«Hombre de mierda»: juicio a Cristian Aldana

El martes comenzó el juicio al líder de la banda El Otro Yo, acusado por siete mujeres de abuso sexual y corrupción de menores. Se preve que será un proceso largo, ya que se espera que declararen 102 testigos.

Durante la segunda audiencia pública quedó en evidencia que la estrategia de la defensa de Cristian Aldana será poner en duda la salud mental de las mujeres denunciantes, además de plantar la idea de que se trata de un boicot en contra del músico.

El martes, la primera audencia (tambien pública) pautada para comenzar a las 9 a. m., se atrasó hasta pasado el mediodía. Se esperaba que declararan 3 de las 7 denunciantes pero la declaración de la primera duró más de cinco horas y se decidió llamar a un cuarto intermedio.

Aldana está detenido en el penal de Marcos Paz desde diciembre de 2016, cuando fue procesado por el delito de abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante y corrupción de menores. Además, se lo acusa por transmisión de enfermedades.

La primera en efectuar una denuncia en contra de Aldana fue una ex novia. La relación ocurrió cuando ella tenía 13 años y él 34. Luego de hacer público su testimonio, y a partir de la visibilización de muchos otros relatos a través de la página de Facebook “Víctimas de Cristian Aldana”, se registraron otras 6 denuncias penales ante el juzgado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

Los abusos fueron cometidos entre 1999 y 2010, y en la mayoría de los casos se trata de menores de edad que tenían entre 13 y 18 años al momento del acto. Los delitos por los que se acusa a Aldana están penados por hasta 20 años de prisión.

La próxima audiencia será el 5 de junio pero sin público, sin prensa y sin que Aldana vea a las mujeres que declararán, quienes así lo solicitaron considerando el tenor de las acusaciones.

Entrevista de Matria a tres de las denunciantes.

 

 


Fuentes:

La foto de portada pertenece a  Pedro Lázaro Fernández/Clarín.

#Judiciales: Travesticidio de Diana Sacayán

Diana Sacayán, una de las principales activistas del movimiento de derechos humanos y de la lucha por el reconocimiento y la inclusión social del colectivo travesti en Argentina, fue asesinada en octubre de 2015 dentro de su departamento. Su cuerpo fue hallado dos días después. Por el crimen fueron imputados y detenidos con prisión preventiva Gabriel David Marino, su expareja, y Félix Alberto Ruiz, conocido de Marino.

Este 2 de febrero, la Cámara Nacional de Apelaciones confirmó los procesamientos de los imputados por el travesticidio de Diana, asesinada de 13 puñaladas en el barrio de Flores. La causa continua caratulada como «homicidio agravado por violencia de género».

La Comisión de Familiares y Compañerxs de Justicia por Diana Sacayán comunicó el 7 de febrero que el juicio oral y público por el travesticidio de Diana comenzará el 16 de febrero, según lo informado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La defensa de un imputado pidió apartar de la causa al Instituto Nacional contra la  de Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Finalmente, la Cámara de Casación  rechazó el planteo, por lo que el organismo estatal continuará como querellante de la causa al igual que la familia de Diana.

El travesticidio es una consecuencia de la discriminación histórica contra las personas trans en la sociedad. Por lo tanto, el fiscal, Matías Di Lello, y la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, fueron quienes solicitaron el pedido de juicio oral, ya que consideran que el homicidio estuvo motivado por ser una mujer trans.
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El hermano de Diana y representante de la querella familiar, Sasha Sacayán,  expresó: “Este juicio será histórico porque es la primera vez que la muerte de una compañera travesti es investigada como un crimen de odio y se enmarca en la violencia estructural a la cual son sometidas miles de personas travestis y trans».
La Comisión de Justicia por Diana Sacayán viene desplegando desde hace más de dos años una estrategia política, jurídica y de movilización social para visibilizar este caso y lograr juicio y castigo a los culpables. Durante los últimos meses, cientos de personas participaron en diferentes actividades a realizarse durante las audiencias para pedir una condena ejemplar.
Tal vez muchos aún desconocen quien era Diana; es importante poder visibilizar quién era y cómo luchó por un mundo mejor. Diana fue la primera transexual en obtener su documento con identidad femenina. Dirigía la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales (ILGA), y el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL).
Una vez más, la violencia machista se hizo presente. Una vez más, gritamos #NiUnaMenos. Cientos de agrupaciones seguirán saliendo a la calle, movilizándose, pidiendo justicia, exigiendo el cese de travesticidios. Una vez más, decimos BASTA.
Justicia para que esta luchadora pueda descansar en paz; justicia por esos sueños que se arrebataron. JUSTICIA.

Garantizar derechos no es delito

El pasado miércoles se conoció la sentencia del juez José Oscar Colabelli en el caso de la médica procesada por garantizar el derecho al aborto.

La médica acusada de mala praxis y de haber realizado un aborto punible seguido de muerte fue absuelta del cargo de «homicidio culposo», pero condenada por «lesiones culposas» a un mes de prisión en suspenso y un año de inhabilitación profesional.

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Foto: La Tinta

En diciembre del año 2015, Maira (nombre utilizado para resguardar la identidad de la fallecida), una joven de 17 años, acudió al Hospital Subzonal de El Maitén, provincia de Chubut, para solicitar la interrupción legal de un embarazo. Abril (cuya identidad también está protegida), la médica que la atendió, le explicó cómo era el procedimiento de acuerdo con la normativa vigente, en la que se establece que al ser mayor de 14 años, solo se necesita consentimiento escrito de la paciente para proceder.

La interrupción del embarazo fue llevada a cabo en ese mismo hospital, bajo la supervisión de los médicos, ya que Maira no quería hacerlo por su cuenta. Pasadas 48 horas de la realización del procedimiento, se le hicieron los controles pertinentes y, al no haber signos de infección o un sangrado excesivo que requiriera de nuevos chequeos, se le dio el alta.

Al día siguiente, Maira se presentó con vómitos y diarrea en la guardia, tras lo cual fue internada por unas horas y supervisada por los médicos. Esa misma noche, regresó hinchada y con los glóbulos blancos muy altos, y tras una ecografía fue derivada al Hospital de Esquel. En dicho hospital, le realizaron una cirugía mediante la cual, según los médicos que intervinieron, se encontró pus y adherencia en su abdomen, y las trompas del útero pegadas a los intestinos y el apéndice. Tras la cirugía, no la mantuvieron en terapia ya que se encontraba estable. Sin embargo, Maira falleció al día siguiente.

Los padres de la joven denunciaron a Abril por mala praxis, alegando que su hija había fallecido a causa del aborto que le habría causado una sepsis (una infección que se extiende a todo el cuerpo) y, más tarde, la muerte al no ser tratada a tiempo. La acusación pública fue presentada por el fiscal Carlos Díaz Mayer.

El proceso judicial duró dos semanas y fue caratulado como “Interrupción legal del embarazo, practicada por un médico abusando de su ciencia y arte con el consentimiento de la mujer seguido de muerte”. Durante su transcurso, se citó a declaración a 25 testigos, en su mayoría presentados por la querella. Sin embargo, no se pudo probar una vinculación entre la muerte de Maira y el aborto realizado por Abril, ni el incumplimiento por parte de la médica de ningún protocolo de atención.

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Foto publicada en las redes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito expresó a través de un comunicado su disconformidad con la investigación, en la cual no se tuvo en cuenta el accionar de los médicos que la atendieron en Esquel, a quienes se desligó de cualquier responsabilidad en la muerte de Maira, y señalaron incoherencias varias en el informe presentado por la perito forense oficial y la falsedad del certificado de defunción presentado en la autopsia. También repudiaron la actitud del fiscal Mayer, a quien acusaron de no tener intención de esclarecer la muerte de Maira sino de culpar a la médica.

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Foto: Pagina/12

Stella Maris Manzano es ginecóloga y perito médico, y fue una de las impulsoras de la ley que regula los abortos no punibles en la provincia de Chubut, sancionada en 2010 por unanimidad tras el caso de una adolescente de 15 años en Comodoro Rivadavia que llegó a la corte provincial para defender su derecho a la interrupción de un embarazo producto de una violación. Fue la misma Stella quien realizó el aborto a la menor, cuando ningún médico de la ciudad quería hacerlo.

En una publicación que compartió en su cuenta de Facebook, expresó su enojo por el fallo del juez y sostuvo que a él no le importó lo que ella y otras tres médicas declararon con respecto al estado de Maira días después de realizado el aborto, donde dejaban en claro que no había ninguna infección abdominal ni sangrado fuera de lo normal.

Indicó que no se puede llamar «lesiones culposas» a la infección de una placenta que no es parte del cuerpo de una mujer, que puede ser fácilmente extraída con un legrado sin dejar secuelas y ser tratada con antibióticos. Agregó además que las sepsis o infecciones graves solo se ven en casos en que las pacientes recurrieron a métodos no seguros para realizarse un aborto en primera instancia, donde hubo introducción de sondas o material no esterilizado en el útero, o incluso por haber tenido relaciones sexuales durante los 15 días posteriores a realizado el aborto con medicamentos, pero que de todas formas no había evidencia de que siquiera hubiera existido dicha infección.

Mencionó también al novio de la joven, quien había tenido actitudes violentas para con ella y quien le habría dicho que «tenía algo» para que abortara ya que, en caso de no hacerlo, confrontaría a sus padres y contaría lo sucedido en la iglesia. Sin embargo, el juez se negó a realizar un examen toxicológico para comprobar si la joven había tomado algo que pudiera haberla intoxicado y haberle ocasionado las complicaciones que se presentaron luego; tampoco investigó al novio, quien podría haberla forzado a tener relaciones sexuales a pesar de que los médicos le habían indicado que no lo hiciera, causando así la supuesta infección.

Concluyó su descargo diciendo que:

«Este es un juicio misógino, que intenta castigar y disciplinar a lxs médicxs que garantizamos derechos a las mujeres. Un juicio que nos muestra que nuestros conocimientos, pruebas, fotografías, no valen nada para los funcionarios de tribunales. También busca provocar miedo en las mujeres que piden abortos».

 

Fuentes consultadas
Notas Periodismo Popular

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito

Diario Jornada

 

Del escenario a la corte

Esta semana, comenzó el proceso judicial que la cantante Taylor Swift inició contra el DJ David Mueller por acoso y como respuesta a la demanda del DJ en su contra.

Taylor Swift, quien ha sido señalada en las redes por ser un claro ejemplo de lo que se conoce como white feminism («feminismo» que pone el foco en mujeres blancas, cisgénero, heterosexuales, de clase media-alta, y que deja excluidas a otras mujeres y sus problemáticas), se enfrenta esta semana al DJ David Mueller, a quien denunció por acoso.

Todo comenzó en el año 2013, cuando Swift dio un show en el estadio Pepsi Center en Denver en el marco de una de sus giras. Antes de que comenzara el show, Mueller y su novia conocieron a la cantante en el detrás de escenaAl momento de tomarse una foto, Mueller agarró el glúteo de la cantante, lo que ella creyó que había sido simplemente un accidente y por lo que decidió correrse. Sin embargo, en declaraciones posteriores, Swift dijo que él continuó sujetando su glúteo aún cuando ella se movió y que incluso levantó su falda para hacerlo. En el momento, quedó perpleja por la situación y más tarde se la comentó a sus guardaespaldas, quienes confrontaron a Mueller y más tarde a su jefe en la radio KYGO, donde era conductor de un programa matutino.

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La foto que Taylor Swift presentó como prueba del acoso.

Mueller, quien luego de las acusaciones fue despedido de la radio, demandó a Swift en el año 2015 por tres millones de dolares, acusándola de haber inventado la historia del acoso que le costó su trabajo y dañó su imagen.

Un mes más tarde, Swift presentó una contrademanda donde mantiene sus dichos sobre lo ocurrido en 2013, y pide un dólar simbólico como reparación de los daños.

Mueller, quien fue el primero en declarar el día martes, dijo que su mano estaba tocando las costillas de la cantante, o tal vez su falda, pero no de manera intencional, y que luego de que los guardaespaldas lo confrontaran, los instó a que alertaran a las autoridades, cosa que no hicieron.

La madre de Swift, Andrea, fue una de las testigos presentadas por parte de los abogados de la cantante. Prestó testimonio el pasado miércoles y dijo:

«Entré al camarín y vi su cara, pude notar que algo estaba mal (…). Ella me dijo ‘mamá, un tipo me acaba de agarrar la nalga’. Yo quería llorar y vomitar al mismo tiempo».

Su madre también declaró que la decisión de no alertar a las autoridades fue en pos de preservar a su hija: «No quería que este evento definiera su vida». Ante la pregunta de si había buscado testigos de lo sucedido, dijo que creía en la palabra de su hija y, señalando a Mueller, agregó que él era quien la había acosado y que sabía que era cierto.

El turno de Swift de declarar fue este jueves. Ante la corte, dijo:

«Lo sentí agarrar mi glúteo debajo de la falda. Él se quedó pegado a mi mejilla desnuda mientras me alejaba de él. [Su mano] no me soltó».

Cuando el abogado de Mueller la acusó, diciendo que ella podría haberse tomado un momento para informar lo ocurrido, Swift respondió que «su cliente podría haberse tomado una foto normal conmigo». Además, ante la hipótesis de que tal vez ella se habría confundido al señalar al DJ como el responsable, sentenció: «No voy a permitir que usted o su cliente digan que yo tengo la culpa de lo que pasó».

Se espera que el juicio termine la semana próxima, pero se especula que el jurado podría tomarse bastante tiempo hasta dar su veredicto.

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Fanáticas en una oficina frente a la corte muestran su apoyo a la cantante.

La cantante declaró que la principal razón por la que lleva a cabo este juicio es para que otras mujeres que hayan pasado por situaciones similares se animen a hablar al respecto.

Fuentes consultadas:
ABC
BBC
The Guardian