutalidad de la dictadura militar mediante una minuciosa reconstrucción gracias a la documentación judicial obtenida y por los numerosos relatos de les familiares de Laura, sus hermanos y compañeres de militancia.

También permite conocer los comienzos de la militancia de Estela de Carlotto, que pasa de ser una maestra y ama de casa anónima a convertirse en una de las referentes mundiales del activismo por los derechos humanos y la búsqueda de desaparecides. Además, el libro comienza y termina con la muerte de Laura y la desaparición de su hijo Guido, que nació dentro de una cárcel clandestina. El joven fue recuperado luego de la publicación del libro, en agosto de 2014.

La casa de los conejos

El segundo libro se titula La casa de los conejos y es una novela escrita por Laura Alcoba, publicada en 2007, en la que narra su propia historia de cuando era niña. Hija de padres militantes, le tocó vivir en los años 70 una infancia marcada por la clandestinidad y luego por el exilio. Está dedicado a Diana Teruggi y en las primeras páginas le pide perdón por dudar o tardar en contar su historia.

La novela relata en primera persona cómo una niña de apenas nueve años, hija de una militante montonera, pasa a la clandestinidad junto con su madre durante los violentos meses previos al llamado «Proceso de Reorganización Nacional». Se mudan del centro a las afueras de la ciudad de La Plata, a una casa donde se supone que se crían conejos para vender escabeches, pero que en realidad es la imprenta clandestina del periódico de oposición, Evita Montera, en el que han colaborado sus xadres.

Lo interesante de esta novela radica en que los hechos están narrados desde el punto de vista de una niña, la cual solo interrumpe sus recuerdos para aportar datos contextuales que le sirven tanto a ella como a le lectore para comprender los modos de actuar de les personajes: la clandestinidad, la militancia y el miedo. La novela ha tenido gran éxito en nuestro país, en Francia y en Inglaterra.

«Mi madre se decide finalmente a explicarme, a grandes rasgos, lo que pasa. Hemos tenido que dejar nuestro departamento, dice, porque desde ahora los Montoneros deberán esconderse. Es necesario, ciertas personas se han vuelto muy peligrosas: son los miembros de los comandos de las AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que “levantan” a los militantes como mis padres y los matan o los hacen desaparecer. Por eso debemos refugiarnos, escondernos y también resistir. Mi madre me explica que eso se llama “pasar a la clandestinidad”. “Desde ahora viviremos en la clandestinidad”, esto, exactamente, es lo que dice».

Fragmento de «La casa de los conejos».

La historia Teruggi-Mariani

La novela no cuenta el final de la historia de quienes vivían en la casa ni la lucha de Chicha Mariani -abuela de Plaza de Mayo- por obtener justicia. En la casa de los conejos vivían Diana Teruggi y Daniel Mariani, quienes tenían una bebé, llamada Clara Anahí, de tan solo tres meses de edad. Sus vecines desconocían que en el quincho de la casa, tras una pared falsa, funcionaba un embute. Elles aparentaban tener un lugar para criar conejos y venderlos, pero tras poner en contacto dos cables, un segmento de la pared se abría paso y allí se encontraba la imprenta clandestina de la revista Evita Montonera.

El 24 de noviembre de 1976, alrededor de las 13:15 hs, cuando se preparaban para almorzar, la vivienda del matrimonio Mariani-Teruggi fue rodeada y atacada por las distintas fuerzas de la dictadura militar. En un operativo que duró más de cuatro horas, 200 efectivos rodearon la casa y la manzana, ubicados tanto en la calle como en los techos vecinos. La cuadra fue cortada y luego de dar la voz de alto comenzaron a disparar. La agresión fue de tal brutalidad que el lugar quedó destruido casi por completo.

En ese momento se encontraban allí Diana, Clara Anahí y cuatro militantes -aunque pueden haber sido más-: Daniel Mendiburu Eliçabe (de 25 años, estudiante de Arquitectura), Roberto César Porfidio (de 31 años, Licenciado en Letras), Juan Carlos Peiris (de 28 años, antenista) y Alberto Oscar Bossio (34 años, médico). Les cinco mayores fueron asesinades tras un sinfín de balas, de las cuales aún hoy permanecen marcas en las paredes. Daniel sobrevivió por no estar en la ciudad, pero el 1 de agosto de 1977 fue asesinado por las fuerzas de seguridad en las adyacencias de 132 y 35, también en la ciudad de La Plata.

Casa Mariani-Teruggi ubicada en 30 N° 1134, entre 55 y 56, ciudad de La Plata.

Desde esa fecha y hasta su muerte en el año 2018, la abuela María Isabel Chorobik de Mariani (conocida como Chicha) no dejó de buscar a su nieta Clara Anahí. Luego del ataque la casa permaneció con custodia policial cerca de un año y recién en 1998 la Asociación Anahí logró que devolvieran el inmueble, que aún conserva los impactos de balas. Desde entonces, las familias Mariani-Teruggi intentaron mantener la casa tal como quedó luego del ataque y se encuentra abierta un día a la semana para ser visitada por cualquier persona, institución educativa o familia.

Existen cientos de libros y películas que sirven para retratar lo que sucedió en la época más oscura de nuestro país. En todas las producciones que narran ese tramo de la historia se puede ver el miedo, la militancia, el abuso de poder de los militares dentro del Estado y la lucha incansable de las madres y abuelas por recuperar a sus familiares. Todo sirve para un mismo fin: ejercer la memoria, para que atrocidades como estas no vuelvan a suceder.


Corea del Sur: el aborto no es un delito

Después de años de lucha, el aborto fue despenalizado en el país asiático. En abril de 2019, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur ordenó al gobierno que, antes de finalizado 2020, despenalizara el aborto y reformara las leyes nacionales que eran sumamente restrictivas.

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El proyecto de ley de Protección de Características Sexuales llegó al Congreso

Con el apoyo de la diputada Gabriela Estévez, del Frente de Todes, y quince firmantes más*, llegó a la Cámara de Diputades el proyecto de ley de Protección de Características Sexuales. La normativa busca garantizar que ninguna persona en todo el territorio argentino sea sometida a violaciones de derechos humanos sobre la base de sus características sexuales. Además, se propone exigir que la Educación Sexual Integral (ESI) incluya contenidos sobre intersexualidad.

El escrito, compuesto por 27 artículos, no solo plantea evitar las intervenciones quirúrgicas invasivas e innecesarias en menores de edad y garantizar el derecho a la diversidad corporal, sino que también hace mención al derecho a la información para que quienes hayan sido sometides a cirugías en su infancia puedan conocer qué intervención se les realizó y recibir una reparación por ello.

«En la articulación del proyecto hay una propuesta para crear con una Comisión de la Verdad para que quienes ya hemos atravesado estas cirugías podamos recuperar nuestras historias. Nuestras historias clínicas desaparecen, no tenemos acceso a saber a ciencia cierta qué intervenciones nos hicieron, quiénes autorizaron, quiénes participaron».  

Paula Sosa, activista de Potencia Intersex.

Asimismo, la presentación ocurre luego de que, el pasado 1 de octubre en Ginebra (Suiza), treinta y seis Estados de diversas regiones del mundo pidieran al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que proteja de forma urgente a las personas intersex en su autonomía corporal y su derecho a la salud. Argentina, entre ellos.

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«Los derechos humanos del colectivo intersex han sido histórica y sistemáticamente vulnerados. Esta vulneración comienza en la primera infancia a través de intervenciones médicas normalizantes, innecesarias y no consentidas, las cuales acarrean toda una serie de consecuencias para su salud y bienestar a lo largo de sus vidas. Argentina se ha caracterizado por liderar en el mundo el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las personas LGBTI.

Así lo hicimos con el matrimonio igualitario, siendo el primer país de la región; con la ley de identidad de género, la primera del mundo en despatologizar a las personas trans; y actualmente con el proyecto de inclusión laboral trans que avanza en el Congreso. Este proyecto, elaborado por las propias organizaciones intersex, se inscribe en esa historia de lucha con el objetivo de reconocer y proteger los derechos humanos de un colectivo históricamente invisibilizado y violentado: el colectivo intersex».

Gabriela Estévez, diputada nacional por el Frente de Todes.

Según Justicia Intersex, el proyecto se creó de forma colectiva: «Fue trabajado con la Red Plurinacional Intersex, incluyendo a Orquídea Intersexual, NOA Intersexual, Potencia Intersex y activistas independientes; con Abosex, con la Liga LGTBIQ+ de las Provincias y con aliades de todas partes».

Paula Sosa, integrante de Potencia Intersex, nos explicó que el activismo intersex es relativamente nuevo en el país. Justicia intersex se organizó en 2013 y desde entonces está trabajando en la ley para frenar las mutilaciones genitales en la infancia. Hacia 2015, se sumaron nuevas voces: «Hemos tenido varias reuniones virtuales, en el marco de la pandemia y antes también. Inauguramos un poco las reuniones virtuales porque somos pocas personas y nos encontramos bastante distantes en el territorio».

La legislación se discutiría el año próximo en el Congreso. Queda esperar y seguir dándole apoyo público a la causa para que se garanticen derechos humanos fundamentales.

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* Mónica Macha, Carolina Gaillard, María Rosa Martínez, Carla Carrizo, Paola Vesvessian, Jimena López, Maximiliano Ferraro, Brenda Austin, Mara Brawer, Leonardo Grosso, Florencia Lampreabe, Lucila Masin, Josefina González, Santiago Igon y Gabriela Cerruti.


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Activistas y víctimas de violencia de género toman la CNDH de México

Activistas mexicanas tomaron las oficinas oficiales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como método de reclamo a la falta de acción política y defensa de la gobernación de México. Piden la renuncia de Grisel Barrientos, directora del Instituto Municipal de la Mujer, y de Sandra Pacheco, del Centro de Justicia para las Mujeres. Afirman que no abandonarán las sedes tomadas hasta que cambie la situación.

Más de 10 días de toma y cada vez más compañeras se suman y transmiten su apoyo a la causa que comenzó en Ciudad de México. Se transformó en un movimiento nacional: activistas de Michocán, Veracruz, Puebla y Aguascalientes se sumaron a los reclamos las sedes del CNDH correspondientes a sus ciudades.

¿Qué llevó al reclamo?

México es un epicentro de violencia de género. En los últimos cinco años, los casos de femicidios aumentaron un 137% y, según la ONG México Evalúa, durante el segundo semestre del año pasado 6 millones de mujeres fueron victimas de acoso o violencia sexual. Las participantes de los reclamos aseguran que las instituciones del Estado no las respaldan ni escuchan.

El mismo presidente, López Obrador, tuvo dichos polémicos que desestimaron la problemática a principio de año. En marzo, cuando los centros de llamados de emergencia se desbordaron con más de 26.000 llamados denunciando situaciones de violencia, la respuesta del presidente fue que «seguramente la mayoría eran falsas», comparándolas con bromas telefónicas y restándole la importancia a la situación.

En este contexto, el pasado miércoles 2 de septiembre hubo una reunión entre Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, y víctimas que forman parte del Colectivo 10 de Marzo. En esta conversación se desató un conflicto donde la titular del CNDH les dijo que las carpetas de los casos por los que iban a pedir justicia estaban mal integradas y que no iban a poder hacer nada por el momento. La respuesta de una de las madres que fue a reclamar justicia por el caso de su hija de 4 años fue amarrarse a una de las sillas.

De esta manera, pasaron la noche en el interior de las oficinas y afuera de estas empezaron a reunirse feministas para apoyar la causa y transmitirles apoyo a las víctimas. El día viernes fue cuando donde las colectivas entraron y desalojaron a los trabajadores. Así fue que se tomó la decisión de transformar las oficinas en un refugio para victimas de violencia de género y consolidar la toma.

Violencia policial para disipar el reclamo

La respuesta policial no tardó en llegar: intentaron desalojar a las manifestantes por la fuerza. Tal como muestran en los videos compartidos por periodistas que estaban en el lugar para cubrir los hechos, se puede ver cómo los policías, que llegaron en móviles no oficiales, agredieron y detuvieron a 13 mujeres.

Además de las detenciones, rompieron los vidrios del auto de una reportera y se manejaron con violencia, golpeando y arrastrando a algunas de las activistas. La fiscalía rechazó que se haya hecho uso de fuerza excesiva pese a que las imágenes muestran exactamente lo contrario.

LA «ANTIGRITA»

El 15 de septiembre en México se festeja el primer paso hacía la independencia de España. Se celebra en todo el país el Grito de Dolores y se planificaron numerosos eventos y actos oficiales. Las manifestantes desde su lugar también quisieron «festejar» aunque aseguran que no hay nada con motivo de festejo.

Se reunieron en las puertas del CNDH los distintos colectivos, madres de víctimas de feminicidios y familiares de los desaparecidos de Guerrero para dar testimonio de sus casos y la nula respuesta que han recibido del gobierno.

«La patria no nos representa. Queremos una matria que nos acompañe y nos abrace, una matria feminista que forme parte de cada una de las expresiones que tenemos de ser feministas, porque no hay un feminismo hegemónico».

Una de las manifestantes desde el balcón del CNDH.

Entre carteles, cantos y hasta una piñata con la cara del presidente, el mensaje a transmitir se escuchó fuerte y claro: las mujeres mexicanas están cansadas de la violencia, la injusticia y la impunidad. El Ni Una Menos se vive a flor de piel y las manifestantes aseguran que no desalojarán el edificio hasta que no se las escuche de verdad y no se planteen políticas certeras para proteger a las víctimas de violencia.

Fuente: Leslie Pérez

El edificio que solía ser una oficina más, hoy está transformado. Las paredes pintadas con mensajes y los pañuelos violetas son parte de la ambientación; los cuadros colgados en las paredes ahora se encuentran intervenidos por las manifestantes. Los que formaban parte de la decoración de la sala de juntas ahora están siendo subastados, pese a las críticas que recibieron por parte de artistas e importantes figuras del gobierno. Lo recaudado será dirigido a madres de víctimas que no recibieron respuestas.


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Costa Rica: política y religión

Algunos países de América Latina y el Caribe todavía cuentan con grandes grupos ultratradicionalistas, que se oponen a los avances en materia de igualdad de género, a los derechos conseguidos por la comunidad LGBTQI+ y, en consecuencia, a los derechos humanos.

Un ejemplo de los obstáculos que presentan estos agrupamientos se vio reflejado hace algunos meses, también en Costa Rica, cuando se opusieron fervientemente a la legalización del matrimonio igualitario.

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Si bien el Observatorio de Sexualidad y Política (SPW) recoge el accionar de estos grupos en una serie de investigaciones tituladas «Políticas Antigénero en América Latina», nos enfocaremos en el caso de Costa Rica, donde, según Alharaca, líderes evangélicos conservadores fueron posicionándose en la esfera política y parlamentaria, tomando presencia mediática e influyendo en la toma de decisiones, con el objetivo de llegar al gobierno.

Lo fundamental, entonces, es que estas agrupaciones y movimientos no solo intervienen en la vida social como una resistencia frente a las transformaciones y los derechos conseguidos, sino que logran insertarse en el ámbito político, impactando en las resoluciones, afectando a la sociedad y a los derechos de todes en su conjunto. Es por eso que lo religioso se vuelve inseparable de la toma de poder.

La investigación sobre este país, con autoría de Gabriela Arguedas Ramírez —farmacéutica, bioeticista, especialista en Derechos Humanos y consultora del Instituto Interamericano de Derechos Humanos—, busca contribuir a una mirada trasnacional del fenómeno de las ofensivas antigénero. También pretende trazar dinámicas de des-democratización, entendida como una erosión gradual del tejido democrático de la política, que transforma la arquitectura institucional de regímenes democráticos en simulacros.

En el documento, Arguedas Ramírez analiza el contexto de las campañas electorales y las elecciones durante varios años pero, a nivel general, la importancia y la cuestión de fondo radica en el predominio y en el peso del conservadurismo en la totalidad del pueblo costarricense.

La investigación entiende que las nuevas corrientes de activismo conservador y autoritario están vinculadas a las condiciones estructurales y la des-democratización en curso en América Latina, por lo que califica a las ofensivas antigénero como dispositivos de acumulación de poder político integradas por las resistencias frente a las transformaciones referidas a las cuestiones de género y sexualidadque se oponen a una democracia plural e inclusiva.

Además, están en contra de las leyes dirigidas a garantizar derechos sexuales, derechos reproductivos o derechos civiles para las personas homosexuales y trans; incluso han impedido la realización de abortos terapéuticos, previstos por la constitución de Costa Rica desde 1975.

Según el medio digital ecuatoriano Wambra, actualmente les activistas religioses ultraconservadores buscan incidir en el sector público y deslegitimar iniciativas de educación y salud pública que pretenden fomentar la igualdad de género en el país. Los nuevos ataques son en contra de la «ideología de género», a la que utilizan como acusación para oponerse a la educación sexual integral en las escuelas, al acceso a métodos anticonceptivos y a las dinámicas socioeconómicas características de un estado laico.

Pero sus ideales no son el único problema: en reiteradas oportunidades han difundido afirmaciones falsas y discursos armados políticamente en sectores de culto, lo que significa que son privados y, por lo tanto, no hay posibilidad de discusión. La información es unilateral y quienes asisten se ven en la obligación de seguir a su líder y a comprometerse con la fe.

La principal diferencia con otros países latinoamericanos es que estos sectores liderados o fundados por pastores evangélicos iniciaron su participación política a finales del siglo XX. Su función es ofrecer una alternativa con base en los valores y mandatos morales tradicionales, vinculados con las creencias religiosas, contribuyendo a un proceso de relegitimación de la autoridad religiosa dentro de la sociedad.

Esto se logra también con la normalización de los discursos religiosos dentro del campo parlamentario, cuyo objetivo es obstaculizar la labor del Estado en el reconocimiento y la protección en materia de Derechos Humanos. Asimismo, se oponen fuertemente al uso de guías de educación sexual en las escuelas, situación de fundamental importancia si se tiene en cuenta que la tasa de natalidad en adolescentes entre los 15 y 19 años asciende al 53,5% en Costa Rica.

La preocupación de les investigadores recae en la gran influencia que estos grupos logran ejercer. No solo se movilizan en el campo político, sino que también participan y esparcen sus ideales en los principales medios de comunicación costarricenses, como el diario La Nación o medios digitales como El Mundo CR y CRHoy, en donde se expresaron ideas que vinculaban la «ideología de género» con el nazismo y el marxismo y en donde se hacen grandes coberturas a «Marchas por la vida y la familia», organizadas por la iglesia católica.

Como asegura la autora de la investigación, estos discursos incitan a la acción:

«El buen creyente y ciudadano tiene el deber imperativo de actuar, por su bien, el de su familia y el de su país. Los actos de habla que se enuncian en lugares de carácter sagrado tienen un alto impacto en la vida cotidiana de las personas creyentes. Estos lugares, imbuidos de un simbolismo que resiste el paso del tiempo, proveen la fuerza de este acto elocutivo, emitido por los líderes religiosos, que hablan y actúan como líderes políticos».

Al día de hoy, todavía se puede advertir que los medios repiten las mismas ideas. El 15 de mayo, El Mundo CR titulaba:

«Iglesia Católica: «Lamentablemente la ideología de género gana cada vez más terreno en Costa Rica»

Mensaje de la Conferencia Episcopal de Costa Rica con motivo del «Día internacional de la familia».

«La ideología de género niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer y vacía el fundamento antropológico de la familia»

Conferencia Episcopal.

Las acusaciones giran, nuevamente, en torno a los supuestos valores familiares fundamentales que se «pierden» con el avance de dicha «ideología». En estos casos, buscan respaldarse mediante el uso de la coyuntura mundial:

«Para la Iglesia Católica «esta colonización ideológica desprestigia el valor de la persona, la vida, el matrimonio y la familia y dañan, con propuestas alienantes, especialmente a nuestros jóvenes dejándolos desprovistos de raíces para crecer»».

«Ya no se advierte con claridad que sólo la unión exclusiva e indisoluble entre un varón y una mujer cumple una función social plena, por ser un compromiso estable y por hacer posible la fecundidad».

«La familia se considera desde siempre como el “hospital” más cercano, donde gracias a sus cuidados amorosos, se garantiza al enfermo, y a todos sus miembros, la atención y ayuda necesaria. Es una realidad que se ha confirmado durante la pandemia del COVID-19».

El 25 de mayo, el mismo medio digital difundía los dichos de la diputada Nidia Céspedes con respecto a la entrada en vigencia del matrimonio igualitario:

«Mañana celebrarán las minorías, porque la mayoría del país tenemos un gran dolor. Mañana no hay nada que celebrar, al contrario, es un día triste para la familia tradicional costarricense».

«Hoy la esencia del ser costarricense, creyente de Dios, es atropellada por la fuerza de una minoría, que apoyada por los gobiernos PAC, abre portillos a prácticas como el aborto y la ideología de género. Es mi deber y responsabilidad seguir en la lucha contra la agenda que disfraza de «derechos humanos» su intención de imponer una ideología totalmente contraria a los valores y principios de la mayoría del pueblo costarricense».

Si bien la autora sostiene que, dentro del Colegio de Médicos y Cirujanos, los grupos cercanos al Opus Dei buscan implementar medidas contra toda forma de aborto y la patologización de las personas trans, también afirma que la opinión pública ya no sigue fervientemente, como en años anteriores, a las líneas ultraconservadoras.

A partir de una encuesta, se determinó que el 57% de las personas están a favor del aborto terapéutico y que casi un 46% está a favor del aborto en el caso de que el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida humana.

Aunque todavía falta mucho por recorrer y mucho por avanzar, los datos muestran una posición menos severa hacia los derechos que se buscan alcanzar.


Fuentes:


«Rameo» o «chineo»: prácticas aberrantes contra niñas indígenas

«Las Mujeres Indígenas por el Buen Vivir se pronuncian contra el chineo, conscientes de que pocos y pocas saben de qué se trata esta práctica aberrante, sistemática y silenciada que padecen miles de mujeres y niñes pertenecientes a los pueblos originarios».

Hay costumbres y costumbres. Algunas nos enlazan con lo mejor del pasado y nos dan certidumbre para enfrentar el futuro. Pero otras, como el «chineo» o «rameo», son una muestra cruel de cómo ciertas prácticas culturales son aceptadas pese al daño que producen.

Lamentablemente, estas prácticas vienen de antaño y están muy arraigadas (como en el caso de la ablación genital en algunas partes de África e Indonesia). El chineo y otras prácticas atroces de iniciación sexual temprana en niñas wichís o de otras comunidades indígenas o vulnerables son una realidad. ¿Qué significa y en qué consiste esta práctica?

«Rameo» significa arrastrar, es decir, arrastran de los pelos a las niñas de las comunidades, en grupo o en solitario. Lo hacen como «rito de iniciación», práctica que fue incluso extendida a los festejos del Carnaval y que es vista como «tradición», al igual que la práctica que también sobrevive con el nombre de «derecho de pernada».

En el rameo, los varones blancos violan y luego devuelven a sus comunidades a jóvenes menores de edad sin ningún tipo de sanción. El chineo es una práctica aberrante, machista, sexista, violenta y criminal que lamentablemente se ha ido perpetuando a lo largo de los siglos.

Imagen Archivo.

Esta práctica se lleva a cabo, sobre todo, en el noroeste argentino. A lo largo de la historia, fue considerado una «práctica cultural» que existe desde hace siglos y continúa como parte de un odio de clase.

El chineo se sostiene en base a un doble juego de silenciamiento. Por un lado, los violadores amenazan a las niñas abusadas y, por el otro, en ciertos casos, se aprovechan de la necesidad y del hambre de las comunidades. Acuerdan intercambios de comida o apenas migajas para callar el abuso o los embarazos. Frente al abandono y desprotección del Estado, esos acuerdos terminan sucediendo.

Es por este motivo que el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir inició la Campaña contra el Chineo. Sobre el consentimiento de la práctica, la referente y líder mapuche Moira Millán informa que:

«La supuesta compensación es traerle una vaca a la familia o un pedido de comida. La gente piensa que la esclavitud es la producción de la tierra sin remuneración, pero la esclavitud acá también es el sometimiento y la opresión de los derechos».

Además, Moira encuentra en la cultura propia del varón indígena una explicación para el silencio frente a los abusos:

«A veces creo que el silencio y la complicidad de los varones indígenas tiene que ver con que no están dispuestos a renunciar al único privilegio que les quedó tras la conquista, que es el de ser varones. Existe esa complicidad entre hombres de subestimar y no validar el cuerpo y la vida de las mujeres».

#LaViolaciónALesNiñesIndigenasEsCriminal

Luego, explica que desde el movimiento que integra «estamos denunciando que no es algo cultural que se pueda justificar» y asegura que «hay impunidad, hay un doble crimen, el del violador hacia el cuerpito de las niñes y el silenciamiento social racista, que asume que es cultural y que está bien que los criollos que tienen cierto poder político y social violen a las nenas de entre 8 y 10 años».

A su vez, Noelia Chumbita, de la Nación Diaguita, indica que semejante delito es posible «por la impunidad, que lo disfraza de costumbre cultural» y destaca que a las actividades de concientización se le suma la búsqueda de «una ley para respaldarnos».

#BastaDeChineo

«Aparte de la concientización, es pedirle al Estado la protección de todas las hermanas que sufren estos hechos, el acompañamiento psicológico, el crear políticas públicas que puedan de una forma u otra sanar estas heridas», afirmó al referirse a la posibilidad de contar con una ley.

A pesar de los avances en políticas de género, el chineo a mujeres indígenas no aparece en las noticias y las comunidades continúan reclamando visibilización y respuestas por parte del Estado.


Fuentes:


Sudán: un paso histórico hacia los derechos de la mujer

Años de sufrimiento, represión y tradición buscan llegar a su fin. La República del Sudán avanza en materia de igualdad de género y derechos humanos y se dispone a aprobar la penalización de la mutilación o  ablación  genital (MGF) femenina.

Según el medio El Tiempo, estos avances forman parte de la transición hacia la democracia y el respeto de los derechos básicos tras el derrocamiento del dictador Omar Al Bashir.

Este tipo de procedimientos todavía existen en países de África, Oriente Medio, Asia y en algunas comunidades de Latinoamérica, donde la cultura los aprueba y son moneda corriente. Se trata de la extirpación parcial o total del clítoris y, en algunos casos, de los labios menores de la vulva.  Según Unicef, todos los años cerca de 4 millones de niñas corren el riesgo de ser víctimas de esta práctica y la mayoría son sometidas antes de los 15 años de edad.

La mutilación se lleva a cabo sin razones médicas que lo justifiquen y tampoco está asociada a una religión en particular. Sí está vinculada a mandatos de castidad, virginidad, pureza y limpieza de la mujer, y se la considera un paso necesario para llegar al matrimonio. En países en donde se permite la realización de estos procedimientos, la violencia hacia mujeres es algo normalizado y socialmente aceptado, por lo que esta práctica constituye otra forma de reproducir la desigualdad de género.

La ablación puede ser entendida, según Unicef, como un rito de transición a la madurez o como una forma de controlar la sexualidad de la mujer, ya que se elimina el clítoris, órgano de placer. Otras comunidades la practican por la creencia de que, de esta forma, el matrimonio de las niñas queda garantizado y el honor de las familias establecido.

Si son realizadas en clínicas u hospitales pueden llegar a usarse anestesia y antisépticos, pero si no las mujeres padecen el crudo procedimiento, muchas veces realizado con cuchillos, tijeras, escalpelos, piezas de vidrio o cuchillas de afeitar.

¿Las consecuencias? Son muchas: hemorragias, infecciones urinarias y uterinas, dificultad para orinar, dificultades durante el embarazo y el parto, relaciones sexuales dolorosas, infertilidad y hasta la muerte. Además, no solo conlleva efectos físicos sino que también afecta a las mujeres a nivel psicológico.

Con intención de fomentar cambios y avances, Sudán, que ya se mostraba en contra de este tipo de prácticas, presentó un proyecto de ley que criminaliza a quienes practiquen la MGF, teniendo como castigo tres años de prisión y una multa. En caso de que sea realizada en un hospital o clínica (aunque muchas veces es de forma clandestina), se les retiraría la licencia a estos establecimientos.

Si bien es un avance histórico en la región y un gran paso en cuanto a los derechos de la mujer, las preocupaciones no cesan. Debido a que, como tradición, se trata de una práctica social fuertemente arraigada en estas regiones y sumada la nueva posibilidad de un castigo, se cree que muches no denunciarán a quienes todavía lleven a cabo este procedimiento, entre otros comportamientos que violentan a las mujeres.

En cuanto a la ley, aunque un gran número de las ONG sudanesas se encuentran a favor de los documentos presentados, algunas tienen discrepancias. La secretaria general de la ONG Slimyia, Siham Omar, asegura que es insuficiente y que el castigo también debería caer sobre los padres, que son quienes permiten que sus hijas sufran este tipo de prácticas.

Unicef sostiene que, en base a todas estas cuestiones, es necesario trabajar con las comunidades para ayudar a implementar la nueva ley, porque incluso en otros países en donde fue criminalizada, la ablación todavía sucede. También afirma que no busca sancionar a los padres y las madres, sino generar conciencia dentro de los diferentes grupos, incluyendo a trabajadores de la salud, familias y jóvenes, para promover la aceptación de estos cambios.

Se espera que el proyecto se apruebe en los próximos días, cuando se lleve a cabo la reunión del Consejo de Ministros y el Consejo Soberano, los dos principales órganos gubernamentales de Sudán.


Fuentes: