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El cambio climático también afecta tu salud

El cambio climático también tiene sus consecuencias en nuestra salud. Esta es una realidad que ya no podemos desconocer. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), «el cambio climático es la mayor amenaza para la salud mundial del siglo XXI». La organización también advierte que desde 2030 en adelante, habrá 250 000 muertes adicionales por enfermedades sensibles al clima (estrés por calor, desnutrición, dengue, malaria). Así, vemos que los efectos de esta problemática como las olas de calor, las sequías, las inundaciones y el deterioro en la calidad del aire impactan directamente en la vida de las personas. Y no sólo eso, sino que también sus efectos son desiguales: tanto las personas más pobres, como las que se encuentran en una posición de vulnerabilidad, como mujeres y niñas, son quienes soportan las peores consecuencias de las transiciones ambientales. 

Fuente: CDC

A menudo, las mujeres y las niñas son las últimas en comer o en ser rescatadas, se enfrentan a mayores riesgos de salud y seguridad cuando los sistemas de agua y saneamiento se ven comprometidos y asumen una mayor carga de trabajo doméstico y de cuidado cuando se acaban los recursos, afirman desde Naciones Unidas. Estos efectos en las poblaciones que se perciben femeninas son mayores, si consideramos que la salud ha tenido, históricamente, una perspectiva machista y patriarcal. Son más susceptibles a sufrir desnutrición, estrés por calor, malaria, dengue y discriminación. Además, el riesgo de salud también se incrementa si consideramos que el cambio climático provoca una mayor violencia contra las mujeres. En este sentido, los desastres ambientales y la presión ante la falta de recursos refuerzan los desequilibrios de poder ya existentes, causando que mujeres y niñas en todo el mundo vean amenazado no sólo su bienestar, sino también su vida. 

Por otro lado, el cambio climático también afecta nuestra salud mental. Un término recientemente acuñado por psicólogues y psiquiatres lo explica: la «eco-ansiedad» o ansiedad climática. Ante la inacción actual que vemos por parte de las personas en el poder, es frecuente pensar que ninguna acción es suficiente y tener sentimientos de impotencia. Ante esto, científiques y activistas ambientales fueron les primeres en reportar sentirse abrumades, tristes y ansioses. La necesidad urgente de actuar para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) ha causado que muchas personas sientan culpa por continuar comiendo carne, usando el auto o viajando en avión. Mucha gente cree que o bien no puede hacer nada, o bien no quiere hacer lo que se supone que debe hacer. Algunas veces, no hay un incentivo claro para actuar contra el cambio climático y otras, una persona puede hacer algo pero el resto no actúa, sobre todo las empresas más contaminantes.

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Por esto, es importante hacer hincapié en la perspectiva de salud cuando hablamos de cambio climático, según explican desde la Organización Salud sin Daño. También la CEPAL y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten sobre el impacto que los cambios en nuestro planeta traen aparejados. Hoy más que nunca es necesario poner en marcha medidas de adaptación y mitigación. 

¿Qué son la adaptación y la mitigación?  

Traducción de la imagen: «Asegúrense de lavarse las manos y todo estará bien»; COVID-19; recesión; cambio climático. Fuente: Mackay Cartoons.

Es frecuente oír a expertes en cambio climático mencionar estos dos conceptos. El primero se refiere a llevar adelante políticas, medidas y acciones que tiendan a minimizar los impactos del cambio climático.

Por mitigación entendemos a las acciones que determina cada región para disminuir sus emisiones de GEI y así reducir o hacer menos graves los efectos del cambio climático. Estas soluciones tienen como objetivo principal disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones y hacerlas más resilientes ante los desastres naturales y otras variables, como la pobreza y la inequidad. 

Existen diversas soluciones de adaptación y mitigación que las naciones pueden realizar. Estas dependen del contexto único de cada comunidad y del mismo país. Las acciones que ponga en práctica una localidad pueden no funcionar para otra y viceversa; por ello, es importante tener en cuenta las necesidades y los recursos con los que cuenta cada región. Así, cada medida de adaptación y de mitigación debe ser diseñada cuidadosamente, para evitar lo que les científiques dieron en llamar «mala adaptación».

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Este término apareció por primera vez en el informe del Grupo de Trabajo II del Panel Intergubernamental de Especialistas sobre Cambio Climático (IPCC) que fue publicado en febrero de 2022. Con él, les especialistas advierten que es vital pensar en las consecuencias a mediano y largo plazo cuando se propone una acción de adaptación o mitigación. No sólo es importante atacar el problema, sino asegurarse, mediante estudios de impacto ambiental, que la solución propuesta no genere nuevos problemas en el clima y los ecosistemas. Un ejemplo de esto es la aforestación. Consiste en sembrar árboles donde antes no había árboles de esa especie. Esta actividad, aunque nació de la buena voluntad y la acción climática, puede tener consecuencias devastadoras sobre un ecosistema que ve su equilibrio amenazado por la invasión de una especie exótica. 

¿Qué hacer?

Es importante, entonces, tener en cuenta todas las variables que afectan a nuestro bienestar. Es un proceso complejo, como también lo es nuestro planeta. Entender a la salud como un concepto integrador, donde también se tenga en cuenta la salud mental, es vital para proponer acciones colectivas contra los efectos nocivos del cambio climático. En este sentido, es vital poner en marcha acciones de adaptación y mitigación. Debemos reclamar, ante les tomadores de decisiones de nuestro país, por acciones climáticas efectivas para disminuir la vulnerabilidad de nuestra población y estar preparades para atender estas consecuencias. Específicamente en Argentina, tenemos que comenzar a hablar del cambio climático y entenderlo como un problema de salud pública mundial. 

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Fuentes:

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Desiguales por menstruar

La mitad de la población, que ya es discriminada con una brecha salarial, además debe dejar parte de su sueldo en las góndolas de productos de higiene menstrual. Una necesidad fisiológica que se presenta -generalmente- una semana al mes durante entre 30 y 40 años en el trascurso de su vida.

Cuando un presupuesto económico es escaso, afecta a quienes tienen más gastos. En este caso, a las personas con capacidad y en edad de menstruar, porque deben consumir productos sanitarios como toallitas y tampones para atravesar sus períodos de manera digna, sin tener en cuenta los analgésicos para los dolores, la ropa interior de reemplazo y los días de licencia por enfermedad en el trabajo y en la escuela.

Según la organización Economía Femini(s)ta: «La mitad de las mujeres en nuestro país gana menos de $17.900 mensualmente y el costo estimado de gestionar la menstruación en 2020 mediante la compra de toallitas y tampones era de entre 2.900 y 3.800 pesos argentinos. Este gasto no es optativo ya que es nuestro deber social gestionar la menstruación y el mismo impacta sobre ingresos que son de por sí menores». De esta forma, el estigma de la pobreza se agrava cuando estamos menstruando.

Cuando un único paquete debe durar hasta el próximo mes, las personas que hacen malabares para comprarlos pueden llegar a usar una sola toallita por día, lo cual significa una incomodidad muy grande, porque se genera más olor, porque ya no tiene capacidad para absorber más sangre y porque funcionan igual que el pañal de un bebé: cuando se llena de líquido se hincha, se pone pesada y molesta. Lo mismo sucede con los tampones, lo cuales se recomienda cambiar cada cuatro horas porque puede producir manchas, incomodidad e infecciones.

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La falta de estos elementos suele venir acompañada de otras carencias como el acceso a agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, un lugar para eliminar los desechos y sobre todo conocimiento de la temática: qué hacer en ese momento, a dónde ir a pedir asesoramiento, qué se puede utilizar y cómo y entender que no es algo que está mal sino algo natural que, si sucediera en condiciones mejores, no sería discriminador.

Teniendo en cuenta los precios de estos productos (que pueden variar entre $36 y $456 los paquetes de ocho toallitas; entre $48 y $207 las 20 unidades de protectores diarios; desde $67 hasta $178 la caja más chica de tampones y a partir de los $449 la copa menstrual), es fácil saber cuál elegiría una persona que tiene que decidir entre comprar un kilo de pan para su familia o uno de estos insumos. Al no contar con algo para parar o contener el sangrado, estas personas no pueden salir de su casa, casi no pueden salir del baño y ahí es cuando las más pequeñas no pueden ir al colegio y las más grandes al trabajo. Y esto se repite mes a mes.

Seguir el envión del resto del mundo

Frente a esta problemática, en noviembre de 2020 Escocia se convirtió en el primer país del mundo en permitir el acceso gratuito y universal a productos menstruales, incluidos tampones y toallitas, en instalaciones públicas como escuelas y universidades. Este avance tuvo lugar gracias al proyecto de ley y a la campaña para poner fin a la «pobreza del período» impulsados por la legisladora laborista Mónica Lennon en 2016.

A su vez, a principios de este año el Reino Unido eliminó la tasa del 5% del impuesto al valor agregado (IVA) sobre los productos menstruales, conocido como «impuesto al tampón». El IVA en estos insumos es considerado un impuesto sexista porque se aplica sobre elementos sanitarios esenciales que necesitan solo las personas con útero, por lo tanto, es un gasto extra pero fundamental para desarrollar su cotidianeidad y para tener una vida digna.

Por su parte, Alemania redujo el gravamen de estos productos del 19 % al 7 %, por lo cual se consideran de primera necesidad y en Francia también se consiguió un porcentaje mínimo de alrededor del 5%.

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Desde el otro extremo, Nueva Zelanda anunció en febrero de este año que proporcionará productos de higiene femenina gratis en todos los colegios del país para atajar la «pobreza menstrual». La primera ministra de este país resaltó que es inadmisible que las jóvenes pierdan parte de su educación por algo normal para más de la mitad de la población.

A nivel mundial, Kenia fue el primer país en eliminar la «tasa tampón» en 2004, una iniciativa que fue replicada en Canadá, India, Malasia, Uganda, Tanzania, Nicaragua y Trinidad y Tobago, entre otros.

Los países que lograron eliminar este impuesto consideran que viola los derechos a la igualdad y a la salud de las mujeres y personas de otras identidades menstruantes por la existencia de discriminación económica, discriminación desde la perspectiva de la salud y discriminación en el derecho a la vida digna.

Más hacia el sur, en México, la Organización Civil Menstruación Digna lucha por la gratuidad de los productos de gestión menstrual, la eliminación del IVA de dichos productos y la investigación sobre la menstruación en el país. Mientras tanto, el 2 de marzo pasado en Michoacán, Estado de México, se aprobó la ley de menstruación digna, con la cual se busca dar acceso y educar sobre productos menstruales a estudiantes de escuelas públicas y facilitar el acceso gratuito a los productos de gestión menstrual.

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Al mismo tiempo, en Colombia, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del IVA sobre estos productos porque vulnera los principios constitucionales de igualdad y equidad tributaria y porque rompe con el compromiso que tiene el país con Tratados Internacionales como la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará y el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales.

¿Y por casa cómo andamos?

El 8 de marzo de 2017, Economía Femini(s)ta puso en marcha la Campaña #Menstruacción que reclama «la quita del IVA de los productos de gestión menstrual, ya que son productos de primera necesidad y el impuesto sobre ellos crea una desventaja real para las personas que menstrúan» y «la distribución gratuita de métodos de gestión menstrual en escuelas, cárceles y otros espacios comunitarios», ya que, según sostienen, 7 de cada 10 argentinas son mujeres y diversidades pobres que no pueden acceder a los elementos necesarios para gestionar su menstruación.

Gracias al incentivo de esta campaña, el 6 de marzo de 2020 en el Municipio de Morón se aprobó una ordenanza municipal para asegurar la provisión gratuita de los productos, el primer antecedente de la región. Unos meses después, el 28 de mayo, Día Mundial de la Higiene Menstrual, en la Ciudad de Santa Fe también se aprobó una ordenanza con el mismo objetivo y así se convirtió en la primera capital provincial del país en contemplar este derecho. El efecto rebote se activó y lo mismo sucedió en los municipios de Viedma y Zárate y, para el mes de julio, la Municipalidad de San Rafael (Mendoza) se convertía en el tercer distrito en aprobar un plan de gestión menstrual.

A su vez, en Buenos Aires el 28 de mayo de 2020 se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para garantizar el derecho a la gestión menstrual en condiciones dignas de higiene y salud, reducir la brecha de capacidad adquisitiva en elementos de salud e higiene y promover opciones de menor impacto ambiental y económico. Además de este proyecto se han presentado 16 más con los mismos objetivos: lograr una ley nacional para que todas las personas menstruantes puedan transitar esta etapa de la vida en condiciones dignas y de igualdad.

Ante la falta de evolución de estos proyectos, Micaela Ferraro expresó en un conversatorio sobre ambiente y género organizado por Eco House que «el mayor obstáculo es la mirada de quien está al frente para tomar las decisiones. Por eso tenemos que ser más mujeres que tomen decisiones, ocupen cargos y lugares de poder».

Derechos Humanos de las mujeres

La CEDAW describe a la discriminación de la mujer como cualquier «distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera». En este caso, la discriminación sucede porque las mujeres quedan restringidas de tener una vida digna y un desarrollo pleno a causa de su naturaleza menstruante.

Además, reconoce que para alcanzar la igualdad se puede permitir el tratamiento diferente entre hombres y mujeres siempre que se busque superar la discriminación. En este sentido, el Estado debe desarrollar políticas públicas para que las personas que menstrúan no sufran esta falta de reconocimiento y consideración a costas de recaudar más ganancias.

«La chica que ayuda en casa»

Desde hace varios años los movimientos feministas plantean el debate en torno a quiénes realizan las tareas domésticas y de cuidado: se trata de la ocupación más popular entre las mujeres. Por su parte, el aislamiento social, preventivo y obligatorio y la crisis actual solo empeoraron las condiciones de este trabajo invisibilizado.

Laura se levanta todos los días a las 5:30 de la madrugada para llegar al trabajo a las 7. Espera la línea 214 a dos cuadras de su casa, en La Plata. Luego de viajar una hora comienza con su jornada laboral. Luz, en cambio, camina unas pocas cuadras hasta encontrarse con la nena que cuida; la conoce desde hace dos años cuando ella tenía meses y Luz tuvo que empezar a trabajar para ayudar a sus padres con los gastos de alquiler y fotocopias para la facultad.

Fabiana, por su parte, trabaja como empleada doméstica hace más de 20 años. En un principio también cuidaba niñes pero, en la actualidad, solo realiza tareas de limpieza. Ellas son algunas de las 900 mil personas que componen el sector de servicio doméstico, dentro del cual la tasa de feminidad es del 98,5%.

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Según un informe de Natsumi Shokida para Economía Femini(s)ta, las trabajadoras que realizan tareas domésticas y de cuidado en hogares particulares representan un 16,4% dentro del total de ocupadas mujeres, lo que equivale a 1 cada 6 ocupadas en Argentina. Al mismo tiempo, estas trabajadoras representan un 21,6% dentro del total de ocupadas-asalariadas, es decir que, dentro de las mujeres que trabajan en relación de dependencia, alrededor de 1 de cada 5 tiene como ocupación principal el trabajo en hogares particulares.

Las trabajadoras de servicio doméstico en Argentina – Economía Femini(s)ta.

Las jornadas laborales son variadas. «Hay días que trabajo en más de una casa, o sea, hay días que trabajo 5 h y otros 8 h. Por estos momentos con el tema del COVID-19 solo trabajo en 4 casas, pero he llegado a trabajar en 6», cuenta Fabiana que, a su vez, explica que solo dos empleadores le realizan aportes junto con aguinaldo y vacaciones pagas.

Dentro de les asalariades, un 35,8% no se encuentra registrade en la seguridad social. La tasa asciende al 37,5% cuando hablamos de mujeres y dentro de las trabajadoras domésticas un 74,5% no percibe descuento jubilatorio. En la misma línea, un 68,8% de estas trabajadoras no cuenta con vacaciones pagas, un 68,1% no percibe aguinaldos, un 70,9% no percibe el pago en caso de enfermedad y un 73,2% no cuenta con cobertura de salud mediante obra social.

Laura trabajaba en cuatro casas hasta que, por el aislamiento, la despidieron. «Me dijeron que no fuera hasta que pasara un poco todo lo del Covid-19 y no me llamaron nunca más, en una casa hasta me quedaron debiendo algunos días de marzo», cuenta mientras explica que ahora solo realiza tareas de limpieza en dos hogares todas las mañanas, pero necesita trabajar más horas para poder cubrir sus gastos.

En relación a la cantidad de horas que trabajan semanalmente las empleadas domésticas, el informe de Economía Femini(s)ta asegura que un 53,8% son ocupadas plenas, es decir que trabajan entre 35 y 45 horas semanales. Al mismo tiempo un 31,6% se encuentra subocupada, trabaja menos de 35 horas semanales por causas involuntarias, estando dispuestas a trabajar más horas. Un 9,1% está sobreocupada.

En el actual contexto de pandemia y distanciamiento social, las trabajadoras de casas particulares se encuentran entre los grupos más expuestos al virus, ya sea por las tareas de cuidados y limpieza que realizan o porque trabajan en varios hogares o lugares a la vez, tienen mayores posibilidades de contagiarse, la mayoría no cuenta con obra social para atenderse y los días en que no trabajan no cobran.

el patriarcado está en todos lados

Tanto Fabiana y Laura como la mayoría de las empleadas de servicio doméstico continúan realizando tareas de limpieza cuando regresan a sus hogares. Porque, remuneradas o no, las tareas de cuidados de ancianes, hijes y hogares siempre recaen sobre los cuerpos feminizados. Las mujeres trabajan de manera gratuita dentro de sus hogares y en el espacio público en un trabajo remunerado: es su doble jornada laboral.

Según datos brindados por el INDEC, en Argentina, el 76% de las tareas domésticas no remuneradas son realizadas por mujeres y el 24% restante por varones. Además, dentro de la cantidad de horas diarias que le dedican a dicha actividad, el promedio de las mujeres es de 5 a 6 horas mientras que los hombres dedican alrededor de 2 horas.

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En cuanto al progreso, muchas veces les empleadores ascienden en la escala laboral mientras que quienes llevan adelante el mantenimiento de su hogar no. Les empleadores pueden desarrollar sus trabajos gracias a que miles de mujeres mantienen sus hogares limpios, cuidan de sus niñes y se encargan hasta de las compras, pero esas mismas mujeres no ven retribuidos ese progreso en aumento o mejoras salariales ni en ascendencia en su trabajo.

El techo de cristal, la precarización laboral y la desigualdad de salarios siempre recaen en los cuerpos feminizados. Mientras que un 45,5% de estas trabajadoras tienen entre 30 y 49 años, un 31% tiene entre 50 y 64 años. Por su parte, hay un 6,7% que continúa trabajando a pesar de haber superar los 65 años y un 16,8% está compuesto por jóvenes que no llegan a los 30 años. Este último grupo está compuesto por casi 150 mil jóvenes.

reclamo salarial

Las trabajadoras del sector perciben ingresos que, en promedio, rondan los $9.300 pesos mensuales. Según Clarín «el sueldo mínimo de las trabajadoras de casas particulares formales o registradas que cumplen una jornada laboral completa y que realizan tareas generales bajo la modalidad con retiro —categoría mayoritaria del sector—, desde mayo, es de $17.785,50 o $144,50 si el pago es por horas». Monto inferior al salario mínimo.

«Como saben que está complicado para conseguir trabajo te pagan poco y no podés pedir mucho porque sabes que hay cincuenta pibas como vos que están dispuestas a trabajar por el sueldo que sea. Se aprovechan de eso y de que mucha gente no estuvo pudiendo ir a trabajar para tenerte trabajando adentro de su casa por dos pesos».

Luz, estudiante y niñera.

En los últimos días, diferentes gremios se manifestaron en frente al Ministerio de Trabajo para reclamar un aumento salarial para el sector, el cual necesitaría un aumento del 100% para alcanzar el equivalente al valor de la canasta básica. Aun peor es el panorama de las trabajadoras no registradas cuyos salarios son arreglados directamente con les empleadores y la falta de empleo dificulta la posibilidad de negociar.

Fuente: Gestión Sindical.

«Lo que mejoraría de mi trabajo es que me reconozcan económicamente los años trabajados, el presentismo y que el valor de la hora sea equitativo con los demás empleos».

Fabiana, empleada en casas particulares por más de 20 años.

«Es como de la familia», «La chica que me ayuda» y «La mujer que trabaja en casa» son algunas de las frases que invisibilizan y vuelven precario un trabajo esencial para el funcionamiento del sistema capitalista actual. En un contexto de crisis donde el acceso al empleo es dificultoso, desvalorizar el trabajo de las mujeres que mueven la economía solo genera desigualdades por género y clase social.

Por consultas y reclamos, podés comunicarte con la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares haciendo clic acá.

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La pobreza tiene género

Artículo escrito en colaboración por Camila Díaz y Karen Cuesta

El 17 de octubre fue el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y, según Naciones Unidas, el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres. Además, una de cada cinco niñas en el mundo vive en condiciones de extrema pobreza.

Según Amnistía Internacional, «15 millones de niñas no asisten a la escuela primaria, frente a 10 millones de niños. En la adolescencia, muchas niñas tienen que abandonar la escuela secundaria debido a embarazos precoces y al trabajo doméstico». El informe expresa que las mujeres realizan el 66% del trabajo, pero solo reciben el 10% de los ingresos y poseen el 1% de la propiedad. Dentro del ámbito laboral la brecha salarial a nivel mundial es del 24%.

En la misma línea, un informe de UNICEF asegura que dos de las causas de inequidad en el sistema de salud tienen que ver con razones estructurales y de género. Es decir, por un lado, aquellas relacionadas con las condiciones socioeconómicas, el diseño del sistema de salud y las condiciones medioambientales. Por otro lado, buena parte de las muertes están asociadas a embarazos evitables o complicaciones en prácticas abortivas. La mayoría de las mujeres ha experimentado discriminación en el ámbito de salud, con el embarazo de adolescentes entre 9 y 13 años de edad como principal problema. 

las mujeres y el trabajo

Desde una perspectiva feminista se hace mención a la doble jornada laboral que realizan las mujeres, quienes, por un lado, trabajan de manera gratuita dentro de sus hogares y, por el otro, deben afrontar la búsqueda de un trabajo remunerado. Frente a la crisis actual son ellas quienes tienen más dificultades para insertarse en un mercado laboral pensado y estructurado para personas sin responsabilidades familiares: varones plenamente disponibles para el mercado que cuenten con el aporte de una persona encargada del cuidado de la casa y la familia.

A pesar de ser mayoría en la universidad (el 55% frente al 45% de los hombres), el resultado no se traduce en la inserción laboral. De cada 10 graduades, 6 son mujeres y, sin embargo, son quienes sufren mayor precariedad, mayores dificultades para llegar a puestos de poder y peores salarios aunque realicen las mismas tareas que los hombres.

En Argentina, según datos brindados por el INDEC en 2013, el 76% de las tareas domésticas son realizadas por mujeres y el 24% restante por varones. Dentro de la cantidad de horas diarias que le dedican a dicha actividad, el promedio de las mujeres es de 5 a 6 horas mientras que los hombres dedican alrededor de 2 horas.

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La desocupación en las personas trans, travestis y no binaries es aun mayor. Según un informe de ATTTA y Fundación Huésped de 2014 (el último disponible), solo el 18% de las personas travestis y trans han tenido trabajos formales. El 78,6% de las mujeres trans entrevistadas mencionaron que no tienen ningún tipo de cobertura médica adicional que no sea la garantizada por el Estado; solo un 11,9% tiene obra social, mientras que un 8,2% tiene algún servicio de emergencia y un 3% prepaga o mutual.

Asimismo, la pandemia de COVID-19 ha profundizado la pobreza estructural de las mujeres en todos los ámbitos. La ONU calcula que unos 47 millones más de mujeres y niñas caerán por debajo de la línea de pobreza, revirtiendo así décadas de progreso para erradicar la pobreza extrema. Se esperaba que la tasa disminuyera entre las mujeres el 2,7% entre 2019 y 2021. Sin embargo, las proyecciones ahora prevén un aumento del 9,1% debido a la pandemia y sus consecuencias.

Este aumento en la pobreza de las mujeres se debe a que, en su gran mayoría, son ellas y las niñas quienes cargan con las labores de cuidados, haciendo aportes fundamentales para intentar enfrentar el virus. La mayoría prestan cuidados en los hogares y comunidades, así como también cuentan con una menor protección social. Por esto mismo, corren un mayor riesgo de perder sus medios de vida y de todas maneras tienen que seguir haciéndose cargo de las tareas domésticas en su propio hogar, muchas veces en soledad. 

La división sexual del trabajo es una construcción social invisibilizada que asigna roles a las personas a partir de su sexo de nacimiento y convierte la diferencia en desigualdad social. La continuidad de los roles de género fomentan desigualdades sociales, culturales y económicas que generan pobreza. En algunos países, las mujeres tienen que pedir permiso a su padre, hermano o marido para abrir una cuenta corriente, lo que genera obstáculos en el acceso a la propiedad, la vivienda o las finanzas.

Para mitigar el impacto de la crisis por la pandemia, ONU Mujeres ha diseñado una respuesta centrada en cinco prioridades: mitigar y reducir la violencia de género, incluida la violencia doméstica; ofrecer protección social y paquetes de estímulo económico que tengan en cuenta a las mujeres y las niñas; conseguir que las personas apoyen y practiquen el reparto equitativo del trabajo de cuidados y liderazgo; y aumentar la participación de las mujeres y las niñas en la planificación y toma de decisiones de la respuesta ante la COVID-19. 

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Obviedades de pandemia: el trabajo feminizado no va más

Artículo colaboración por Luciana Vartabedian

La pandemia vino, entre otras cosas, a traer al frente una obviedad: la noción de trabajo feminizado pone a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad frente a cualquier factor que precipite una crisis económica. En el caso de las trabajadoras de salud y de las trabajadoras domésticas, es aun más evidente.

La desigualdad de género en el ámbito laboral es una condición inherente a las formas más ancestrales del patriarcado. Todo el sistema giró siempre en torno a una distribución de las tareas que ponía a la mujer en el lugar de cuidadora del hogar y al hombre en el espacio público. Con el tiempo, este mandato se fue modificando, pero los impedimentos y objetivaciones hacia las mujeres permanecieron.

Hoy en día, con el desafío mundial que implica el COVID-19, vemos cómo se acentúa esta inequidad, ya sea en las horas dedicadas al cuidado, en la pérdida de empleo, en la feminización absoluta de ciertos puestos que implican mayor exposición, o cuando atacan de manera implícita a las jefas de Estado mujeres al asegurar que su éxito en el control de la pandemia se debe solo a sus «habilidades blandas». 

En el caso puntual de Argentina, si bien el impacto del virus es generalizado a múltiples sectores productivos y comerciales, las desigualdades se acentuaron y generaron una mayor vulnerabilidad en las mujeres. Según un estudio reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre casos reales de nuestro país, las trabajadoras domésticas son quienes están más expuestas, seguidas por el personal de salud. 

Para comprender por qué las mujeres son las más afectadas, es esencial entender la distribución del empleo en Argentina. Trabajo doméstico, salud, comercio y educación son los principales sectores en los que se registra una presencia mayoritaria de mujeres, siendo 97%, 69%, 42% y 75% respectivamente el porcentaje total de ellas en cada área.

De esta manera, ya podemos llegar a una primera conclusión: las estructuras laborales que más se han visto afectadas por la pandemia están principalmente ocupadas por mujeres. Esta es la consecuencia de un proceso de antaño que ha convertido a ciertos tipos de tareas en trabajos considerados solo aptos para ser realizados por mujeres o, a la inversa, que ha creado un imaginario de mujer que solo era apta para realizar estas tareas. Así, surgen los trabajos feminizados que, entre otras cosas, están reforzados por las nociones de «techo de cristal» y «pisos pegajosos» que tanto censuraron la expansión profesional de las mujeres en otras áreas. 

Tomemos primero la situación de las trabajadoras de salud. En el caso de nuestro sistema, el número de empleades por cada 100 mil habitantes es mucho menor que en otros países y, a su vez, este número de empleos es ocupado en un 78% por mujeres. Por lo tanto, hay una sobredemanda en el trabajo para aquellas mujeres que trabajan en estas áreas que, además, según el mismo estudio de la OIT, han expresado en un 56% que las horas extras suelen ser no pagas. 

En este sentido, otro problema fundamental es el nivel de agresión y discriminación que muchas trabajadoras de la salud sufren casi cotidianamente. Un 40% de ellas manifestó haber sido violentada de alguna manera por pacientes, jefes, compañeres, público o clientes. Esto es algo que va atado a los niveles de informalidad y la poca protección que garantizan les empleadores, dejando expuestas a sus trabajadoras no solo monetariamente sino también emocional y psicológicamente. 

Por el otro lado, cuando hablamos de las trabajadoras domésticas, el problema es mucho mayor, principalmente por los niveles de trabajo no registrado que este sector tiene. Repasando el mismo informe, más del 40% de las trabajadoras perdieron su trabajo durante la pandemia y un 77% se encuentra en la informalidad. Estas estadísticas conjuntas nos acercan también a una obviedad: no hay resarcimiento tras el despido, así como tampoco es contemplado el decreto emitido por el Ejecutivo que prohíbe por 180 días este tipo de decisión. 

Según reveló la Encuesta de actividades de niñas, niños y adolescentes (EANNA) realizada por la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo de la Nación en 2018, aproximadamente el 20% de las mujeres asalariadas corresponden a este sector. En un país donde la desigualdad está tan enraizada, este porcentaje es alarmante porque implica no solo precarización e informalidad sino también, muchas veces, trabajo infantil. 

De esta manera, la pandemia nos invita a reflexionar acerca de un mundo desigual y precarizado. El coronavirus expuso algo que siempre estuvo ahí y que tras el aislamiento se reforzó. Argentina llegó a esta situación en un contexto que es deficitario hace años y que expone en mayor medida, sanitaria y económicamente, a aquelles que necesitan salir a la calle para conseguir un ingreso. 

En el caso de las mujeres, además, se suma la preocupación y el trabajo extra de mantener los propios hogares. Y no es solo eso: también está el problema de la violencia intradoméstica, muchas veces potenciada por la dependencia económica que la convierte en un ciclo opresor. 

Así dicho, un futuro mejor es complicado de vislumbrar, pero existe y es posible a través de el fomento de políticas públicas que estén atravesadas por perspectiva de género como, por ejemplo, extender el acceso a los derechos laborales, proponer incentivos laborales para las horas extras, establecer campañas de sensibilización e información y, sobre todo, avanzar en medidas que garanticen la formalización.

Elva López Mourelo, economista en la OIT, propone: «Pensemos qué diferente hubiese sido la pandemia ante una mayor formalización de las trabajadoras, ante una mayor situación de registro y ante unas instituciones de mercado mucho más fortalecidas». Probablemente, muy diferente. 

Con este escenario hipotético en mente, debemos dejar de considerarlo un sueño y pensarlo como una realidad a la que queremos llegar como sociedad; que, sin duda, nos va a permitir estar preparades ante situaciones tan inesperadas como la que en este presente nos encuentra. 

Fuentes:

Crisis sanitaria, climática y ecológica

El pasado 20 de mayo, el Observatorio de la Tierra de la NASA eligió como foto del día una imagen de Argentina. Específicamente, una fotografía satelital que muestra el avance de los desmontes en Salta. La imagen de la izquierda muestra el estado de las tierras en Salta el 18 de diciembre de 2000 y la de la derecha muestra cómo ha avanzado la deforestación en la zona hasta el 24 de diciembre de 2019. Al desplazar el círculo blanco podemos comparar ambas fotografías.

Esta situación ya había sido denunciada por Greenpeace. La organización afirma que, desde que comenzó la cuarentena, ya se ha desmontado el equivalente a media ciudad de Buenos Aires (casi 10 mil hectáreas) en las provincias de Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Salta. Mucha de esta tierra ahora se usa para monocultivos de soja y para ganadería. ¿Por qué esto es grave?

Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, explica:

«Además de ilegal, es completamente inadmisible que, frente a la emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad que estamos sufriendo, se siga deforestando. Los gobiernos no pueden seguir siendo cómplices y deben ponerle un freno a la ambición destructiva de algunos empresarios agropecuarios».

Greenpeace Argentina.

Esto se relaciona con lo dicho por la comunidad científica, que señala que la destrucción de ecosistemas facilita la transmisión de enfermedades zoonóticas, como el coronavirus o el hantavirus, que luego pueden evolucionar en pandemias. Diversos especialistas han advertido que la deforestación obliga a los animales a vivir en condiciones de hacinamiento, lo que crea un caldo de cultivo para enfermedades que luego pueden trasladarse a les humanes. 

Preservar nuestros bosques es vital para la salud de las personas. No es ningún secreto que las ciudades con más arboleda tienen menor polución en el aire. Los bosques actúan de esa misma manera con la contaminación en el mundo: son grandes fábricas naturales que purifican el aire que respiramos, reduciendo el dióxido de carbono (CO2) que no sólo es perjudicial para nosotres en grandes cantidades sino también para la atmósfera de la Tierra. Por ende, la conservación de la vegetación en nuestros parques trae beneficios muy necesarios en estos momentos críticos para la humanidad.

No podemos negar que la pandemia del COVID-19 ha causado una crisis sanitaria generalizada en el planeta. En Argentina esto empeora si tenemos en cuenta los problemas de salud ya presentes en gran parte de la sociedad: diabetes, obesidad y/o enfermedades cardiovasculares.

Como bien dicen las campañas, nuestra mejor arma contra este virus es lavarnos las manos con frecuencia y mantener el distanciamiento social. Sin embargo, esto es difícil de cumplir para muchos habitantes del país ya que no tienen acceso a agua potable, viven en condiciones de hacinamiento o dependen del dinero que generan por día de trabajo. Estas condiciones hacen que les más pobres sean les más expuestes a la pandemia.

Los residentes de los barrios Padre Mujica y Padre Ricciardelli en Buenos Aires denuncian desde hace semanas el abandono del Estado y los peligros de la desigualdad. Hoy, las villas son el mayor foco de contagio, principalmente debido a la falta de servicios básicos. Además, esta situación empeora cuando tenemos en cuenta que les más vulnerables enfrentan hoy también la pérdida de su ingreso económico, debido a la imposibilidad de salir a trabajar. 

Vemos entonces que les más afectades por la crisis sanitaria también son les más afectades por la crisis ecológica. América del Sur se ha vuelto el epicentro del coronavirus, con Brasil como el país más preocupante. Las medidas laxas, la ceguedad consciente del presidente Bolsonaro ante la crisis sanitaria que se da en su país y su aliento a las reuniones masivas en medio de una pandemia conforman una bomba de tiempo. Si a todo esto sumamos que es el país más deforestado, con 1,3 millones de hectáreas perdidas en 2018, no exageramos al afirmar que Brasil puede ser la fuente de una nueva epidemia o pandemia en un futuro próximo.

Según Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, en el marco del Día Internacional de la Biodiversidad el 22 de mayo,  las soluciones están en la naturaleza:

«Preservar y mantener la biodiversidad de manera sostenible es necesario para mitigar la disrupción climática, garantizar la seguridad del agua y la comida y hasta para prevenir pandemias. COVID-19, que emanó de la naturaleza, ha mostrado cómo la salud humana está íntimamente conectada con nuestra relación con el mundo natural. A medida que invadimos la naturaleza y agotamos los hábitats vitales, aumentan las especies en riesgo. Eso incluye a la humanidad y al futuro que queremos».

Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas.

Ambas crisis son globales, aumentan las desigualdades y se deben abordar desde la cooperación. Mientras pasamos esta pandemia, debemos tener puesto el ojo en el futuro y exigir el desarrollo y la implementación de soluciones tanto sanitarias como ambientales que involucren a la sociedad y que permitan la seguridad alimentaria, hacia la soberanía.

Es nuestra obligación hacer cumplir la ley de bosques, que desde su implementación ha recibido un presupuesto hasta 10 veces inferior al que le corresponde; la ley de glaciares, que diversos proyectos mineros están incumpliendo al contaminar zonas protegidas de glaciares; y la ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global, sancionada el año pasado. Además, garantizar la salud pública y el derecho a una vivienda digna. 

Múltiples especialistas —y personalidades como Roger Waters— han reafirmado en estas últimas semanas que volver a la «normalidad» de antes es inviable. Necesitamos una nueva y mejor normalidad en la que las desigualdades se reduzcan y se tomen acciones para detener y mitigar los efectos del cambio climático. No podemos pretender seguir viviendo en un mundo al que destruimos de manera consciente.

Explotación y precarización laboral

Las desigualdades sociales, económicas y culturales, el desarrollo asimétrico en los distintos grupos de la sociedad y el mercado hostil en el que se inserta el complejo entramado de relaciones laborales son causas de la precarización laboral y las distintas formas de explotación, entendida como la apropiación de los recursos, el capital o incluso las cualidades de un individuo.

Una de las formas de explotación más prominentes en el patriarcado es la prostitución forzada. Aunque, según Infobae, el número de víctimas de trata rescatadas se encuentra en crecimiento, muchas de las ofertas laborales que hoy en día están publicadas no son más que frases engañosas con el objetivo de reclutar a jóvenes en lo que se conoce como «redes de trata» para obligarlas a prostituirse, explotarlas y privarlas de su libertad. En estas redes, las mujeres son captadas, trasladadas, violentadas y vulneradas con el fin de someterlas y de lucrar con su actividad.

La sexual no es el único tipo de explotación existente: según información distribuida por el Ministerio de Seguridad de nuestro país, entre 2016 y 2018 hubo más de 1000 allanamientos relacionados con el delito de trata, en donde alrededor de 2700 víctimas fueron rescatadas. La mayor parte de ellas pertenecía a redes de explotación laboral o servidumbre.

Si bien está ligada a una cuestión de género (afecta mayormente a mujeres jóvenes), también se vincula con la nacionalidad de las víctimas que son, en gran parte, inmigrantes de países limítrofes y, además, con una cuestión socioeconómica. La vulnerabilidad socioeconómica genera que cada vez sean más quienes, por querer cambiar su vida, caigan en el engaño de una mejoría.

Aunque la explotación sexual es una de las actividades ilegales que aumentó en estos años, la que más porcentaje de crecimiento demuestra es la explotación laboral en un 201%. En la mayor parte de los casos revela una ilusión hecha pedazos que termina en un taller clandestino, en pequeños supermercados barriales o en huertas donde se cultivan verduras y hortalizas, y en donde las jornadas duran a veces más de 12 horas.

En 2017, Laura Aparicio afirmaba para La Izquierda Diario que la precarización laboral tiene «rostro de mujer», que emigran a edades cada vez más tempranas enfrentándose a muchos posibles peligros como el acoso sexual o el femicidio.

Raquel, hoy una mujer con dos hija y sostén de su hogar, lo vivió en primera persona. En diálogo con Escritura Feminista afirma:

«La explotación laboral viene desde hace mucho tiempo. Soy paraguaya, llegué acá en 1991 con 18 años, trabajaba en una casa en donde tenía que hacer de todo, y la crianza de los nenes que vivían ahí estaba a mi cargo. La diferencia se sentía, o me la hacían sentir. No comíamos en la misma mesa, me pagaban poco y nada porque era muy joven y además extranjera, entonces se aprovechaban. Durante ese tiempo estuve muy triste, había adelgazado mucho y me quería volver a mi país. Mi marido también trabajaba muchísimo, como 10 horas, y le pagaban muy poco».

El testimonio de Raquel es muy parecido a la información que aportan los medios con respecto a quienes atraviesan este tipo de situaciones, en donde la explotación, aunque se trabaje «en blanco», es moneda corriente. ¿Realmente se redujo este tipo de procesos para “sacar provecho”? ¿O simplemente cambió sus formas, buscando adaptarse?

Aunque los modos más conocidos de aprovechamiento ilegales, insalubres y vinculados a la esclavitud sean los talleres y la servidumbre, hay un nuevo tipo de abuso de poder que arrasa en el siglo XXI. Se trata de grupos empresariales o empresas multinacionales que obtienen un beneficio de la precariedad laboral ya instalada en el sistema, que externalizan los riesgos empresariales a costa de lxs trabajadorxs y que carecen de control o regulación normativa.

Son instituciones cada vez más reconocidas, como por ejemplo las de rápidos delivery, que no solo mantienen jornadas de trabajo muy largas, sino que también pagan poco y ya han recibido varias denuncias por maltrato y explotación. Las nuevas plataformas buscan abaratar costos e implementan reformas que alimentan cada vez más la desigualdad vigente en un sistema que sostiene la precariedad en el contexto de crisis.

Según El Salto, este tipo de empleos de baja calidad actúa como una imagen de recuperación económica y está vinculado a lo que se conoce como “economía colaborativa”, un tipo de empleo que, básicamente, pide a lxs trabajadorxs que aporten sus propias herramientas o dinero para empezar a trabajar.

Verónica Itatí González, de la Universidad Nacional del Nordeste, plantea que en países como Argentina los empleos permanentes de tiempo completo siempre fueron escasos. En lugar de avanzar hacia trabajos más estables, se retrocede hacia empleos más precarios que atentan contra los derechos y los beneficios de los trabajadores a nivel mundial, y recaen en prácticas de explotación que van desde lo ilegal hasta lo estacional o temporal.

En su artículo Estudios de género y migración: Una revisión desde las perspectiva del siglo XXI, publicado por Autoctonía, Pierrette Hondagneu-Sotelo retoma las cuestiones de género y migración. Expone que hay un vínculo muy estrecho entre las mujeres migrantes, el trabajo doméstico y la atención familiar, que empezó a manifestarse a partir del siglo XX, y también con el tráfico sexual.

La problemática de la migración trasnacional que antes solía recaer sobre la mano de obra masculina ahora se cierne sobre las mujeres, que no solo deben buscar un trabajo por el que ganan muy poco, sino que también deben ocuparse del hogar y, muchas veces, dejar a sus hijos en otro punto geográfico. Esta decisión, conocida como «los niños dejados atrás», inicia cuando sus madres emigran, en su mayoría, como trabajadoras domésticas.

Cynthia Cranford, socióloga de la Universidad de Toronto, sostiene que la reestructuración económica, el trabajo y la política sindical activa de las mujeres migrantes latinas permiten desafiar las restricciones de género impuestas en múltiples ámbitos. Remiseras, plomeras, electricistas que no solo pretenden brindar seguridad, sino también romper la brecha salarial y de desempleo que históricamente suele afectar más al género femenino.

Aplicaciones de trabajo como Sara y Femplea fueron pensadas como bancos de trabajo de mujeres para mujeres, para facilitar la inserción laboral femenina. Silvia Ferraro, de la Fundación Mujeres en Igualdad, desarrolló Femplea con el objetivo de que trabajadoras y clientas «puedan ofrecer su servicio y tener la confianza de que van a llegar a mujeres a su hogar».

«Son algo más que una propuesta de seguridad. Son una estrategia de acción afirmativa a favor de grupos desaventajados en sus condiciones laborales. Las mujeres son mayoría en el trabajo informal y las peor rentadas en la escala laboral, sobre todo en el trabajo doméstico. La estrategia alcanza a otros géneros perjudicados en las oportunidades laborales -travestis y mujeres y varones trans- y también a colectivos particulares como, por ejemplo, sobrevivientes de explotación sexual». Diana Maffia, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

Es evidente que en Argentina existe un alto margen de precarización laboral, cada vez más visible por la crisis que afecta de forma estructural al país. La inmigración y los cambios en las perspectivas de género impactan sobre el funcionamiento del mercado, buscando que la inserción laboral de aquellxs más marginadxs, sea legal y que gocen no solo de los derechos laborales y de la protección, sino también de los beneficios que vienen aparejados con el trabajo «en blanco».

 

Fuentes

Educar para igualar

Según un informe del Fondo Monetario Internacional, las políticas orientadas a reducir la brecha de género en el ámbito educacional fueron las más eficaces a la hora de reducir la desigualdad de género. Cuanto mayor es el grado de conocimiento en las mujeres, más probabilidades tienen de incorporarse al mercado laboral y en mejores condiciones.

El País afirma que:

“En el mundo, 9 de cada 10 niñas completan la escuela primaria, pero solo 3 de cada 4 completan el primer ciclo de la secundaria. Esto significa que alrededor de 132 millones de niñas entre los 6 y los 17 años no asisten a la escuela. En los países pobres, la cifra recrudece: menos de dos tercios de las niñas terminan la escuela primaria y solo 1 de cada 3 finaliza el primer ciclo de la secundaria”.

La información, difundida por el Banco Mundial, afirma que la falta de asistencia a la escuela repercute en el futuro, ya que genera que no formen parte de la fuerza de trabajo del país, lo que conlleva a una perdida de productividad en las economías y perpetúa la pobreza en las regiones más necesitadas.

A menor educación, las mujeres siempre tendrán un salario menor al de los hombres, que son quienes en general logran terminar la escuela. Aquellas que logran finalizar el colegio no solo cuentan con más beneficios y salarios más altos, sino que en general también pueden decidir a qué dedicarse y qué estudiar.

Estar educadas les permite ser independientes, tanto de sus padres como de sus parejas, y los beneficios sociales serán mayores. No asistir a la escuela constituye una pérdida económica, de independencia, pero también significa una pérdida de derechos y una discriminación de género.

Que las mujeres estudien es una forma de brindarles herramientas para terminar con las situaciones machistas y para erradicar el matrimonio infantil en aquellas zonas en donde aún constituye una práctica habitual. Además, se entiende que conocerían más acerca de los métodos anticonceptivos para cuidarse al tener relaciones y eso reduciría los casos de embarazo no deseado.

En América Latina, 1 de cada 4 niñas de zonas rurales no van a la escuela. Sin embargo, la situación en cada país es diferente, y las causas por las que no se concurre a clases también. Por eso, según datos de la CEPAL, es imperante reconocer la heterogeneidad de los contextos para poder satisfacer las necesidades de cada una, acorde a la situación y lugar en el que vive.

La información es fundamental para crear políticas públicas inclusivas y sostenibles en cada región. Frente a esto, el Plan de Acción de Género impulsado por UNICEF (2018-2022) comprende 5 prioridades específicas a tratar:

  1. Garantizar salud adolescente con enfoque de género.
  2. Poner fin al matrimonio infantil y uniones tempranas.
  3. Prevenir, mitigar y atender la violencia de género, también en contextos de emergencia.
  4. Cerrar brechas en la educación de las niñas y adolescentes.
  5. Promover el acceso a información e insumos para la higiene menstrual.

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Fuentes