#Opinión: Menos recursos, más represión y exposición

El informe transmitido en el programa «Periodismo para todos» acerca del chico de 11 años expuso la existencia de un entramado mediático e institucional, cuyo objetivo es culpabilizar y castigar a quienes carecen de oportunidades en nuestro país en un contexto socioeconómico donde casi 6 de cada 10 menores son pobres, y en el que la presencia de violencia estatal hacia los que tienen menos recursos es visible, incluso, en casos como la represión a los trabajadores de PepsiCo.

 

A partir de la entrevista al menor que se transmitió el domingo pasado en el programa conducido por Jorge Lanata en Canal 13, distintos medios se hicieron eco y lanzaron todo tipo de opiniones punitivistas. Durante el ciclo, en la parte superior de la imagen se podía leer el hashtag «#DrogasyCurros», utilizado en Twitter por muchos usuarios que coincidieron en que el menor debería estar preso.

 

El hecho de haber presentado a un niño que confesó tener acceso a drogas y que se adjudicó varios delitos, reales o no, opera en función de construir una representación estigmatizante que, lejos de visibilizar o analizar las causas por las que vive en esas condiciones,contribuye a instalar el tema de la baja en la edad de imputabilidad, en sintonía con la ideología del gobierno actual, que encuentra en ese proyecto una posible solución al problema de la inseguridad.

 

Sin ir más lejos, en un momento del relato, el nene expresó: «No me da nada nadie. (…) Son todos pobres», refiriéndose a su familia. En cuanto a datos estadísticos, un informe de la UCA publicado la semana pasada indicó que 7,6 millones de niños, es decir, el 59% de la población infantil total, no tienen cubiertas las necesidades básicas como alimentación adecuada, vivienda, educación y asistencia médica. Entonces, es conveniente repensar si encerrarlo y negarle esas oportunidades, que ya señaló de forma explícita que no tiene, es la manera acertada de cambiar su realidad y la de tantos otros chicos que viven en la calle.

 

Además, la madre del menor junto con la organización Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) denunció penalmente al canal por «el uso de una imagen que viola leyes y tratados internacionales de los derechos del niño», y al Secretario de Seguridad del Municipio de Lanús, Diego Kravetz, por «extorsión, amenazas y violencia física y verbal» sufridas por su hijo de parte de personal policial, antes y después de aparecer en el informe.

El Estado es responsable, los medios también

La violencia ejercida desde el Estado, y en concreto desde el aparato policial, está dirigida a aquellos que no tienen espacio en el modelo que impone este gobierno: no importa si son menores en situación vulnerable, tampoco si son personas despedidas de forma injusta de sus trabajos.

 

A las amenazas y las extorsiones que denunció la madre del chico, se suma la represión política ante el reclamo laboral social. El caso más reciente es el de los trabajadores de PepsiCo, que fueron despedidos de manera abrupta, y tras salir a defender su puesto laboral, fueron desalojados con violencia por 300 policías bonaerenses; como en su momento ocurrió con el personal de Cresta Roja, y con los docentes de la Escuela Itinerante frente al Congreso, entre muchos otros ejemplos.

 

En este sentido, es importante destacar que el vaciamiento de la planta de Florida se dio por el cierre imprevisto y el traslado de la producción a otra fábrica en Mar del Plata, lo que llevó a que trabajadores que contaban con empleo hasta hace unas semanas, al ser despedidos de pronto, decidieran tomar la fábrica para reclamar la reincorporación. El gobierno ordenó la presencia policial, que actuó con gases lacrimógenos y balas de goma.

 

Frente a un panorama donde empresas cierran y vacían plantas, personas pierden su trabajo y quedan en la calle, y menores sufren la falta de asistencia y políticas para reincorporarse en la sociedad, la postura del Estado, ente que debería garantizar y respetar los derechos de los ciudadanos, es la de responder con más violencia. Desde nuestro lugar, es clave escapar de esa visión propuesta por algunos medios, despojada de todo tipo de sensibilidad, que refuerza el modelo represivo que encuadra a personas marginadas como enemigos sociales.

 

Fuente imagen destacada: Disculpen la molestia

Seis años en busca de María Cash

La joven porteña fue vista por última vez el 8 de julio de 2011. Desde ese día, se le perdió el rastro. La búsqueda desesperada de la familia. La ineficiencia del Estado. Las pistas que al momento no dieron ningún resultado. Escritura Feminista habló con su hermano, Máximo Cash, y actualiza la información sobre la joven que todos queremos encontrar.

Cronología del caso

El 4 de julio, su papá la acompañó a tomar un micro de la empresa Mercó Bus que la dejaría en San Salvador de Jujuy. María Cash viajaba para visitar a Juan Pablo Dumón, un amigo que había conocido unos años antes en un grupo de meditación; además, para mostrar la ropa que diseñaba.

Sin embargo, la joven descendió en Rosario de la Frontera porque “se sentía incómoda con la gente que viajaba en el micro”, según relató su amigo Juan Pablo. Desde allí, hizo dedo hasta Santiago del Estero y se comunicó con él para pedirle que le pagara un pasaje hasta Jujuy. Se sabe que desde la terminal le avisó que se dirigía a su casa, pero nunca llegó.

Poco después, se la vio en una entrada de Pampa Blanca haciendo dedo. Avisó por teléfono a su familia que no estaba bien y que se había quedado sin plata. El viernes 8 de julio les pidió por correo electrónico unos teléfonos de contacto. Fue la última vez que supieron de ella.

Aún hoy su imagen está en todos los aeropuertos, las terminales, las estaciones y los lugares de acceso público. Circula una y otra vez en las redes sociales. “Nunca dejes de compartir fotos de María”, solía decir su padre Federico Cash, quien falleció en 2014 en un accidente automovilístico mientras buscaba a su hija en La Pampa.

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El Estado (casi) ausente en su búsqueda

Máximo Cash, hermano de María, reclama que nunca existió una investigación real sobre el paradero de su hermana. El juzgado que entiende el caso sólo se limitó a analizar las pistas que surgían de la información que proporcionaba la gente. Apenas el año pasado la familia logró tener un abogado querellante. Junto a él, recién ahora, pueden proponer líneas investigativas.

Además, la familia pide hace años la creación de una Agencia Federal de Búsqueda de Personas, pero nunca nadie le dio una respuesta favorable. 

“Papá en el 2012 se iba al Congreso a los distintos despachos de diputados y senadores para que conocieran el proyecto. En el 2014, después de su muerte en el accidente, Patricia Bullrich lo presentó en diputados pero nunca avanzó”, aseguró  Máximo.

¿Por qué desde el Estado no se toman medidas inmediatas y eficientes cada vez que una persona falta en su casa? Máximo cuenta que desde el Ministerio de Seguridad le informaron que tienen un sistema que envía automáticamente la foto de la persona desaparecida a las comisarías de todo el país. De ser así, hay casos en los que este sistema no sirve: 

“Todos sabemos que en una desaparición por trata de personas está metida la policía y los políticos del lugar”, sentenció.

El año pasado, el Gobierno subió de $400.000 a $700.000 la recompensa para quienes aportaran datos sobre su paradero, mientras su familia denuncia que ya nadie la busca. “De la última pista que se sigue no puedo decir nada”, finaliza Máximo. Las razones son más que entendibles. Si están en el camino correcto para hallar a su hermana, es mejor que ningún implicado se entere.

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  • Para firmar el proyecto de creación de una Agencia Federal de Búsqueda de Personas se puede ingresar aquí.

Fuentes consultadas:

MDZ Online – Diario de Mendoza

La Nación

Diario 26

*Imágenes de difusión para su búsqueda.

 

#NiUnaMenos: La situación actual

El 3 de junio del año 2015, se organizó la primera marcha multitudinaria del colectivo Ni Una Menos. El femicidio de Chiara Pérez, una niña de 14 años embarazada a quien su novio había matado a golpes en la localidad santafesina de Rufino fue el punto de quiebre.

Desde entonces, muchxs se han sumado a la lucha contra la violencia de género, pero muy poco ha hecho el Estado para cumplir con las demandas. ¿Qué cambió desde aquel 3 de junio lejano? ¿Mejoró o empeoró la situación de las mujeres?

Medidas insuficientes

El comunicado de convocatoria a la última marcha denunció que, en lo que va del año, hay al menos una mujer o una travesti menos por día, que aún no hay estadísticas oficiales serias sobre los femicidios, y que es mayoritariamente la organización popular y no el Estado quien se hace cargo de la búsqueda de las jóvenes desaparecidas. El caso más reciente es el de Araceli Fulles.

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Según los datos de la Corte Suprema de Justicia, en 2014 hubo 225 femicidios -una mujer asesinada cada 39 horas-; en 2015, el número se incrementó a 235 y en 2016, a 254. Estos números difieren de los datos que desde el año 2008 aporta la Asociación Civil La Casa del Encuentro en base a lo relevado en los medios de comunicación. Según sus estadísticas, los femicidios treparon en 2015 a 286,  y en 2016 a 290.

Mientras la asociación adjudica la diferencia a que la Corte no incluye datos sobre femicidas que se suicidan ni los casos de las travestis que no hicieron el trámite de cambio de género, desde la CSJN aseguran que esos casos sí son tenidos en cuenta, pero que muchas veces las noticias que en los medios figuran como femicidios no lo son en realidad.

Asimismo, un tercer indicador es el provisto por el Ministerio de Justicia, que en el año 2015 contabilizó 226 femicidios y en el 2016, 226. Tres indicadores y ninguna certeza.

Por otra parte, los movimientos feministas rechazan la búsqueda de solución al problema mediante el punitivismo: este llega tarde y no propone el desarrollo de políticas de prevención. Dos años después de la primera marcha, el 80% del presupuesto del Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres se va en la construcción de refugios.

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Incumplimientos

El colectivo Ni Una Menos, como ya denunció Escritura Feminista, sostiene que el Estado incumple con la ley de Educación Sexual Integral y con la ley que garantiza el patrocinio jurídico gratuito para las víctimas. Además, el acceso a la justicia es deficiente.

El Estado no debate el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Tampoco les otorga derechos laborales a las trabajadoras sexuales y las deja expuestas a la violencia institucional. El mismo Estado que tuvo detenida a Belén más de dos años por un aborto espontáneo, hoy priva de su libertad a Higui por defenderse de una violación grupal.

A dos años de la primera marcha, los movimientos feministas se encuentran más organizados, cada vez más convocantes y con demandas más concretas.

Sin embargo, el Estado decide ignorar la situación actual de las mujeres que se cobra una vida por día. Las escasas medidas que toma son insuficientes y muchas veces propone “soluciones” sin tener en cuenta la especificidad del tipo de violencia que se pretende combatir y las voces de quiénes son sus víctimas directas.

Ante una situación actual dramática, la única buena noticia es que la ola feminista no para de crecer. El Estado en algún momento deberá hacerse eco de lo que pasa en las calles y estar a la altura de las circunstancias. La revolución será feminista, o no será.

 

 


Fuentes consultadas:

Imágenes: