En momentos donde la representación puede serlo todo, llega «Pequeña Victoria», la nueva tira de Telefé que busca instalar debate en las casas argentinas.
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Encuentro Federal de Familias Diversas
El pasado fin de semana (7, 8 y 9 de diciembre) se llevó a cabo el Primer Encuentro Federal de Familias Diversas, en la ciudad de Villa La Angostura, Neuquén.
Organizado por la Asociación Familias Diversas de Argentina, la Federación Argentina LGBT y la Dirección Provincial de Diversidad del Neuquén, el encuentro contó con el apoyo del Ministerio de Ciudadanía de Neuquén, la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, así como del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Con la presencia de varias familias, se llevaron a cabo talleres tanto para adultos como para niños, en los que se abordaron problemáticas como la discriminación, la diversidad en las aulas, las distintas formas de formar una familia, la infancias trans y la salud, entre otras.
Hablamos con Andrea Rivas, una de las organizadoras, para que nos cuente más acerca de este encuentro y la experiencia que significó para todas esas familias.
El encuentro surgió del impulso de organizaciones sociales como la AFDA y la FALGBT, y de la iniciativa de la Dirección de Diversidad de Neuquén para hacerlo como una forma de política pública. La articulación entre organizaciones civiles y gobierno fue clave para que este encuentro se lleve a cabo.
«Lo llamamos ‘encuentro federal’ porque es la primera vez que una parte del gobierno, en este caso provincial, impulsa como organizador este tipo de encuentro, que también contó con el apoyo de la Presidencia de la Nación».
Rivas considera que tener estos espacios para dar visibilidad a la diversidad familiar es muy importante, ya que ayuda a las familias a compartir experiencias de vida y aprender sobre sus derechos.
El objetivo del encuentro fue abordar distintas temáticas que aquejan a las familias a lo largo del país. Si bien el marco normativo es muy bueno, en cada provincia hay distintas dificultades en cuanto a la aplicación de las leyes.
«Tenemos una muy buena normativa a nivel nacional, pero hay que ver qué leyes faltan y qué otras medidas son necesarias para que todas las familias puedan tener una igualdad real».
El programa contó con una distinción: un programa para niños y otro para adultos. Desde la AFDA, incorporaron la misma organización que en sus reuniones mensuales, en las que crean estos espacios para poder abordar las temáticas desde distintos ejes.
Los más chicos participaron de un taller audiovisual que contó con el apoyo de la ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica) y fue dictado por una directora de cine quien trabajó durante un día y medio con los chicos en la realización de cortos.
Dentro de los talleres de adultos, una de las grandes preocupaciones fue la diversidad en las aulas. La falta de implementación de la Ley de Educación Sexual Integral afecta mucho a las familias, al igual que el acoso escolar y los estereotipos de género.
Desde la AFDA, se presentó una encuesta realizada a familias LGBTIQ sobre la economía de cuidado: cómo se dividieron las tareas ante la llegada de unx hijx. Se realizó en el marco de la beca otorgada a una activista de la asociación por Dreilinden, una ONG alemana, para el fomento de la capacitación en materia de trabajo decente, inclusión social y el discurso sobre sexualidad.
Con los datos obtenidos, buscan aportar al debate para una promoción de licencias laborales que tengan en cuenta la diversidad familiar, algo que no pasa con el sistema actual que genera una gran brecha salarial en términos de género.
La mayoría de las familias LGBTIQ termina negociando las licencias con sus empleadores de manera individual (sin participación de ningún sindicato) y generando diversas estrategias como tomarse vacaciones o días de enfermedad para equiparar las licencias que, hoy por hoy, solo tiene la persona gestante.
Los hombres gays, las mujeres no gestantes y las personas trans son quienes más dependen de la voluntad de sus empleadores en estos casos.
Diversidad en la infancia
Se buscó abordar distintos tópicos referidos a la infancia. Uno de ellos fue un panel sobre infancias trans, donde se le dio la palabra a personas trans tanto adultas como adolescentes y niñxs. Contaron su experiencia, cómo fue su transición, cómo se sentían y la respuesta de su entorno ante ese momento de sus vidas.
«Había una chica con su hijo trans que aún estaba en un proceso muy reciente. Venía explorando un binarismo e insistía con que no era una cuestión de estereotipos y que se sentía varón. Hacía tres días había adoptado su nueva identidad y le generaba temor a la madre por todo lo que tendría que enfrentar su hijo».
La implementación de la Ley de Educación Sexual Integral fue también un punto clave. A más de 10 años de su sanción, hay muchas cosas que no están contempladas.
«Han cambiado muchísimas cosas, no había muchas de las leyes que tenemos hoy ni están contempladas muchas de las identidades».
La mayoría de las familias sufrieron distintos tipos de discriminación y falta de comprensión por parte de directivos de las instituciones educativas. Muchos colegios no sólo no abordan la ESI sino que no saben tratar con familias diversas.
Una de las cosas que se plantearon fue la representación de las familias diversas. No solo contemplar la ESI como educación sexual sino también como un tema transversal en el que desde los ejemplos sea vean representadas las familias.
«Nuestras familias no existen ya desde los formularios. Muchas veces confunden terminologías o les cuesta entender la diferencia entre una persona donante o un padre. A nosotras nos ha pasado y lo vemos en muchas familias.
La exposición a las mujeres a preguntas invasivas. Pareciera que sobre el cuerpo y la maternidad de una mujer todos pueden opinar. Cuesta mucho romper el biologicismo. «¿Pero quién es la madre?». Las dos. «¿Pero quién la tuvo?». La cuestión de género es transversal y se aplica a nuestras familias, a los varones no les preguntan tanto esas cosas».
Hay una gran desinformación y también miedo de parte de los docentes de tocar distintos temas por miedo a las preguntas que se pueden generar. Prefieren no abordar ciertos tópicos para evitar planteos de la comunidad escolar. «No hay una formación obligatoria sobre educación sexual».
«Yo no siento que haya una real inclusión en las escuelas. No hay un gran dominio del tema, todo es muy por arriba, no sabés si realmente están tratando las cosas como se debe y haciéndose cargo de que tienen alumnos que provienen de familias diversas. Aún está invisibilizado. Las instituciones siguen muy negadas a mejorar esto, a pesar de las políticas públicas.
Socialmente, sí veo un avance. El principal aliado que tiene una persona discriminada es la respuesta de gran parte de la sociedad, que cambió mucho».
Desde las instituciones aún hay una mirada en la que se cree que quienes tienen que adaptarse son quienes se salen de la heteronorma, en lugar de adaptarse ellos a la diversidad que hay presente.
Lo que les dejó el encuentro
«Hubo una parte muy hermosa que fue un intercambio de experiencias sobre cómo crear una familia diversa donde hubo testimonios impresionantes. Fue una de las cosas que más me llevo de este encuentro.
Se genera una energía muy linda, ves que en todas las provincias pasa más o menos lo mismo. Podes escuchar cómo distintas familias fueron resolviendo una misma situación.
Se generó un vínculo muy lindo de solidaridad, todos nos hermanamos mucho».
Imágenes
Neuquén LGBT
Dirección Provincial de Diversidad de Neuquén
AFDA
La reglamentación de la violencia
Entrevista a Luciana Sánchez, abogada feminista y miembro de COPADI (Colectivo para la Diversidad) sobre el nuevo protocolo para la detención y el registro de personas LGBTI que presentó el Ministerio de Seguridad esta semana.
La semana empezó con novedades desde el Ministerio de Seguridad, cartera a cargo de Patricia Bullrich: la difusión del fragante Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T.
El documento, compuesto de tres anexos y acompañado de la resolución ministerial N° 1149-E/2017, reglamenta la manera de actuar de las fuerzas de seguridad al momento de detener a una persona que se identifique con identidades de género u orientaciones sexuales disidentes.
El texto, que parece asumir un lenguaje políticamente correcto, estipula que el registro y las posteriores requisas a personas no heterosexuales y no cisgénero serán efectuados exclusivamente por personal policial femenino, que actuará bajo los principios del Uso Racional de la Fuerza.
Entre otras disposiciones, establece que «la persona detenida será alojada según el género autopercibido”, y que la detención sólo puede aplicarse “de un modo excepcional y siempre que (la persona) tenga prevista una pena privativa de libertad”.
Lejos de transmitir seguridad, el protocolo impuso un clima de profunda preocupación y abrió puertas a toda una serie de dudas, desde el por qué presentar esta herramienta a tan sólo dos semanas de la XXVI Marcha del Orgullo a nivel nacional, hasta el qué sucederá con las trans y travestis que sufren la violencia institucional en carne propia y a diario, ahora que un instrumento oficial regula la represión.
Escritura Feminista habló con Luciana Sánchez, abogada feminista e integrante de COPADI (Colectivo para la Diversidad), quien considera a este protocolo como “un instrumento que viene a criminalizar al colectivo LGBT, que lo vuelve a asociar al delito”.
Escritura Feminista: ¿Cuáles considerás que son los puntos en los que el protocolo deja mayores dudas o espacio a arbitrariedades?
Luciana Sánchez: Deja lugar a muchas arbitrariedades. Dos son especialmente preocupantes, más allá de que toda la herramienta en sí lo es porque establece cómo pueden usar la fuerza sin ningún tipo de control en el momento: siempre se apuesta al control judicial posterior, que sabemos que muchas veces llega tarde o no llega.
Los dos aspectos que enfatizo están en el Anexo I. El primero tiene que ver con la requisa de una persona desnuda, que se conoce como desnudez forzada, y las requisas íntimas.
El protocolo dice que pueden llevarse a cabo en la dependencia policial, lo que es una barbaridad enorme porque están consideradas tortura, por más que tengan una orden judicial. Tal es así que ni siquiera hay una ley que las prohíba expresamente, porque los tratados de Derechos Humanos lo vienen previendo hace muchos años.
La segunda cosa más preocupante tiene que ver con que en el Anexo I hay una parte que da a entender que no se considerará tortura ningún dolor o sufrimiento infringido que no sea grave y que se realice legítimamente por la policía en el ejercicio de la fuerza.
La regla es que cualquier ejercicio de la fuerza no debe causar ni dolor ni sufrimiento, y que esto debe estar graduado y controlado. La policía no puede ejercer la fuerza en cualquier caso, siempre debe seguir una serie de principios que están desarrollados en el protocolo, pero que aparecen desvirtuados. Es decir, expresa los principios de proporcionalidad, racionabilidad y control, pero después se contradice.
La violencia como constante
Existen pocos estudios destinados a echar luz sobre la violencia institucional en la comunidad LGBTI en Argentina. Entre ellos, está “La gesta del nombre propio” del año 2005, el primer censo travesti, impulsado por Lohana Berkins y la antropóloga Josefina Fernández, y actualizado en el 2016 en el libro “La revolución de las mariposas” (que puede descargarse aquí).
El relevamiento arrojó que el 83,8% de las mujeres trans y travestis reconocen haber sido detenidas ilegalmente. También se detectó un alarmante índice de abusos sexuales (26,1%) y tortura (25,2%) por parte de los uniformados. En el 42% de los casos se habló de golpes y aproximadamente en la mitad, de coimas.
El Registro de Violencia hacia personas LGBT llevado adelante por la CIDH entre 2013 y 2014 explicó que en los casos de abuso policial en América Latina “se advierten bajos niveles de denuncia”, por miedo “a represalias y discriminación por parte de la policía y las fuerzas de seguridad estatales”, además de advertir muchos casos de “remoción arbitraria y violenta de hombres gay y mujeres trans y lesbianas de lugares públicos”. Situación que, sin ir más lejos, sufrieron Rocío Girat y Mariana Gómez hace unas semanas por besarse en Constitución.
Otra arista que se agrega a esta problemática es la represión policial en las marchas de mujeres, como la razzia que tuvo lugar el pasado 8 de marzo luego del Paro Nacional de Mujeres o en los Encuentros Nacionales de Mujeres de años anteriores.
E.F.: ¿Creés que es necesaria la existencia de un protocolo dedicado exclusivamente a la población LGBTI?
L.S.:Estos protocolos deberían existir para establecer los límites de la policía sobre los colectivos vulnerables, pero no hacer regla un uso de la fuerza que debería ser excepcional. Ese es el sentido que deben tener y para lo cual Naciones Unidas exige que se redacten; razón por la cual ya había un protocolo en vigencia (desde el año 2011, dispuesto por la resolución 1.811).
Este protocolo está destinado a las actividades que el colectivo LGBTI desarrolla en la vía pública y no a cualquier tipo de crimen, ni siquiera a delitos graves, a estafas, desfalcos, de cuello blanco.
Está orientado a reprimir a la parte más vulnerable del colectivo LGBT, que son las travestis y las trans que realizan actividades relacionadas a su supervivencia en la calle por la exclusión estructural que sufren y a las lesbianas que realizan acciones de visibilidad, protesta.
Entonces es sesgado en ese sentido, busca reprimir la supervivencia y la protesta social, a los dos sectores del colectivo LGBT más expuestos a la violencia policial. El protocolo legitima los excesos de la fuerza y avala una situación que se agravó en los últimos dos años.
E.F.: ¿Cuáles son las diferencias entre el protocolo actual y el que había sido puesto en funcionamiento en 2011?
L.S.:Las diferencias con el protocolo anterior son muchas. En principio, porque el Ministerio de Seguridad en la gestión de Nilda Garré no tenía sólo este, sino que tenía toda una serie de protocolos y una bajada de línea para el uso racional de la fuerza y el control civil de la fuerza de seguridad. Contemplaba formación en género para los agentes.
No es el caso ahora. La brutalidad policial está avalada por la jefatura de la seguridad. Lo vemos todos los días en la calle, lo sufrimos con las compañeras travestis y trans en las plazas, en Once, en Constitución, lo estamos sufriendo en cada una de las manifestaciones en donde compañeras lesbianas y otros sujetos visibles para la policía se manifiestan.
Hacia una Justicia más injusta
El lunes, mientras el protocolo generaba polémica y repudio, otro acontecimiento tuvo lugar: la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó su renuncia, la cual comenzará a correr desde el 31 de diciembre en adelante. Tras haber denunciado diversas presiones, explicó que su partida era un intento de evitar “reformas que rompan el equilibrio” del organismo y afectaran “de manera sustancial su autonomía”.
Estos dos hechos se conectan de forma sutil: la Procuraduría General de la Nación debe velar por el correcto funcionamiento de los procedimientos y por el respeto de los Derechos Humanos en el accionar de las fuerzas de seguridad.
E.F.: Con respecto a la renuncia de Gils Carbó, ¿creés que puede poner en riesgo los avances en materia de género en el ámbito judicial?
L.S.: Hay un antes y un después de Gils Carbó en la Procuraduría. Ella implementó el Cupo Laboral Trans. Incluso antes de que estuviera sancionada la Ley, había trans y travestis trabajando en el Ministerio Público Fiscal.
Esto tuvo un impacto enorme para el Poder Judicial, nunca antes había habido sujetos no cisgénero en trabajando en el Poder Judicial como empleados y empleadas con posibilidades de ser magistradas y magistrados. Siempre habían sido los sujetos criminales.
Además, creó las unidades especializadas con despliegue territorial. Por ejemplo, ATAJO (Programa de Acceso Comunitario a la Justicia) y la RE.TE.GER. (Red Territorial en Género), un trabajo indispensable para los barrios que en otras áreas del Estado de la nueva gestión se viene recortando.
La UFEM (unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales), la PROCUVIN (Procuraduría de Violencia Institucional) y la DOVIC (Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas), son todas instituciones que han cambiado la forma de acceder a la justicia, sobre todo para colectivos vulnerables.
Esperemos que los avances trasciendan a la persona, ese es nuestro mayor deseo.
E.F.: Entonces, ¿con qué herramientas se cuentan ante los casos de abusos policiales?
L.S.: Desde lo legal, hay que seguir utilizando la presentación de habeas corpus, de medidas autosatifactivas como la que presentó ATE para la marcha por Santiago Maldonado de esta semana, las denuncias contra las fuerzas de seguridad, los planteos de nulidad en las detenciones. Después están las otras herramientas, las movilizaciones, el reclamo social.
No es inclusión, es más violencia
Es para celebrar cada vez que los sectores excluidos y estigmatizados son reconocidos por el Estado, porque pasan a tener espacio en las legislaciones y más posibilidades de alcanzar sus derechos. Dejan de ser invisibles ante las instituciones que deben velar por ellos.
Claros ejemplos de esto fueron el matrimonio igualitario, la ley de cupo laboral trans o ley Sacayán (aún no reglamentada) y la ley de identidad de género, entre otras medidas traccionadas por años de lucha y reclamos.
Pero no se puede incluir desde la violencia: con este protocolo el Gobierno está reconociendo a la comunidad LGBTI sólo en términos penales, en lugar de avanzar en la erradicación de la desigualdad.
«Que el INADI haya respaldado el protocolo demuestra que no hay una ley que pueda ser aplicada e interpretada de manera abstracta. Lo que hace la diferencia es tener un gobierno que haga de los derechos humanos una política real, como pasó con la sanción del matrimonio igualitario, bien distinto a lo que pasa en un gobierno antipopular como este«, opinó Sánchez.
Prohibido prohibir: crónica de una lucha anunciada
El 3 de mayo de 1968, se desató en Francia el levantamiento popular más impresionante, en su despliegue, que el mundo haya visto. La juventud estudiantil, principal motor de la toma de París, parecía exigir utopías: un sistema nuevo, la abolición total de las injusticias. Tal fue el alcance de sus consignas que incluyeron la liberación sexual y desafiaron el conservadurismo de época; intentaron penetrar políticamente espacios siempre reservados a lo privado y al tabú. A 49 años del Mayo francés, la segregación y la desigualdad de género continúan en agenda y son problemáticas que cada vez cobran más fuerza y visibilidad en la Argentina.
Comenzó como una rebelión estudiantil, a la cual pronto se sumaron jóvenes obreros, y terminó por convocar a más de 10 millones de personas en París durante 12 días. Repercutió a nivel mundial y Argentina vivió lo propio un año más tarde, en la gesta del Cordobazo. La falta de una conducción política, objetivos puntuales y una vocación
de poder clara podrían haber sido los motivos por los cuales el Mayo francés pudo reunir una amplia gama de consignas. Entre ellas, los movimientos estudiantiles lucharon por una revolución de la sexualidad y exigieron el reconocimiento de las minorías sexuales, mientras hacían su aparición en escena los anticonceptivos, y la ideología hippie se extendía por los Estados Unidos y Europa.
“Prohibido prohibir” fue la frase de cabecera para condensar las críticas a la cultura moderna, caracterizada como represiva y censuradora de los cuerpos. Si bien la lucha se edificó desde la primacía de la individualidad por sobre lo común y homogéneo –indicios del individualismo que establecería el liberalismo más duro, junto con la posmodernidad y la globalización en años posteriores–, puede reconocerse como un primer gran impulso al debate de las problemáticas de género a nivel mundial. Sin embargo, para poder palpar cambios efectivos en materia de políticas públicas y nuevos parámetros culturales, el mundo tuvo que esperar varios años más.
Los primeros intentos de recoger esta lucha en Argentina surgieron también a finales de los años ’60. El Grupo Nuestro Mundo fue el primero en reunir personas homosexuales en un conventillo porteño, en su mayoría militantes de gremios cansados de sufrir discriminación, que buscaban hacer valer sus derechos. Recién el 15 de julio de 2010 se logró la aprobación del Matrimonio Igualitario. La Asociación de Travestis Transexuales Argentinas se organiza desde 1989, y apenas en el año 2015, poco tiempo antes del femicidio de la referente trans Diana Sacayán, se consiguió la Ley del Cupo Laboral Trans (14.783), que tomó otro año más para comenzar a reglamentarla.
Los tiempos parecen dilatarse cuando se trata de problemáticas de género, y el cambio cultural, político y social aún se muestra lejos. Para febrero de este año, sin contar con estadísticas oficiales, el Instituto de Políticas de Género Wanda Taddei calculaba un total de 57 femicidios en apenas 43 días. Se basó en el cruce de datos de comisarías y fiscalías especializadas, y estimaron que entre el 60% y 70% de los casos provenían de mujeres que ya habían denunciado a su agresor previamente y que, en gran parte, los asesinos eran la pareja o expareja. En los primeros 27 días de abril se sucedieron 21 femicidios.
La juventud francesa soñó con la construcción de relaciones más igualitarias entre los géneros y, de esta forma, se adelantó a los debates que cobrarían fuerza recién en el siglo XXI. Hoy, Argentina sigue creando hombres violentos y mujeres sumisas, pero también se encuentra con movimientos feministas cada vez más nutridos y organizados. Es momento de accionar sobre la realidad, pero desde nuestras propias experiencias y acorde a nuestra realidad latinoamericana, diferente de la europea. Se trata, ni más ni menos, de ser realistas y hacer lo imposible.
Imágenes extraídas de: https://revistapolemica.wordpress.com/2013/08/24/la-rebelion-juvenil-de-los-anos-sesenta-i/
Trabajo en comunidad, por la comunidad
La Federación Argentina LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) es una organización de segundo grado que se encarga de nuclear a más de 60 organizaciones de todo el país. Las reuniones se realizan entre una y dos veces al año y en ellas se deciden las temáticas a desarrollar.
La Secretaria General de la organización, María Rachid, explicó que los objetivos actuales son “continuar el trabajo sobre algunas leyes, para terminar de modificar cuestiones del código civil que mejoren temas sobre todo con respecto a la familia y la gestación solidaria, trabajar contra violencia institucional, luchar por el derecho al aborto y la regulación del trabajo sexual”.
La FALGBT logró el tratamiento de políticas públicas y leyes nacionales como matrimonio igualitario e identidad de género. Entre los nuevos derechos que se quieren incorporar, y que están en debate, se encuentran la modificación de la ley antidiscriminatoria, la ley integral para personas trans y la ley de gestación solidaria o gestación por sustitución.
La modificación de la ley antidiscriminatoria tiene como propósito, según la página oficial de la organización, garantizar y promover el principio de igualdad y no discriminación, así como prevenir la discriminación a través de la implementación y el desarrollo de distintas políticas públicas. Además, promover la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad y dignidad de cada ser humano.
En esta línea, se reconoce la progresividad y se valora el respeto por la interculturalidad, la perspectiva generacional y el principio de interdependencia de los derechos humanos. Asimismo, desde FALGBT se hace hincapié en la idea de difundir y educar para que no haya discriminación a través de medios gráficos y audiovisuales, dentro del ámbito educativo y la administración pública.
Por otro lado, la ley integral para las personas trans tiene como objetivo según versa el proyecto presentado por la Federación Argentina LGBT: “Asegurar a las personas trans el ejercicio pleno y en condiciones de igualdad de sus derechos y libertades, promoviendo el respeto de su dignidad, buscando lograr la integración social a nivel cultural, económicolaboral, en el ámbito de la salud y la educación, así como en cualesquiera otros ámbitos de la vida ciudadana”.
Por último, el proyecto de ley de gestación solidaria tiene como finalidad la regulación de dicha actividad, al entender el término como (según el documento presentado por la FALGBT) “un tipo de técnica de reproducción asistida de alta complejidad, que consiste en el compromiso que asume una persona, llamada «gestante», de llevar a cabo la gestación a favor de una persona o pareja, denominada/s «comitente/s»; sin que se produzca vínculo de filiación alguno con la «gestante», sino únicamente y de pleno derecho con él/la o los/as «comitente/s”.
Con respecto a la sociedad actual, Rachid explicó que en los últimos diez años hubo avances importantes con respecto a la conciencia de derechos de personas LGBT, lo cual se tradujo en la incorporación de nuevos derechos y leyes. Sin embargo, concluyó que en el último año se produjo un retroceso en donde hay más conservadores que “se oponen fuertemente a nuestros derechos”.
“Creo que en el último tiempo hay mayores situaciones de violencia, violencia institucional y social, y esto tiene que ver con algunos mensajes que se emiten desde el Estado que de alguna manera avalan esta violencia”, concluyó la Secretaria General de la FALGBT.
Escritura Feminista 
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