Discriminación hacia las personas mayores LGBTIQ+

Las personas adultas mayores suelen recibir malos tratos debido a su edad. Además, reflejando el efecto de la interseccionalidad, aquellas que se identifican como pertenecientes al colectivo LGBTIQ+ sufren una estigmatización adicional que se agrava en tiempos de pandemia y puede seguir empeorando por distintos factores.

La población mayor se compone de personas empoderadas, activas, participativas, que cuentan con el capital de la experiencia como uno de sus valores más preciados. Sin embargo, esta parte de la sociedad sufre malos tratos sin cesar.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa que «las niñas, niños y adolescentes LGBTI+ suelen enfrentar el rechazo de sus familias y su comunidad, quienes desaprueban su orientación sexual, identidad de género o diversidad corporal, lo que tiende a conducir a situaciones generalizadas de discriminación, estigmatización, intimidación, acoso, abuso, maltrato y violencia física, psicológica, sexual y, en casos extremos, incluso la muerte».

Y aclara que esta problemática alcanza a la población que aquí nos compete: «Lo mismo ocurre con las personas LGBT+ en la etapa adulta de sus vidas e incluso con las personas adultas mayores, con ciertas especificidades referentes al aislamiento social cada vez más prolongado que experimentan, en la medida en que postergan o evitan el acto de asumir públicamente su orientación sexual o identidad de género».

En esta línea, Edgardo Corts, miembro fundador de la organización Mayores en la Diversidad y vicepresidente del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE Capital, en diálogo con Escritura Feminista, describió algunas de las situaciones a las que se exponen como, por ejemplo, el ser encasillades como población fuera de actividad.

«La sociedad constituye a las personas mayores como sujetos pasivos. Eso significa fundamentalmente que hemos salido de los circuitos de producción masivos y más rentables económicamente pero eso no nos inhabilita ni nos define como pasivos sin posibilidades. Estas están adaptadas a la edad y las circunstancias biológicas de los y las mayores».

Edgardo Corts.

Además del estigma de la poca actividad, también se les tilda de asexuades sin preguntarse por lo que sucede en sus camas. Tengamos en cuenta que con el ritmo de vida que llevamos todes, entre trabajo, estudio, entrenamiento, más estudio, hijes, familia y amigues, a muches les queda poco tiempo para la actividad sexual. De hecho, podríamos pensar que les viejes tienen más tiempo que la población más joven.

Graciela Balestra, creadora de Puerta Abierta, el primer Centro de Jubilados LGBTIQ+ del país, señaló a este medio que la «poca» actividad sexual y el «mal» estado de salud de les adultes mayores es un mito que se debe desterrar y expresó: «Los de 40 o 50 vivimos todos estresados, es cuando menos sexo se tiene, después de los 70 uno vuelve a recuperar el erotismo».

Continuando en el marco de la actividad sexual, Edgardo explica el peligro de esta caracterización: «Cuando vamos al médico pueden revisarnos cualquier tipo de patología pero en ningún momento investigan temas como VIH, hepatitis o enfermedades de transmisión sexual porque no nos consideran sujetos activos sexualmente. Que si bien los adultos mayores tenemos una sexualidad adaptada a este período de la vida, seguimos siendo, nacemos y morimos sexuados. Eso también nos invisibiliza y nos pone fuera de la asistencia».

Quizás te interese leer: «Recomendaciones: libros LGBTIQ+», por Victoria Resico

Tener más de 60, ser LGBTIQ+ y vivir en pandemia

En el contexto actual, les adultes mayores de 60 años integran el grupo de «población de riesgo», junto a embarazadas y personas con patologías crónicas, lo cual les hace permanecer en sus hogares para cuidar su salud. El problema se presenta cuando viven soles y necesitan salir a comprar comida, medicamentos o ver a sus médicos y médicas: no todes pueden hacer consultas online o pedir comida por teléfono. A esta situación se suma la falta de afecto por no poder ver a sus familias y amigues ni hacer sus salidas habituales.

Esto, que tiene mal aspecto para cualquier persona mayor, se vuelve aún más grave al pertenecer al colectivo LGBTIQ+. En este sentido, Edgardo explica:

«Pertenecemos a una generación en la que muchos y muchas han permanecido en el placard. Entonces en este momento de la vida se da que algunos de ellos o ellas tienen que vivir en centros geriátricos, en hogares de larga estadía, o bien volver a sus grupos familiares de origen. Y allí se ha dado que aquellos que toda la vida estuvieron en el placard tienen que seguir estándolo y aquellos y aquellas que pudieron salir, al estar en estos lugares, vuelven a ingresar al placard. Es como un reingreso a la no identidad».

Por su parte, Graciela, en el mismo sentido, afirma: «Hay mucha soledad. Muchos, cuando se asumen, la familia no les da más bolilla, los echan o no quieren que vean más a los nietos. Hay personas que se casaron y tuvieron hijos y cuando se dieron cuenta de que no eran heterosexuales se separaron y los hijos les dijeron que no vean más a los nietos o los obligaron al silencio».

Además, detalla brevemente cómo se da la discriminación hacia las personas mayores con identidades diversas: «A los viejos ya los discriminan por viejos por más que no sean gays y, si además sos lesbiana, se da una doble discriminación; si, además, llegas a ser pobre o negra, sonaste».

Quizás te interese leer: «#Reseña La mariposa que cambiaba de capullo todos los días», por Eugenia Jambruia

El desafío de llegar a la vejez siendo trans

Las personas trans en Argentina tienen una expectativa de vida de 35 años. Mónica Roque, médica a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado del PAMI, profundizó sobre esta problemática en diálogo con BAE: «Según las proyecciones de INDEC, para 2020 la expectativa de vida para una mujer (cis) será de 81 años. La de las mujeres trans será de 35 años. La inequidad es terrible. Hay mujeres trans que llegan pero en las peores condiciones. Tenemos algunas en PAMI. La historia de vida en una mujer trans, que seguramente estuvo en la prostitución y que antes no tenía acceso a los tratamientos hormonales médicos adecuados, hace que llegue en condiciones de vida bastante malas».

Sin embargo, como bien dice la especialista, hay algunas excepciones que logran superar las expectativas. La fundadora de Puerta Abierta cuenta que en el Centro de Jubilados hay algunos casos pero también detalla cómo lo hicieron: «las personas que vienen al Centro y son trans, si llegaron a los 60 o 70 años fue a costas de no asumir nunca el cambio de identidad. Hay personas que siguen siendo hombres cuando se sienten mujeres. Yo digo: salvaron su vida pero a costa de matar su deseo».

Quizás te interese leer: «¿Las personas LGBTTI+ no pueden donar sangre?», por Tatiana Fernández Santos

Garantizar los derechos humanos de las personas mayores LGBTIQ+

Defender sus derechos y desestigmatizar a este colectivo implica la ardua tarea que llevan a cabo organizaciones como Puerta Abierta y la Casa del Orgullo, establecimientos en los que se crean redes de apoyo y contención. Según explica Graciela, que participa en ambos espacios, «son como familias alternativas para que cuando tienen que cortar con su familia de origen, por la falta de aceptación, no caigan en el vacío».

Entre sus acciones también se encuentran la concientización sobre derechos, la capacitaciones de personas que cuidan adultes mayores, la asistencia psicológica y los talleres culturales, entre otros.

La garantía de derechos va acompañada por el cambio de la imagen de las personas mayores: no todes son abuelos y abuelas, ni tienen problemas de salud ni están soles en sus casas sin saber qué hacer. Por el contrario, Graciela aclara que «cuando hacíamos un baile, por ejemplo, las de 80 años bailaban toda la noche, saltan más que yo, tienen ganas de vivir».

Con respecto a la invalidez de los estereotipos que rondan a hombres y mujeres mayores, menciona: «Ahora una mujer de 80 es joven, contrariamente a lo que uno pensaba antes. Las veo muy vitales, viajan, salen, bailan, van y vienen, no son esas viejitas que no se pueden mover. No todos están enfermos, hay más sexo que en las personas jóvenes».

Como población activa que continúa en la lucha por sus derechos, Edgardo hace hincapié en que:

«Más allá de la edad, todos somos sujetos de cuidado y mucho más en un proceso de pandemia como el que estamos viviendo y, además, nos identificamos como hombres y mujeres políticos. Por eso seguimos trabajando por un nuevo proyecto de ley para conseguir la cura del VIH, adaptado a estos contextos actuales y contemporáneos. Ese objetivo y la defensa de los derechos humanos de las personas mayores en la diversidad son los que en este momento perseguimos».

Para quienes quieran contactarse con Puerta Abierta para tener asesoramiento terapéutico o jurídico sobre casos de discriminación o de violencia de género, hacer consultas o participar del espacio, pueden solicitarlo a través del número telefónico 11 4470 9852.


Fuentes:


¿Te gustó la nota?

Invitame un café en cafecito.app

Hablemos de violencia mediática

El 14 de septiembre se conmemoró el Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación. La fecha se estableció en 1990 en el marco del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe como gesto de apoyo y solidaridad hacia el programa radial Viva María, dedicado al debate sobre los derechos de la mujer en Brasil, que estuvo al aire durante diez años hasta ser retirado por presiones políticas. 

Cada año para esta fecha se convoca a los medios de comunicación, tanto en lo que concierne a lo periodístico como publicitario, a transmitir una imagen de la mujer libre de estereotipos y en la diversidad étnica, cultural, económica y social.

Esa convocatoria a trabajar en los mensajes que se transmiten a la sociedad a través de los medios de comunicación tiene relación directa con las advertencia realizadas desde diferentes organismos, observatorios y ONG sobre las imágenes estereotipadas que se muestran de la mujer, una manera de «comunicar» que se traduce en violencia mediática. 

Algunos conceptos a incorporar 

Resulta importante, en principio, desmenuzar algunos conceptos. La violencia simbólica es uno de los tipos de violencia reconocidos junto a la física, psicológica, sexual y económica. Es aquella que reproduce mensajes o valores estereotipados que contribuyen a la desigualdad en las relaciones sociales y naturalizan la subordinación de la mujer. La violencia mediática, por su parte, es la modalidad en que estos mensajes se transmiten, es decir, las publicación de textos e imágenes con mensajes estereotipados a través de medios de comunicación masiva.      

La Red Par (Periodistas de Argentina en Red Por una Comunicación No Sexista) define la violencia mediática como «los mensajes que, en cualquier soporte comunicacional, humillen y discriminen a las mujeres. Tanto al agredirlas de manera directa, como al utilizar sus imágenes como objetos de consumo. La violencia mediática es una de las manifestaciones de la violencia de género. Expresa y refuerza la desigualdad entre las personas con diferente identidad sexual».

Este tipo de mensajes los podemos encontrar en programas periodísticos, de entretenimiento, ficciones y en el ámbito publicitario. Para analizar estos escenarios lo primero que debe identificarse son los estereotipos de género, aquellas representaciones asignadas socialmente a cada género a través de características y roles como supuestos identitarios de varones o de mujeres.  

En los medios de comunicación se construye sentido, se reproducen el sentido común, los valores y los conceptos. Esto lo podemos encontrar en comentarios sexistas de periodistas o conductores, la invisibilización de la mujer en los mismos roles que los varones, la asociación de la mujer con los espacios íntimos y de cuidado, la reproducción de la imagen del cuerpo femenino hegemónico como único modelo, dejando de lado la diversidad de los cuerpos, entre otros.    

En 2015, el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión realizó un Monitoreo de las prácticas y los discursos discriminatorios en televisión —tomaremos este estudio de hace cinco años porque en los siguientes no hubo estudios pormenorizados de este tipo, debido a la disolución y desfinanciamiento de muchas de las áreas dedicadas a este relevamiento—. Dicho estudio contó con un seguimiento de programas de diferentes formatos y en diferentes franjas horarias durante la semana del 1 al 7 de junio de 2015 y, del total de registros sobre violencia contra la mujer, un 25% corresponde a tratamientos positivos, un 27% a aspecto positivos y negativos y un 48% han sido «completamente discriminatorios y alejados de toda perspectiva de género y derechos»

A su vez, en este 48 % se establecieron diferentes categorías para determinar cuáles fueron los aspectos negativos y un 9,4% de los registros se asocia con estigmatizaciones y estereotipos donde se asocia a las mujeres, por ejemplo, con roles domésticos, «madres histéricas y/o consumidoras empedernidas, sumisas, malas o brujas». 

El plano publicitario es uno de los que más expone esta violencia simbólica. En sus diferentes formatos, la publicidad es una vidriera de estereotipos y roles de género que nos permite absorber muy fácilmente estos conceptos.

Los mensajes publicitarios de electrodomésticos o productos de limpieza, por ejemplos, son dirigidos exclusivamente a mujeres de todas las edades (para que el legado del cuidado no se pierda en el camino); los bienes de consumo como un auto son asociados a mujeres con cuerpos que corresponden a los estándares sociales de belleza per nunca manejan ellas; los productos para «evitar» el paso del tiempo en la piel de los cuerpos femeninos son algunos de los mensajes que desde el inicio de este rubro lo han caracterizado. (Una pequeña recomendación: si te interesa conocer más sobre el mundo publicitario y los estereotipos de género, recomendamos la serie Mad Men). 

Sin embargo, en los últimos años, el ámbito de la publicidad ha logrado aggiornarse (al menos algunas marcas) y se han incorporado desde diversas identidades sexuales hasta cuerpos libres de estereotipos de belleza. ¡Y esto lo festejamos! 

¿Cómo evitamos la violencia simbólica? Incorporando la perspectiva de género para problematizar los estereotipos. Cuestionemos los conceptos que se nos han dado como establecidos, cuestionemos si estos remiten a la igualdad de géneros y, cuando la respuesta nos indique que hay una desigualdad, es allí donde podremos modificarlo y hackearlo con nuestro pequeño aporte. 


¿Te gustó la nota?

Invitame un café en cafecito.app

Salud, lingüística y memoria 

El coronavirus también afecta a las comunidades indígenas y les deja consecuencias más allá de la enfermedad porque repercute, además, en la conservación de su lingüística y subjetividad. 

Un gran porcentaje de población indígena está en situación de extrema pobreza, sometida a condiciones de desigualdad. En muchos casos, manifestaron no tener acceso a la salud ni al agua potable y estar expuestes a vulnerabilidades sanitarias como desnutrición, diabetes y dengue, entre otras. El no tener acceso al agua potable hace imposible la prevención del contagio de enfermedades y estas condiciones se profundizan en el momento actual que se está viviendo por la pandemia, que deja expuesta la crisis más amplia en la que están inmerses. 

Si bien se han producido algunos avances en el reconocimiento de sus derechos, no se tomaron las medidas necesarias para poder garantizar fundamentalmente el derecho a la salud. Desde el Estado no se tomaron medidas específicas para los pueblos indígenas que tuvieran en cuenta que se trata de una población en riesgo por las malas condiciones sanitarias en las que viven.

La profundización de una crisis previa a la pandemia afecta diversos aspectos de la vida tanto social como económica, política, cultural y ambiental. En parte, también, es consecuencia de un sistema capitalista que va en contra de la naturaleza y los derechos humanos: la desigualdad estructural queda así profundizada, acrecentando la marginación, el racismo y la vulneración a sus derechos. 

photo-1571684427749-3ee08d311bd3

El cuidado ambiental se ve amenazado por los derrames de sustancias tóxicas, que aumentan el riesgo de contagio de enfermedades en las comunidades. Sumado a eso, continúan los abusos de poder por parte del gobierno. Si antes lo hacían dejándoles sin protección frente a la pandemia, ahora se agregan los nuevos asesinatos cometidos a indígenas que han querido defender sus territorios.

No solo se les invisibiliza dejándoles en situación de abandono sino también con aquellas cuestiones vinculadas a los aspectos subjetivos de la comunidad. No se los nombra ni en los medios de comunicación, ni en los discursos, ni en las políticas públicas y tampoco en las estadísticas. Esto impide conocer(les) sus situaciones de contagio, muerte e historicidad. 

Borrar la memoria histórica de algunas comunidades indígenas impide conocer el pasado, en el que fueron arrasadas por la gripe, el cólera o la tuberculosis. De esta manera, también se les niega la posibilidad de llevar adelante estrategias de intervención en esos aspectos. Se ocultan las marcas de la historia que comprueban cómo muchas de las epidemias anteriores fueron usadas por los colonizadores como instrumentos de poder para dominar y controlar a  los pueblos indígenas, apropiándose de sus territorios. Historia que, además, niega los orígenes: los suyos que también atraviesan las raíces de toda América Latina. 

En estas primeras semanas de llegada del virus, los pueblos indígenas desarrollaron distintas estrategias de autoprotección de los miembros de sus comunidades, utilizaron sus propios conocimientos sanitarios y de supervivencia e implementaron estrategias en red entre distintos pueblos y al interior de su comunidad. Una de esas medidas ha sido el cierre de fronteras para impedir el ingreso de personas extranjeras. Algo que parecía una buena medida para intentar paliar una de sus vulnerabilidades dejó en evidencia otra de las tantas a las que están expuestas: la represión policial, en este caso, debido al cierre mismo. 

Por otro lado, la pandemia también afecta la subjetividad de las comunidades indígenas. Quienes residen en áreas urbanas se enfrentan a otro tipo de exclusión: la lingüística. Eso se traduce en desempleo, ausencia de medidas de prevención, daño psicológico y discriminación. La negación sistemática de sus derechos afecta directamente en la subjetividad de las personas que viven en estas comunidades indígenas, dejando un saldo de abandono y, en muchos casos, de muerte.

Existen un abanico amplio de palabras utilizadas en el habla cotidiana que tienen su origen en muchas de estas comunidades lingüísticas como, por ejemplo, el quechua: chacra, maíz, tomate, hamaca, petaca y apapachar, son solamente algunas de ellas.

En Argentina hoy se hablan al menos 14 lenguas indígenas, que tienen contacto con el castellano desde hace más de 500 años. Esto sin tener en cuenta otros territorios como Bolivia, Perú, Brasil y Colombia, por mencionar solo algunos. Muchos pueblos dejaron de hablar sus propias lenguas debido a procesos históricos de colonización, racialización, discriminación, negación y dominación, entre otros factores. 

El respeto y el reconocimiento de la diversidad de lenguas es parte de la identidad de cada pueblo. Forma parte de la subjetividad y la historia tanto de las comunidades en lo colectivo como de las personas que la componen individualmente. Por eso es importante que sean reconocidas e incluidas. 

Un aliado histórico de los mecanismos de homogeneización y dominación ha sido la escuela. Se encargó de unificar las diferentes hablas y construir un ideal común con respecto a las diversidades lingüísticas. En la actualidad no siempre son contempladas estas diversidades en las políticas educativas, a pesar de que la ley de educación nacional 26.206 lo contempla, garantiza ese derecho a las poblaciones indígenas y reconoce las variaciones lingüísticas y culturales que respetan los valores de los pueblos. El negarle su lengua a una comunidad y, así, excluirla y negarle su identidad e historia es violencia simbólica

En ese punto, son importantes las políticas educativas que contemplen esas diversidades dentro del aula pero también es fundamental la formación docente para que esas políticas puedan llevarse a cabo. 

A los pueblos indígenas se les debe garantizar el derecho a la salud y a la prevención de las enfermedades, y deben tomarse las medidas necesarias para que puedan vivir dignamente. También es necesario que se les garantice el respeto por la diversidad y la multiplicidad cultural, atendiendo a los distintos actores que conforman la comunidad. 

¿Cómo se puede contribuir a la lucha antirracista sin apropiarnos de ella?

Le activista indígena Nia (@haluami) propuso una serie de medidas que se pueden implementar para apoyar los reclamos desde situaciones de privilegio sin invadir sus espacios. @pibaafroqom @sandra_chagas09 @afroargentina @mmujeresindigenas son algunas de las cuentas de activistas indígenas que difunden actividades y propuestas antirracistas. 

Entre las medidas de apoyo a la comunidad que escribió Nia se encuentra la difusión a activistas racializades sin hablar por elles sino cediéndoles nuestro lugar de privilegio para que elles mismes lo hagan. Por otro lado, es importante practicar el antirracismo cotidianamente y dejar de apoyar personas que perjudican la lucha de los pueblos indígenas. También se puede colaborar aportando monetariamente a activistas que están en situaciones de pobreza estructural y, en muchos casos, situaciones interseccionales aun más difíciles si se trata de feminidades.


Fuentes:

Imagen: Facundo Rodriguez fotografía

El tamaño de tu amor

Ficción colaboración por Candela Fumale


Este escrito no es para gente disidente. Es para que la gente disidente se los mande a sus padres por mail, se los deje impreso en la mesita de luz o nada más se sienten adelante y se lo lean.

Voy a empezar diciendo que el día que agarré a mis papás y les conté que era lesbiana, mi situación fue privilegiada. ¿Mis papás lloraron? Sí. ¿Me entendieron? No. ¿Se lo esperaban? Tampoco. Muchos meses después llegaron a contarme que incluso habían rezado para que cambie de parecer. Vi todo el dolor y la desazón que los atravesó. Pesaba mucho que la misma situación que a mí me estaba liberando tanto a ellos los angustiara en la misma medida. Ningún hijo quiere hacer sufrir a los padres pero ¿cuál hubiera sido la otra opción?

La mentira. Mentir constantemente sobre con quién estaba o a dónde salía. Mentir cuando mamá me preguntara si me gustaba un chico. Mentir cuando papá quisiera saber con quién me reía tanto por teléfono. Mentir cuando subiera una foto para que la vieran todos menos ellos. Mentir significaría ocultar la parte más trascendental de mí, esconderles la alegría de saber quién soy e ir dejándolos de a poco fuera de mi vida.

¿Por qué dije privilegiada? Porque nuestra primera charla terminó con la frase más cariñosa y sincera que podrían haberme dicho: «No te entendemos, pero te queremos y no nos importa lo que elijas». Por supuesto que necesité muchas más charlas y paciencia hasta que el tema se naturalizó. Papá se enojaba si yo usaba el término «torta» y mamá no se animaba a preguntarme con quién estaba saliendo cuando me veía irme toda arreglada. Con mi hermano fue más fácil: ya se había dado cuenta de todo y en una tarde dimos el tema por resuelto.

Un año después, llevé a una chica a casa por primera vez y todos se portaron igual que cuando había llevado a un chico. Ya hacía tiempo que mamá había empezado a querer indagar en las mismas cuestiones amorosas de antes y papá había dejado de hacerse mala sangre por cómo me expresara.

Yo sé que hay cosas que les siguen costando mucho, cosas que en su época no pasaban (es decir, pasaban pero no se decían) y para las que no están preparados. Pero ellos no tienen idea de que su esfuerzo es lo que más vale. Porque la calle es dura. Es denigrante que te griten insultos desde los autos si te ven de la mano con otra mujer; es cansador ocultarlo en el trabajo porque tu jefe es homofóbico y de él depende tu sueldo; y qué decir de que te agarren a trompadas en un boliche por vestirte con corbata siendo mujer.

Sin embargo, mucho más terrible es que tus propios padres te den la espalda, que te miren con desprecio y digan que mejor sería que estuvieras muerto, como les dijeron a algunos amigos. Que te echen de tu casa sin más. O ese «hacé lo que quieras, pero acá no» y, otra vez, te obligan al silencio y a la mentira como si fuera la dictadura y tuvieras que acallar las verdades.

Esos padres pseudodictadores viven bajo la lógica de que no existe lo que no se ve. Si no ves a tu hijo pintándose los labios es porque ya se encaminó. Pero en el fondo sabés que se traga el odio cuando le decís que no sea puto y se corte el pelo como los hombres, sabés que las pinturas de labios que le desaparecen a tu mujer se las lleva él, sabés que sigue siendo puto, solo que fuera del reinado de tu mirada. Y tu hija te habló de frente y bien clarito: «Papá, Micaela es mi novia», pero a vos esa palabra se te queda atravesada y solo te sale decirle «amiga». Te encerrás tanto en tu dolor que no ves la lágrima que tu hija se saca con la mano cada vez que te escucha decir así. Algún día esas lágrimas terminan colmando el vaso…

Es necesario que reconozcamos que el miedo es real. Los límites de nuestra compresión existen. Todos nos enmarcamos en alguna especie de concepto moral o religioso. Y tiemblo cuando pienso en qué me llevarán la contra mis hijos, porque dentro de treinta años quizás se sientan y piensen cosas que a mí me enseñaron que estaban mal y de repente se ve que ya no. A pesar de todo esto, el límite más grande que nos coarta el accionar no es el miedo, nuestro límite es el amor.

Cuando tu hijo tenía cinco, le agarró pulmonía y pensaste que se moría. No dejaste avanzar al miedo porque no tenías otra opción que cuidarlo. Cuando tenía doce y los compañeros de la escuela le pegaban a la salida, lo acompañaste caminando todo el año para que se sintiera seguro, aunque los otros padres te decían que eras un boludo porque son cosas de chicos. Ahora tu hijo tiene veintitrés, trabajo o estudia, es un adulto. Aunque creas que no, seguís siendo una figura protectora ante la mierda que es el mundo. La agresión y la discriminación te lastiman cuando vienen de la sociedad, por supuesto, pero te destrozan cuando vienen desde adentro; es ir caminando y pisar un clavo parado que no viste; es el aborto sentimental de quienes te protegieron y quisieron pero ya no creen que lo merezcas, como si dejaras de ser una persona digna de amor, como si dejaras de ser una persona.

Entonces, date cuenta de una vez: no está mal que la idea de una sexualidad diferente te incomode, que no sepas del tema o te cueste acostumbrarte. Lo que está mal es que pongas la incomodidad por encima de la relación con tu hijo. Lo que está mal es que prefieras que tu hijo te mienta. Lo único que está mal, acordate, es que tu miedo sea más grande que tu amor.


Imagen de portada: Georgina Rivolta

¿Iguales ante los ojos de Dios?

Una institución católica dejó sin vigencia su contrato al enterarse que estaba casada con una mujer. Nuevamente, presenciamos la discriminación y la no aceptación de las elecciones personales de parte de una institución que pregona «el amor al prójimo».

El pasado 7 de septiembre, Carolina compartió su historia en redes sociales. Una institución católica había dejado sin vigencia su contrato luego de enterarse que su pareja era una mujer.

Carolina es docente de italiano y estaba en plena búsqueda laboral en el mes de julio cuando concretó tres entrevistas con el Instituto Madre de los Emigrantes (IME), un colegio de gestión privada y católico ubicado en el barrio de La Boca, Buenos Aires.

ft119a
La parroquia del IME | Fuente: Historia de Parroquias de Buenos Aires

En las entrevistas, Carolina le comentó a las autoridades sobre un viaje que tenía pautado para el mes de agosto y que podría afectar su ejercicio en la institución. En su momento, las autoridades decidieron incorporarla de igual manera y fue citada por última vez para presentar la documentación pertinente para su incorporación al establecimiento escolar.

Una vez ya firmada una declaración jurada con todos mis datos personales para que me diesen de alta en AFIP, la secretaria corroboró la información y dio con que mi cónyuge es mujer. Me preguntó de hecho si efectivamente era así, con cierto tono de «sorpresa».

Once dias mas tarde, a través de un correo electrónico, la institución le informó a Carolina que su incorporación quedaba anulada a raíz del viaje que ella había informado desde la primera entrevista y el cuál no había parecido ser un problema al momento de contratarla.

El IME es un colegio que profesa la religión católica y cuya máxima autoridad es un cura. Dentro de la institución, las paredes visten carteles que convocan a luchar «Por las 2 vidas».

Lo primero que hice fue la denuncia en el INADI y al día siguiente mandé un telegrama al IME en contestación al mail que me enviaron de rechazo. No hubo respuesta pese a que fueron intimados en un plazo de cinco días. Consecuentemente, dimos el paso hacia la conciliación en el SECLO del Ministerio de Trabajo.

En las instancias de conciliación que Carolina tuvo con las autoridades de la institución y sus representantes legales, no hicieron más que negar su accionar discriminatorio. Incluso, según cuenta Carolina, la abogada del IME desconocía la Ley Antidiscriminación. «Nos pedía que yo demuestre que fui discriminada cuando justamente por ley es la otra parte quien tiene que demostrar que no discriminó».

Tras la última instancia de conciliación, en la que la institución siguió sin presentar una oferta o reconocer el daño moral, Carolina presentará una demanda junto al equipo de la Defensoria LGBT y llevarán a juicio a la institución.

Me había proyectado dando clases ni bien terminasen las vacaciones de invierno y por el resto del año. Además de que habría sido la primera vez que dictaba clases en el Nivel Inicial y Primario. (…) Cuando recibí la noticia llegué a pensar que el sistema educativo me cerraba puertas por cuestiones ajenas a mi formación. De ahí mi impotencia.

A pesar de no haber tenido comentarios negativos sobre la institución al momento de presentarse a las entrevistas, tras dar a conocer el caso recibió el apoyo de muchxs docentes y alumnxs de la escuela. Así fue como conoció la situación particular de un alumno que tuvo que retirarse de la escuela debido a que sufría bullying por parte de sus compañerxs mientras la institución no hacía nada para ayudarlo e incluso lo culpaba por lo que ocurría.

Es de público conocimiento el accionar discriminatorio por parte de la iglesia católica hacia la comunidad LGBTIQ+. Muchos de sus fieles condenan la homosexualidad y al día de hoy hablan de esta orientación sexual como «un pecado» y algo que su Dios condenaría. Sin embargo, parecen no darle tanta importancia a los graves delitos que la institución a la que le rinden culto comete año tras año y que suelen quedar impunes.

En estos días, se dieron a conocer nuevas denuncias por abuso de menores en el Instituto Próvolo de La Plata en el que se habla de 17 víctimas abusadas por curas que ya tenían denuncias por estos mismos delitos en la sede Mendoza. Uno de los sacerdotes denunciados habría sido trasladado a Verona. Es un modus operandi común dentro de la iglesia católica: proteger a los abusadores y excluir a cualquier persona que no actúe según sus ideales.

El de Carolina es uno más de los casos de discriminación por parte de la iglesia católica que vemos a diario en portales de noticias. No dejemos que quede impune, no dejemos que las instituciones sigan opinando sobre nuestras vidas. Una institución que no es capaz de condenar a su propia gente por los delitos que comete no tiene autoridad moral alguna para querer decidir sobre la vida de quienes son ajenos a ella y cerrarle puertas en base a su vida personal.

 


Fuentes:
Historia de Parroquias
Diario San Rafael

La educación como herramienta de transformación social por excelencia

Arturo Pozzali, defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo en la Ciudad de Buenos Aires, nos recibió en su oficina para contarnos más acerca del trabajo que se hace desde el organismo.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires fue creada en el año 1998, cuando la Legislatura Porteña sancionó la ley Nº 3 que la regula y establece sus funciones. Sin embargo, a pesar de ser un organismo presente en la ciudad hace ya casi 20 años, muchos no saben de él o desconocen cuál es su objetivo.

Por eso, nos contactamos con Arturo Pozzali, designado en 2016 por la Legislatura como uno de los defensores adjuntos. En una charla de casi dos horas, hablamos sobre la Defensoría,  las causas que apoya y el trabajo que se viene haciendo desde el organismo con respecto a distintas problemáticas sociales.

El trabajo de la Defensoría del Pueblo

Dado que hay mucha gente en la Ciudad de Buenos Aires que no conoce este organismo, decidimos meternos un poco en su historia y sus funciones.

Las Defensorías en Latinoamérica intentan imitar el ombudsman (término equivalente a defensor del pueblo) que se incorporó en el derecho argentino con la reforma del 94 de la Constitución Nacional y de CABA.

Entra dentro de los organismos de control; junto con la Defensoría, también se creó la Auditoría de la Ciudad, ambos organismos externos al Poder Ejecutivo que tienen la idea de garantizar su correcto funcionamiento.

En la Ciudad de Buenos Aires y en Latinoamérica, los defensores del pueblo surgen con acuerdo legislativo. Se entiende que tienen que ser de la oposición; no pueden ser del partido en el gobierno por una cuestión lógica, porque deben pensarse como acciones de control.

En efecto, la Legislatura vota a los defensores del pueblo y eso nos da la potestad de tener básicamente las mismas funciones que los jueces. Disponemos de las mismas virtudes y limitaciones.

La Defensoría tiene un defensor del pueblo, que hoy es Alejandro Amor, y todas las decisiones las toma él. Si bien los adjuntos trabajan algunas temáticas, pueden presentar informes, pedidos de informes, hacer presentaciones y demás, en definitiva todo lo tiene que acompañar y firmar el defensor del pueblo.

La Defensoría del Pueblo no solo tiene un rol de control del Estado (cada vez que hay un abuso del Estado, ya sea por parte de las Fuerzas de Seguridad, por el tema de las vacantes, de todos los Ministerios, etcétera), sino también un rol de intervención.

Pero por otro lado, para defender un derecho, la gente lo tiene que conocer, lo tiene que saber. La Defensoría tiene además un rol de difusión de muchos derechos, de acercarse a la sociedad, en el sentido de poder canalizar cuáles son esos derechos, y eso lleva a poder crear nuevos derechos.

El defensor tiene potestad legislativa, como si fuera un legislador. Eso le da a la Defensoría una herramienta para no solo poder poner un tema en debate, en discusión, en agenda, sino después efectivamente poner un proyecto de ley.

Es una herramienta interesante porque, por lo general, los proyectos que salen de la Defensoría surgen de las organizaciones civiles. 

Es un órgano muy colorido, no solo en el marco de la diversidad, de la equidad y del trabajo sino también por todas las organizaciones civiles que participan, sin «embanderarse» atrás de ningún partido político. Eso empuja mucho las leyes que salen desde la Defensoría.

La Defensoría funciona muchas veces como una instancia de consulta y asesoramiento. Las personas van a plantear alguna problemática, desde cómo hacer determinado trámite hasta a quién recurrir ante distintas eventualidades. Recurrir a la Defensoría no implica que luego no se pueda llegar a alguna otra instancia en caso de ser necesario, como por ejemplo una acción judicial.

Este organismo se encarga de atender a cualquier persona que viva o transite en la Ciudad de Buenos Aires. No sólo los habitantes de la ciudad sino a cualquier persona que trabaje en ella o que esté haciendo turismo.

Actualmente, la Defensoría del Pueblo esta compuesta por el defensor del pueblo, Alejandro Amor, y cuatro defensores adjuntos: María América González, Oscar Zago, José Palmiotti y Arturo Pozzali.

Arturo Pozzali, del Centro de Estudiantes a la Defensoría del Pueblo

Cuando, en 2016, fue designado defensor adjunto, Pozzali ya contaba con un arduo historial de militancia y participación en distintas organizaciones.

DSC_0326

Su rol como defensor está ligado más que nada a educación, salud, juventud y cultura.

Mi rol es estar dentro de la Defensoría canalizando estos temas. Hicimos algunos informes sobre la falta de vacantes en la ciudad, hicimos recorridas en los hospitales para poder conocer de primera mano cuál era la situación de la salud en la ciudad, ahora estamos viendo el tema de los CeSAC (Centros de Salud y Acción Comunitaria). Acompañamos estos reclamos que trae la gente.

También acompañamos a chicos de los colegios secundarios que tuvieron en las tomas un rol activo para poder canalizar los conflictos, por la importancia del rol de mediación.

La educación en la Ciudad de Buenos Aires

Uno de los temas que se trabaja de manera constante es la educación. Tratamos la situación de las tomas de los colegios secundarios en el marco del rechazo a la reforma educativa que todos conocimos como «Secundaria del Futuro».

Nos empezamos a juntar, desde mediados del año pasado, con distintos especialistas de todas las corrientes políticas porque nos parece que lo que más necesita la educación ahora es que se discuta.

Estoy de acuerdo con los chicos que tomaron la escuela y desde la Defensoría los acompañamos. Fue importante que lo hicieran por lo inconsulto de la reforma, la prepotencia con la que se trabajó el tema. Sin dudas, los estudiantes tienen que tener un rol protagónico a la hora de una reforma educativa.

Dejó en claro que es necesaria una reforma, porque en la actualidad el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires «sigue fomentando y profundizando las desigualdades».

Ahora, la discusión es cómo se hace eso, qué significa eso. Por ejemplo, tener estudiantes “emprendedores”: ¿qué significa emprendedor? ¿Significa que el estudiante va tener que pensarse a sí mismo y solucionar todos sus problemas, mientras la educación va a estar pensada simplemente con respecto al mercado de trabajo?

La educación tiene que formar ciudadanos, seres pensantes, tiene que darle a la gente las herramientas para convertirse en ciudadanos desarrollados. De acuerdo con Pozzali, el gobierno no terminó de definir las terminologías y hay mucha desinformación. «Eso hace que la discusión no sea equitativa», señala.

Con respecto a una de las grandes problemáticas que tiene la Ciudad, que es la falta de vacantes en las escuelas públicas, opina que la falta de infraestructura e inversión son algunos de los motivos por lo que esto ocurre.

El Ministerio de Educación le reconoció a la Justicia a través de un amparo que hay casi 11 mil chicos que el año pasado no tuvieron vacante. Es claro que se trata de crisis edilicia: faltan aulas, docentes, infraestructura. Las escuelas que hoy están en funcionamiento, sobre todo de Rivadavia hacia el sur, están en muy mal estado.

Hay un problema concreto que nosotros estuvimos denunciado sistemáticamente que es que hay un desfinanciamiento del sistema.

El presupuesto presentado para el 2018 por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no tiene grandes aumentos en educación, y de hecho, según Pozzali «se mantiene o baja un poco». 

En ese escenario, la cuestión que se debate desde Defensoría es: «Propusieron hacer todas esas cosas, pero ¿quién las va a financiar? Porque es el mismo presupuesto que tenían el año pasado y tampoco las hicieron».  Además, Pozzali agrega que, teniendo en cuenta que el Gobierno de la Ciudad es el mismo hace casi 11 años, ¿cuáles son las prioridades realmente?

Respecto a la inclusión en las escuelas, es un tema que aún avanza lentamente: falta capacitación, trabajo en equipo. No hay una idea ni un proyecto de cómo generar escuelas que sean cada vez más inclusivas. «No está pensado de esa manera el sistema», acusa.

La reforma educativa debe ser un tema en el que se involucre toda la sociedad, que no distinga partidos políticos o gremios.

La educación es la herramienta de transformación social por excelencia. Si no generamos una mejor educación, no vamos a poder generar movilidad ascendente, no vamos a poder darle a la gente las herramientas necesarias para afrontar todo lo que viene. Eso no lo puede hacer un partido político. Tiene que haber honestidad en el debate de todas las partes.

Durante las tomas de los colegios secundarios, la Defensoría del Pueblo tuvo un rol clave de acompañamiento a los estudiantes, recorriendo de forma permanente las escuelas para garantizar la seguridad de los chicos mientras ejercieran su derecho a tomar la escuela y protestar.

También tuvo un rol como mediadora en las reuniones que se llevaron a cabo entre Soledad Acuña (Ministra de Educación de CABA) y los estudiantes de distintos establecimientos, y ayudó a lograr llegar a algunos puntos en común. 

Quedó claro que los chicos necesitaban, por ejemplo, un protocolo en caso de violencia de género. Entonces la Defensoría empezó a trabajar en cómo bajarle un protocolo a la ciudad que no estaba vigente. 

Después, estaba el tema de la ESI, que no se estaba aplicando y que los chicos lo veían como un punto fundamental, más allá de los temas edilicios y demás. 

La Defensoría no tomaba posiciones. No estaba a favor de uno ni otro. Se trataba de acompañar, de entender que los estudiantes tenían un derecho y que aquel que no entendiera que es un derecho tomar una escuela, está equivocado.

La Ley de Educación Sexual Integral

Otro de los puntos importantes que se hablaron fue la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, sancionada en el año 2006.

Si bien hace unos años la ley tuvo un avance, Pozzali reconoce que en los últimos tres años hubo un retroceso, que la ley es perfectible y que puede ser mejorada. Hoy, trabajan en conjunto con FEIM (Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer) y AAES (Asociación Argentina de Educadoras/es Sexuales) en pos de que se cumpla la ley. 

Según el defensor adjunto, hubo fallas administrativas en cuanto a la implementación de la ley en la Ciudad porque las escuelas debían presentar un plan de trabajo que debía ser aprobado por el Ministerio, quien iba a financiar jornadas de capacitación para los docentes. Sin embargo, había trabas en cuando a la documentación que se debía presentar o a cómo se organizaban esas capacitaciones.

Tenemos que discutir la formación docente. Es lógico que haya muchos docentes que no sepan cómo enfrentar esa situación. No es que no quieren o no tiene la voluntad, es que a veces prefieren hacer silencio a decir algo incorrecto o que sea tomado mal.

Creo que eso también pasa porque dentro de la formación docente esto no se habla. Es algo que después tiene que implementarse de alguna manera y terminamos con esto de que «que hable la de Biología, que explique un poco». Le dan un folleto al chico y ellos creen que con eso están cumpliendo con la ley.

El rol de las escuelas

Pozzali nos comentó la necesidad de tener un debate a fondo sobre cuál es el rol de las escuelas en la sociedad argentina. «¿Cuál es el rol?», cuestiona. «¿Darles a los chicos  un espacio para que aprendan, ofrecerles las herramientas para volverse ciudadanos y poder enfrentar un futuro, o darles un lugar donde es preferible que esté para que no este en la calle?».

Hay muchas escuelas donde el chico va a comer. Está bien que eso pase, pero no alcanza con que ese sea el rol de la escuela.

Se debe buscar que se fomente la igualdad desde el sistema educativo. Necesitamos que la escuela sea igual para todos. Hay zonas donde hay más necesidades y la existencia de un comedor escolar es vital. Hay que destruir esas diferencias. Hoy la escuela lo que hace es profundizarlas.

Esa gran herramienta que tenía el sistema de educación pública argentina, que era juntar al que tenía mucho con el que tenía poco con guardapolvos blancos porque en la escuela eramos todos iguales, está rota.

Hoy en día, se hace una gran diferencia entre escuelas públicas y privadas, y quienes pueden costear una privada probablemente tendrán mas posibilidades en el futuro que quienes concurren a las escuelas públicas.

Otra discusión importante fue hasta qué punto se iba a aplicar la «Escuela del Futuro» en las escuelas privadas. Las diecisiete escuelas piloto que probaron este sistema eran todas públicas. «Si es una reforma educativa, que sea para todos, porque si después sale mal, el que sigue como estaba antes es el que tiene plata», exige Pozzali. «Si va a cambiar la currícula porque es para mejor,  que sea para todos».

Durante la entrevista, se planteó la idea de que la Secundaria del Futuro parecía estar orientada a formar empresarios y emprendedores, y que no se puede pretender esa misma visión de futuro para todos los estudiantes.

Lo que hace hoy la educación es garantizar que el que tiene, haga lo que quiera, y el que no tiene, se conforme. Está claro que hay que hacer muchas cosas para solucionar el hoy, pero tenemos que pensar en el mañana. 

La Argentina hoy tiene un proceso de desigualdad que es estructural; el problema es que cómo salir de esa situación.

La diversidad en las escuelas y en la Ciudad

Uno de los objetivos de la ESI era poder educar a los chicxs en cuanto a la diversidad, la posibilidad de elegir ser quiénes desean ser con total libertad y poder aceptar las distintas realidades que existen.

La Ciudad avanzó en los últimos tiempos en un montón de cosas. Se lograron leyes muy importantes para seguir avanzando. «Es un fenómeno bastante interesante», considera. No solo desde la diversidad sexual, sino desde la ruptura de estereotipos, la igualdad de género, y demás.

Dentro de la Defensoría, existen distintos organismos que están avocados a la discriminación y la diversidad, tales como el Instituto Contra la Discriminación en la CABA y la Defensoria LGBT.

Estos organismos trabajan para acompañar a todos los colectivos que sufren algún tipo de discriminación y terminar la estigmatización de algunos colectivos más vulnerados. 

El mismo Arturo Pozzali fue el impulsor de una ley que propone izar la bandera LGBTIQ+ en los establecimientos públicos todos los 17 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.

900x400-1
Representantes de la Defensoría del Pueblo, el Instituto Contra la Discriminación y refentes de distintas organizaciones LGBTIQ+

Hubo una iniciativa similar con el simbolo wiphala, conocido como la Bandera de los Pueblos Originarios. La idea era entender que vivimos en un país multicultural y que es importante darle visibilidad a una parte de nuestra cultura que tal vez no tenemos tanto en cuenta.

Aborto Legal, Seguro y Gratuito

En el último tiempo, el movimiento de mujeres alcanzo una gran visibilidad. Con reclamos de distintos tipos, uno de los que suenan más fuerte es el del Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

La mujer tiene la capacidad de decidir sobre su cuerpo, y eso es lo que hay que explicar a la gente. Por eso es tan importante que la Ley de Educación Sexual Integral se aplique, para que las chicas puedan decidir.

Según las estadísticas, de todas las muertes por abortos clandestinos, la mayoría de las victimas son mujeres en situaciones de vulnerabilidad tanto social como económica. No es el caso que las que están en situaciones menos vulnerables no lo hagan, sino que tienen los recursos para que sean en otras condiciones.

«El Estado tiene que terminar con eso; tiene la responsabilidad de que no haya gente que se muera por no poder acceder a ciertos derechos a causa del lugar en que nació. No sólo porque las chicas tienen total potestad sobre su cuerpo, sino porque el Estado tiene responsabilidad total sobre esas muertes«, afirma Pozzali.

Violencia de género y políticas públicas

A fecha 17 de noviembre de este año, había 254 femicidios registrados (datos publicados por MuMaLá), y muchos casos ocurrieron a pesar de haber denuncias previas de las víctimas contra sus femicidas, que no avanzaron judicialmente.

Hoy la falla está incluso en la contención a la víctima del abuso; sin que se llegue al extremo del femicidio, todo lo que sucede antes también genera trastornos psíquicos y económicos, y no hay un acompañamiento de esa situación.

Si bien, por ejemplo, la sanción de la Ley Brisa supone un avance, porque garantiza que a los chicos se les dé una retribución económica, está claro que no alcanza porque eso funciona en casos donde la madre de los chicos está en una situación extrema. Para todos los demás casos, no hay una legislación efectiva que los canalice.

Pozzali recalca la importancia que tiene la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral para frenar la violencia de género.

Necesitamos que la ley de Educación Sexual Integral se cumpla, necesitamos romper con los estereotipos de que la mujer tiene un determinado rol  y que el hombre tiene otro, y que es uno sobre otro. Tenemos que hacer entender a la sociedad que hay igualdad, que es otra la forma de discutir y que tiene que terminar con una sociedad que es cada vez más violenta en todo sentido. 

Como conclusión, sostiene que la educación es un pilar fundamental en toda construcción de una sociedad. No se puede hablar de futuro sin un sistema educativo que deje de fomentar la desigualdad. Se puede ayudar a las personas, darles lo necesario para vivir, pero sin educación nada alcanza.

Son cambios que no se dan de un día para el otro y no hay que permitir el retroceso. Esa discusión hay que darla desde todas las aristas posibles.

Las transformaciones culturales son mucho más complejas y más largas, necesitan de un abanico muy amplio de políticas. «Si no hay capacidad de discutir con seriedad, si no terminamos de romper los estereotipos y la violencia contra la mujer, está bien que haya un cincuenta y cincuenta [referencia a la Ley de Paridad] pero las mujeres se siguen muriendo», concluyó.


Imágenes

Juana Lo Duca
Defensoría del Pueblo

La reglamentación de la violencia

Entrevista a Luciana Sánchez, abogada feminista y miembro de COPADI (Colectivo para la Diversidad) sobre el nuevo protocolo para la detención y el registro de personas LGBTI que presentó el Ministerio de Seguridad esta semana.

La semana empezó con novedades desde el Ministerio de Seguridad, cartera a cargo de Patricia Bullrich: la difusión del fragante Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T.

El documento, compuesto de tres anexos y acompañado de la resolución ministerial N° 1149-E/2017, reglamenta la manera de actuar de las fuerzas de seguridad al momento de detener a una persona que se identifique con identidades de género u orientaciones sexuales disidentes.

El texto, que parece asumir un lenguaje políticamente correcto, estipula que el registro y las posteriores requisas a personas no heterosexuales y no cisgénero serán efectuados exclusivamente por personal policial femenino, que actuará bajo los principios del Uso Racional de la Fuerza.

Entre otras disposiciones, establece que «la persona detenida será alojada según el género autopercibido”, y que la detención sólo puede aplicarse “de un modo excepcional y siempre que (la persona) tenga prevista una pena privativa de libertad”.

Lejos de transmitir seguridad, el protocolo impuso un clima de profunda preocupación y abrió puertas a toda una serie de dudas, desde el por qué presentar esta herramienta a tan sólo dos semanas de la XXVI Marcha del Orgullo a nivel nacional, hasta el qué sucederá con las trans y travestis que sufren la violencia institucional en carne propia y a diario, ahora que un instrumento oficial regula la represión.

dianasacayan01_big
Diana Sacayán, militante trans, frente a agentes de la Policía Federal.

Escritura Feminista habló con Luciana Sánchez, abogada feminista e integrante de COPADI (Colectivo para la Diversidad), quien considera a este protocolo como “un instrumento que viene a criminalizar al colectivo LGBT, que lo vuelve a asociar al delito”.

Escritura Feminista: ¿Cuáles considerás que son los puntos en los que el protocolo deja mayores dudas o espacio a arbitrariedades?

Luciana Sánchez: Deja lugar a muchas arbitrariedades. Dos son especialmente preocupantes, más allá de que toda la herramienta en sí lo es porque establece cómo pueden usar la fuerza sin ningún tipo de control en el momento: siempre se apuesta al control judicial posterior, que sabemos que muchas veces llega tarde o no llega.

Los dos aspectos que enfatizo están en el Anexo I. El primero tiene que ver con la requisa de una persona desnuda, que se conoce como desnudez forzada, y las requisas íntimas.

El protocolo dice que pueden llevarse a cabo en la dependencia policial, lo que es una barbaridad enorme porque están consideradas tortura, por más que tengan una orden judicial. Tal es así que ni siquiera hay una ley que las prohíba expresamente, porque los tratados de Derechos Humanos lo vienen previendo hace muchos años.

La segunda cosa más preocupante tiene que ver con que en el Anexo I hay una parte que da a entender que no se considerará tortura ningún dolor o sufrimiento infringido que no sea grave y que se realice legítimamente por la policía en el ejercicio de la fuerza.

La regla es que cualquier ejercicio de la fuerza no debe causar ni dolor ni sufrimiento, y que esto debe estar graduado y controlado. La policía no puede ejercer la fuerza en cualquier caso, siempre debe seguir una serie de principios que están desarrollados en el protocolo, pero que aparecen desvirtuados. Es decir, expresa los principios de proporcionalidad, racionabilidad y control, pero después se contradice. 

La violencia como constante

Existen pocos estudios destinados a echar luz sobre la violencia institucional en la comunidad LGBTI en Argentina. Entre ellos, está “La gesta del nombre propio” del año 2005, el primer censo travesti, impulsado por Lohana Berkins y la antropóloga Josefina Fernández, y actualizado en el 2016 en el libro “La revolución de las mariposas” (que puede descargarse aquí).

El relevamiento arrojó que el 83,8% de las mujeres trans y travestis reconocen haber sido detenidas ilegalmente. También se detectó un alarmante índice de abusos sexuales (26,1%) y tortura (25,2%) por parte de los uniformados. En el 42% de los casos se habló de golpes y aproximadamente en la mitad, de coimas.

El Registro de Violencia hacia personas LGBT llevado adelante por la CIDH entre 2013 y 2014 explicó que en los casos de abuso policial en América Latina “se advierten bajos niveles de denuncia”, por miedo “a represalias y discriminación por parte de la policía y las fuerzas de seguridad estatales”, además de advertir muchos casos de “remoción arbitraria y violenta de hombres gay y mujeres trans y lesbianas de lugares públicos”. Situación que, sin ir más lejos, sufrieron Rocío Girat y Mariana Gómez hace unas semanas por besarse en Constitución.

 

0028624752
Rocío Girat y Mariana Gómez.

Otra arista que se agrega a esta problemática es la represión policial en las marchas de mujeres, como la razzia que tuvo lugar el pasado 8 de marzo luego del Paro Nacional de Mujeres o en los Encuentros Nacionales de Mujeres de años anteriores.

E.F.: ¿Creés que es necesaria la existencia de un protocolo dedicado exclusivamente a la población LGBTI?

L.S.:Estos protocolos deberían existir para establecer los límites de la policía sobre los  colectivos vulnerables, pero no hacer regla un uso de la fuerza que debería ser excepcional. Ese es el sentido que deben tener y para lo cual Naciones Unidas exige que se redacten; razón por la cual ya había un protocolo en vigencia (desde el año 2011, dispuesto por la resolución 1.811).

Este protocolo está destinado a las actividades que el colectivo LGBTI desarrolla en la vía pública y no a cualquier tipo de crimen, ni siquiera a delitos graves, a estafas, desfalcos, de cuello blanco.

Está orientado a reprimir a la parte más vulnerable del colectivo LGBT, que son las travestis y las trans que realizan actividades relacionadas a su supervivencia en la calle por la exclusión estructural que sufren y a las lesbianas que realizan acciones de visibilidad, protesta.

Entonces es sesgado en ese sentido, busca reprimir la supervivencia y la protesta social, a los dos sectores del colectivo LGBT más expuestos a la violencia policial. El protocolo legitima los excesos de la fuerza y avala una situación que se agravó en los últimos dos años. 

 

E.F.: ¿Cuáles son las diferencias entre el protocolo actual y el que había sido puesto en funcionamiento en 2011?

L.S.:Las diferencias con el protocolo anterior son muchas. En principio, porque el Ministerio de Seguridad en la gestión de Nilda Garré no tenía sólo este, sino que tenía toda una serie de protocolos y una bajada de línea para el uso racional de la fuerza y el control civil de la fuerza de seguridad. Contemplaba formación en género para los agentes.

No es el caso ahora. La brutalidad policial está avalada por la jefatura de la seguridad. Lo vemos todos los días en la calle, lo sufrimos con las compañeras travestis y trans en las plazas, en Once, en Constitución, lo estamos sufriendo en cada una de las manifestaciones en donde compañeras lesbianas y otros sujetos visibles para la policía se manifiestan.

Hacia una Justicia más injusta

El lunes, mientras el protocolo generaba polémica y repudio, otro acontecimiento tuvo lugar: la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó su renuncia, la cual comenzará a correr desde el 31 de diciembre en adelante. Tras haber denunciado diversas presiones, explicó que su partida era un intento de evitar “reformas que rompan el equilibrio” del organismo y afectaran “de manera sustancial su autonomía”.

Estos dos hechos se conectan de forma sutil: la Procuraduría General de la Nación debe velar por el correcto funcionamiento de los procedimientos y por el respeto de los Derechos Humanos en el accionar de las fuerzas de seguridad.

E.F.: Con respecto a la renuncia de Gils Carbó, ¿creés que puede poner en riesgo los avances en materia de género en el ámbito judicial?

L.S.: Hay un antes y un después de Gils Carbó en la Procuraduría. Ella implementó el Cupo Laboral Trans. Incluso antes de que estuviera sancionada la Ley, había trans y travestis trabajando en el Ministerio Público Fiscal.

Esto tuvo un impacto enorme para el Poder Judicial, nunca antes había habido sujetos no cisgénero en trabajando en el Poder Judicial como empleados y empleadas con posibilidades de ser magistradas y magistrados. Siempre habían sido los sujetos criminales.

Además, creó las unidades especializadas con despliegue territorial. Por ejemplo, ATAJO (Programa de Acceso Comunitario a la Justicia) y la RE.TE.GER. (Red Territorial en Género), un trabajo indispensable para los barrios que en otras áreas del Estado de la nueva gestión se viene recortando.

La UFEM (unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales), la PROCUVIN (Procuraduría de Violencia Institucional) y la DOVIC (Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas), son todas instituciones que han cambiado la forma de acceder a la justicia, sobre todo para colectivos vulnerables.

Esperemos que los avances trasciendan a la persona, ese es nuestro mayor deseo.

 

E.F.: Entonces, ¿con qué herramientas se cuentan ante los casos de abusos policiales?

L.S.: Desde lo legal, hay que seguir utilizando la presentación de habeas corpus, de medidas autosatifactivas como la que presentó ATE para la marcha por Santiago Maldonado de esta semana, las denuncias contra las fuerzas de seguridad, los planteos de nulidad en las detenciones. Después están las otras herramientas, las movilizaciones, el reclamo social. 

No es inclusión, es más violencia

Es para celebrar cada vez que los sectores excluidos y estigmatizados son reconocidos por el Estado, porque pasan a tener espacio en las legislaciones y más posibilidades de alcanzar sus derechos. Dejan de ser invisibles ante las instituciones que deben velar por ellos.

Claros ejemplos de esto fueron el matrimonio igualitario, la ley de cupo laboral trans o ley Sacayán (aún no reglamentada) y la ley de identidad de género, entre otras medidas traccionadas por años de lucha y reclamos.

Pero no se puede incluir desde la violencia: con este protocolo el Gobierno está reconociendo a la comunidad LGBTI sólo en términos penales, en lugar de avanzar en la erradicación de la desigualdad.

«Que el INADI haya respaldado el protocolo demuestra que no hay una ley que pueda ser aplicada e interpretada de manera abstracta. Lo que hace la diferencia es tener un gobierno que haga de los derechos humanos una política real, como pasó con la sanción del matrimonio igualitario, bien distinto a lo que pasa en un gobierno antipopular como este«, opinó Sánchez.

#Reflexión: Te encanará un robocop sin ley

Mariana Solange Gómez y Rocío Girat son una pareja y están casadas. El lunes 2 de octubre se encontraban en la estación de Constitución, Capital Federal, dialogando y besándose, hasta que fueron interceptadas por personal de la Policía de la Ciudad.

Bajo la excusa de que estaba fumando un cigarrillo en un sector no autorizado, los policías golpearon y detuvieron a Mariana, en un claro ataque contra su orientación sexual. La historia ya es de público conocimiento: logró viralizarse por medio de videos que prueban los hechos narrados por las víctimas de este suceso violento, que no tendría que haber ocurrido.

¿Por qué detuvieron a Mariana, acción violenta de por medio, durante 7 horas, cuando había otras personas fumando?

¿El cigarrillo fue la excusa esperada? ¿Por qué no arrestaron a todas las personas que fumaban?

¿Por qué se ensañaron con estas mujeres?

¿Por qué tolerar abusos de la autoridad policial? ¿Por qué un policía puede meter presa a una persona sin aviso previo de los motivos, sin argumentos? ¿Por qué le abrieron una causa a Mariana y no así a los policías que la golpearon?

¿Por qué la Institución Policial no reconoce ni respeta a la Institución del Matrimonio? ¿Por qué no entienden estos policías que deberían respetarlas sin importar el estado civil de las personas?

¿Por qué los valores de la igualdad aún no impregnan a la sociedad? ¿Por qué tampoco se reconocen los derechos de estas ciudadanas? ¿Por qué legalidad y legitimidad a veces tardan en encontrarse?

¿Por qué Mariana estuvo encarcelada durante 7 horas? ¿Por qué la golpearon y la llamaron «pibe» en pleno acto discriminatorio? ¿Por qué armaron un operativo con ocho policías, como si estuviesen persiguiendo a un delincuente?

¿Por qué les pidieron certificado de matrimonio, cuando esta solicitud no es habitual ante parejas heterosexuales? ¿Por qué manipularon la información en la Comisaría ocultando el estado civil de la detenida?

¿Quién les devuelve las horas perdidas? ¿Quién les quita el disgusto?

¿Qué conceptos tendrán Jonatan Rojo y Karen Villarroel, uniformados de la Policía Metropolitana del Gobierno de la Ciudad, sobre las palabras igualdad y derechos? ¿Por qué aún no hay educación con perspectiva de género en todas las instituciones, incluso la policial?

¿Por qué estas mujeres viven recibiendo violencia institucional? ¿Por qué Rocío fue violada por un militar, y este hombre no está en una cárcel común? ¿Por qué Mariana fue violada durante 16 años por su tutor, y este hombre sigue libre? ¿Por qué el Suboficial de la Armada Marcelo Girat obtuvo prisión domiciliaria si es un violador?

¿Por qué otros tantos violadores, agresores y femicidas siguen libres? ¿Por qué el sistema permite reducciones en sus condenas? ¿Por qué las restricciones perimetrales no funcionan como corresponde?

¿Por qué continúa la violencia institucional? ¿Por qué las cárceles están llenas de presos de clase media y baja? ¿Por qué el sistema sigue siendo clasista y jerárquico?

¿Por qué no se penaliza el maltrato físico y simbólico perpetrado por los policías? ¿Por qué hay tanta opinología infundada en los foros y las redes sociales sobre el tema?

¿Cambiará la matriz patriarcal? Hoy solo tenemos preguntas.

Escribimos con perspectiva de género y entendemos al feminismo como una forma de ver el mundo, como un movimiento inclusivo que busca mejorar las relaciones humanas, más allá del género y del sexo de cada persona.

La sociedad que condona estos comportamientos, no.