«Rameo» o «chineo»: prácticas aberrantes contra niñas indígenas

«Las Mujeres Indígenas por el Buen Vivir se pronuncian contra el chineo, conscientes de que pocos y pocas saben de qué se trata esta práctica aberrante, sistemática y silenciada que padecen miles de mujeres y niñes pertenecientes a los pueblos originarios».

Hay costumbres y costumbres. Algunas nos enlazan con lo mejor del pasado y nos dan certidumbre para enfrentar el futuro. Pero otras, como el «chineo» o «rameo», son una muestra cruel de cómo ciertas prácticas culturales son aceptadas pese al daño que producen.

Lamentablemente, estas prácticas vienen de antaño y están muy arraigadas (como en el caso de la ablación genital en algunas partes de África e Indonesia). El chineo y otras prácticas atroces de iniciación sexual temprana en niñas wichís o de otras comunidades indígenas o vulnerables son una realidad. ¿Qué significa y en qué consiste esta práctica?

«Rameo» significa arrastrar, es decir, arrastran de los pelos a las niñas de las comunidades, en grupo o en solitario. Lo hacen como «rito de iniciación», práctica que fue incluso extendida a los festejos del Carnaval y que es vista como «tradición», al igual que la práctica que también sobrevive con el nombre de «derecho de pernada».

En el rameo, los varones blancos violan y luego devuelven a sus comunidades a jóvenes menores de edad sin ningún tipo de sanción. El chineo es una práctica aberrante, machista, sexista, violenta y criminal que lamentablemente se ha ido perpetuando a lo largo de los siglos.

Imagen Archivo.

Esta práctica se lleva a cabo, sobre todo, en el noroeste argentino. A lo largo de la historia, fue considerado una «práctica cultural» que existe desde hace siglos y continúa como parte de un odio de clase.

El chineo se sostiene en base a un doble juego de silenciamiento. Por un lado, los violadores amenazan a las niñas abusadas y, por el otro, en ciertos casos, se aprovechan de la necesidad y del hambre de las comunidades. Acuerdan intercambios de comida o apenas migajas para callar el abuso o los embarazos. Frente al abandono y desprotección del Estado, esos acuerdos terminan sucediendo.

Es por este motivo que el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir inició la Campaña contra el Chineo. Sobre el consentimiento de la práctica, la referente y líder mapuche Moira Millán informa que:

«La supuesta compensación es traerle una vaca a la familia o un pedido de comida. La gente piensa que la esclavitud es la producción de la tierra sin remuneración, pero la esclavitud acá también es el sometimiento y la opresión de los derechos».

Además, Moira encuentra en la cultura propia del varón indígena una explicación para el silencio frente a los abusos:

«A veces creo que el silencio y la complicidad de los varones indígenas tiene que ver con que no están dispuestos a renunciar al único privilegio que les quedó tras la conquista, que es el de ser varones. Existe esa complicidad entre hombres de subestimar y no validar el cuerpo y la vida de las mujeres».

#LaViolaciónALesNiñesIndigenasEsCriminal

Luego, explica que desde el movimiento que integra «estamos denunciando que no es algo cultural que se pueda justificar» y asegura que «hay impunidad, hay un doble crimen, el del violador hacia el cuerpito de las niñes y el silenciamiento social racista, que asume que es cultural y que está bien que los criollos que tienen cierto poder político y social violen a las nenas de entre 8 y 10 años».

A su vez, Noelia Chumbita, de la Nación Diaguita, indica que semejante delito es posible «por la impunidad, que lo disfraza de costumbre cultural» y destaca que a las actividades de concientización se le suma la búsqueda de «una ley para respaldarnos».

#BastaDeChineo

«Aparte de la concientización, es pedirle al Estado la protección de todas las hermanas que sufren estos hechos, el acompañamiento psicológico, el crear políticas públicas que puedan de una forma u otra sanar estas heridas», afirmó al referirse a la posibilidad de contar con una ley.

A pesar de los avances en políticas de género, el chineo a mujeres indígenas no aparece en las noticias y las comunidades continúan reclamando visibilización y respuestas por parte del Estado.


Fuentes:


El feminista menos pensado

Culpa, amenaza y perdón,
¿el discurso de un macho violento o del presidente de la Nación?


La división sexual de las labores le adjudicó a los varones el ámbito de lo público, el manejo del Estado y de la política: reyes, guerreros, obispos, curas, mercaderes, caciques, gobernantes, presidentes. Como dice Rita Segato: «El Estado es constitutivamente patriarcal», porque se origina dentro de la lógica de esas relaciones de poder.

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Nadia Rojas: desaparecida por tercera vez

La noticia recibida es urgente: bajo tutela del Estado, Nadia Rojas desapareció por tercera vez. 

Nadia Rojas fue encontrada, tras su primera desaparición, el 12 de julio de 2017. Había desaparecido al salir de la escuela en Villa Lugano.

Comenzó a relatar los abusos sufridos durante el mes que estuvo secuestrada pero, en agosto, mientras residía en un refugio de máxima seguridad bajo la tutela del Estado y Minoridad, el día en que iba a declarar ante la justicia en Cámara Gesell, Nadia volvió a desaparecer. Apareció tres días más tarde, sana y salva.

Elena, su mamá, durante la búsqueda de su hija recibía amenazas constantes que querían frenar lo imposible: el reclamo desesperado de una madre que movía todos sus medios para encontrar a su hija. En ese momento, las organizaciones que acompañaban la búsqueda y los familiares de Elena y de Nadia dijeron que, además de las amenazas, había prohibiciones para evitar la comunicación entre madre e hija.

Una niña falta de su hogar, y claro está que no es por voluntad propia. Estando en manos de Minoridad, supuestamente “resguardada” por la justicia, no desaparece una sino dos veces. ¿Acaso creen que el mundo va a quedarse quieto, o que la vida de niñxs, adolescentes y mujeres no vale nada? Si eso es lo que creen quienes tienen a Nadia, están equivocados.

Cada día se mueve cielo y tierra por todas las personas que faltan. Cada entorno familiar con más o menos recursos, acompañados por colectivos que colaboran en la búsqueda, en las acciones legales y en la contención psicológica.

Ante estos casos, donde los hilos de la perversión pueden verse, comenzamos a preguntarnos si quienes deben velar por nuestra seguridad e integridad creen que todas las vidas valen lo mismo. La respuesta está casi implícita.

El año pasado, tras su primera aparición, Nadia quedo bajo el cuidado del Consejo del Niño y la Dirección General de la Mujer, instituciones encargadas de contenerla y resguardarla. Pero fueron incompetentes. Una vez más, el Estado, la Justicia y los organismos pertinentes vuelven a fallar y a demostrar que lo que se hace por fuera no alcanza, si ellos no pueden garantizar la seguridad mínima de una niña a la cual ya habían desaparecido.

Nadia no desapareció, a Nadia la desaparecieron. Digámoslo claro y fuerte para que se escuche, por Nadia y por todas las que faltan cada día.

La desidia del Estado tiene que revertirse. A nadie se lo traga la tierra sin dejar ni un rastro. Queremos a Nadia de vuelta, y la queremos ya. El Estado es responsable por la vida de Nadia Rojas.

A Nadia se la vio por última vez el 4 de abril en la zona de Villa Pueyrredón, intersección de las calles Nueva York y Nazca, a las 13 horas. Vestía un jean, una remera y zapatillas negras.

Rogamos comunicar cualquier información que se tenga sobre ella a los teléfonos que aparecen en los afiches.

 

 


Fuentes:

RED de docentes, familias y organizaciones de Lugano
Infobae
Infonews

 

 

Dos casos de aborto y una problemática urgente

En los últimos 5 días, se dieron a conocer a través de algunos medios dos casos de mujeres que quisieron interrumpir sus embarazos, y al tener que hacerlo en malas condiciones, debieron ser hospitalizadas de urgencia. Uno fue en Rosario de la Frontera, Salta, y el otro en La Plata, Buenos Aires.

El punto es que no se trata de situaciones aisladas o excepcionales, sino que representan una problemática instalada de salud pública, justicia social y derechos humanos de mujeres, en su mayoría, jóvenes y de sectores populares.

Pocos medios reflejaron el hecho ocurrido en Salta el jueves pasado, cuando una chica de 15 años se introdujo un palo forrado en goma para poder abortar. Lo mismo pasó el domingo, en el caso de La Plata, donde una joven trató de interrumpir su embarazo en su casa. El tratamiento mediático puso el foco en culpabilizar y repudiar a esas mujeres y sus decisiones.

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El diario Hoy califica como «indignante» el hecho de que una mujer decida sobre su propio cuerpo. Fuente: Twitter.

“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir” es el lema por el que trabaja la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; una frase que expresa un pedido cada día más urgente. En este sentido, resulta importante cuestionar por qué esas decisiones que toman a diario algunas chicas sobre su propio cuerpo deben darse en condiciones inseguras.

En el sitio web de la Campaña, hay un señalamiento clave: “Esto implica realizar modificaciones en los sistemas de Educación, Salud y Justicia, y también, por supuesto, profundos cambios culturales”. Entonces, no es errado asumir que la salud de muchas mujeres sigue en peligro en función de la ausencia del Estado, o peor, su presencia cargada de intereses que se oponen a la libertad de las mujeres.

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Cuando conmociona más el modo en que se interrumpen embarazos que la inacción del Estado. Fuente: QuePasaSalta.

La situación requiere entender que en nuestro país son 500 mil mujeres, aproximadamente, las que cada año recurren al aborto clandestino. Otro dato vital es que, según cifras oficiales, las complicaciones por interrupciones de embarazos de manera insegura son la principal causa evitable de mortalidad materna en Argentina.

A partir de esta información, se puede deducir que el cambio en materia pública no implicaría un aumento de los casos, sino una garantía de derechos y un reconocimiento de la dignidad de esas mujeres con falta de recursos económicos, quienes hoy en día ya deciden interrumpir embarazos no deseados pero que mueren en el camino.

Por nuestra parte, podemos luchar por esos derechos mediante el debate, el reclamo social y la visibilización de la problemática desde esta óptica. Incluso, como ejercicio personal o colectivo, decodificar y cuestionar el mensaje de aquellos medios que castigan a quienes se encuentran vulneradas, y repudiar a aquellxs que faltan a su responsabilidad de asegurar condiciones dignas y justas de salud pública.

Fuente imagen destacada

M.A.F.I.A.

Fuentes consultadas:

Web de Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito

#Opinión: Menos recursos, más represión y exposición

El informe transmitido en el programa «Periodismo para todos» acerca del chico de 11 años expuso la existencia de un entramado mediático e institucional, cuyo objetivo es culpabilizar y castigar a quienes carecen de oportunidades en nuestro país en un contexto socioeconómico donde casi 6 de cada 10 menores son pobres, y en el que la presencia de violencia estatal hacia los que tienen menos recursos es visible, incluso, en casos como la represión a los trabajadores de PepsiCo.

 

A partir de la entrevista al menor que se transmitió el domingo pasado en el programa conducido por Jorge Lanata en Canal 13, distintos medios se hicieron eco y lanzaron todo tipo de opiniones punitivistas. Durante el ciclo, en la parte superior de la imagen se podía leer el hashtag «#DrogasyCurros», utilizado en Twitter por muchos usuarios que coincidieron en que el menor debería estar preso.

 

El hecho de haber presentado a un niño que confesó tener acceso a drogas y que se adjudicó varios delitos, reales o no, opera en función de construir una representación estigmatizante que, lejos de visibilizar o analizar las causas por las que vive en esas condiciones,contribuye a instalar el tema de la baja en la edad de imputabilidad, en sintonía con la ideología del gobierno actual, que encuentra en ese proyecto una posible solución al problema de la inseguridad.

 

Sin ir más lejos, en un momento del relato, el nene expresó: «No me da nada nadie. (…) Son todos pobres», refiriéndose a su familia. En cuanto a datos estadísticos, un informe de la UCA publicado la semana pasada indicó que 7,6 millones de niños, es decir, el 59% de la población infantil total, no tienen cubiertas las necesidades básicas como alimentación adecuada, vivienda, educación y asistencia médica. Entonces, es conveniente repensar si encerrarlo y negarle esas oportunidades, que ya señaló de forma explícita que no tiene, es la manera acertada de cambiar su realidad y la de tantos otros chicos que viven en la calle.

 

Además, la madre del menor junto con la organización Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) denunció penalmente al canal por «el uso de una imagen que viola leyes y tratados internacionales de los derechos del niño», y al Secretario de Seguridad del Municipio de Lanús, Diego Kravetz, por «extorsión, amenazas y violencia física y verbal» sufridas por su hijo de parte de personal policial, antes y después de aparecer en el informe.

El Estado es responsable, los medios también

La violencia ejercida desde el Estado, y en concreto desde el aparato policial, está dirigida a aquellos que no tienen espacio en el modelo que impone este gobierno: no importa si son menores en situación vulnerable, tampoco si son personas despedidas de forma injusta de sus trabajos.

 

A las amenazas y las extorsiones que denunció la madre del chico, se suma la represión política ante el reclamo laboral social. El caso más reciente es el de los trabajadores de PepsiCo, que fueron despedidos de manera abrupta, y tras salir a defender su puesto laboral, fueron desalojados con violencia por 300 policías bonaerenses; como en su momento ocurrió con el personal de Cresta Roja, y con los docentes de la Escuela Itinerante frente al Congreso, entre muchos otros ejemplos.

 

En este sentido, es importante destacar que el vaciamiento de la planta de Florida se dio por el cierre imprevisto y el traslado de la producción a otra fábrica en Mar del Plata, lo que llevó a que trabajadores que contaban con empleo hasta hace unas semanas, al ser despedidos de pronto, decidieran tomar la fábrica para reclamar la reincorporación. El gobierno ordenó la presencia policial, que actuó con gases lacrimógenos y balas de goma.

 

Frente a un panorama donde empresas cierran y vacían plantas, personas pierden su trabajo y quedan en la calle, y menores sufren la falta de asistencia y políticas para reincorporarse en la sociedad, la postura del Estado, ente que debería garantizar y respetar los derechos de los ciudadanos, es la de responder con más violencia. Desde nuestro lugar, es clave escapar de esa visión propuesta por algunos medios, despojada de todo tipo de sensibilidad, que refuerza el modelo represivo que encuadra a personas marginadas como enemigos sociales.

 

Fuente imagen destacada: Disculpen la molestia

16 años y una sentencia

Después de 16 años, una de las causas penales más mediáticas de Argentina llega a su fin.

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El martes se conoció el veredicto de la Corte Suprema de la Nación sobre el caso de Julio César Grassi. Después de casi ocho años, se confirmó la condena dictada por el tribunal en lo Criminal Nº 1 de Morón en 2009. Fue un fallo unánime, en el cual el máximo tribunal de la nación rechazó los recursos presentados por la defensa de Grassi y afirmó la sentencia a 15 años de prisión por abuso sexual agravado.

La causa judicial comenzó en 2002, cuando “Gabriel”, en aquel entonces de 19 años, le relató a Telenoche Investiga cómo el sacerdote abusó de él a sus 15 años de edad, mientras vivía en la fundación “Felices los niños”. Grassi fue detenido en 2013 y hasta el día de hoy se encuentra alojado en la Unidad Penitenciaria Nº 41 de Campana. Sin embargo, desde 2002 hasta el día de su detención gozó de libertad condicional.

Cabe destacar que el proceso ante la justicia fue de la mano con la presencia de la Iglesia. Fue el mismo Juan Pablo Gallego, querellante de la causa, quien le dejó saber al diario en línea Infobae en junio del año pasado que el juez de la causa le había dicho que estaba recibiendo “mucha presión”. Y agregó: “entendí claramente que me manifestaba esto recién llegado de Roma”. Gallego también explica que para lograr está “presión” el Vaticano tenía una herramienta específica: cuatro libros de un total de 2600 páginas que buscaban refutar los testimonios de «Gabriel», “Ezequiel” y “Luis”, otras dos víctimas de cuyas acusaciones el cura fue sobreseído. Si bien el proceso ahora ha finalizado, con una sentencia que favorece a la víctima, se debe tomar un momento para pensar cómo la Iglesia llegó a tener tanto control en este caso.

Los libros fueron encargados en 2010 por la Conferencia Episcopal, en aquel entonces presidida por el actual máximo pontífice Francisco Bergoglio, y realizados por el abogado Marcelo Sancinetti, profesor titular de la UBA, quien también se tomo la libertad de dictaminar, como una suerte de juez por fuera del sistema, que Grassi era inocente de todas las acusaciones y que había sido “víctima de un complot urdido por un poderoso multimedios”. Los libros eran una “edición privada” exclusiva para la Iglesia y Bergoglio. Sin embargo, lo que la querella de la víctima ha estado denunciando, desde hace ya tres años, es que esos libros llegaron a manos de cada uno de los jueces que estaban involucrados en la causa. “Llegaron a los jueces de la Corte, presuntamente entregados por supuestos emisarios de Francisco» le dijo el abogado Gallego a Infobae, único medio que logró tener un ejemplar de los libros. Estos escritos son la representación de la Iglesia Católica afanada en deshacerse de una causa que cambiaría irremediablemente su imagen en la Argentina, enviados como último recurso a los jueces antes de que tuviesen que anunciar su decisión.

Es un buen momento para recordar que, durante el tiempo que duró el proceso jurídico, tanto «Gabriel» como «Ezequiel» y «Luis» sufrieron numerosas amenazas. Cuando el abogado querellante le pidió a Bergoglio, en aquel entonces cabeza de la Iglesia en la Argentina, que actuara para detener esa situación, lo único que obtuvo fue silencio. Lo mismo dijo Nora Schulman, titular del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño:cuando estaba en la Argentina y era primado de la Iglesia, nunca pudimos acceder a él ni tener una entrevista para poder pedirle por estos chicos». Después de 16 años, finalmente hay una sentencia definitiva, y el calvario termina para las víctimas de Grassi.

Aun así, esto no quiere decir que haya que olvidar lo sucedido. Hoy se está investigando a los sacerdotes Corbacho y Corradi por abuso sexual, caso que comenzó en el Instituto Próvolo para niños hipoacúsicos de Mendoza y ya pasó a su homónimo de La Plata. ¿Ocurrirá lo mismo con estos casos? ¿De nuevo las víctimas van a tener que esperar 16 años por una sentencia? Hay que prestarle suma atención a lo sucedido en el caso Grassi, a esos “libros fantasmas”, al rol que la Iglesia cumple dentro de un Estado que, ya tiempo atrás, había dejado clara su independencia.

Fuentes

http://www.infobae.com/sociedad/2016/12/01/cuatro-libros-encargados-por-el-papa-aseguran-que-el-padre-grassi-es-inocente/

http://www.lanacion.com.ar/1996782-la-corte-suprema-confirmo-la-condena-de-15-anos-de-prision-contra-el-padre-grassi

http://www.infobae.com/sociedad/2016/10/18/caso-grassi-la-causa-que-desvela-al-papa-francisco/

http://www.infobae.com/sociedad/2017/03/21/la-corte-suprema-confirmo-la-condena-de-15-anos-de-prision-contra-julio-cesar-grassi/