Mumalá propone un proyecto para erradicar la violencia de género

En Argentina, la violencia machista no cesa. Según el Observatorio Lucía Pérez de violencia patriarcal, entre el 1 de enero y el 17 de diciembre de 2021, se cometieron 296 femicidios y 247 niñes quedaron huérfanes. Además, ocurrieron 356 marchas y movilizaciones contra la violencia patriarcal. Respecto al mes de diciembre, 18 mujeres murieron en manos de femicidas en 17 días, es decir que hubo un femicidio cada menos de 24 horas.   

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Gaby Sosa, Directora Ejecutiva de Mumalá Nacional, cuenta a Escritura Feminista que hace muchos años que la agrupación Mumalá viene trabajando en todo el país por los derechos de las mujeres y las diversidades sociales. Entre otros trabajos, acompañan en el territorio y en los pedidos de justicia, contienen y brindan estrategias de fortalecimiento a mujeres y disidencias, para quienes han transitado la violencia y necesitan volver a vivir una vida libre.

Descripción de imagen: retrato de Gaby Sosa sonriendo a cámara. Es una mujer de piel morena clara y cabello lacio, castaño oscuro, largo hasta el pecho.
Gaby Sosa, Directora Ejecutiva de Mumalá Nacional

Proyecto #EmergenciaNiUnaMenos

El proyecto fue difundido por redes sociales y se encuentra en la plataforma change.org para seguir juntando adhesiones. En la misma línea,  durante los años 2018 y 2021 fue presentado ante el Congreso de la Nación. En la actualidad, el proyecto está en la Cámara de Diputados y desde Mumalá reclaman por su debate y posterior aprobación.

«Hablamos de emergencia porque los números lo explicitan así. En la argentina tenemos 204 femicidios a fecha del 25 de noviembre, y no han podido descender esos números en la última década», manifiesta la directora de Mumalá. Además, agrega que eso debe ser «sumado a hechos muy paradigmáticos donde se ha evidenciado la ausencia, la desprolijidad y el desorden del Estado».

Respecto a los registros de la violencia machista, Sosa explica que «los datos estadísticos que va produciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los que van generando las organizaciones, entre ellas nosotras desde Mumalá, evidencian la emergencia en violencia de género». La activista sostiene que no solo se trata de los femicidios, sino también de los intentos de femicidios que no son registrados por la Corte ni por ningún organismo del Estado. Mumalá está trabajando en la recopilación de estos datos.

Con el objetivo de buscar soluciones, dentro de los principales puntos del proyecto se encuentran:

  • Abordaje integral de las violencias machistas.
  • Acompañamiento económico y asistencia integral para personas en situación de violencia de género.
  • Inversión para la creación de ámbitos de género y diversidad por parte del estado.
  • Fortalecimiento de organizaciones que promueven los derechos de mujeres y de la comunidad LGBTIQ+.
  • Monitoreo de normativas vigentes como la Ley Micaela, Ley de Educación Sexual Integral y Ley IVE.
  • Plan nacional de desarme en la sociedad civil.
  • Abordaje y reeducación de varones agresores.
  • Creación de casas de protección para personas en situación de violencia de género y riesgo de vida.
  • Registro único de situación de violencia de género.
  • Fortalecimiento de los mecanismo para el acceso efectivo a los servicios de salud sexual, reproductiva y no reproductiva.

El rol del Estado

«En ese camino de acompañamiento y de trabajo con las mujeres y disidencias, fuimos identificando cuáles eran los problemas que tenía el Estado a  la hora de asistir, de sancionar, y desde ahí pensamos la construcción del proyecto de emergencia y, a la par de eso, de las estadísticas que nosotras vamos elaborando. Experiencia concreta y elaboración de las estadísticas».

Gaby Sosa, Directora Ejecutiva de Mumalá Nacional.

Por su parte, el proyecto contempla un abordaje integral de la violencia. No se trata solamente de políticas de sanción a los agresores, dado que claramente es necesario un abordaje desde la prevención para que las situaciones no sucedan: «Desde la asistencia, cuando han sucedido, y esto que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, de contar con legislaciones que no se superpongan sino que potencien y aborden las particularidades de la violencia. Son múltiples las dimensiones que originan las violencias de género, son múltiples las dimensiones. Es responsabilidad de los tres poderes del estado y los tres niveles del estado resolver la situación, eliminar la violencia», explica Sosa.

Descripción de imagen: de pie en la calle, dos jóvenes sostienen un cartel blanco con letras violetas resaltadas en naranja donde se lee «¡Todes a las calles! Emergencia Ni Una Menos. Mumalá».

Por otro lado, al usar la palabra «integral», Mumalá se refiere no solo al rol del estado sino al rol de las organizaciones de la sociedad civil: «Las organizaciones de mujeres feministas disidentes han puesto en la agenda pública este tema. En 2015, como momento importante, el primer 3 de junio, pero lo seguimos poniendo y creemos que ahí hay un rol determinante a la hora de visibilizar las violencias, pero también esas miradas el estado necesitaría tener en cuenta».

Respecto al acompañamiento del Estado a las organizaciones, Sosa denuncia que es limitado. «Muy escaso el acompañamiento, siempre ha sido a través de la lucha que hemos dado en las calles que nos han atendido en los ministerios».

«Hay una marca muy similar con la gestión anterior. Creo que hay más facilidad de acompañamiento a organizaciones que están más cercanas a la política de la gestión. Esto ya pasó con Macri y vuelve a pasar con la gestión de Alberto Fernández».

Gaby Sosa, Directora Ejecutiva de Mumalá Nacional.

La entrevistada explica que la violencia de género aumenta en el contexto de crisis y desigualdad, tanto económica como social, que atraviesa nuestro país. «Una mujer o una persona travesti-trans que atraviese una situación de violencia de genero, cuando hay una base de pobreza, de indigencia u otras desigualdades, se agudiza su situación. Se hace mucho más complejo salir de esa situación si no tenés autonomía económica», concluyó.


Un femicidio cada 27 horas

Dana Berenice, Josefina Cruceño, María José Gramajo, Sofía Micaela Catán, Priscila Arce, Débora Jesús de la Pasión Barros, Karen, Violeta Argentina Fernández, Marcela Amalia Maydana y Viviana Olga Sagastizabal son los nombres de las mujeres que sabemos asesinadas en lo que va del mes de abril. La situación se repite: una mujer es violentada por su pareja durante años, intenta dejarlo o denunciarlo, el Estado no la protege, el violento la mata. Después, la frase más utilizada por los femicidas: «Me mandé una cagada».

Los femicidios en Argentina no paran. En lo que va de 2021, una mujer fue asesinada en manos de su pareja o expareja cada 27 horas. Las medidas dispuestas por el gobierno y el trabajo de diferentes organizaciones no alcanzan, las mujeres en situación de violencia siguen quedando desamparadas después de denunciar.

Guadalupe estacionó su vehículo frente al destacamento de bomberos, fue al cajero automático para retirar dinero y, cuando regresaba al vehículo, la atacó y asesinó su ex quien la seguía con un cuchillo. Sofía, después de agonizar poco más de una semana, murió en una cama de terapia intensiva del Hospital Regional. Las lesiones internas que provocaron las quemaduras que sufrió en más del 50% de su cuerpo fueron demasiado para su corazón que no lo toleró y se detuvo.

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Priscila estaba en su habitación y le dijo a su mamá «Dame unos minutos y salgo». Cuando entró, ella ya no estaba y no volvieron a verla viva. Encontraron su cuerpo, tras varios días de búsqueda, en la cava de un basural de la ciudad santafesina de Marcelino Escalada. Ludmila fue a una previa con sus amigas. A las siete de la mañana del día siguiente avisó a sus xadres que iba de camino a su casa pero nunca llegó. Su cadáver fue hallado el domingo, semidesnudo y entre dos colchones, en la vivienda de Jerez, vecino del lugar donde había sido la fiesta; murió de asfixia por estrangulamiento.

No somos cifras, somos mujeres asesinadas

Según el Observatorio Lucia Pérez de violencia patriarcal, creado por el medio La Vaca, en lo que va de 2021 se cometieron 94 femicidios. Como consecuencia de estos crímenes, 71 niñes quedaron huérfanes. También se realizaron 139 movilizaciones exigiendo que paren de matarnos. Del mismo modo, entre marzo de 2020 y marzo de 2021 hubo 304 femicidios y travesticidios. Dentro de los datos del informe se destaca que:

  • 37 víctimas eran mayores de 60 años.
  • Hubo 260 tentativas de femicidios.
  • 320 niñes quedaron huérfanes.
  • 41 femicidas tenían denuncias previas.
  • Se realizaron 314 marchas en tiempos de aislamiento social obligatorio.
Femicidios mes por mes. Fuente: Observatorio Lucía Pérez.

En relación a los femicidios de este año, desde el Observatorio Mumalá advierten que el 25% de las víctimas había denunciado a su agresor, mientras que el 15% tenía orden de restricción de contacto o perimetral. Además, el 14% de los femicidas se suicidó mientras que el 8% lo intentó.

La policía no nos cuida

Uno de los informes de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) señala que en el año 2018 uno de cada cinco femicidios fue llevado a cabo por integrantes de las fuerzas de seguridad y con sus armas reglamentarias. En este sentido, CORREPI señala que los femicidios por agentes uniformados se convierten en la primera causa de muerte de mujeres y mujeres trans en manos del aparato represivo estatal.

El 1° de enero de 2021, Noelia Albornoz fue asesinada por su pareja Marcos Suasnada, miembro de la policía de La Rioja. Luego de dispararle con su arma reglamentaria, se suicidó. Al femicidio de Noelia, le siguió el de Úrsula Bahillo, quien había denunciado a su expareja en varias oportunidades. Matías Martínez, integrante de la policía bonaerense, la hostigó durante varios meses con violencia psíquica y física hasta que terminó con su vida.

Siguiendo el comportamiento de sus compañeros, el 15 de febrero, el policía retirado Carlos Medina asesinó a su expareja, Mirna Funes, en Formosa y luego se suicidó. También, Ivana Módica de 47 años fue asesinada por su pareja, Javier Galván, miembro de la Fuerza Aérea. Ivana fue intensamente buscada durante varios días, hasta que el femicida confesó el lugar en donde había dejado el cuerpo.

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El comportamiento abusivo de las fuerzas represivas no se limita a los momentos en los cuales están en servicio. Por el contrario, la mayoría de los policías lleva su arma reglamentaria aun fuera del horario laboral. Los datos brindados por el Observatorio Mumalá en relación al año 2021 detallan que el 17% de los femicidios fue cometido por personas de las fuerzas de seguridad y en el 38% de los femicidios cometidos por armas de fuego, se utilizó un arma reglamentaria.

La punta del iceberg

La violencia que sufren las mujeres es multidimensional. Sus peores manifestaciones, el femicidio, el transfemicidio y las violaciones, son solo la punta de un iceberg que incluye la violencia económica, obstétrica, política y patrimonial que se desprende de la discriminación laboral, los prejuicios de género, la agresión simbólica y la desigual distribución de tareas domésticas y de cuidado.

Fuente: Amnistía Internacional

Con apresar al femicida no alcanza. La ayuda a las víctimas tiene que llegar antes de que sean asesinadas, incluso antes de sufrir violencia. En esta perspectiva, un artículo publicado por CIPPEC propone un listado de políticas públicas que podrían ayudar a erradicar la violencia:

  1. Avanzar en la implementación de un sistema integral de cuidados: la expansión de la oferta pública de servicios de crianza, enseñanza y cuidado. Un sistema de licencias y políticas de conciliación universal.
  2. Transversalizar la perspectiva de género en los servicios públicos de empleo: atender a las necesidades específicas de las mujeres. Derribar estereotipos de género que contribuyen a la desigualdad.
  3. Implementar medidas que contribuyan a derribar paredes y techos de cristal: establecer metas de género en los programas de formación tradicionalmente masculinos.

Según la abogada Natalia Gherardi: «El femicidio es la expresión más extrema de la violencia, y la violencia contra las mujeres es la manifestación extrema de la discriminación». Una sociedad que sigue sosteniendo y permitiendo la desvalorización de las mujeres, la cosificación, la violencia simbólica y su consumo sexualizado en los medios de comunicación es una sociedad que sostiene y permite una estructura social patriarcal de sometimiento de un género.


Fuentes:

Imagen de portada: Juana Lo Duca


En casa no estamos seguras

La pandemia es una caja de resonancia que agudiza situaciones históricas de desigualdad. En este escenario las mujeres que sufren violencia intrafamiliar, especialmente aquellas que deben transitar el aislamiento obligatorio junto a su agresor, corren el riesgo de convertirse en las víctimas ocultas de la pandemia porque se dificultan sus posibilidades de denunciar así como el acceso a sus redes de contención.

En América Latina, en promedio 1 de cada 3 mujeres ha padecido violencia física o sexual en una relación íntima a lo largo de su vida. Además, de los 25 países con los números más elevados de femicidios, 14 están en nuestra región: nueve mujeres son asesinadas cada día. Una de las principales estrategias de control de los perpetradores de violencia doméstica es la de aislar a la víctima, es por eso que las mujeres nos encontramos resistiendo a dos pandemias letales: el Covid-19 y el machismo.

Según datos recogidos por Naciones Unidas, en Argentina, México, Colombia y otros países de la región, la violencia familiar contra las mujeres creció este año entre 30% y 50%. En nuestro país, desde la cuarentena obligatoria dispuesta como medida sanitaria contra el coronavirus, aumentaron los llamados a las líneas de ayuda por violencia de género y familiar: en la línea 144 recibieron un 40% más de llamados y en la 137 subió un 20%.

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¿De qué hablamos cuando decimos violencia de género?

En el año 1995, la Organización de las Naciones Unidas, definió a la violencia de género como: «todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada».

Esta primera definición de la ONU contempla los tipos de violencia física, sexual y psicológica, pero existen otras. La ley N° 26.485 sobre prevención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres en todos los ámbitos en que estas desarrollen sus relaciones intrapersonales, nos da un marco teórico para comprender los diversos aspectos de la violencia.

La ley enuncia que se entenderá por violencia contra las mujeres «toda conducta, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público o privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedando comprendidas también las perpetradas por el Estado o sus agentes».

La cuarentena que obliga a convivir a las mujeres junto a su agresor puede exacerbar los riesgos de violencia a partir de los siguientes factores:

  • Aumenta el tiempo de contacto entre la mujer y su agresor.
  • El estrés es mayor y las mujeres son las más afectadas por el cuidado de familiares durante esta pandemia.
  • La pérdida o disminución del contacto con las redes sociales (familiares y amigues) que pueden brindar apoyo y protección contra la violencia.
  • Otros servicios, como líneas directas y refugios, también pueden reducirse.

Además de las situaciones de daño físico (golpes, violación, femicidio), durante la cuarentena el distanciamiento social le permite al abusador ejercer otras formas de control y maltrato psicológico que incluyen:

  • Limitación al acceso a las noticias y otros medios, convirtiéndose en la fuente de toda la información.
  • Retención y ocultamiento de documentos, tarjetas de crédito y de obra social o medicina prepaga.
  • Control sobre las interacciones en línea o uso del teléfono celular para coartar su acceso al mundo exterior.
  • Justificación de tácticas de aislamiento basándose en la «seguridad» de la víctima.

El Estado es responsable

Con la intención de combatir la violencia de género en todos sus ámbitos, desde el Estado se crearon medidas como la implementación de nuevas vías de comunicación además de la línea 144, se permitió que las mujeres en situación de violencia pudieran circular en cualquier momento a pesar de las restricciones y hasta se realizó un convenio para que quienes necesitaban ayuda se acercaran a las farmacias y pidieran un «barbijo rojo».

Pero nada alcanza, las mujeres con o sin denuncias previas se encuentran desprotegidas frente a sus agresores que las hacen padecer todo tipo de violencias, humillaciones y, en el más extremo de los escenarios, las matan. Por su parte, programas como el de Educación Sexual Integral deben servir para educar desde edades tempranas a los varones en otros patrones socioculturales, varones que hablen a otros varones de estos temas, que no sea solo un tema de mujeres.

La pandemia silenciosa

Graciela, Ivana, Úrsula o Vanesa; Córdoba, Jujuy, Neuquén o Buenos Aires. Los nombres propios son intercambiables pero la situación es la misma: una mujer denuncia a su agresor, un violento que se cree que las mujeres son un objeto del que se puede disponer, una justicia ineficaz, un Estado ausente o con respuestas que no alcanzan, una mujer que pide ayuda desesperada y, finalmente, un femicidio.

En 2020 la pandemia no frenó los asesinatos por razones de género. Según el análisis de medios gráficos y digitales realizado por el Observatorio Ahora que sí nos ven, del 1 de enero al 30 de diciembre, ocurrieron 298 femicidios, 25 femicidios en el mes de diciembre. Lo que equivale a una mujer asesinada cada 29 horas.

Fuente: Observatorio Ahora que sí nos ven

Los datos nos vuelven a confirmar que quienes dicen amarnos son quienes nos matan, ya que en el 64,5% de los casos el femicida fue la pareja o ex pareja de la víctima. Respecto del lugar donde ocurrió el femicidio, en el año 2020 el 65% tuvo lugar en la vivienda de la víctima. Tal como venimos señalando, el hogar no es un lugar seguro para las mujeres.

El Observatorio Lucia Pérez, del medio de comunicación La Vaca, creó un mapa y un padrón colaborativo para brindar información acerca de la violencia machista. Los datos brindados muestra que en lo que transcurrió del año 2021 se cometieron 65 femicidios, 54 niñes perdieron a su madre y, en muchos casos, su padre es el femicida.

Precarizarnos también es violencia

La pandemia de Covid-19 ha profundizado la pobreza estructural de las mujeres en todos los ámbitos. La ONU calcula que unas 47 millones más de mujeres y niñas caerán por debajo de la línea de pobreza, revirtiendo así décadas de progreso para erradicar la pobreza extrema.

Este aumento en la pobreza de las mujeres se debe a que, en su gran mayoría, son ellas y las niñas quienes cargan con las labores de cuidados, haciendo aportes fundamentales para intentar enfrentar el virus. Además, la mayoría de quienes ponen el cuerpo por bajos salarios trabajando como enfermeras, docentes y empleadas de casas particulares son mujeres.

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Las tácticas de supervivencia que pueden desarrollar las mujeres en situación de violencia de cualquier tipo deben estar acompañadas por acciones externas de la comunidad, de las organizaciones que trabajan directamente con las mujeres en situación de riesgo de violencia y de las instituciones de todos los poderes del Estado (nacional, provincial y municipal) para que el mensaje #QuedateEnCasa no ponga en riesgo a mujeres y niñes.

Las mujeres no deberían ser las únicas que busquen soluciones. Para erradicar la violencia machista también es necesario el compromiso de los varones para construir nuevas masculinidades y transformar estas relaciones asimétricas de poder que sostienen un sistema patriarcal que nos explota, empobrece y mata.


Fuentes:

Imagen de portada: Canal Abierto


Los números también hablan: femicidios de niñas y adolescentes

Rocío Abigail Riquel tenía 9 años. En la mañana del sábado 17 de octubre les dijo a sus padres que iría a jugar a la casa de una amiga. Esa misma tarde, luego de la denuncia realizada por su desaparición, la encontraron enterrada en un montículo de tierra a 400 metros de su casa, en un barrio de San Miguel de Tucumán. 

Según la autopsia preliminar, la nena habría sido abusada sexualmente, tenía golpes en la cabeza y habría sido asfixiada. La policía, la familia de la víctima y los vecinos buscaron a un hombre como presunto autor del hecho, quien vivía en el mismo barrio y había sido visto ese día caminando de la mano junto a Rocío. Había salido de la cárcel tres días antes del homicidio y manifestó tentativas de suicidio. Los vecinos lo encontraron el pasado miércoles 21 y lo golpearon hasta matarlo. Se esperan los resultados de las autopsias para cotejar las pruebas y confirmar si fue el autor del asesinato de Rocío. 

El mismo sábado 17 de octubre, en la localidad de Campana, encontraron muerta a Keila Moreyra. Tenía 16 años y fue asesinada de un disparo de escopeta en la cabeza por parte de su novio de 19 años, quien se dio a la fuga con un amigo luego de confesarle al hermano que la había matado.  

En un mismo día se conoce que al menos dos mujeres menores de edad habrían sido asesinadas por varones del círculo familiar o de conocidos. Según el Informe especial sobre niñas y adolescentes víctimas de femicidio realizado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, entre 2017 y 2019 se registraron 119 casos de femicidios de mujeres menores de 20 años. 

Este registro representa el 14,5% del total de víctimas de femicidio durante el periodo analizado. Asimismo, se evaluaron los casos en diferentes franjas etarias: el 40% eran mujeres de entre 13 y 17 años de edad, el 34% eran menores de 12 años inclusive y el 26% de entre 18 y 19 años. 

Como ocurre con las cifras totales de femicidios en el país, el porcentaje de casos donde la víctima y el homicida tenían vínculos cercanos resulta ser más alto que el resto. Según el informe citado, el 34% eran parejas o exparejas (como el caso de Keila), el 20% eran padres o padrastros, el 6% tenían otro tipo de vínculo familiar, el 24% tenían otro tipo de vínculo (tal es el caso de Rocío), el 12% eran desconocidos y en un 4% no se ha aportado la información. 

El informe mencionado fue realizado con el objetivo de «promover políticas de prevención, investigación y sanción, que erradiquen las violencias en la niñez y la adolescencia», ya que el estudio demuestra la vulnerabilidad de determinadas franjas etarias frente a las diferentes formas de violencia de género y el acceso de las víctimas al aparato judicial. 

Según los datos publicados por el Observatorio de las Violencias de Género «Ahora que sí nos ven», se registraron un total de 223 femicidios entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020 y en el 82% de los casos las víctimas tenían algún tipo de vínculo con el agresor (pareja, expareja, conocidos, familiar). 

Trabajar en la educación y la prevención para el reconocimiento de la violencia de género desde la niñez y adolescencia resulta crucial para erradicar desde edades tempranas las relaciones de violencia que hasta el momento han sido naturalizadas. Los casos de violencia no han aumentado; lo que aumentó es la visibilización y el número de víctimas que se animan a denunciar tanto en el estrato social como judicial.  


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La otra pandemia: 4 femicidios en Jujuy

Cesai Reinaga, Iara Rueda, Rosana Mazala y Gabriela Cruz fueron asesinadas durante el mes de septiembre en la provincia de Jujuy. Durante la semana pasada hubo multitudinarias marchas en las que se reclamó el fin de los femicidios y se pidió, entre otras cosas, un mejor accionar policial y la renuncia del Ministro de Seguridad de la provincia, Ekel Meyer.

Cesia Nicole Reinaga tenía 20 años y estuvo diez días desaparecida hasta que su cuerpo fue encontrado en un estanque de agua de un ex matadero municipal en Abra Pampa. Por el femicidio acusan a un adolescente de 14 años y detuvieron a su padre y a su abuelo. También, el cuerpo de Iara Rueda, de 16 años, apareció el pasado lunes después de estar cinco días desaparecida. Estaba semienterrado en un descampado donde vecines ya habían rastrillado, a ocho cuadras de su domicilio.

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Roxana Mazala cumplió 32 años el lunes. Ese día fue a la manifestación que se organizó en Palpalá (y que se replicó en varias ciudades de Jujuy) para exigir justicia por los femicidios y las compañeras desaparecidas en la provincia. Después de la marcha, Mazala volvió a su casa en el barrio Éxodo Jujeño, de Perico, acompañada por cuatro compañeras.

Ellas pensaban quedarse un rato para festejar el cumpleaños pero cuando llegó el exmarido, Fabián Barraza, se fueron. A Roxana la encontraron muerta al otro día sus tres hijes de 13, 9 y 4 años de edad. Las primeras informaciones de los medios locales hablan de que Roxana fue envenenada por su ex y que luego él se suicidó.

Por su parte, Gabriela Cruz tenía 23 años y dos hijos de 7 y 4 años. Su pareja, quien había participado de los rastrillajes de su búsqueda, confesó que la había asesinado tras una discusión e indicó a las autoridades dónde estaba enterrado el cuerpo. Llevaba una semana desaparecida y fue encontrada en la zona de las Serranías de Zapla, en la localidad de Centro Forestal, del departamento Palpalá.

en la otra vereda, la policía represora

La abuela de Gabriela, Carmen Vega, dijo en una conferencia de prensa que «la policía tardó mucho en la investigación». Tanto los familiares de Gabriela como los de Iara denunciaron la inacción de la policía en la investigación de las jóvenes. Fueron les vecines, amigues y familiares quienes debieron encargarse de la búsqueda y los rastrillajes.

Las marchas masivas en diferentes puntos de la provincia buscan convertir la bronca y el dolor en organización. Al conocerse los primeros tres femicidios y cuando aún buscaban a Gabriela con vida, familiares y organizaciones sociales y feministas se situaron cerca de la ruta 66 y poco después de las 18 h se manifestaron por las calles de la ciudad en medio de un clima de tristeza e indignación.

Pasadas las 20 h, en inmediaciones de la Brigada de Investigaciones de la Ciudad de Palpalá y entre gritos y corridas, los efectivos de la policía jujeña iniciaron una violenta represión con balas de gomas y gases lacrimógenos contra les manifestantes. Organizaciones de mujeres compartieron en sus redes sociales imágenes de personas heridas y repudiaron la actuación de las fuerzas de seguridad.

Según el Observatorio Mumalá, Jujuy posee una tasa de 2 femicidios cada 100.000 mujeres, la cual es la más alta del país. Es urgente que el Estado, en lugar de usar sus fuerzas para reprimir y perseguir a quienes buscan una solución al problema de la violencia machista, realice acciones concretas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género.

registro nacional de femicidios

En los últimos días el Observatorio Mumalá dio a conocer el Registro Nacional de Femicidios, el cual se basa en medios gráficos y digitales desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de este año. Según sus datos, se cometieron 202 femicidios, 1 cada 32 horas, de los cuales 136 se produjeron durante el aislamiento social preventivo.

Fuente: Observatorio Mumalá

Además, hubo 183 intentos de femicidios y hay 33 muertes violentas de mujeres en proceso de investigación. Las mujeres no son las únicas víctimas: 231 niñes y adolescentes se quedaron sin madre y, en muchos de los casos, su padre es el femicida. El 20% de las victimas había realizado denuncias, el 15% de los agresores se suicidó y el 4% de los femicidas pertenecían a alguna fuerza de seguridad.

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Si algo queda expuesto es que ni el hogar ni la calle son lugares seguros para las mujeres. Los políticos pasan, las cifras de femicidios aumentan y los reclamos continúan siendo los mismos: se necesita del compromiso de la sociedad y del Estado para poder frenar la violencia machista y los femicidios.


Fuentes:


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Activistas y víctimas de violencia de género toman la CNDH de México

Activistas mexicanas tomaron las oficinas oficiales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como método de reclamo a la falta de acción política y defensa de la gobernación de México. Piden la renuncia de Grisel Barrientos, directora del Instituto Municipal de la Mujer, y de Sandra Pacheco, del Centro de Justicia para las Mujeres. Afirman que no abandonarán las sedes tomadas hasta que cambie la situación.

Más de 10 días de toma y cada vez más compañeras se suman y transmiten su apoyo a la causa que comenzó en Ciudad de México. Se transformó en un movimiento nacional: activistas de Michocán, Veracruz, Puebla y Aguascalientes se sumaron a los reclamos las sedes del CNDH correspondientes a sus ciudades.

¿Qué llevó al reclamo?

México es un epicentro de violencia de género. En los últimos cinco años, los casos de femicidios aumentaron un 137% y, según la ONG México Evalúa, durante el segundo semestre del año pasado 6 millones de mujeres fueron victimas de acoso o violencia sexual. Las participantes de los reclamos aseguran que las instituciones del Estado no las respaldan ni escuchan.

El mismo presidente, López Obrador, tuvo dichos polémicos que desestimaron la problemática a principio de año. En marzo, cuando los centros de llamados de emergencia se desbordaron con más de 26.000 llamados denunciando situaciones de violencia, la respuesta del presidente fue que «seguramente la mayoría eran falsas», comparándolas con bromas telefónicas y restándole la importancia a la situación.

En este contexto, el pasado miércoles 2 de septiembre hubo una reunión entre Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, y víctimas que forman parte del Colectivo 10 de Marzo. En esta conversación se desató un conflicto donde la titular del CNDH les dijo que las carpetas de los casos por los que iban a pedir justicia estaban mal integradas y que no iban a poder hacer nada por el momento. La respuesta de una de las madres que fue a reclamar justicia por el caso de su hija de 4 años fue amarrarse a una de las sillas.

De esta manera, pasaron la noche en el interior de las oficinas y afuera de estas empezaron a reunirse feministas para apoyar la causa y transmitirles apoyo a las víctimas. El día viernes fue cuando donde las colectivas entraron y desalojaron a los trabajadores. Así fue que se tomó la decisión de transformar las oficinas en un refugio para victimas de violencia de género y consolidar la toma.

Violencia policial para disipar el reclamo

La respuesta policial no tardó en llegar: intentaron desalojar a las manifestantes por la fuerza. Tal como muestran en los videos compartidos por periodistas que estaban en el lugar para cubrir los hechos, se puede ver cómo los policías, que llegaron en móviles no oficiales, agredieron y detuvieron a 13 mujeres.

Además de las detenciones, rompieron los vidrios del auto de una reportera y se manejaron con violencia, golpeando y arrastrando a algunas de las activistas. La fiscalía rechazó que se haya hecho uso de fuerza excesiva pese a que las imágenes muestran exactamente lo contrario.

LA «ANTIGRITA»

El 15 de septiembre en México se festeja el primer paso hacía la independencia de España. Se celebra en todo el país el Grito de Dolores y se planificaron numerosos eventos y actos oficiales. Las manifestantes desde su lugar también quisieron «festejar» aunque aseguran que no hay nada con motivo de festejo.

Se reunieron en las puertas del CNDH los distintos colectivos, madres de víctimas de feminicidios y familiares de los desaparecidos de Guerrero para dar testimonio de sus casos y la nula respuesta que han recibido del gobierno.

«La patria no nos representa. Queremos una matria que nos acompañe y nos abrace, una matria feminista que forme parte de cada una de las expresiones que tenemos de ser feministas, porque no hay un feminismo hegemónico».

Una de las manifestantes desde el balcón del CNDH.

Entre carteles, cantos y hasta una piñata con la cara del presidente, el mensaje a transmitir se escuchó fuerte y claro: las mujeres mexicanas están cansadas de la violencia, la injusticia y la impunidad. El Ni Una Menos se vive a flor de piel y las manifestantes aseguran que no desalojarán el edificio hasta que no se las escuche de verdad y no se planteen políticas certeras para proteger a las víctimas de violencia.

Fuente: Leslie Pérez

El edificio que solía ser una oficina más, hoy está transformado. Las paredes pintadas con mensajes y los pañuelos violetas son parte de la ambientación; los cuadros colgados en las paredes ahora se encuentran intervenidos por las manifestantes. Los que formaban parte de la decoración de la sala de juntas ahora están siendo subastados, pese a las críticas que recibieron por parte de artistas e importantes figuras del gobierno. Lo recaudado será dirigido a madres de víctimas que no recibieron respuestas.


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#Entrevista a Esther Pineda G.: «Cultura femicida» (II)

Artículo colaboración escrito por Denise Griffith


En las diferentes etapas del proceso histórico social, niñas y mujeres han sido sistemáticamente asesinadas por su condición de género. Para realizarse y establecerse como mecanismo de dominación y control social de la feminidad, estos asesinatos patriarcales debían gozar de aceptación y altos niveles de difusión, por lo cual se institucionalizó una «cultura femicida». Esta puede definirse como la subvaloración de la vida de las mujeres en relación a la vida de los hombres, su concepción como prescindibles, pero sobre todo, sustituibles.

Una cultura femicida es aquella donde se acepta, permite, naturaliza y justifica el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, donde se promociona, promueve e incita este tipo de crímenes mediante su transmisión y aprendizaje a través de los distintos agentes socializadores, así como también a través de su cotidianización en los distintos productos culturales desarrollados desde el pensamiento androcéntrico patriarcal.

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ESCRITURA FEMINISTA: En tu libro, aportás cifras y porcentajes sobre ciudades y países de América Latina. Esto me hace pensar: ¿Son los países latinoamericanos de los más femicidas en el mundo?

Esther Pineda G.: Desde la década de los 90 que empezó a hacerse visible la problemática de los femicidios, comenzaron aparecer en medios de comunicación y a realizarse investigaciones académicas sobre el tema. Se ha insistido en que América Latina es la región más peligrosa del mundo para las mujeres, que el femicidio es una problemática principalmente latinoamericana y particularmente de México, que ha sido representado en los noticieros del mundo e incluso en el cine hollywoodense como la capital de la muerte.

Y en efecto, sí, México y el triángulo norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) son los países con más casos de femicidios de América Latina. Sin embargo, en otro libro que terminé recientemente y en el cual trabajé con estadísticas de 5 países de Europa (Francia, Italia, España, Alemania y Reino Unido) y de Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) pude identificar que el feminicidio tiene altos índices de ocurrencia a nivel global.

De hecho, en Norteamérica al año ocurren más femicidios que en México y Centroamérica pero nadie habla de ello, ni se le señala como la región más peligrosa para las mujeres. Sobre el femicidio en Norteamérica y en Europa reina el silencio. Cuando el femicidio aparece en las pantallas norteamericanas es para hacer referencia a la masiva comisión de estos crímenes en América Latina y cuando el fenómeno se aborda desde Europa también es sobre América Latina, siempre desde la perspectiva asistencialista y la cooperación internacional; es decir, prevalece una mirada colonial, prejuiciada y estigmatizadora de esta problemática.

E. F.: Hablás sobre medidas y maneras de intervenir a nivel Estado y sociedad, Comentás que sería recomendable salirse de una perspectiva adultocéntrica. ¿Qué formas se te ocurren para abordar esta temática en las escuelas desde la ESI?

E. P. G.: El femicidio es la forma extrema de violencia contra la mujer y su prevención requiere desmontar y desnaturalizar la violencia. Esto debe comenzar a hacerse desde los primeros años de vida y en las diferentes etapas de socialización: se hace desmontando los mandatos y exigencias impuestas a las niñas y mujeres, la idea de que son inferiores, la idea de que tienen determinados roles y funciones en la sociedad como la maternidad y el matrimonio y, por supuesto, deconstruyendo las formas de violencia mediática, simbólica, verbal, psicológica y física que están tan normalizadas en las diferentes interacciones sociales.

Por ejemplo, en edad escolar ya los niños inician formas de violencia física hacia las niñas, las empujan, las patean, les jalan el cabello y esto es normalizado por los adultos en el círculo familiar y también educativo. Es visto como algo jocoso y se les dice a las niñas que los niños las violentan porque están «enamorados» y es su forma de expresarlo. Esto es profundamente dañino porque contribuye a la asociación de la violencia con el amor, lo cual después se refuerza en la música, en las series, en las comedias románticas.

Esto socializa a niñas y adolescentes para la aceptación pasiva de la violencia y a los niños y adolescentes en la legitimización del ejercicio de esa violencia permitida y celebrada desde sus primeros años de vida.

En lo particular no he tenido la oportunidad de trabajar estos temas con niños y niñas pero se me ocurre que puede comenzar a visibilizarse con un lenguaje sencillo y tramas accesibles a su edad, con pequeñas obras de teatro, con presentaciones de títeres, con dibujos animados. En el caso de adolescentes con recursos audiovisuales como series y películas que sirvan para explicar qué es la violencia sexista, cómo se manifiesta, problematizarla para que puedan reconocerla en los distintos contenidos que consumen pero también identificarla en su entorno familiar y en las interacciones y relaciones con sus pares.

E. F.: Mencionás a Selva Almada, Flor Codagnone, Silvia Cuevas Morales y Jhoana Patiño como artistas que escriben sobre femicidios. ¿Qué otras escritoras latinoamericanas que aborden esta temática podrías recomendarnos?

E. P. G.: El femicidio desde una perspectiva crítica ha sido poco abordado desde la literatura y básicamente ha comenzado a ser lentamente visibilizado en las últimas dos décadas. Desde la poesía puedo mencionar a las poetas guatemaltecas Guisela López y Regina José Galindo y, desde el género novela, a la argentina Dolores Reyes, autora de Cometierra.

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E. F.: ¿Cómo llegó el feminismo a tu vida?

E. P. G.: Cuando estaba estudiando, la gente en lugar de preguntarme en qué quería especializarme me preguntaban si me iba a casar y tener hijos después de graduarme. En la universidad, por dar mi opinión y tener posturas firmes me decían que era altanera y agresiva mientras que los hombres eran celebrados.

Desde niña siempre fui muy cuestionadora y desafiante de los roles y mandatos de género pero al feminismo formalmente me llevó la experiencia personal, el malestar con esas narrativas sociales y familiares que se empezaban a construir en torno a lo que debía ser mi vida como adulta.

El detonante fue un noviazgo, cuando tenía 21, donde la persona con la que estaba reproducía roles de género muy estereotípicos y tradicionales en la relación, cuestionaba mis amistades o si salía de fiesta, hacía críticas y exigencias sobre mi aspecto físico. Salí espantada de esa relación y comencé a buscar en Internet cosas sobre la desigualdad entre hombres y mujeres, me encontré con El segundo sexo de Simone de Beauvoir y fue la chispa que encendió el fuego, era lo que siempre había estado buscando, entendí muchas cosas sobre las que tenía inquietudes. Luego leí el ensayo Mujeres negras. Dar forma a la teoría feminista de Bell Hooks y pude hacer ese enlace entre sexismo y racismo, el otro fenómeno que también ha atravesado mi vida.

E. F.: En relación a la pregunta anterior, ¿cómo fue el proceso que te llevó a querer escribir acerca del tema?

E. P. G.: Después de que hallé en el feminismo, comencé a escribir algunos artículos cortos y ensayos con ideas que me preocupaban, sobre las que tenía interrogantes y los compartía en mi blog. Desde allí se fueron difundiendo en algunas páginas feministas y al mismo tiempo decidí hacer del feminismo mi especialización profesional.

Hice la tesis para graduarme como socióloga sobre el sexismo y los roles de género en la institución familiar. Me encantaba escribir, no podía dejar de hacerlo, pero después de presentar la tesis, de aprobar, de graduarme, pensaba en que no quería escribir para que ese manuscrito quedara amarillo en la biblioteca y las oficinas administrativas de la universidad. No quería escribir para unos pocos, quería escribir para quienes tuvieran interés en las temáticas que abordaba, tuviesen o no formación académica. Demasiado optimista, me presenté al concurso que convocó por Internet Acercándonos Ediciones para la creación de su colección estudios de género. Y digo demasiado optimista porque nunca había publicado antes. Y gané.

Mi libro fue el primero de esa colección, cuando la mayoría de las editoriales no tenían siquiera una colección sobre estas temáticas, y allí inicié mi camino formal de investigación y escritura para la divulgación pero siempre desde una perspectiva sociológica y crítica; y, en los últimos años, también desde la poesía.  


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#Entrevista a Esther Pineda G.: «Cultura femicida» (I)

Artículo colaboración escrito por Denise Griffith


En las diferentes etapas del proceso histórico social, niñas y mujeres han sido sistemáticamente asesinadas por su condición de género. Para realizarse y establecerse como mecanismo de dominación y control social de la feminidad, estos asesinatos patriarcales debían gozar de aceptación y altos niveles de difusión, por lo cual se institucionalizó una «cultura femicida». Esta puede definirse como la subvaloración de la vida de las mujeres en relación a la vida de los hombres, su concepción como prescindibles, pero sobre todo, sustituibles.

Una cultura femicida es aquella donde se acepta, permite, naturaliza y justifica el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, donde se promociona, promueve e incita este tipo de crímenes mediante su transmisión y aprendizaje a través de los distintos agentes socializadores, así como también a través de su cotidianización en los distintos productos culturales desarrollados desde el pensamiento androcéntrico patriarcal.


Escritura Feminista: Tu libro «Cultura femicida» se publicó el año pasado, ¿te has cruzado con nuevos memes o «chistes» femicidas en las redes desde entonces? ¿Qué nos podés decir al respecto?

Esther Pineda G.: A un año de la publicación del libro es mucho el material con perspectiva femicida que he encontrado, lo que me obligó de hecho a trabajar en una segunda edición ampliada y revisada del libro que se encuentra ahora en edición. En el caso de los memes, por lo breve de su mensaje y su masiva difusión en redes sociales, tienen mucho alcance y altos índices de penetración social, lo cual ha favorecido que se diseñen y divulguen muchos nuevos pero, además de ello, lo que he notado en este tiempo es que se ha profundizado la relación entre el meme y los femicidios con casos concretos: algunos femicidas han usado las redes sociales para compartir memes de esta naturaleza antes de cometer los crímenes o después de ello.

Un ejemplo es el caso de Argemiro Alberto Urrego, un colombiano quien, horas antes de asesinar a su novia Paola Cruz y la amiga de ella Manuela Vélez (quien intentó defenderla), había compartido memes femicidas en sus redes. También se ha hecho común que se divulguen memes burlándose no solo del femicidio en general sino de casos específicos, donde se burlan de la víctima con nombre y apellido, de la forma en la que fue asesinada, cómo fue hallado el cuerpo; por ejemplo, lo que ocurrió con el femicidio de la mexicana Ingrid Escamilla, quien fue desollada por su pareja.

Estos hechos evidencian una profundización del desprecio y la crueldad hacia las mujeres, una mayor normalización de estos contenidos pero también una actitud desafiante de los hombres quienes se sienten protegidos por la aceptación social del femicidio y la falta de sanción ante la divulgación de estos contenidos.

E. F.: ¿Cuál es la situación de los femicidios en países como Venezuela y Argentina? ¿Qué sucede con la intervención del Estado?

E. P. G.: La problemática del femicidio ha sido absolutamente desatendida en Venezuela: las únicas actuaciones del Estado en la materia han sido la tipificación del delito en el año 2014 y la publicación del número de víctimas durante 2015 y 2016, sin mayor información que explicara la problemática o permitiera su investigación.

No existen estadísticas sobre el número de femicidios, no hay políticas públicas en la materia y la problemática ni siquiera forma parte del discurso del Ministerio de la Mujer, al mismo tiempo que tampoco hay interés social ni movilización ante el fenómeno porque, por un lado, no existe un movimiento feminista organizado sino pequeños grupos de mujeres agrupadas en torno a sectores polarizados de poder pero no alrededor de una agenda feminista. Además, porque si algo caracteriza a la sociedad venezolana es que es profundamente conservadora y antifeminista.

En el caso de Argentina, es uno de los países de la región con mayor movilización social ante la problemática del femicidio por su característico y masivo movimiento feminista y, tras la tipificación del delito en 2012, se creó el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina y el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación que permite contar con información oficial y confiable sobre la problemática. Se aprobó la «ley Micaela», que establece un programa de capacitación obligatoria en materia de género y violencia contra las mujeres para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado. Se aprobó la «ley Brisa», para la reparación económica para niñas, niños, adolescentes y jóvenes víctimas colaterales de femicidios y recientemente se creó el Plan contra las Violencias de Género.

Es decir, existe un reconocimiento institucional de la problemática y políticas para su intervención. Sin embargo, las cifras demuestran que estas políticas no están siendo efectivas, eficientes ni oportunas; no son suficientes o no son correctas porque a las mujeres en Argentina las siguen matando. Según las estadísticas oficiales y públicas disponibles en la región, en términos absolutos, Argentina es el país con el mayor números de femicidios de América del Sur después de Brasil.

E. F.: ¿Cuál es tu visión sobre el número de femicidios en cuarentena?

E. P. G.: El confinamiento en el hogar, si bien ha servido para proteger a la población del COVID-19, no ha sido beneficiosa para las mujeres porque ha contribuido a profundizar las desigualdades ya existentes.

Por ejemplo, se han legitimado aun más las concepciones tradicionalistas y conservadoras aún mantenidas sobre la mujer como depositaria y única acreedora de la capacidad y responsabilidad del cuidado, se han profundizado los roles de género y la inequitativa distribución de las tareas dentro del hogar. Los Estados han descargado sobre los hombros de las mujeres las actividades de docencia, guardería, enfermería y geriatría que, por la coyuntura, las instituciones correspondientes han dejado de asumir. En este escenario, también, sin dudas aumenta el riesgo de ser víctima de violencia verbal, psicológica o física pero sobre todo de femicidio, tanto de tipo íntimo como incestuoso porque el hogar es el lugar más inseguro para las mujeres y niñas.

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E. F.: ¿Cuál es tu mensaje sobre el movimiento «Alerta morada por Antonia Barra» que últimamente viene cobrando fuerza?

E. P. G.: La campaña es una respuesta ante la cultura de la violación y la violencia institucional que revictimiza a las mujeres víctimas de violencia sexista, que beneficia y protege a los agresores y que induce al suicidio como fue el caso de Antonia Barra. Pero además es una iniciativa muy valiosa y que celebro porque es una forma de seguir protestando, denunciando y exigiendo justicia en un contexto pandémico de reducción de la movilidad, la interacción social y las convocatorias masivas. Si algo ha caracterizado a las mujeres feministas es que siempre han encontrado la forma de expresarse y articularse.

E.F.: Tenés escritos libros sobre racismo, ¿Cuál es la diferencia en frecuencia y tratamiento entre los femicidios de la mujer blanca y la mujer afroamericana?

E.P.G.: Los medios no siempre reseñan los femicidios. No todos son considerados «noticiables» a menos que el crimen haya sido perpetrado con extrema saña y crueldad, que el cuerpo haya sido abandonado en espacios públicos de gran afluencia, que la víctima sea muy joven pero en una edad sexualizable (los femicidios de las niñas pequeñas son ocultados porque rompen con el relato de que «se lo buscaron») o que la víctima y el agresor satisfagan los estereotipos clasistas para alimentar el relato de que este tipo de crímenes eran de esperarse porque ocurren principalmente allí, en el barrio, la villa, la favela.

En este contexto los femicidios de las mujeres afrodescendientes también suelen ser invisibilizados y desestimados por racismo, porque las vidas de las mujeres racializadas se consideran menos importantes que las vidas de las mujeres blancas que, de por sí, son subvaloradas. En las pocas oportunidades en que estos crímenes sexistas contra mujeres racializadas son reseñados por los medios es porque permiten legitimar prejuicios o estereotipos: las víctimas son asociadas a bandas criminales, pandillas o a la prostitución, lo cual evita que se genere empatía con las víctimas y por tanto respuesta social.


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