#Reseña La Chaco: darles voz a las invisibles

La novela comienza con un prólogo escrito por la activista trans Susy Shock, en el cual asegura que se deben narrar sus historias «para contrarrestar la violenta ignorancia desde donde hablan y castigan nuestros cuerpos por no ser como ellos. Porque no somos peores ni mejores, somos otras, así, con A mayúscula de sentirnos travas».

La novela cuenta la historia de Ximena, Lucy, Galaxia, Hiedra y Carina, cuyas vidas el destino entrecruza. En este sentido, el libro está dividido en tres partes: Gusano, Crisálida y Mariposa. El autor hace una analogía entre esas tres facetas contando la niñez de las protagonistas, su llegada a Buenos Aires, el comienzo del ejercer la prostitución y el presente.

«A nosotras no nos hacen el amor, a nosotras nos violan, había dicho Galaxia ese viernes al mediodía que se apareció en casa con la nariz llena de sangre y los quinientos pesos que faltaban para pagar el alquiler».

La Chaco, Juan Solá.

La novela, publicada por primera vez en 2017, vuelve a las historias palpables, tangibles, cercanas. La Chaco es una mezcla entre la belleza de una prosa poética y el testimonio crudo y doloroso de quienes están en la sombra y padecen injusticias. Sin embargo, más allá de las denuncias y la crudeza del relato, en los capítulos finales el autor menciona el crecimiento del movimiento LGBTIQ+, la ocupación de la calle con las marchas del Orgullo y la adquisición de derechos.

«Los mismos que querían prohibirnos la calle por lo que éramos, ahora nos veían pasar, como sorprendidos, incapaces de entender que inevitablemente lo que hicieron con nosotros algún día estallaría, incontenible, como una estampida de todos los colores persiguiendo el sol que se alejaba por Avenida de Mayo».

La Chaco, Juan Solá.

En cada capítulo, el autor narra sin prejuicios historias difíciles de digerir, que duelen y escandalizan. Le da voz a las que están al margen, las que abandonan la escuela porque son discriminadas, las que no van al hospital porque no quieren que se burlen y las llamen por su nombre del DNI, las que los padres rechazan y las que no encuentran refugio más que en sus amigas de la calle.

En una entrevista con Infobae, Solá se refirió a la elección del tema: «Andrés Mego, de la editorial Hojas del Sur, me dijo que quería un libro mío para el sello que dirige y que podría escribir sobre lo que más quisiera y acepté. Hacía tiempo que quería hablar de la identidad y la vida trans, tan ignorada, que ocurre en las sombras. Sobre todo en las ciudades más pequeñas donde las nuevas leyes muchas veces no alcanzan para que los vecinos tomen conciencia de que lo trans existe y respira».

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Mostrar la realidad

La dureza del relato coincide con la realidad: distintos estudios concuerdan en que el promedio de vida del colectivo travesti-trans no supera los 40 años. A su vez, según la Fundación Huésped y ATTTA (2014) más del 70% no ha terminado el secundario, resultado de la exclusión sistemática y la estigmatización que pesa sobre las mujeres trans. A esto se suma la expulsión temprana de estas personas de su hogar y la violencia ejercida en este.

En la misma línea, el informe «La revolución de las mariposas» revela que casi el 90% de quienes tienen entre 18 y 29 años está en situación de prostitución o se considera trabajadore sexual. Además, la mayoría de las investigaciones coinciden en que el 80% de las mujeres travestis o trans trabajan en la informalidad, ya que manifestar la identidad autopercibida lleva a la imposibilidad de acceder a un trabajo formal.

Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT 2020, del total de personas de la comunidad víctimas de crímenes de odio, el 84% de los casos corresponden a mujeres travestis o trans. Estas cifras podrían ser incluso mayores ya que solo se cuentan casos relevados por los medios de comunicación o denunciados ante el Estado.

Si bien en los últimos años leyes como la de identidad de género y cupo laboral han intentado reparar la invisibilización histórica que la comunidad trans ha sufrido a lo largo de la historia, tanto la novela como la realidad denuncian que todas estas desigualdades se deben en gran medida a la ausencia del Estado.

«Mala suerte de ser travesti.

Mala suerte es tener que llevar una vida ficticia con un nombre ficticio.

Mala suerte es ser la presa favorita de la cana.

Mala suerte es que los presidentes no gobiernen para vos y que tu viejo no te quiera porque sos demasiado sensible».

La Chaco, Juan Solá.

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Imagen: Sudestada

Sobre el autor

Juan Solá es escritor y guionista. Sus textos siempre tienen como denominador común una carga social y por sobre todo humana. Nació en La Paz, Entre Ríos pero se crió en Resistencia, Chaco, donde cursó sus estudios y publicó su primer libro a los diez años: Cuentos para compartir.

Además, es autor de Naranjo en fluo (2015), Microalmas (2016), Épica Urbana (2017), Ñeri (2018) y Galaxia (2020). Durante el año pasado la Editorial Sudestada editó Los Amores Urgentes, una trilogía que incluye La Chaco, Ñeri y Galaxia.

«En la escuela me lo hacían siempre: “¿Por qué no hacen como él?”, decían las maestras en voz alta, y mis compañeros me tomaban una bronca… “Miren cómo estudia, miren cómo sabe todo”, pero lo que no sabía esa maestra es que yo estudiaba para que no me cagara a palos mi papá y porque era la única promesa que tenía para salir de ese lugar. No estudiaba por amor a la tabla periódica, estudiaba porque mi papá me había dicho: “Si vos estudiás bien, idioma, computación, vas a tener un buen trabajo”».

Juan Solá.

Según sus palabras, estudiar computación le sirvió para conseguir trabajo en un call center y aprender inglés «para que me putearan los gringos que atendía todos los días». «Cuando me di cuenta de que no era así como me lo habían pintado, me volví agresivo, resentido, y fue la militancia lo que me fue devolviendo la esperanza en mí mismo», aseguró.


Fuentes:

Eutanasia: ¿tenemos derecho a morir?

Morir con tranquilidad debe ser uno de los deseos más anhelados y que esto no ocurra, uno de los miedos más extendidos. Hay enfermedades terminales que condenan a las personas a permanecer en una condición de sufrimiento interminable. La eutanasia es una de la soluciones más viables para que estas condiciones tengan un acompañamiento profesional que pueda ayudar a quienes las padecen. En Argentina esta práctica todavía no es legal pero estamos cada vez más cerca de que así seas gracias al proyecto de la ley Alfonso. 

¿Qué es la eutanasia?

Cuando hablamos de eutanasia, muchos conceptos se confunden y hacen que el debate moral que implica esta temática se vea entorpecido. 

Según la Bioetica, la eutanasia es «un proceso que hace menos doloroso el proceso de muerte inminente. Es la elección entre morir en un plazo y en condiciones determinadas y la alternativa de que el proceso de muerte se prolongue en forma impredecible y se acompañe de padecimientos intolerables». En concreto, es una alternativa para adelantar el final inminente de una enfermedad terminal. Hacer esta distinción es importante ya que existen otras practicas similares a la eutanasia pero fundadas desde bases distintas: el suicidio asistido y la limitación del esfuerzo terapéutico. 

Por su lado, el suicidio asistido es la facilitación de medios necesarios para el suicidio a quien, de manera consciente y voluntaria, decida terminar con su vida. La diferencia entre esta alternativa y la eutanasia es que no es una enfermedad terminal la que condiciona la decisión personal de la finalización de la vida.

Por otro lado, la limitación del esfuerzo terapéutico es una variante de la eutanasia que se conoce como «eutanasia directa pasiva» y refiere a «la limitación del inicio de determinadas medidas de soporte vital y a la toma de decisiones de no emplear determinados procedimientos o terapias específicas en un paciente que irremediablemente va a fallecer».

Cada una de estas alternativas necesitaría una legislación distinta en caso de ser legales, si así se decidiera. Por ejemplo, en Argentina la limitación del esfuerzo terapéutico está regulado por la ley 26.529 y su modificación 29.742, la cual dictamina que: 

«El paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estadio terminal (…) informado en forma fehaciente, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital (…) cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible o incurable». 

Entre otros requisitos y normativas, esta ley enmarca la decisión de une paciente a no acceder a tratamientos paliativos de su enfermedad. Esta ley conforma el derecho a la autonomía de cada persona y contempla esta decisión para permitir morir. Esto no significa que les médiques sean «descorazonades», más bien abre la posibilidad de no atar a la persona a una vida que no desea vivir. Sin embargo, la decisión de no acceder a estos tratamientos no alcanza. Hay enfermedades que conllevan un sufrimiento similar pero en las cuales les pacientes no están conectades a un respirador y, en esos caso, no se podría acceder a esta limitación del esfuerzo terapéutico.

Es por esta razón que la eutanasia tiene un proyecto de ley listo para ser discutido en el Congreso de la Nación.

Ley Alfonso

Estará titulada como «Derecho a la prestación de ayuda para morir dignamente» y se dio a conocer como Ley Alfonso. Esta busca contemplar y enmarcar jurídicamente la decisión de acceder a la eutanasia. 

Inspirades en Alfonso Oliva, un paciente de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), redactaron esta ley Gabriela Estévez (diputada de Córdoba) junto a sus asesores, entre elles, el Dr. Carlos Soriano. Oliva tenía 36 años y por su enfermedad solamente podía mover sus pestañas para comunicarse. Luchó hasta el día de su fallecimiento por la legalización de esta práctica y le hizo explícito su pedido a Soriano, quien lo atendía, de que esta se legislase.

Para el medio Ahora Córdoba Noticias, el Dr. Soriano escribió sobre la ley y el proceso que atravesaron en su redacción. Considera que «las leyes deben estar hechas para incluir derechos. Creo que el derecho de decidir sobre tu propio cuerpo (siempre que no signifique un daño a un tercero) es personalísimo y tiene que ver con la dignidad de cada ser humano». Este proyecto busca atender las necesidades que la limitación del esfuerzo terapéutico no llega a satisfacer.

Además, comenta que la ley tendrá ciertos requisitos como tener la mayoría de edad, capacidad plena para decidir y una enfermedad incurable en la que ningún tipo de tratamiento alivie el padecimiento. Si los primeros dos no se cumpliesen, se consideraría que le paciente con anterioridad haya podido determinar ante un escribano su voluntad. El cumplimiento de estos requisitos sería verificado por un equipo de profesionales de la salud en el lapso deseable de 15-20 días.

Decidir sobre el cuerpo propio es un debate que nos tiene atentes en su contemporaneidad. Tenemos derecho a que se nos permita fallecer, en el marco de que tenemos derecho a nuestra autonomía. Las voluntades personales están muy por arriba de las creencias religiosas, morales y de los debates filosóficos. Cuando estas se pueden hacer explícitas, no queda ninguna otra vía que respetarlas, ya que eso es un derecho primario. 


Fuentes:


Ser mujer con discapacidad

Artículo colaboración escrito por Camila Stefano


Según el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad realizado en 2018 por INDEC, 10 de cada 100 habitantes de nuestro país poseen algún tipo discapacidad. Más de la mitad son mujeres. 

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad aclara que no deben utilizarse términos como «discapacitado» ni «capacidades diferentes», entre otras palabras despectivas. El término correcto es «persona con discapacidad», ya que antes de la dificultad que les impide realizar una tarea cotidiana, existe un sujeto con derechos, garantías y obligaciones. Por lo tanto, aquellas personas que tengan una discapacidad y se autoperciban mujeres son mujeres con discapacidad.

María Fernanda Blasco, secretaria general de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (FAICA), expresa: «Desde que nacemos, nuestros padres viven con el temor que nos pase algo y, con su sobreprotección, nos ponen dentro de una burbuja, ya que para ellos seremos “la chiquita de la casa”». 

La Convención antes mencionada expresa en el artículo 6 que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a discriminaciones y los Estados que la componen (como Argentina) están obligados a adoptar medidas para asegurarles una vida libre de violencias. Pero los datos muestran lo contrario.

Un informe de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) realizado en 2016 explica que el Estado argentino no garantiza el acceso a la justicia: no se implementaron recursos judiciales y administrativos en un lenguaje simplificado para que puedan ser comprendidos por mujeres con discapacidad intelectual. Tampoco hay intérpretes de lengua de señas en fiscalías y comisarías, es decir que una mujer sorda no cuenta con los medios para realizar una denuncia.

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El Plan Nacional de violencia hacia las mujeres no está transversalizado con la perspectiva de discapacidad. No presenta ninguna acción para combatir la violencia de género hacia niñas y adultas con alguna dificultad. El claro ejemplo es el caso de la línea 144, el número de atención para mujeres en situación de violencia, al cual solo se puede acceder mediante un dispositivo telefónico, dejando de lado a aquellas que no pueden oír ni comunicarse verbalmente. Recién este año y debido al incremento de denuncias con motivos de violencia de género en plena cuarentena por el COVID-19, se sumaron vías de comunicación accesibles (por mensajes de texto, de WhatsApp, correo electrónico). 

El acceso a la salud tampoco está contemplado por el Estado. Las mujeres con discapacidad física tienden a retrasar los controles médicos (especialmente los ginecológicos) debido a la falta de camillas e instrumentos especializados. Algunos hospitales y centros de salud ni siquiera cuentan con rampa de acceso. El personal de salud no está especializado para cada caso de discapacidad.

Red de los derechos de las personas con discapacidad (Foto: Radio Pública del Oeste).

Mujeres con discapacidad: una lucha de todas

El feminismo, entendido como una corriente sociocultural y política de identidades femeninas organizadas que busca la igualdad y equidad respecto de los varones, también incluye a las mujeres con discapacidad. 

Según Laura Alcaide, militante de Movimiento Violeta, organización nacional de mujeres con discapacidad visual:

«Debemos preguntarnos ¿qué ocurre con esos cuerpos sujetos de derechos vulnerados, que somos las mujeres, cuando se suman otras vulnerabilidades como la discapacidad? Sufrimos una doble opresión: por ser mujeres y por tener una discapacidad».

«Aún en los espacios feministas, la discapacidad está invisibilizada. Parte de esta situación responde a una construcción cultural hegemónica del miedo a lo diferente», expresa Alcaide. Dentro del mismo movimiento feminista era preciso replantear quiénes integran la lucha, teniendo en cuenta la falta de privilegios que significa convivir con un cuerpo contrahegemónico.

Conquistar derechos sexuales y reproductivos

Para Laura Lemura, también integrante de Movimiento Violeta, uno de los puntos fuertes de dicha agrupación es visibilizar la lucha de las mujeres con discapacidad visual y las problemáticas que las aquejan. Por ejemplo, no poder ejercer libertad sexual: no hay métodos anticonceptivos con descripción en braille ni test de embarazos con audiodescripción. «Si queremos saber si estamos o no embarazadas, le tenemos que pedir a una amiga o vecina que nos diga y no lo podemos hacer desde la intimidad como aquellas que sí ven». Así tampoco a la hora de usar copas menstruales o tampones.

La educación sexual integral no es accesible para todes: los manuales de ESI enviados por el gobierno nacional a las escuelas especiales son distintos a los que reciben las escuelas comunes. Carecen de información importante como conceptos de diversidad sexual, autoexploración corporal, relaciones sexuales y métodos de barrera y anticoncepción.

El aborto es otro tabú en un cuerpo gestante con discapacidad. Muchos son los casos de las mujeres con discapacidad que son obligadas a parir o a abortar y luego son esterilizadas sin su consentimiento. Es por eso que el nuevo proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, gestado por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, propone la creación de consejerías especializadas para acompañar a las mujeres con «capacidad restringida» durante todo el proceso, para que sean ellas quienes decidan sobre sus cuerpos.

La maternidad deseada también es un derecho a conquistar. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad también asegura que el Estado debe brindar los apoyos necesarios para que aquellas mujeres que quieran ser madres puedan hacerlo de forma autónoma. Advierte que bajo ningún concepto deben ser separados los hijos de las madres por motivos de discapacidad. 

La licenciada en Psicoterapia Carolina Buceta asegura: «Las mujeres con discapacidad siempre fuimos vistas como personas asexuadas, sin posibilidades de explorar el mundo, sin la oportunidad de sentirnos deseadas, ni deseantes».  Soledad Gelvez, presidenta de la organización Mirame bien – Santa Fe, agrupación que lucha por la inclusión de las personas con discapacidad visual, expresa:

«Es muy importante que en los espacios feministas se hable de discapacidad y de mujeres. Somos sujetas de derecho, no somos ciudadanas de segunda. Tenemos deseos, queremos decidir sobre nosotras. Los varones también deberían participar de estos espacios, ya que son quienes, aún, presiden nuestras organizaciones. La deconstrucción es una tarea de todes».


Imagen de portada: Freepik


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Ruth Bader Ginsburg: la voz de la igualdad

Ruth fue la segunda mujer en ser nombrada jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos (1993), formó parte de una de las primeras camadas en las que se les permitió estudiar a las mujeres Derecho en Harvard, fue madre de dos hijos y, sobre todo, fue un icono para el feminismo y la igualdad.

Tal como expresa el título de la película que relata su vida, Ruth fue para muchos ciudadanos estadounidenses la voz de la igualdad. Fallecida el pasado 18 de septiembre, su legado se quedará para siempre.

La voz de la igualdad relata los comienzos de su carrera y muestra que Ruth buscaba llevar el activismo que estaba en las calles en la década del 70 al espacio jurídico. Creía que la sociedad ya había avanzado y que ahora le tocaba a la ley acomodarse.

RBG, como la apodan muchos, vivió en carne propia la discriminación: se graduó de la Universidad con uno de los mejores promedios y se presentó para buscar trabajo en prácticamente todas las firmas de abogados de Nueva York pero ninguna la aceptó. Las excusas fueron variadas: «Ya contratamos una mujer el año pasado», «Las esposas de los abogados se podrían celosas», «Si sos madre no podrás ser productiva como abogada por tus compromisos con tus hijos», entre otros.

Mientras ella escuchaba las excusas por las cuales no la iban a contratar, veía la carrera de su marido o de sus mismos colegas florecer. Ahí más que nunca vio la injusticia y se propuso hacer lo que estaba en su poder para cambiar la situación.

«Las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones».

Ruth Bader Ginsburg

Sus aportes como abogada

Luego de ser profesora en la Universidad de Rutgers, donde le pagaban menos que a sus colegas varones bajo la excusa de que ella tenía un marido que tenía un buen trabajo, Ruth comenzó a trabajar como abogada en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) durante la década del 70.

Uno de los casos en los que trabajó fue Reed vs. Reed, una decisión histórica de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que dictaminó que los administradores de fincas no podrían ser nombrados de una manera que discriminase entre sexos, cosa que hasta el momento la ley permitía. Ruth basaba sus defensas en que muchas leyes estaduales era inconstitucionales. La enmienda catorce de la Constitución de Estados Unidos dice que todas las personas deben ser tratadas con igualdad ante la ley pero, a la vez, existían leyes que discriminaban a distintos grupos sociales. Ruth vio esa contradicción y se aprovechó de ella.

En 1974, también participó como abogada del caso Kahn vs. Shevin. Kahn era un viudo que reclamaba una reducción a sus impuestos de propiedad debido al fallecimiento de su esposa pero este beneficio le había sido negado porque solo podía ser solicitado por mujeres viudas. Gracias al trabajo de Ginsburg, que explicó que esto es discriminación basada en el género, lograron ganar el juicio. A lo largo de su carrera y su vida, Ruth militó la idea de que el machismo nos afecta a todes y es debido a esto la importancia del caso.

su trabajo en la CORTE SUPREMA

Jimmy Carter llegó a la presidencia de Estados Unidos en 1977 y dio el primer paso para lo que sería un cambio en la Corte Suprema. Él vio la Corte y entendió que esos jueces se parecían a él, eran varones blancos, pero no se parecían al pueblo que representaban. Cuando asumió como presidente prometió que se encargaría de que hubiera más mujeres y más afroamericanes en esos puestos.

Carter nominó a Ruth para que formase parte de la Corte de Apelaciones en el año 1980 y, 13 años más tarde, fue nominada por Bill Clinton para ser jueza de la Corte Suprema. Esta decisión debe ser aprobada por el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos y para esto se dan una serie audiencias donde la abogada responde varias preguntas y da un discurso.

En su discurso reafirmó la importancia del derecho al aborto, dijo que cuando el Estado impone políticas sobre el cuerpo de la mujer obligándola a ser madre, la está tratando como una persona que no tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. Nunca antes un nominado a la Corte Suprema había hecho declaraciones sobre el tema.

Su nominación fue aprobada y se convirtió en la segunda mujer en ser jueza de la Corte Suprema. Varias veces le preguntaron cuál era el número ideal de mujeres miembros en la Corte y ella siempre respondía que podrían ser todas, ya que si en el pasado la Corte estuvo compuesta en su totalidad por varones no veía cómo una Corte de nueve mujeres no podría darse.

Corte Suprema de los Estados Unidos en la actualidad. Fuente: Fred Schilling.

Dos años antes de que se autorizase el matrimonio igualitario en los 50 estados de Estados Unidos, Ruth ofició el casamiento de uno de sus amigos personales que se llevó a cabo en Washington, donde la práctica ya formaba parte del marco legal. Esta actitud histórica fue de vital importancia para la lucha y simbolizó su apoyo a la comunidad LGBTQ+.

Trump vs. RUTH

Donald Trump no era muy admirador del trabajo de Ruth. Por el contrario, deseaba que se retirase del cargo durante su mandato así él podría nominar a su remplazo. Durante los últimos años, RBG luchó contra el cáncer de páncreas y, por esta razón, se creía que a renunciaría de su puesto como jueza.

Ginsburg conocía las intenciones de Trump y no quería darle el placer de su renuncia. Sabía que si ella se iba del puesto, el presidente nombraría en su lugar a un juez conservador que podría poner en peligro muchos de los avances que se habían logrado gracias al apoyo de Ruth.

Luego del fallecimiento de la jueza, las teorías se volvieron realidad: el presidente Trump anunció que nominará para remplazarla a la abogada Amy Coney Barrett. Amy es católica y afirma que la vida comienza con la concepción, apoya las políticas duras contra la inmigración y en general mantiene valores conservadores. El cambio de Ginsburg a Barret es abismal y pone en amenaza la legislación del aborto, ya que existe la posibilidad de la revocación del caso Roe vs. Wade que lo regulariza.


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«Sí, acepto» en Costa Rica

Costa Rica se convierte en el primer país centroamericano en legalizar el matrimonio igualitario, el octavo en permitirlo dentro del continente americano y el número 29 en el mundo.

Horas después de validado el matrimonio igualitario, Daritza Araya y Alexandra Quirós dieron un paso histórico en la conquista de derechos y en la lucha de la comunidad LGBTQI+. Fueron las primeras en hacer uso de la ley pero no las últimas. Esperan que, sentando precedente, países centro y sudamericanos como Bolivia, Cuba y El Salvador, entre otros, reconozcan nuevos derechos para sus habitantes.

El logro de Daritza y Alexandra es parte de una larga batalla, ya que Costa Rica había solicitado en 2016 la opinión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la obligación o no de extender los derechos para parejas del mismo sexo. La opinión consultiva de la CIDH lo afirmó:

«El Estado costarricense debe garantizar que las personas interesadas en la rectificación de la anotación del género (cambiar su nombre, adecuar su imagen en los registros y/o en los documentos de identidad) puedan acudir a un procedimiento o un trámite (…) que sea confidencial, expedito, gratuito y no debe acreditar de operaciones quirúrgicas y/o hormonales».

Según Prensa Latina, en 2018, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió acoger la postura de la CIDH, pero no inmediatamente, dando un plazo de 18 meses a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, afirmó que los Estados «deben reconocer y garantizar todos los derechos que deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo, incluido el matrimonio».

El matrimonio igualitario entró en vigencia este 26 de mayo, luego de que se cumpliera dicho plazo, sin haber emitido el Congreso alguna legislación al respecto. Fueron derogados automáticamente los artículos del Código de la Familia y otras leyes que resultaban inconstitucionales.

El intento de los legisladores conservadores por posponer la legislación de este derecho alegando que sus esfuerzos estaban concentrados en hacerle frente al COVID-19 fracasó y, por votación mayoritaria, se admitió la nueva ley.

«Yo sí acepto la idea de no limitar los derechos de nadie, un país que no discrimina. Sí acepto que nadie tenga que ocultar sus relaciones, su amor y sus sentimientos. Sí acepto que existan familias diferentes, sí acepto y sueño con un país sin homofobia, sin lesbofobia, sin transfobia y sin bifobia. Sí acepto un país construido con amor».

Carolina Hidalgo, diputada del Partido Acción Ciudadana y expresidenta del Congreso.
Casamiento Costa Rica

A pesar de la pandemia y de la imposibilidad de celebrar personalmente, la pareja, que contrajo matrimonio en San Isidro de Heredia, llevó a cabo una celebración virtual.

La televisión pública, distintos canales de Internet y la organización «Sí, Acepto» que lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ realizaron una transmisión especial en la que participaron cantantes, músicos y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachellet, entre otras personas.

Luego de la oficialización del evento, el presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado, declaró mediante un video en Twitter:

«Como presidente, mi trabajo consiste no solo en defender la Constitución Política y el país, sino también en defender los derechos humanos, como la expresión de la libertad, la autodeterminación y la dignidad humana. Por eso, nuestro deber es combatir todo tipo de discriminación, sea por discapacidad, etnia, cultura, credo religioso, sexo, identidad y expresión de género, orientación sexual o cualquier otra. Desde ese enfoque, que procura la defensa de todos los derechos humanos, es desde donde debemos comprender este hito.

Este cambio provocará una transformación social y cultural significativa del país, que permitirá a miles de personas casarse frente a un abogado para reconocer derechos de pareja.

Las personas que ahora podrán acceder a este derecho no son extrañas. Se trata de hijos, hijas, amigos, familiares, compañeros y compañeras de trabajo. Son personas que cuando decidan casarse lo harán por amor, por estabilidad (…) No buscan agredir ninguna creencia personal, solo buscan un espacio para el reconocimiento y la dignidad que merece todo ser humano, sin importar quienes sean, o a quienes amen (…).

A las personas  LGBTQ+ cuyos derechos serán reconocidos a partir de mañana [26/05/2020] les reitero mi compromiso. Durante décadas fueron ofendidas, humilladas, perseguidas pero nunca se cansaron de luchar, en las calles, en las instituciones y en los tribunales. Persistieron con orgullo y determinación».

Según Europa Press, el registro civil confirmó que ya hay alrededor de 55 solicitudes de matrimonio esperando a ser inscritas para poder celebrar el despertar en un país más justo.


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Violencia obstétrica: las marcas del sistema

Una problemática con impacto que se encuentra arraigada en las prácticas y el sistema de salud, responsable de negligencias, malos tratos, humillaciones e intervenciones innecesarias: de esto trata la violencia obstétrica.

En recorrido histórico y cultural aparece el «fetiche del rey», que según Bioguía trata de Luis XIV de Francia y su gusto particular por presenciar partos. Mientras su esposa daba a luz, ordenó que lo hiciera acostada ya que eso le daría una mejor perspectiva para observar. Sin embargo, Luis no tuvo en cuenta que esa postura (que fue adoptada a lo largo del globo por médicxs) genera más dolor, retrasa las contracciones y alarga el trabajo de parto.

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Imagen: Revista Americana de Salud Pública

Es cierto que, en casos de complicación, es necesario que algunas personas gestantes den a luz acostadas, pero la posición vertical ayuda a una salida de lx niñx más fluida ya que la pelvis se expande y, según expresa Tribu Materna, se favorece a la respiración, a evitar desgarres y episiotomías.

A pesar de que haya surgido como una idea que no tenía en cuenta la visión de quien gestaba, en la actualidad, debido a los protocolos hospitalarios y la facilidad para el trabajo de lxs médicxs, se suele utilizar la famosa posición de espaldas.

Es, en parte, esta coyuntura en donde inicia lo que se conoce como violencia obstétrica, que vulnera el bienestar de la persona gestante y de quien está por nacer. A pesar de los nuevos conocimientos, de la lucha por el parto respetado y de nuevas prácticas feminizadas, la violencia obstétrica se sigue ejerciendo y puede afectar a la persona gestante y a su hijx durante el embarazo, durante el parto e incluso durante el posparto, tanto de forma directa como indirecta y de forma pública o privada.

La violencia obstétrica refiere a un trato irrespetuoso, deshumanizado y ofensivo, que puede incluir amenazas a la integridad física y psicológica, conductas y formas de proceder por parte del personal médico que ultrajan derechos y vulneran los cuerpos. Puede verse en los procedimientos médicos sin consentimiento o coercitivos, la falta de confidencialidad, la falta de información sobre los procedimientos llevados a cabo, la negativa a administrar analgésicos y a estar acompañadxs, etcétera.

La OMS reconoce que en los partos negligentes u ofensivos no solo se hacen presentes las prácticas violentas sino también maltratos verbales que humillan y perjudican a la persona gestante que, ya de por sí, se encuentra en una situación delicada. También sostiene que, si bien todxs podemos ser víctimas de estos malos tratos, se ven más perjudicadas las mujeres solteras, las madres adolescentes, las de niveles socioeconómicos bajos, las que pertenecen a una minoría étnica, las inmigrantes y las que padecen HIV, entre otras.

Para prevenir el maltrato en los centros de salud a nivel mundial, la OMS presenta una serie de acciones que deben ser tomadas en cuenta. En primer lugar, debe haber un mayor respaldo por parte de los gobiernos y socios en el desarrollo a las investigaciones y acciones sobre el maltrato y la falta de respeto. En una segunda instancia, se deben iniciar y mantener programas diseñados para mejorar la naturaleza de la atención de la salud materna, centrándose en la atención respetuosa como componente esencial de la atención de calidad.


Pueden leer más sobre las recomendaciones que la OMS expresa para cada etapa del embarazo aquí.


La principal problemática es que la violencia obstétrica aún no está reconocida claramente en algunos países, y a nivel mundial tampoco hay un consenso sobre cuáles son sus consecuencias. Algunos países, como Venezuela, Argentina y Chile, sí la tienen en cuenta en la legislación.

En Argentina, si bien están vigentes la ley 25.929 de parto respetado y la ley 26.485 que reconoce la violencia obstétrica y la violencia contra la libertad reproductiva, entre otras, se siguen registrando casos de maltrato. Las denuncias registradas a lo largo de 2017 fueron por trato deshumanizado (82%), medicalización y patologización (42%) y falta de información (44%).

Para exterminar este tipo de situaciones, la agrupación feminista Las Casildas, fundada en 2011 por Julieta Saulo y conformada por profesionales interdisciplinarixs, genera dispositivos y estrategias con el fin de difundir y visibilizar problemáticas como la violencia obstétrica, el incumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos y demás cuestiones de género.

Por ello, a partir de marzo, el segundo miércoles de cada mes de 18 a 20 horas implementarán un conjunto de actividades en Casa Sofía (Fitz Roy 1327), donde brindarán un ciclo de charlas gratuito sobre temas ligados a violencia obstétrica, partos y cesáreas, entre otras cosas, contando con la experiencia de mujeres invitadas.

El ciclo abre sus puertas a todxs y no se necesita inscripción previa. Quien inicia con las charlas es Ana Fagioli, médica generalista, feminista e integrante de la Red de Profesionales por el derecho a decidir. Para más información, pueden dirigirse al sitio web de la agrupación o encontrarla en redes sociales como @lascasildas.


Muchas veces, por la naturalización o el trauma, las personas gestantes no denuncian la violencia que sufren (o no saben que pueden hacerlo). Existen instituciones, como la Defensoría del Pueblo de la Nación, que se encargan de registrar y acompañar durante estas acusaciones. Si fuiste víctima de violencia obstétrica o querés más información sobre el tema, el gobierno argentino tiene abierta una línea gratuita (0800-122-5878) para asesorarte.

La Defensoría del Pueblo también permite radicar denuncias de lunes a viernes de 10 a 17 horas a través de los teléfonos 0810-333-3762 y 4819-1581, o enviando un email a partorespetado@defensor.gov.ar. Asimismo, la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG) se encuentra a disposición de quienes quieran asentar reclamos al 0800-122-5878 o a la dirección de correo electrónico consavig@jus.gov.ar.

Además, hay grupos que ofrecen acompañamiento a las personas gestantes durante todo el proceso, como el programa de Las Casildas sobre consultorios de puericultura y crianza con perspectiva de género (grupos@lascasildas.com.ar), y algunas agrupaciones con las que se puede establecer contacto a través del grupo de Facebook Parto Respetado/Humanizado Buenos Aires.


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Fuentes

Día Internacional de las Mujeres Rurales

«El empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales es esencial para construir un futuro próspero, equitativo y pacífico para todos en un planeta sano» — António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las mujeres rurales representan más del 33% de la población mundial y el 43% de la mano de obra agrícola. Son las encargadas de mantener la seguridad y sostener a sus comunidades. Sin embargo, sufren los efectos de la pobreza, el cambio climático y la brecha de género en cuestiones de acceso a tierras, créditos, materiales agrícolas e incluso cuestiones de saneamiento.

Este año, la conmemoración del día se centra en «Los retos y las oportunidades presentes en la agricultura resiliente en cuanto al clima, para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales». Es un acontecimiento muy especial que precede al Día Mundial de la Alimentación y al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, ambos recordatorios de las dificultades que atraviesan las mujeres rurales en relación con el desarrollo rural y la lucha económica.

Las mujeres rurales son indispensables en la vida cotidiana pero su labor es invisible. No solo no es tomada en cuenta, sino que tampoco es remunerada a pesar de que sus tareas son cada vez más arduas. Completamente vulnerables, carecen de valoración por parte de los estados, algo que se puede reconocer cada 15 de octubre en el que se conmemora su batalla diaria por un mundo más equitativo.

Este año, el enfoque también se centra en tomar medidas para lograr infraestructura, servicios y protección social sostenibles.

Según la ONU, los avances en los temas referidos son tan lentos que hay dudas en cuanto al éxito de alcanzar la igualdad y la sostenibilidad esperadas para el 2030, pese a que falten aún más de 10 años. Afirman que el cumplimiento de los compromisos de la Agenda 2030 en materia de igualdad de género dependen de la asignación de un volumen suficiente de recursos y de una acción concertada de los gobiernos y todas las partes interesadas.

Es necesario que los estados y los organismos de los que dependen las mujeres rurales intervengan mediante políticas activas para brindar herramientas y acompañamiento. Está previsto que alrededor de 124 países apliquen recortes presupuestarios a partir del año vigente, por lo que cada vez será mas difícil tomar medidas de protección para incrementar y fortalecer el rol de las mujeres tanto dentro de sus comunidades como para la economía nacional.

Una de las organizaciones españolas que luchan por alcanzar la igualdad y el progreso de las mujeres que trabajan en el medio rural es la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR). El objetivo principal de esta organización progresista es eliminar la triple discriminación a la que están expuestas las mujeres en el ámbito rural: actividades económicas sometidas a incertidumbre, entorno masculinizado y un medio con poco apoyo social que ayude con las tareas familiares.

Para más información, ingresá a Fademur.

 


Fuentes

#AbsoluciónParaDahyana

¿Quién es Dahyana?

Dahyana Gorosito, una joven de tan solo 21 años, hoy enfrenta serios cargos por la muerte de su beba, Selene, nacida el 20 de mayo de 2016. Fue obligada a parir en un descampado bajo las amenazas de su pareja, Luis Oroná, quien le arrebató de los brazos a la niña y se la llevó.

Con tan solo 20 años, la joven fue obligada por Luis Oroná a parir en un descampado de la localidad de Unquillo (Córdoba), a la intemperie, con frío y sin asistencia. Oroná le arrebató a la beba, quien fue encontrada sin vida tras cuatro allanamientos en su domicilio. Finalmente, se pudo confirmar que la beba murió de hipotermia.

Por su parte, la Justicia acusó a Dahyana de no haber impedido el homicidio de Selene. Por este motivo, pasó un año en la cárcel y hoy se la expone a una pena máxima de prisión perpetua. Sí , así de absurdo como suena. Sin tener en cuenta que le arrebataron a su hija recién nacida, sin tener en cuenta las condiciones en las que llevó a cabo su parto, y sin tener en cuenta toda la violencia que padeció.

Violencia sin fin

¿Cómo llegó la violencia a la vida de Dahyana? No empezó con Oroná; la joven no tuvo una infancia sencilla. El papá de sus hermanos estaba preso por denuncias de violencia y cuando ella tenía apenas diez años, detuvieron a su mamá por un tema relacionado con drogas.

Su madre y su familia estuvieron en boca de todo el pueblo, pero más allá del que dirán, nadie puede explicar lo que una niña pueda pensar, y mucho menos hacer, ante la estigmatización de tanta gente.

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La situación empeoró cuando su madre obtuvo la libertad. Además, las situaciones de violencia con su padrastro continuaron. Pasaron miles de penurias, y hasta incluso se mudaron por decisión de él, un hombre muy agresivo tanto con su madre como con ella.

A los trece años, un día salió del colegio y decidió no volver a su casa. Se fue a la casa de la prima de la mamá, y le dieron a elegir entre un Instituto y volver a su casa. Permaneció varios meses en el Instituto de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia pero finalmente volvió con su madre, con la ilusión de «todo iba a cambiar».

Nada cambió. La vida de Dahyana siempre estuvo rodeada de violencia, incluso ante su lucha por salir de ella.

Imposible escapar de la violencia

La joven encontró su resguardo en una amiga del colegio, Bárbara Oroná. Una amiga que la apoyó, y la invitó a su casa hasta que todo se calmara tras haber tenido un enfrentamiento con su padrastro. Así fue como conoció a Luis, por su amiga, de una familia muy peculiar.

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La violencia no solo la ejercía Luis, sino que la familia de cierta forma la avalaba también. Cuando él volvía tarde y borracho, le pedían que no le dijera nada ni hiciera ningún tipo de reclamos. Así fue como empezó todo: diferentes actos violentos fueron los que llevaron a esta gran tragedia.

Llegó su primer embarazo. Cada vez que Dahyana habla de él, los ojos se le llenan de lágrimas. Luisito, pensó, iba a renovar las esperanzas, cambiar su vida, la de su padre, pero no. Al contrario, Oroná continuaba incluso peor, hasta que llegó el segundo embarazo y ocurrió ese desenlace fatal.

Justicia por Dahyana

En mayo de este año, la Cámara de Acusaciones ordenó su libertad y marcó que existieron indicios de violencia de género que el Juzgado de Control y la fiscalía habían pasado por alto. La joven pudo aguardar el juicio en libertad y está a la espera de su absolución definitiva.

Hoy, Dahyana cursa su tercer embarazo, y con su panza de cinco meses relata su vida como si estuviese muy lejos. Desde que salió de prisión, su vida es otra; Dahyana cambió, ellos la cambiaron, él la cambió. Hoy, acompaña a mujeres que pasan o pasaron por lo mismo que ella: decidió brindar la ayuda que nadie supo darle.

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Ayer comenzó en la Cámara 12° del Crimen el juicio por jurados populares contra Dahyana Gorosito y su expareja Luis Oroná, ambos acusados por homicidio calificado por la muerte de su bebé.

Desde el Twitter «Libertad para Dahyana», se promovió un twittazo entre las 11 hs. y las 12 hs. bajo el hashtag #AbsoluciónParaDahyana, para apoyar a la joven. En la puerta de Tribunales, diferentes agrupaciones piden por ella, piden JUSTICIA.