La política es cosa de minas

En los últimos días, diferentes periodistas agredieron con «chistes» sexistas y nombres de enfermedades a la vicepresidenta Cristina Fernández y a la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti. Es importante aclarar que la libertad de expresión permite analizar y criticar los mandatos de les gobernantes pero descalificar, insultar y juzgar su aspecto físico es violencia política.

Jorge Lanata, en su programa dominical Periodismo para todos, se burló de la apariencia física de Carla Vizzoti comparándola con una imagen de la modelo Kate Rodríguez hipersexualizada. En ese «chiste» hay otro mensaje, el cual dice que el espacio de lo público, de lo político, no es para las mujeres. En el mismo canal pero en el programa de Mirtha Legrand, conducido actualmente por su nieta Juana Viale,  Baby Etchecopar se refirió a la expresidenta con términos como «cáncer» y «sola», esta última en relación a la ausencia de su marido.

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El repudio a estos dichos fue generalizado. El lunes pasado, 63 legisladores del Frente de Todos presentaron una denuncia ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Visual, que señala que los dichos de Etchecopar implican formas de violencia simbólica, mediática y política.

El periodista tiene antecedentes machistas y misóginos: ya había sido denunciado ante el INADI por otros dichos violentos. «Si tu hija de 12 años sale mostrando las tetas y haciendo trompita, hay una provocación», señaló refiriéndose a Micaela García, víctima de femicidio. Además, fue imputado por estigmatizar a las trabajadoras de peajes en agosto de 2019, cuando se quejó de su atención y las descalificó con términos como «boludas», «asquerosas» y «pendejitas».

Es necesario mostrar que estos no son casos aislados. A pesar de que las nuevas generaciones intentan cambiar los modos de referirse a las mujeres, las redes sociales y los medios masivos de comunicación siguen siendo un lugar de ataques e insultos para las que se atreven a meterse en política. Podemos tomar como ejemplo a Ofelia Fernández, la diputada más joven de la Ciudad de Buenos Aires, quien es constantemente denigrada y amenazada en sus redes sociales.

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A su vez, es habitual que en diferentes programas se asocie lo femenino con lo débil o con las tareas del hogar. Sin ir más lejos, Gustavo Sylvestre utilizó la frase «lloran como señoritas» en un debate en su programa en el canal C5N. Otro ejemplo es Domingo Cavallo, quien en una nota para La Nación declaró: «Cristina nos atendía como una buena ama de casa, nos traía el café y servía la mesa. Nunca ella era la interlocutora en temas serios de política» en referencia a la actual vicepresidenta.

Estos mensajes van más allá de los medios de comunicación, repiten los estereotipos machistas que asumen que el lugar de las mujeres no es la política sino la familia, el gestar, el maternar, el vivir en la casa, específicamente en la cocina: lo privado. La idea que quieren imponer es que no importa lo que hagamos, lo que digamos o cómo nos desempeñamos en nuestro trabajo. Importa qué nos pusimos, si engordamos, si estamos maquilladas, si somos viejas.

Violencia política

A fines de 2019, se convirtió en ley el proyecto para tipificar la violencia política como violencia de género:

«Se define acoso político como acto de presión, persecución, o amenazas, y a la violencia política como acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas, sexuales que tienen propósito reducir, suspender, impedir o restringir el ejercicio de una mujer en una posición política, o inducir a una mujer, a cometer un acto o una omisión, en relación con su mandato político».

-Modificación de la ley 26.485. 

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Cuando un político usa estereotipos de género para atacar a sus oponentes mujeres, el acto se convierte en un caso de violencia contra las mujeres en política, dado que sugiere que las mujeres, como mujeres, no pertenecen al ámbito político. Esto implica un mensaje amplificado y disciplinador para otras que se quieran dedicar a lo mismo.

Fuente: Instituto Nacional Electoral de México

Vivimos en una sociedad que valora a las mujeres por su apariencia; se felicita a quienes cumplen con el mandato de belleza hegemónico, convirtiéndolo entonces en una obligación. Hay que hacer lo que sea para encajar en ese modelo porque «eso es ser mujeres». También se convierte en una condición de acceso al trabajo: no importan nuestro desempeño, habilidades e inteligencia, seremos evaluadas por si somos «feas» o «lindas» de acuerdo al criterio imperante.

¿Alguien cuestiona el peso o la ropa de los políticos hombres? ¿Hacen referencia a si son viudos, solteros o casados? ¿Alguien juzga su carácter? ¿Se espera que sean sumisos y agradables? ¿Se los compara con otros hombres más jóvenes o más flacos? Cuando se critica su desempeño, ¿se los denomina «cáncer» «loco» «gordo» «solterón» o «viejo»?

No se trata de poner a las mujeres de la política en un rol de víctimas, mucho menos de prohibir que se juzgue se desempeño en el ámbito público. Pero a los varones no se les exige el requisito de belleza profesional porque el espacio de lo público se considera naturalmente masculino. Solo queremos igualdad.


Fuentes:


#Opinión: Menos recursos, más represión y exposición

El informe transmitido en el programa «Periodismo para todos» acerca del chico de 11 años expuso la existencia de un entramado mediático e institucional, cuyo objetivo es culpabilizar y castigar a quienes carecen de oportunidades en nuestro país en un contexto socioeconómico donde casi 6 de cada 10 menores son pobres, y en el que la presencia de violencia estatal hacia los que tienen menos recursos es visible, incluso, en casos como la represión a los trabajadores de PepsiCo.

 

A partir de la entrevista al menor que se transmitió el domingo pasado en el programa conducido por Jorge Lanata en Canal 13, distintos medios se hicieron eco y lanzaron todo tipo de opiniones punitivistas. Durante el ciclo, en la parte superior de la imagen se podía leer el hashtag «#DrogasyCurros», utilizado en Twitter por muchos usuarios que coincidieron en que el menor debería estar preso.

 

El hecho de haber presentado a un niño que confesó tener acceso a drogas y que se adjudicó varios delitos, reales o no, opera en función de construir una representación estigmatizante que, lejos de visibilizar o analizar las causas por las que vive en esas condiciones,contribuye a instalar el tema de la baja en la edad de imputabilidad, en sintonía con la ideología del gobierno actual, que encuentra en ese proyecto una posible solución al problema de la inseguridad.

 

Sin ir más lejos, en un momento del relato, el nene expresó: «No me da nada nadie. (…) Son todos pobres», refiriéndose a su familia. En cuanto a datos estadísticos, un informe de la UCA publicado la semana pasada indicó que 7,6 millones de niños, es decir, el 59% de la población infantil total, no tienen cubiertas las necesidades básicas como alimentación adecuada, vivienda, educación y asistencia médica. Entonces, es conveniente repensar si encerrarlo y negarle esas oportunidades, que ya señaló de forma explícita que no tiene, es la manera acertada de cambiar su realidad y la de tantos otros chicos que viven en la calle.

 

Además, la madre del menor junto con la organización Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) denunció penalmente al canal por «el uso de una imagen que viola leyes y tratados internacionales de los derechos del niño», y al Secretario de Seguridad del Municipio de Lanús, Diego Kravetz, por «extorsión, amenazas y violencia física y verbal» sufridas por su hijo de parte de personal policial, antes y después de aparecer en el informe.

El Estado es responsable, los medios también

La violencia ejercida desde el Estado, y en concreto desde el aparato policial, está dirigida a aquellos que no tienen espacio en el modelo que impone este gobierno: no importa si son menores en situación vulnerable, tampoco si son personas despedidas de forma injusta de sus trabajos.

 

A las amenazas y las extorsiones que denunció la madre del chico, se suma la represión política ante el reclamo laboral social. El caso más reciente es el de los trabajadores de PepsiCo, que fueron despedidos de manera abrupta, y tras salir a defender su puesto laboral, fueron desalojados con violencia por 300 policías bonaerenses; como en su momento ocurrió con el personal de Cresta Roja, y con los docentes de la Escuela Itinerante frente al Congreso, entre muchos otros ejemplos.

 

En este sentido, es importante destacar que el vaciamiento de la planta de Florida se dio por el cierre imprevisto y el traslado de la producción a otra fábrica en Mar del Plata, lo que llevó a que trabajadores que contaban con empleo hasta hace unas semanas, al ser despedidos de pronto, decidieran tomar la fábrica para reclamar la reincorporación. El gobierno ordenó la presencia policial, que actuó con gases lacrimógenos y balas de goma.

 

Frente a un panorama donde empresas cierran y vacían plantas, personas pierden su trabajo y quedan en la calle, y menores sufren la falta de asistencia y políticas para reincorporarse en la sociedad, la postura del Estado, ente que debería garantizar y respetar los derechos de los ciudadanos, es la de responder con más violencia. Desde nuestro lugar, es clave escapar de esa visión propuesta por algunos medios, despojada de todo tipo de sensibilidad, que refuerza el modelo represivo que encuadra a personas marginadas como enemigos sociales.

 

Fuente imagen destacada: Disculpen la molestia