Removieron de su cargo al fiscal Julio Castro denunciado por violencia sexual y laboral

El Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal decidió por unanimidad remover de su cargo al fiscal Julio César Castro por mal desempeño y por no haber obrado con buena conducta. En la decisión se acreditaron «numerosos hechos de suma gravedad» cometidos por el fiscal que se repitieron a lo largo del tiempo y que mostraron un ensañamiento hacia las mujeres.

A Castro se le imputan cargos por actos de acoso sexual y laboral y de maltrato en general. Los actos de acoso sexual estuvieron dirigidos a distintas mujeres que se desempeñaron como dependientes en fiscalías que estuvieron a su cargo o que trabajaron en otras dependencias del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial. También se lo acusa de cometer hechos de maltrato laboral contra empleados y funcionarios que prestaron servicio bajo sus órdenes. Por su parte, las similitudes de los relatos de las víctimas, que no se conocían entre sí, brindaron verosimilitud a los testimonios.

Ex Fiscal Julio César Castro.

En el expediente, unas seis mujeres declararon haber sufrido acoso sexual, situaciones que oscilan entre comentarios e invitaciones a salir, dentro y fuera del ámbito laboral. Es por ello que en la acusación que habían realizado los fiscales Federico Reynares Solari e Indiana Garzón se había solicitado la remoción del ahora ex titular de la Fiscalía General Nº13 ante los Tribunales Orales Criminales y Correccionales.

El tribunal que dio a conocer el veredicto estuvo conformado por Adriana Donato, en representación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, César Grau, por el Senado de la Nación, Juan Carlos Paulucci y Alejandra Obregón, por el Ministerio Público Fiscal, Francisco Panero, en representación de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Laura Giosa, del Consejo Interuniversitario Nacional y Héctor Recalde, representante del Poder Ejecutivo Nacional.

Un machista siempre tiene antecedentes

Además de las denuncias en el ámbito laboral, los fiscales recordaron también un episodio de «contacto inadecuado» que tuvo Castro hacia una joven menor de edad a través de Twitter y la condena penal del 2019 que pesa sobre el fiscal, que se encuentra en etapa de revisión en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Dos años atrás fue considerado culpable frente a los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado en dos oportunidades con lesiones leves, en perjuicio de su ex pareja, en contexto de violencia de género. Si bien fue condenado a 6 años y seis meses de prisión, no se hicieron efectivos por no existir una condena firme debido a las instancias de apelación. Además, por estar gozando de una licencia por razones psiquiátricas, el fiscal no fue suspendido en sus funciones, lo que implica que continuó cobrando su sueldo hasta mayo de este año.

Fotografía de Claudia Conteris para el Portal Fiscales.

Los violentos no son casos aislados

Si bien en los últimos años se han dado avances en cuanto a los derechos de las mujeres y se han creado nuevas normas, como la obligatoriedad de la capacitación en ley Micaela, no son suficientes; hombres violentos con denuncias por abuso y acoso siguen siendo los encargados de tomar las denuncias y llevar a delante los procesos de las mujeres violentadas.

Otro ejemplo es el del juez Pedro Fragueiro en Misiones, provincia en la cual su gobernador, Oscar Herrera Ahuad, no aceptó la renuncia presentada por el magistrado luego de recibir cinco denuncias por abuso sexual realizadas ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Oberá y ante el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas. Al recibir las notificaciones, desde el Colegio de Abogados presentaron un pedido de jury hacia Fragueiro ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), lo que condujo a su suspensión por 15 días mientras se realizaba un sumario administrativo.

Las acusaciones fueron efectuadas por mujeres que compartieron espacios de trabajo junto a Fragueiro. La primera fue por un hecho sucedido en 2017 cuando el juez era encargado de esa área en la Unión de Rugby de Misiones. La segunda fue realizada por una mujer que trabajaba en su juzgado por un abuso sucedido en febrero de este año. La tercera por una denunciante que tenía un trámite en su juzgado, quien dice haber sido acosada en las entrevistas. Las otras dos restantes las realizaron dos empleadas del Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Oberá y de Posadas.

¿Puede un varón denunciado y condenado por delitos sexuales estar a cargo de la Unidad Fiscal especializada en Delitos Sexuales? Hasta hace unos días la respuesta era sí. Castro y Fragueiro son solo algunos de los tantos hombres que aun con denuncias previas forman parte de la justicia patriarcal. A la hora de elegir a los representantes de la ley se debe tener en cuenta que la violencia sexual en el ámbito extraoficial constituye mal desempeño. Del mismo modo, es necesario remarcar que la violencia y el acoso son una amenaza para la igualdad de oportunidades laborales.


Fuentes:

Imagen de portada: Claudia Conteris para Fiscales


¿Permiso para violar?

Una joven venezolana de 18 años de edad fue violada en su primer día de trabajo. Luego de tomar una bebida que su nuevo jefe le había ofrecido sintió mareos, por lo que pidió ayuda por mensaje de texto a su mamá. Cuando la policía llegó encontraron las puertas del local cerradas y adentro al dueño vistiendo a la joven inconsciente. El violador se encuentra en libertad.

Irineo Humberto Garzón Martínez es un comerciante que tiene un local de uniformes en Paso 693, Balvanera, provincia de Buenos Aires. Hace una semana, una joven encontró un aviso laboral en Facebook dentro de un grupo cerrado de personas venezolanas: pedía una empleada para un local de venta de uniformes. Ella comentó la publicación y recibió por privado una invitación de Garzón para cenar el viernes por la noche, supuestamente, para entrevistarla. Como se negó, él la citó el sábado a la mañana en el lugar de trabajo, no sin antes preguntarle si estaba soltera y si tenía los papeles al día.

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La madre de la mujer desconfió de la situación y le pidió la dirección del lugar y los datos del dueño. La joven comenzó a trabajar ese mismo día y tras aceptar un vaso de jugo empezó a sentirse mal y alcanzó a avisarle a su mamá antes de desmayarse: «Creo que el dueño de donde trabajo me drogó porque me siento mareada», escribió.

Publicación Revista Sudestada

La madre llamó a la policía y fueron hacia el comercio. Cuando llegaron, el local estaba cerrado al público y encontraron a la joven en el fondo mientras Garzón la vestía y limpiaba el lugar. Luego de darse a conocer la noticia, otra joven se comunicó con la familia de la denunciante para asegurarle que había vivido una situación similar con el mismo comerciante.

Otra vez, la justicia patriarcal

La jueza del Juzgado Criminal y Correccional N°15 de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Zucconi, lo imputó por abuso sexual simple pero lo dejó en libertad considerando que no había peligro de fuga ni de entorpecimiento de la causa. A la hora de tomar esa decisión, también tuvo en cuenta que el denunciado no tenía antecedentes. Todos detalles cuestionables considerando que el acusado mintió sobre su domicilio, intentó fugarse cuando lo encontraron en su comercio y posee todos los datos de la denunciante gracias a la entrevista previa.

En una conferencia con distintos medios, la madre de la joven aseguró que su «hija está presa y el violador libre», dado que tiene miedo y no se anima a salir de su casa. Por su parte, el accionar de la jueza no es novedad, ya tuvo decisiones controversiales en otros casos como en el femicidio de Marianela Rago y el de Lucía Yaconis: ambos impunes. Las formas de la justicia patriarcal se repiten en reiteradas ocasiones, operan vulnerando y revictimizando a las mujeres.

Los derechos de las denunciantes no son vulnerados solo por la justicia patriarcal, sino que los medios de comunicación juegan un rol importante. Tras mediatizarse los hechos, se viralizó un video en el que se podía ver el momento en el que rescataban a la joven del local, filtrando su estado y las palabras que le dijo a su madre. Mostrar las caras de las personas agredidas y brindar información de sus vidas no son más que otras injusticias por las que ninguna víctima debería pasar.

No se trata de hechos aislados

Según datos brindados por el último informe del Ministerio de Seguridad, en el año 2019 hubo 5536 víctimas de violaciones y 16592 víctimas de otros delitos contra la integridad sexual; siendo las mujeres las principales agredidas en ambos casos. Además, explica que la tasa cada 100.000 habitantes de víctimas de delitos contra la integridad sexual registró un incremento de 28,9 % en el último año: de 38 en 2018 varió a 49,2 en 2019.

Mientras las mujeres comparten su ubicación y cuentan cómo están vestidas para que las puedan buscar si algo malo les ocurre, los agresores se encuentran en libertad. A la hora de ir a estudiar, salir con amigues y hasta buscar un trabajo, los cuerpos feminizados están expuestos a peligros que los demás no. El problema nunca fue la edad, la forma de vestir o el accionar de las víctimas, sino los violadores. Necesitamos una justicia y una sociedad comprometidas para erradicar el machismo en todas sus formas, sin tener que llegar a sus máximas representaciones: las violaciones y los femicidios.

Si sos víctima de violencia de género podés comunicarte a la línea 144 las 24 horas del día.


Fuentes:

Imagen de portada: Ni una menos


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Cristina Vázquez: cuando la (in)justicia te quita la vida

Cristina Vázquez estuvo 11 años privada de su libertad por un crimen que no cometió. El miércoles pasado fue encontrada ahorcada en su vivienda del barrio El Palomar en Misiones. ¿Qué hicieron el Estado y el Poder Judicial estos meses para reparar el «error» en su contra?

La policía provincial se acercó hasta su casa luego de que su hermana, María Alejandra, alertara que no contestaba sus llamadas y al ingresar encontraron sin vida a la mujer de 38 años de edad. La policía científica realizó los peritajes correspondientes y miembros del Gabinete Psicológico de la Comisaria de la Mujer acompañaron a la familia.

En diciembre del año pasado había recuperado su libertad por falta de pruebas. Familiares y amigas coinciden en que lo que más la atormentaba era su futuro. Si bien había conseguido un empleo en Cáritas, no le alcanzaba para pagar el alquiler y cubrir sus gastos. Elles afirman que no recibió ningún tipo de ayuda al salir de la cárcel por parte del Estado para poder trabajar o estudiar.

inocente

Cristina tenía 19 años en 2001 cuando la acusaron de matar a una vecina. Siete años después, sin pruebas, la condenaron a cadena perpetua. La situación hizo que la Asociación de Pensamiento Penal y el Centro de Estudios Legales y Sociales se presentaran como amicus curiae. La noche del 28 de julio de 2001, Cristina Vázquez estaba con Celeste García y Pedro Oyhanarte en una quinta a ocho kilómetros de su casa. Un vecino atestiguó haberlas visto irse juntas del barrio. Se quedó a dormir allá y pasó todo el 29 con sus amistades.

Esa misma noche, entre las 21 y las 22, su vecina Erselida Lelia Dávalos, de 79 años, fue asesinada a martillazos. La alarma de su casa nunca se activó ni había puertas o ventanas forzadas. Según un testigo, la última persona vista en la casa fue un electricista que estuvo haciendo arreglos hasta las 21:30. La investigación no siguió esa pista; tampoco se indagó a familiares y conocides.

A días del homicidio, la policía se acercó a la casa de Cristina Vázquez y la acusó de haber robado y matado a su vecina, junto con una conocida y su novio. Su nombre surgió sin fundamentos en la foja 82: una mujer se presentó en la causa para decir que un hombre andaría vendiendo joyas que pertenecerían a Erselida. Ese hombre sería Ricardo Jara, pareja de Cecilia Rojas, conocida de Cristina Vázquez.

Les tres fueron condenades a prisión perpetua. Esa mujer declaró una vez durante la investigación pero en todo el proceso no volvió a testificar ni se presentó en el juicio oral. Tampoco aparecieron las joyas. En la escena del crimen no hubo rastros ni huellas de Vázquez y diez pruebas científicas avalan que Cristina no tuvo relación con el hecho. Tampoco hay testigos directos que acrediten su culpabilidad.

presa por pobre y por mujer

La propia condena afirma que no hay pruebas suficientes sobre su participación en el hecho.  A pesar de ello, el tribunal construyó la culpabilidad de Cristina en base a rumores, cargados de prejuicios de género y de clase. Para la prensa local, Vázquez era «la reina del martillo». Ningún medio de la zona se interesó en hacer una investigación del caso o una entrevista a la acusada.

Se la juzgó desde la imagen prejuiciosa de mujer joven, cuando lo que se debía juzgar era una acción que no se probó. La propia sentencia reconoce la falta de pruebas: «Si bien no existe prueba directa que acredite la autoría de los encartados respecto del hecho investigado, sí hay prueba de carácter indiciaria suficiente para consolidar un estado de certeza sobre el hecho investigado y sus autores».

En la sentencia se admite no saber cuál fue el rol que habría cumplido en el delito. Así se incurre en contradicciones porque, por un lado, se la acusa de haber «franqueado» la entrada de otras personas a la casa de la víctima aprovechando su confianza (fojas 62 y 81) y, por otro, se la acusa de haberla matado porque la víctima la reconoció (fojas 62 y 74). Según el Observatorio de Pensamiento Penal:

«En base a un juicio moral se le endilga a Cristina Vázquez tener un estilo de vida “promiscuo y marginal” (fs. 48), ser “adicta a la marihuana” (fs. 49); “tener como modo de vida cometer delitos contra la propiedad para obtener dinero a los fines de adquirir estupefacientes y, así, satisfacer sus adicciones” (fs. 51). De esta forma se construyó una imagen negativa, haciéndola quedar como una joven desinteresada, sumida en el mundo de las drogas y sin familia presente,  capaz, según los parámetros de los jueces, de matar a una vecina para satisfacer su “adicción” (fs. 76)». 

Observatorio de Pensamiento Penal.

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DOCUMENTAR LAS INJUsTICIAS

Tras recuperar su libertad en diciembre de 2019, Cristina recibió en su casa a Nora Cortiñas, a su defensora, Indiana Guereño, y a su amiga, la periodista Magdalena Hernández, quien la visitó durante seis años. De esas visitas surgió el documental sobre su causa «Fragmentos de una amiga desconocida». La película fue producida por Mita’i Films y contó con el apoyo del cineasta Enrique Piñeyro. Los escenarios en los que transcurre el filme son la celda en la que estuvo detenida Cristina, el penal de Posadas y su casa donde sus padres, su hermana y su sobrina relatan la espera.

Según contó Magdalena Hernández a Página 12, el propósito es que se conozca el precio de la injusticia: «La impunidad de una Justicia feudal y patriarcal y de sus representantes, que no tuvieron el coraje ni siquiera durante estos días, de dar su testimonio o presentar su renuncia». El documental «Fragmentos de una amiga desconocida» está disponible en la plataforma de Cine Argentino de manera gratuita acá.

Tráiler de «Fragmentos de una amiga desconocida».

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Luz Aimé Díaz, viñetas de justicia patriarcal

En mayo de 2018, Luz Aimé Díaz es muchas cosas.

Estudiante del Bachillerato Popular Trans Mocha Cellis, a donde llegó para completar su escolaridad y seguir estudiando. Inquilina del Gondolín, conocido hotel del barrio de Villa Crespo en donde viven 47 mujeres travestis y trans, que se autogestionan organizadas bajo la modalidad de Asociación Civil.

Trabajadora sexual, migrante y sobreviviente de varios ataques transodiantes, uno de ellos sufrido a sus trece años a manos de un cliente que la molió a golpes. Como consecuencia de ese ataque, Luz perdió el 100% de la visión de su ojo izquierdo y conserva apenas un 25% de la visión del derecho. Dice que aprendió a manejarse sin bastón y que los clientes que vinieron después, en los años, nunca se dieron cuenta.

Es preciso detener el devenir de la escritura en este punto y pedirle al lector que repase el párrafo anterior. Que intente pensar en una niña de trece años en situación de prostitución. En el cliente, varón y adulto, que pide sus servicios y luego de usufructuarlos los paga con golpes y ceguera. En los clientes del después, varones también, que no registran que están ante una persona ciega, creando una especie de paradoja de lo visual y de la propia acción y efecto de percibirlo.

En mayo de 2018, Luz, de por entonces 21 años de edad, es contratada por dos hombres en el barrio de Palermo. La llevan a su departamento y los atiende, de a uno, en una habitación. En la habitación de al lado, se encuentra un hombre secuestrado, atado y amordazado. Luz no se da cuenta de nada. Concluye su servicio y se va. La vida —y ella— siguen siendo muchas cosas por los siguientes dos meses.

Y entonces llega julio, el frío, un hotel y algunas copas, también en Palermo. Dos hombres se acercan, igual que en aquella noche del mes de mayo. Le preguntan cuánto cobra por un servicio. Cuando los saca cagando, se identifican como policías y le develan la verdad: la buscan por aquel secuestro del cual nunca se había enterado.

La llevan detenida y al cabo de unos días la trasladan al penal de Ezeiza. Allí pasa ocho meses con prisión preventiva, hasta que vuelve al Gondolín con arresto domiciliario. Desde entonces, la sostienen sus compañeras y les docentes del Bachillerato. Su familia también, desde su Salta natal, como puede. Aguarda fecha de juicio, que ya fue pospuesto en dos ocasiones.

En la opinión pública se ha expresado un generalizado repudio y el pedido de absolución. Se ha dicho que la justicia tuvo un accionar patriarcal y sesgado, que no contempló perspectiva de género ni el historial previo de vida de Luz.

El accionar judicial fue esencial y fundamentalmente transodiante. Lo suficiente como para establecer que una filmación de Luz entrando al edificio es prueba suficiente para adjudicarle la autoría de un secuestro. Para creer que ella, aun en condiciones generalizadamente desfavorables y con una discapacidad visual, sería capaz de doblegar físicamente a la víctima. Para creer, además, que tendría motivaciones para hacerlo, destacando que se trataba de un varón homosexual.

Al creer eso, la justicia reprodujo el mito que dibuja a la mujer travesti-trans como necesariamente vinculada al crimen y creó otro peor: la idea de que las personas LGBT se matan y secuestran entre ellas, sin otro motivo aparente más que lo intrínseco de sus identidades de género o sus orientaciones.

¿Y por qué omitiría considerar la discapacidad visual de Luz como limitante objetivo para cometer un secuestro, cuando fue comprobada por sus propios peritajes? ¿Por qué resolver todos los interrogantes del caso en su presencia en el edificio, sin investigar a los hombres que aquella noche la llevaron?

Lo cierto es que hoy es junio de 2020 y Luz no está sola. Tiene a su lado un ejército de amor y aguante. Una comisión formada para defenderla y ayudarla en lo que haga falta. Sus compañeras del Gondolín confeccionan barbijos y los venden para cubrir los gastos en una cuarentena que a la mayoría de ellas les impide trabajar. También reciben donaciones de artículos de higiene y alimentos en la sede del hotel, respetando los recaudos que impone la contingencia.

Luz no está sola. Pero su caso deja abierto un interrogante final, imposible de evitar: ¿cómo sondear la aparentemente insondable soledad que produce descubrirnos a nosotras, las mujeres en toda nuestra diversidad, unidas, pero a merced de un aparato judicial que con vía libre y total impunidad nos odia?


Imagen de portada: noralezano

Dejen laburar

María “Malú” López es madre, sostén de hogar y trabajadora autónoma. Desde la noche del martes se encuentra detenida tras un allanamiento en su lugar de trabajo. ¿El motivo? La persecución sin tregua al trabajo sexual autónomo.

El día 10 de octubre, en un operativo violento, el domicilio que Malú López compartía con otras tres compañeras fue allanado en la zona norte de la ciudad de Mar del Plata. Por ser la mayor, María fue separada de las demás y se la dejó incomunicada. Sus amigas declararon que todas eran trabajadoras sexuales autónomas, que estaban allí por propia voluntad y que no había tal situación de trata ni proxenetismo.

Malú es la referente de Mar del Plata de AMMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, que hoy incluye también diversidad de géneros y de modalidades de trabajo sexual.

En una nota realizada en julio de este año por el portal Cosecha Roja, López decía: “Pasa todo el tiempo. Detienen a las más grandes y las acusan de ‘proxenetas’. Pero somos putas, no sarnosas. Somos mujeres trabajadoras”.

En un comunicado publicado en el día de ayer, AMMAR denuncia que María sufrió una descompensación a causa de estar más de 24 horas sin la medicación que debe tomar a diario.

Por otra parte, Malú es madre de seis hijxs, dos de lxs cuales son menores de edad, y el ingreso que proviene de su trabajo es el único con el que cuenta su hogar. Aun así, se encuentra incomunicada desde su detención.

Desde la Asociación declaran: “Estamos intentando acceder a la causa para poder acompañar y apoyar a María en el proceso judicial al que se tendrá que enfrentar porque en Argentina se equipara trata con trabajo sexual”.

LA INDUSTRIA DEL RESCATE

Esta falta de diferenciación entre trabajo sexual autónomo y el delito de trata de personas se debe a la Ley 26 842, sancionada en el año 2012, yconocida como la “ley anti-trata”.

Esta Ley crea una “industria del rescate”, que revictimiza a las trabajadoras sexuales autónomas organizadas en cooperativas para trabajar de manera más segura. La norma determina de forma expresa que el consentimiento de las partes no exime de responsabilidad penal, civil o administrativa. Las trabajadoras denuncian esta situación como una clara infantilización de sus personas.

Para comprender esta legislación y la actual industria del rescate que se empecina en construir responsables de un delito, aun cuando no lo hay, hay que remontarse a las llamadas Guerras del Sexo que tuvieron lugar en Estados Unidos, entre los sectores abolicionistas del feminismo y aquellos conocidos como prosexo.

Cargos de gobierno y en las Naciones Unidas fueron ocupados por el abolicionismo, gracias a mandatarios conservadores tales como Ronald Reagan.

Los informes realizados por el Departamento de Estado estadounidense, con claro sesgo abolicionista, y las recompensas a aquellos países que “rescatasen” más víctimas también explican cómo llega a constituirse en Argentina el negocio de la fabricación de víctimas.

Por otra parte, en el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas adoptó el Protocolo de Palermo, también conocido como el Protocolo contra la trata de personas, el cual nuestro país aprobó y sancionó con fuerza de ley en el año 2002. Este protocolo tampoco contempla el consentimiento de las partes involucradas e iguala trabajo sexual con trata de personas.

Bajo esta lógica rescatista, departamentos donde las trabajadoras sexuales trabajan de manera colectiva son allanados, se acusa de proxenetismo a aquella(s) persona(s) que figuren en el contrato de alquiler y se considera víctimas de trata a las prostitutas que se encuentren en el inmueble, incluso si expresan que se encuentran allí de propia voluntad, como sucedió en la noche del martes con Malú y sus compañeras.

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Fuente: comunicado del sitio web de AMMAR

María Riot (@riotmaria), trabajadora sexual feminista y militante de AMMAR, escribió en su cuenta personal de Twitter que “sus compañeras, a quienes quieren anotar como víctimas, fueron a pedir por ella”. Asimismo, relata que la hija de López pide desesperada poder verla.

Brune, trabajadorx sexual marplatense y militante de la Asociación, denuncia en Facebook: “La parodia que existe en torno a la lucha contra la trata de personas y la industria que se monta en pos de combatirla hace que la policía, funcionarios públicos y agentes municipales [sic] nos criminalicen a quienes ejercemos el trabajo sexual autónomo para hacerse una buena caja chica y, de paso, hacer parecer que trabajan”.

En una publicación en su muro, Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR a nivel nacional, critica como en otras ocasiones a la apelación al derecho penal (y, por tanto, al sistema punitivista) para afrontar problemáticas sociales y, más precisamente, para perseguir y criminalizar a las putas, en clara demostración del funcionamiento patriarcal de la justicia.

Siguiendo el mismo lineamiento, Brune escribe: “Malú son todas las putas que hoy están presas. Lo confirmamos cuando vemos las estadísticas de las personas condenadas por el delito de trata de personas: casi la mitad de ellas son mujeres, mientras que en todos los demás delitos, sólo una de cada diez personas lo es”.

Desde AMMAR denuncian en su comunicado el aumento de la criminalización de la pobreza y la persecución a los sectores vulnerados de la población.

Con esta lógica punitivista, el delito de trata de personas no disminuye, mientras que sí se vulneran los derechos de mujeres trabajadoras, muchas de ellas madres solteras y sostenes de hogar.

Por otra parte, las cárceles se llenan de mujeres pobres, mientras que los verdaderos responsables y sus cómplices en los altos cargos de poder continúan libres e impunes.

Mientras tanto, las putas ponen en marcha mecanismos de acompañamiento y de la denominada “zorroridad”, y son claras en su manifiesto: “Las putas que mandaste presas van a volver”.

Imagen:
Cuenta de Instagram del Sindicato de Trabajadoras Sexuales.

Justicia patriarcal en La Matanza: Separan a madre e hijo víctimas de violencia de género

El pasado miércoles, la jueza Petrona Martínez del Juzgado N°5 de La Matanza, provincia de Buenos Aires, ordenó retirar al hijo de Valeria Sainz Moreno del jardín de infantes con la fuerza pública para apartarlo de la tutela de su madre, quien ya realizó más de 30 denuncias contra su expareja, Horacio Javier Otranto, por violencia de género.

La Justicia vuelve a fallar de forma arbitraria y violenta contra una mujer. Luego de insistir en una revinculación forzada entre el niño y el agresor, y considerar que la madre es la culpable de impedir el desarrollo de la relación filial, la jueza decidió entregar al menor al cuidado de la abuela paterna, con la intermediación de la policía y sin notificar previamente a la madre.

Además, Sainz carga con una condena en suspenso por «impedimento de contacto», y ahora se le aplicó una perimetral que le prohíbe acercarse a su hijo, quien se encuentra internado en el Hospital Italiano de San Justo por una crisis nerviosa. El violento, mientras tanto, permanece libre y sin procesamientos.

Valeria denuncia a Otranto hace años porque suele emboscarla cuando camina con el niño por la calle o entrar en la casa para atormentarlos y golpearlos. Los informes psicológicos y del abogado del niño constataron que, por su personalidad violenta, no está en condiciones de ejercer paternidad. Sin embargo, la Justicia fomenta el acercamiento y la relación entre el menor y Otranto.

En la historia de Valeria, la violencia machista se confabula con la violencia ejercida por las instituciones. Cuando la causa era tratada ante el Juzgado de Familia N°4, su abogado defensor asentó varias denuncias ante la Suprema Corte de Justicia provincial por irregularidades en el accionar de Juan Manuel Delfino, titular de la dependencia judicial, y sufrió aprietes por ello.

A mediados del 2014, pasó a hacerse cargo la jueza Martínez y la situación empeoró para madre e hijo, ya que se encargó de promover la revinculación forzosa y los encuentros entre las partes, situaciones en las que el niño se quebraba en llanto en cuanto veía al progenitor.

Familiares y amigxs organizan diferentes actividades para visibilizar la causa y exigir justicia. Hoy participarán desde las 10:30 hs en Yrigoyen al 2569 (San Justo) en la realización de una radio abierta.

Imagen extraída de Página 12.