Mumalá propone un proyecto para erradicar la violencia de género

En Argentina, la violencia machista no cesa. Según el Observatorio Lucía Pérez de violencia patriarcal, entre el 1 de enero y el 17 de diciembre de 2021, se cometieron 296 femicidios y 247 niñes quedaron huérfanes. Además, ocurrieron 356 marchas y movilizaciones contra la violencia patriarcal. Respecto al mes de diciembre, 18 mujeres murieron en manos de femicidas en 17 días, es decir que hubo un femicidio cada menos de 24 horas.   

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Gaby Sosa, Directora Ejecutiva de Mumalá Nacional, cuenta a Escritura Feminista que hace muchos años que la agrupación Mumalá viene trabajando en todo el país por los derechos de las mujeres y las diversidades sociales. Entre otros trabajos, acompañan en el territorio y en los pedidos de justicia, contienen y brindan estrategias de fortalecimiento a mujeres y disidencias, para quienes han transitado la violencia y necesitan volver a vivir una vida libre.

Descripción de imagen: retrato de Gaby Sosa sonriendo a cámara. Es una mujer de piel morena clara y cabello lacio, castaño oscuro, largo hasta el pecho.
Gaby Sosa, Directora Ejecutiva de Mumalá Nacional

Proyecto #EmergenciaNiUnaMenos

El proyecto fue difundido por redes sociales y se encuentra en la plataforma change.org para seguir juntando adhesiones. En la misma línea,  durante los años 2018 y 2021 fue presentado ante el Congreso de la Nación. En la actualidad, el proyecto está en la Cámara de Diputados y desde Mumalá reclaman por su debate y posterior aprobación.

«Hablamos de emergencia porque los números lo explicitan así. En la argentina tenemos 204 femicidios a fecha del 25 de noviembre, y no han podido descender esos números en la última década», manifiesta la directora de Mumalá. Además, agrega que eso debe ser «sumado a hechos muy paradigmáticos donde se ha evidenciado la ausencia, la desprolijidad y el desorden del Estado».

Respecto a los registros de la violencia machista, Sosa explica que «los datos estadísticos que va produciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los que van generando las organizaciones, entre ellas nosotras desde Mumalá, evidencian la emergencia en violencia de género». La activista sostiene que no solo se trata de los femicidios, sino también de los intentos de femicidios que no son registrados por la Corte ni por ningún organismo del Estado. Mumalá está trabajando en la recopilación de estos datos.

Con el objetivo de buscar soluciones, dentro de los principales puntos del proyecto se encuentran:

  • Abordaje integral de las violencias machistas.
  • Acompañamiento económico y asistencia integral para personas en situación de violencia de género.
  • Inversión para la creación de ámbitos de género y diversidad por parte del estado.
  • Fortalecimiento de organizaciones que promueven los derechos de mujeres y de la comunidad LGBTIQ+.
  • Monitoreo de normativas vigentes como la Ley Micaela, Ley de Educación Sexual Integral y Ley IVE.
  • Plan nacional de desarme en la sociedad civil.
  • Abordaje y reeducación de varones agresores.
  • Creación de casas de protección para personas en situación de violencia de género y riesgo de vida.
  • Registro único de situación de violencia de género.
  • Fortalecimiento de los mecanismo para el acceso efectivo a los servicios de salud sexual, reproductiva y no reproductiva.

El rol del Estado

«En ese camino de acompañamiento y de trabajo con las mujeres y disidencias, fuimos identificando cuáles eran los problemas que tenía el Estado a  la hora de asistir, de sancionar, y desde ahí pensamos la construcción del proyecto de emergencia y, a la par de eso, de las estadísticas que nosotras vamos elaborando. Experiencia concreta y elaboración de las estadísticas».

Gaby Sosa, Directora Ejecutiva de Mumalá Nacional.

Por su parte, el proyecto contempla un abordaje integral de la violencia. No se trata solamente de políticas de sanción a los agresores, dado que claramente es necesario un abordaje desde la prevención para que las situaciones no sucedan: «Desde la asistencia, cuando han sucedido, y esto que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, de contar con legislaciones que no se superpongan sino que potencien y aborden las particularidades de la violencia. Son múltiples las dimensiones que originan las violencias de género, son múltiples las dimensiones. Es responsabilidad de los tres poderes del estado y los tres niveles del estado resolver la situación, eliminar la violencia», explica Sosa.

Descripción de imagen: de pie en la calle, dos jóvenes sostienen un cartel blanco con letras violetas resaltadas en naranja donde se lee «¡Todes a las calles! Emergencia Ni Una Menos. Mumalá».

Por otro lado, al usar la palabra «integral», Mumalá se refiere no solo al rol del estado sino al rol de las organizaciones de la sociedad civil: «Las organizaciones de mujeres feministas disidentes han puesto en la agenda pública este tema. En 2015, como momento importante, el primer 3 de junio, pero lo seguimos poniendo y creemos que ahí hay un rol determinante a la hora de visibilizar las violencias, pero también esas miradas el estado necesitaría tener en cuenta».

Respecto al acompañamiento del Estado a las organizaciones, Sosa denuncia que es limitado. «Muy escaso el acompañamiento, siempre ha sido a través de la lucha que hemos dado en las calles que nos han atendido en los ministerios».

«Hay una marca muy similar con la gestión anterior. Creo que hay más facilidad de acompañamiento a organizaciones que están más cercanas a la política de la gestión. Esto ya pasó con Macri y vuelve a pasar con la gestión de Alberto Fernández».

Gaby Sosa, Directora Ejecutiva de Mumalá Nacional.

La entrevistada explica que la violencia de género aumenta en el contexto de crisis y desigualdad, tanto económica como social, que atraviesa nuestro país. «Una mujer o una persona travesti-trans que atraviese una situación de violencia de genero, cuando hay una base de pobreza, de indigencia u otras desigualdades, se agudiza su situación. Se hace mucho más complejo salir de esa situación si no tenés autonomía económica», concluyó.


Están vendiendo la Costanera

La sesión comenzó el 2 de diciembre al mediodía. Dentro de los proyectos aprobados, se habilita la construcción de edificios en los predios públicos ribereños de Costa Salguero y Punta Carrasco, que suman 32 hectáreas. Otro autoriza a la empresa IRSA a construir un barrio con torres de 45 pisos sobre el humedal conocido como ex Ciudad Deportiva, ubicado en la Costanera sur y lindero con la Reserva Ecológica.

El paquete impulsado por el gobierno de la Ciudad afectará a más de cien hectáreas del acceso al Río de la Plata, entre Costanera norte y Costanera sur. Con 36 votos a favor, del oficialismo y aliades, y 22 en contra, del Frente de Todos y el Frente de Izquierda, quedó aprobada la rezonificación de Costa Salguero; en tanto que el convenio con IRSA recibió 36 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones. La medida se da pese a la negativa manifestada en las audiencias públicas y a las movilizaciones de organizaciones vecinales.

Descripción de imagen: listado del recuento final de votos por apellido. Afirmativos: Álvarez Palma, Arce, Blanchetiere, Bou Pérez, Cingolani, Cortina, de las Casas, Del Gaiso, del Sol, Ferrero, Fidel, Forchieri, García de Aurteneche, García de García Vilas, Garrido, González Estevarena, González Heredia, Gorbea, Guouman, Halperin, López, Méndez, Michielotto, Morán, Nosiglia, Ocampo, Peña, Reyes, Romano, Romero, Straface, Suárez, Thourte, Villafruela, Vischi, Weck. Negativos: Andrade, Barroetaveña, Bielli, Cámpora, de Mendieta, Fernández, Martín, Martínez, Montenegro, Morresi, Muiños, Neira, Pokoik, Roberto, Santoro, Segura Rattagan, Socías, Valdés, Velasco. Abstenciones: Abrevaya, Casielles.

Resistencia de vecines

En paralelo a la sesión, organizaciones ambientales, políticas y sociales que rechazaban las propuestas inmobiliarias protestaron en la puerta de la Legislatura. Entre los convocantes se encontraban el Movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos; Basta de Demoler; el Colectivo de Arquitectas en defensa de las tierras públicas y grupos de vecinos de los barrios de Núñez, Parque Chacabuco, Colegiales, Villa Ortúzar, Bajo Belgrano y San Telmo.

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En el mismo sentido, meses atrás se llevaron adelante audiencias públicas para consultarle a la ciudadanía su opinión sobre dichos proyectos: el resultado fue que el 98% de los mil oradores se mostró en contra. Además, a las críticas se sumó un freno judicial en dos instancias que impidió la venta de los terrenos.

Entre noviembre de 2020 y enero de 2021, más de dos mil porteños se manifestaron en contra del cemento sobre la costa en la audiencia pública por la rezonificación. En noviembre, en tanto, el Frente de Todos y organizaciones sociales entregaron más de 53 mil firmas en apoyo a la Iniciativa Popular (IP) para crear un parque público. Al superar las 40 mil adhesiones, la Legislatura quedó obligada a debatir el proyecto cuando el Tribunal Superior de Justicia termine de verificar las firmas. La aprobación de este jueves no impide que la IP sea tratada.

Descripción de imagen: docenas de personas protestan al sol en la vía pública con carteles donde se leen consignas como «Basta de destruir nuestro barrio. Asociación Vecinos Bajo Belgrano», «Por una ciudad con vista al río para todas y todos, ¡ponele tu firma!» y «La Legislatura vulnera nuestros derechos por privilegios» (en el último, las letras S están reemplazadas por $).

Sesión con una legislatura vallada

Durante la sesión, el bloque UCR-Evolución en la Legislatura porteña pidió retirar del temario el convenio entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa IRSA para construir un nuevo barrio en la ex Ciudad Deportiva de Boca. El pedido fue realizado por el jefe del bloque, Martín Ocampo, quien argumentó que la iniciativa debe ser «mejorada» y requiere «seguir trabajando» en ella. Sin embargo, el pedido de Ocampo no prosperó, al no ser acompañada por el bloque oficialista Vamos Juntos (VJ).

Quedaron excluidos los acuerdos que contemplaban los permisos para construir en los predios de la calle 11 de Septiembre 1535, en Belgrano, donde estaba previsto una edificio de 53 metros, y el de la avenida Corrientes 3410, esquina Gallo, donde se iba a levantar un torre de 73 metros.

«Vende – ZonaPro. Larreta remata la costanera», decían los carteles que legisladores y legisladoras del Frente de Todos (FdT) mostraron sobre sus bancas durante las casi seis horas de debate. «Creo que estamos en la sesión más importante que nos tocará en nuestros mandatos: estamos discutiendo cien hectáreas sobre la costanera», alertó Matías Barroetaveña, legislador del FdT, al inicio de su discurso.

«Hoy es un día muy triste para la Ciudad de Buenos Aires. El oficialismo de Larreta votó la pérdida de 100 hectáreas de espacios verdes y humedales sobre la costanera para seguir construyendo torres de lujo que luego quedan vacías por la especulación inmobiliaria».

Matías Barroetaveña, diputado del Frente de Todos.
Descripción de imagen: una persona de pie en la protesta lleva una máscara del rostro de Horacio Rodríguez Larreta con un $ dibujado en la frente y levanta sobre la cabeza un cartel impreso que dice «Basta de negociados inmobiliarios corruptos» (una letra S está reemplazada por un $).

Por su parte, el jefe del bloque VJ, Diego García Vilas, defendió los proyectos al afirmar que en Costa Salguero se está «poniendo a la ciudad en la primera fila de cara al río» y aseguró que «de las 30 hectáreas que suman Costa Salguero y Punta Carrasco, 25 se convertirán en parque público». Sobre el convenio con IRSA, remarcó: «Estamos recuperando 50 hectáreas, de 70 que hoy son privadas».

Futuras consecuencias

Días atrás, la ingeniera María Eva Koutsovitis, especializada en hidráulica, explicó la relación directa que existe entre las construcciones inmobiliarias impulsadas por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, las inundaciones de los últimos días y la crisis climática actual. «Las megaobras de infraestructura ejecutadas por este gobierno fueron diseñadas con datos de lluvias de fines de los 90 y con criterios técnicos de hace casi un siglo», sostuvo a través de su cuenta de Twitter.

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«En la última década, se privatizaron cómo mínimo 150 hectáreas de superficies verdes absorbentes y en plena pandemia el GCBA modificó el Código Urbanístico para transformar en estacionamientos de autos los pulmones verdes de manzana. Nuestra metrópolis es una de las ciudades del mundo con menos superficie verde pública por habitante».

María Eva Koutsovitis.

En el mismo sentido, Koutsovitis advirtió que la ocupación del borde costero con mega emprendimientos inmobiliarios van a impedir que podamos mitigar adecuadamente los ascensos del nivel de río. «Se planifica en función de los negocios de las grandes desarrolladoras inmobiliarias sin ningún tipo de evaluación de impactos», aseguró.

La ingeniera remarcó a través de sus redes sociales que la Ciudad de Buenos Aires tiene un Plan Hidráulico completamente desactualizado con relación a los indicadores actuales de la crisis climática. «El negacionismo de la crisis climática por parte del poder político nos plantea destruir un pulmón verde», aseguró Koutsovitis, quien explicó que uno de los pocos humedales que la ciudad conserva se quiere destinar a construir un nuevo Puerto Madero en la Costanera sur. Según sus palabras, para evitar el colapso de la ciudad «necesitamos diseñar políticas hídricas integrales y transversales desde la perspectiva de la agenda climática y el paradigma de la democracia participativa ambiental».


¿Qué hacemos con los varones violentos?

Hace años se vienen dando debates sobre las consecuencias de la violencia patriarcal. En muchos ámbitos se ha logrado implementar estrategias de acompañamiento y protocolos de protección a las personas violentadas, pero todavía no sabemos muy bien qué hacer con los machirulos, los violadores, los que vulneran y violentan.

Tal parece que el punitivismo no es el camino. Los escraches han permitido visibilizar muchas situaciones que se escondían bajo la alfombra, e incluso han logrado que muchos, aunque por miedo a ser expuestos, piensen sus actos antes de hacerlos. Pero en otros casos, la cosa sigue igual y los pactos machistas siguen sólidos.

Las consecuencias para quienes se animan a denunciar dependen mucho del acompañamiento que se tenga, el acceso a la información y los espacios de contención, pero también sucede que las situaciones se conocen y nadie hace nada al respecto. ¿Por qué? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué nos falta entender aún? ¿A qué tenemos miedo?

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Hace falta corashe

Existe una tensión in crescendo, que solo puede explotar si no se contiene de alguna forma. Los violadores, los abusadores, los violentos son nuestros familiares, amigos, compañeros, referentes, parejas, jefes. Y a pesar de que hubo un gran avance cultural de reconocimiento y deconstrucción en muchos ámbitos, todavía falta mucho.

Hablar del tema es incómodo, reconocer situaciones en las que hemos sido vulnerades es doloroso, acusar no es gratis ni fácil, pedir ayuda lleva tiempo. Esquivar el tema parecería la mejor solución en lo inmediato, cuando no se tienen las herramientas de abordaje, pero esto solo garantiza la impunidad patriarcal. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar para dar las discusiones que tenemos que dar? ¿Algún día vamos a estar listes?

Los feminismos vienen dando batalla hace rato sobre esta problemática: con las líneas de varones, las organizaciones que trabajan con masculinidades y la implementación de la Ley Micaela, la necesidad de interpelar a quienes asesinan, violan y abusan es parte de la lucha por erradicar las violencias de género.

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Los resultados están a la vista. Los llamados a la línea 144 van en aumento, el Área de Asistencia a Varones Violentos se encuentra colapsada al punto que la lista de espera para recibir atención se extiende hacia 2022 y solo asisten mayormente quienes son obligados por la justicia.

Existe una demanda de abordaje integral de la cuestión de género, y eso incluye a las masculinidades. Desde la legislatura porteña se presentó el proyecto de ley «Repensarnos» para dejar atrás el punitivismo y buscar otras maneras de trabajar con quienes ejercen violencia patriarcal.

Es una iniciativa que invita, justamente, a repensar cómo plantear políticas públicas para emprender todos los frentes de una problemática tan compleja y arraigada en nuestra cultura.

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¿Por qué necesitamos una ley de envases?

La basura es un problema mundial. ¿Qué hacer con ella? ¿Cómo evitar que contamine fuentes de agua? ¿Cómo reducir la cantidad de basura que generamos? Una respuesta a esto son las 3R: reducir, reutilizar y reciclar. En Argentina, cada día se producen 50 mil toneladas de basura. Kilos y kilos de plásticos, cartón, electrodomésticos, vidrio y restos de comida son desechados sin discriminación. Generalmente, terminan en basurales a cielo abierto o rellenos sanitarios, creando una situación de riesgo ambiental y sanitario que debe ser resuelta.

Acá entran los cartoneros y las cartoneras. Su trabajo es vital para asegurar la separación de los residuos y su correcto reciclaje. Sin embargo, su trabajo es poco reconocido y, en muchas ocasiones, se realiza en condiciones muy precarias. Elles son quienes evitan una crisis sanitaria y ecológica y lo hacen sin cobrar un peso. 

El proyecto de ley de envases con inclusión social busca visibilizar el trabajo de estes recicladores y su contribución diaria a la gestión de residuos. En este sentido, plantea que les productores que colocan envases en el circuito productivo tienen una responsabilidad social extendida sobre ese residuo que están generando. Es por esto que el proyecto establece que son elles quienes deben absorber el gasto del reciclado de sus envases. ¿Cómo? Se propone que paguen una «tasa ambiental» de hasta el 3% del valor del producto. Esta se establece de acuerdo a ciertas variables, entre las cuales se encuentra que tan «amigable» es dicho envase con el ambiente, es decir, qué tan reciclable es. A mayor reciclabilidad, menor es la tasa aplicada.

Si se obtiene una buena calificación por material reciclado contenido y ecodiseño, la tasa de un envase de una gaseosa de litro y medio sería de un 0,55 % de su precio. Fuente: Federación de Cartoneros.

Lo que se recaude de esta tasa se orientará a crear de nuevas plantas de reciclaje y tratamiento de residuos, reducir el costo de la logística y la comercialización y fortalecer las cooperativas de cartoneros y cartoneras, para ir minimizando la cantidad de recicladores que trabajan informalmente. El proyecto plantea la creación de un fideicomiso para administrar esos fondos, que contaría con la participación del Ministerio de Ambiente y de distintos actores como les productores, les cartoneres y las cooperativas. 

Es así que el proyecto busca dignificar a los actores principales de la gestión de residuos y es uno de los primeros en incluir a la economía circular como parte de la solución al problema de la basura. A través del reciclaje, vecines, cooperativas, empresas, comercios y ONG colaboran en esta red que cuida el ambiente y genera trabajo

Se espera que para fin de 2021 se apruebe esta ley en el Congreso. Sin embargo, la oposición empresarial se ha hecho escuchar estos últimos días. Desde el empresariado explican que el proyecto debe implementarse pero no a través de la aplicación de un nuevo impuesto, que se sumaría a la larga fila de cargas tributarias que soportan las empresas. Por otro lado, la oposición afirma que el proyecto se escuda en los rótulos de ecología y de inclusión social para desviar los fondos obtenidos de la «tasa ambiental» para hacer política partidaria y que coloca una nueva carga contra las empresas para continuar creciendo, ya que hoy se encuentran muy debilitadas por la inflación y la falta de dólares.

Una persona produce 1,15 kg de basura cada día.

Además surgió preocupación entre la población. Las personas se preguntaron si no impactaría esta tasa en el precio de los productos que consumen. Es decir, si no serían elles quienes terminarían pagando los residuos poco reciclables al comprar el producto. La ley propone que esto no suceda, sino que sean las empresas y les productores quienes deben absorber el costo del reciclado

Lo cierto es que se trata de una acción necesaria para solucionar el problema de la basura. El apoyo social al proyecto es amplio y el objetivo es formalizar el trabajo de les cartoneres, así como fomentar que las empresas puedan repensar los residuos que generan sus envases


Fuentes:


Sin voluntad política, peligra la ley de Humedales

Además de Ganadería y Pesca, aún resta que evalúen la iniciativa tanto la comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios como la de Presupuesto y Hacienda. Es por esto que más de 380 organizaciones ambientalistas exigen que se cree un Plenario de Comisiones para el tratamiento urgente en el recinto de la ley de Humedales.

Todavía tenemos tiempo: #LeyDeHumedalesYa

Después de una serie de noticias que circularon por diversos portales respecto de que el proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Humedales perdería estado parlamentario el 30 de noviembre, la organización EcoHouse aclaró algunas fechas importantes a tener en cuenta mediante sus redes sociales.

La fecha en la que la ley de Humedales finalmente perdería estado parlamentario es el 28 de febrero de 2022, ya que podría tratarse antes del primero de marzo si el presidente de la Nación llamase a sesiones extraordinarias y las comisiones le dieran vía al tratamiento de la ley en el recinto. Sin embargo, cada día cuenta y es probable que esto dependa de las nuevas conformaciones de las comisiones a partir del 10 de diciembre. Es por esto que tanto las organizaciones como les activistas ambientalistas buscan mover todos los recursos disponibles para exigir que el proyecto de ley de Humedales sea tratado.

«No es la primera vez que se impulsa en el Congreso una ley que proteja los humedales y es que, donde se busca proteger recursos naturales que pueden explotar y enriquecer pocas manos, siempre nace un fuerte lobby empresario: en 2013 y en 2016, el proyecto se aprobó en el Senado y luego quedó trabado en comisiones de la Cámara de Diputados. En ambas ocasiones, la cámara baja no le dio tratamiento al proyecto hasta que perdió estado parlamentario».

Tatiana Fernández Santos para Escritura Feminista.

Si no se logra la media sanción antes del 31 de diciembre en la sesiones ordinarias o antes del 28 de febrero si hubiera sesiones extraordinarias, las iniciativas deberán presentarse nuevamente hasta obtener un dictamen favorable como sucedió en noviembre de 2020, cuando la iniciativa que incorpora 15 proyectos presentados por distintas organizaciones y diputades obtuvo dictamen en la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

Listado de miembros de la comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, presidida por el diputado nacional por Corrientes del Frente de Todos José Arnaldo Ruiz Aragón, que cajonea el proyecto de ley de Humedales desde noviembre de 2020.

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¿Tanta saña con una ley que busca proteger al 21,5% del territorio nacional?

Existen distintos tipos de desarrollos que avanzan sobre estos espacios. Historia conocida, negocio de unos pocos en detrimento del ambiente. Lo particular de este ecosistema es que se ve amenazado por tres tipos de negocios.

Primero, los proyectos inmobiliarios —como countries o barrios cerrados—, que suelen construirse sobre humedales como es el caso de Nordelta. Por otro lado, se encuentra la expansión de la frontera agropecuaria o el agronegocio —responsables del origen de los incendios en las islas del Paraná—. Finalmente, otro sector empresario que se perjudicaría con la regulación de los humedales es el que se dedica a la explotación minera de litio.

Estas actividades son parte de un modelo productivo que impacta de manera irreversible sobre territorios de humedales y reservorios naturales de agua.

Humedales para regular el cambio climático

Se trata de ecosistemas naturales indispensables para la vida, que son fuente de agua dulce, de alimentos y de medicinas naturales, que albergan una biodiversidad única. Además, son fundamentales para la regulación de las crecidas de los ríos y para la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Es decir, cumplen un rol primordial para prevenir y atenuar los efectos de la crisis climática. En Argentina, 600 000 kilómetros cuadrados de superficie están cubiertos por sistemas de humedales, un poco menos que dos veces la superficie de Italia.

Los humedales son fundamentales por la biodiversidad de flora y fauna que albergan: diversas especies de peces, aves, mamíferos, reptiles y vegetación. De acuerdo a «Ley de Humedales Ya», el 40% de la biodiversidad mundial vive o se reproduce en estos ecosistemas. Asimismo, estas áreas son fuente de agua dulce y funcionan como depuradores de las aguas.

A la vez, los humedales cumplen un rol fundamental para combatir el cambio climático ya que almacenan dióxido de carbono y por ende reducen la emisión de estos gases a la atmósfera. A la vez, mitigan el impacto de las inundaciones y las crecidas de los ríos ya que actúan como esponjas que retienen el agua para luego liberarla de a poco.

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Imagen de portada

Silvio Moriconi

Fuentes: 


La ropa hace a nuestra identidad

El pasado martes 26 de octubre, en un colegio secundario de la ciudad de Carlos Paz (Córdoba), un alumno decidió asistir con pollera, uniforme que según el Acuerdo de Convivencia del colegio les corresponde a las mujeres. ¿Hasta cuándo los colegios seguirán perpetuando el binarismo con los uniformes? ¿Somos realmente conscientes de cuánto construyen nuestra identidad y cultura las maneras en que vestimos?

Protestar tiene buenos frutos

El hecho tuvo lugar en el IPEM N° 359 «Arturo U. Illia» de Carlos Paz cuando, a modo de protesta pasiva, un adolescente (a quien llamaremos A., para preservar su identidad) decidió ir a su colegio utilizando el uniforme que corresponde, según reglamento, a las mujeres: una pollera. «No me gusta vestirme así; pero lo hice por comodidad. Vivo lejos y hace mucho calor para usar pantalón largo. Así que me vine con short y, para entrar al colegio, me puse la pollera encima del pantalón corto para poder pasar», declaró a un medio cordobés. 

El estudiante, junto a sus compañeros varones, desea reclamar la implementación de pantalones cortos como uniforme. Presuntamente, se habían organizado para ir todos aquel martes vistiendo la pollera para protestar de forma pasiva. Sin embargo, fue A. el único estudiante que se animó. Los argumentos de la protesta incluyen la necesidad de comodidad para las altas temperaturas. A pesar de no cumplir con el uniforme, el adolescente no fue sancionado pero sí alertado de que debía seguir cumpliendo con el uniforme estipulado para varones. 

A su vez, la dirección dió a conocer que la modificación del uniforme es una posibilidad que está disponible y explicó ante la prensa que el uniforme de los colegios está reglamentado por lo que la comunidad de cada colegio conoce como «Acuerdo de Convivencia». Este acuerdo es modificable, siempre y cuando la mayoría de la comunidad (estudiantes, xadres, docentes y directives) esté a favor. Con respecto a este último punto, la directora consideró que «ya no hace falta plantear formalmente la modificación del Acuerdo, porque esta situación puso el tema sobre la mesa. Ahora lo vamos a tener que tratar con toda la comunidad y ver qué es lo que se resuelve».

La ropa conforma nuestra identidad

Si bien el estudiante únicamente intentaba reclamar por su comodidad, el hecho deja ver un conflicto mucho más grande que tiene que ver con las prendas específicas que usan les niñes y adolescentes para ir a estudiar. ¿Por qué las mujeres siguen usando polleras y los hombres pantalones? ¿Somos realmente conscientes del símbolo de poder que esto instaura? E incluso, si vamos un poquito más allá y nos ponemos más quisquilloses, ¿por qué todavía hay colegios que siguen exigiendo el uso de uniforme? 

La vestimenta es un símbolo que refleja nuestra identidad y va adquiriendo cada vez más importancia, sobre todo en les adolescentes. «El vestido refleja las condiciones de la vida cotidiana. Imprime su sello en el modo de actuar en las diferentes circunstancias que tocan al individuo y actúa sobre su ser, hacer y parecer en el contexto de la sociedad. La indumentaria y la persona social se influyen mutuamente. […] Así, el vestido conforma hábitos y costumbres que se consolidan en normas vestimentarias típicas de una determinada cultura o grupo», comenta la diseñadora de moda Saltzman. En esto recae la importancia de revisar los sentidos de los uniformes

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Las polleras y los pantalones forman parte de un binarismo que data del siglo XIX y que actualmente ya no representa a nuestra sociedad. La nuestra, una sociedad llena de diversidad y no-binarismos que intenta respaldar estas identidades cada vez más, necesita revisar estas cosas que parecen pequeñas pero que, en realidad, construyen todo un edificio de símbolos en nuestras identidades. Nuestras identidades y creencias como sociedad deberían ser respetadas y representadas hasta en su aspecto más minúsculo.


Fuentes: