Ley Yolanda: el gran paso socioambiental

La semana pasada se aprobó la ley Yolanda que obliga a todes les funcionares y polítiques a capacitarse sobre materia socioambiental. Esto, aunque es el inicio de algo muy grande, nos ayuda a creer que se están tomando cartas en el asunto y que, quizás, pueda de verdad haber un cambio.

Fue sancionado en Cámara de Diputados con 213 votos a favor, 2 abstenciones y uno en contra que corresponde a Francisco Sánchez, diputado del PRO de Neuquén. Anteriormente, ya había sido votado con unanimidad en la Cámara Alta.

Ya no había tiempo para tardar en tomar este tipo de decisiones, lo que llevará a que les funcionares tengan un mejor conocimiento de temas de biodiversidad, desarrollo sostenible, cambio climático, entre otros. Se espera que con esta iniciativa les polítiques tomen las correctas decisiones y/o proyectos con otra perspectiva más amigable con la naturaleza y el futuro de la sociedad.

Para la confesión de estos tipos de lineamientos determinaron la participación de científiques especializades y organizaciones ambientales que tendrán confeccionar los lineamientos generales. Esta iniciativa tiene un plazo de 90 días para entrar en vigencia y cada organismo de los tres poderes (Judicial, Ejecutivo y Legislativo) deberá presentar un programa de capacitación en este período, teniendo en cuenta los ejes temáticos tratados en la ley.

Dentro de los organismos van a haber autoridades identificadas que deberán garantizar el cumplimiento de la ley a través de la capacitaciones. Para poder corroborar que se está llevando a cabo esta iniciativa se creará una página web donde se indicará el porcentaje de personas que fueron capacitadas y les funcionares deberán presentar un informe anual.

Las personas que se nieguen o que no cumplan con la realización de las capacitaciones serán sancionades. El incumplimiento se considera una falta grave, aunque estas no serán grandes intimaciones. Pero la persona que no tome este tipo de capacitación -sea interesante o no para cada quien-, claramente no valora los reclamos de su propia sociedad.

Esperemos que este tipo de sanciones le permitan a les polítiques denunciar y tomar medidas que sean correspondientes para que de verdad exista un cuidado ambiental. Porque sino la capacitación podría ser en vano. No solo son las decisiones que se toman a partir de ahora, sino también los cambios que se tienen que buscar a los problemas y abusos que ya existen.

¿Quién fue Yolanda?

El nombre de este decreto es en honor a Yolanda Ortiz, tucumana graduada en Química que llegó a ser la primera secretaria de recursos ambientales y ambiente humano de Argentina. Fue la primera mujer en ejercer este cargo en todo Latinoamérica, creado en 1973 por Juan Domingo Perón. La ex funcionaria falleció el 22 de junio del año pasado, a los 94 años. En sus últimos años ejerció como asesora ad honorem en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

Cuando fue el derrocamiento de Perón, Yolanda se exilió a Venezuela por seis años. Cuando finalmente regresó al país creó la ONG CAMBIAR, la cual se dedicaba a educación ambiental.

«La ecología es la única ciencia que, en tanto ciencia, llama a una toma de conciencia».

– Yolanda Ortiz, 2016.

Este tipo de leyes en Argentina son para festejar. Es un gran paso, ya que se podrá crear nuevas leyes entorno a lo socioambiental y poner en el centro de la agenda pública estas problemáticas. Este es el comienzo de una gran historia para toda la sociedad. Este tipo de cambios son necesarios, ya que con personas al poder sin educación en la materia es muy probable -como sucede- que arruinen el planeta.

En tanto, la responsabilidad en ambiente es de todes, no solo de les polítiques. La educación ambiental debería ser obligatoria en cualquier institución o entidad, porque sin personas conscientes del daño que se puede provocar a la naturaleza, a largo o mediano plazo, el mundo no estaría como está. Es el esfuerzo colectivo lo que hace este tipo de cambios.



Fuentes:

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Noviembre con N de Nuevas leyes

En una jornada maratónica, durante la última sesión ordinaria de la Cámara Baja del Congreso se aprobaron más de 70 proyectos de ley. A su vez, esta semana aparecieron tensiones en el Poder Ejecutivo por la resolución de la Secretaría de Salud de la Nación que actualizaba el protocolo para la interrupción legal del embarazo (ILE): la actualización fue derogada 48 horas después y el Secretario de Salud renunció.

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Mi cuerpo no quiere tu opinión

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley que tipifica el acoso callejero como delito de violencia de género. La iniciativa busca incorporar este tipo de agresiones a la Ley de Protección Integral a las Mujeres, sancionada en 2009.

La norma fue impulsada por la diputada del FpV-PJ Diana Conti, y buscó modificar la Ley 26.485 sancionada años atrás. A su vez, se pretende y quiere añadir una línea gratuita, articulada con las provincias a través de organismos gubernamentales.

La creación de organismos gubernamentales y/o no gubernamentales, junto a la creación de líneas telefónicas gratuitas, que brindan contención y asesoramiento para quienes lo necesiten, es muy importante porque las víctimas, al fin y al cabo, siempre están desprotegidas. Aunque se reconoce que es un proceso lento, es necesario recalcar la importancia que tiene que existan lugares y/o organismos de resguardo.

Según un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo bonaerense, se reveló que 8 de cada 10 mujeres sufrieron acoso callejero. Además, solo el 3% aseguró que realizó la denuncia policial. No solo nos trauman y asustan, sino que se cree fehacientemente que la denuncia no favorece a la víctima.

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Estos resultados se obtuvieron tras colectar 300 testimonios a mujeres de diferentes edades y de las localidades de La Plata, Ezeiza, Esteban Echeverría y Lomas de Zamora, y se pudo establecer que el hostigamiento empieza en la preadolescencia.

Además, en el relevamiento se determinó que en el 60% de los casos el acoso fue verbal, mientras que en el 3,5% hubo contacto físico, y el 35% de esos ataques tuvieron situaciones tanto físicas como verbales.

Por nuestra parte, promovemos y apostamos a estas leyes que, día a día, nos ayudan a defendernos y resguardarnos de una sociedad y una realidad que nos agobian. Es de suma importancia que exista acompañamiento del Estado y diferentes organismos que contengan a las víctimas.

Nuevamente, apostamos a la hermandad, unidad que nos llevará a conseguir todos los derechos que merecemos y que, gracias a la lucha intensa, hoy por hoy, nos lleva a lograr este tipo de reconocimientos. Porque todos debemos gozar los derechos que merecemos y es imprescindible que así sea.

Nos hacemos eco al grito de «De camino a casa quiero ser libre, no valiente».

FUENTE: La Nación.

Modas marcadas, modas que marcan

«NO SEAS ESCLAVA DE LA MODA» es el lema que lleva la campaña lanzada recientemente por el brasileño Márcio Nazianzeno, que muestra a través de una serie de imágenes las marcas que dejan los talles pequeños o la ropa ajustada en el cuerpo de la mujer.

Es un problema que se extiende a escala global: no está limitado a Argentina o Brasil, ya que en muchos lugares del mundo no se cuenta con la Ley de Talles, y en muchos otros sí está vigente mas no se hace efectiva ni se cumple de forma adecuada. Es por ello que a través de esta propuesta se busca concientizar acerca de la importancia que esta problemática conlleva.

Algunos especialistas señalan que usar ropa ajustada afecta a la circulación sanguínea y causa dolores, varices y celulitis, pero más allá de la mirada médica, es necesario contar con una amplia gama de talles que se correspondan tanto con el cuerpo de cada mujer como con el gusto que cada una tenga en la elección de sus prendas.

En base a una encuesta realizada en 2016 a 2554 personas de entre 12 y 68 años, dirigida por la organización social AnyBody Argentina, se calculó que el 68,8% de los participantes manifestó tener problemas para adquirir talles grandes, y se prevé que el porcentaje aumente si la ley continua implementándose como hasta ahora.

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Además, Nazianzeno aseguró que las marcas se asemejan a huellas de agresión o tortura, y apuesta a que esta campaña pueda denunciar a la industria que ha limitado la libertad de vestirse, continuando con el movimiento que se viene impulsando también a escala global, desde Estados Unidos y Europa.

En nuestro país, hay provincias que ya cuentan con la Ley de Talles, como es el caso de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Córdoba, San Juan, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz.

No seas esclava, ni de la moda ni de nadie. VOS, ELLA, NOSOTRAS, YO, TODAS necesitamos talles grandes, necesitamos poder vestir cómodo y, para ello, se debe hacer efectiva la ley.

NO SEAMOS ESCLAVAS DE LA MODA.

FUENTE: Los Andes/AnyBody Argentina.

 

¿Se puede prevenir?

El femicidio de Micaela causó gran conmoción en la población argentina y abrió cientos de debates; entre ellos, sobre el funcionamiento de nuestro sistema de justicia. En Estados Unidos existen dos leyes vitales que pueden ser fácilmente adaptadas a nuestro país.

En julio de 1994, Megan Kanka, de siete años, fue violada y luego asesinada por su vecino, en el pueblo de Hamilton, Nueva Jersey, Estados Unidos. Su asesino ya tenía dos cargos por violación agravada y, sin embargo, pasó solo nueve meses en prisión y seis años en un centro de rehabilitación, para luego ser liberado. En enero de 1996, Amber Hagerman, de nueve años, fue secuestrada mientras andaba en bicicleta alrededor de la casa de sus abuelos en Arlington, Texas, Estados Unidos. Su cuerpo fue encontrado al lado de un arroyo y la autopsia indicó que murió por heridas punzantes en el cuello. El asesino nunca fue encontrado. Estos dos casos fueron los que propiciaron la creación de la Ley Megan y la Alerta Amber.

La Ley Megan, vigente en Estados Unidos desde 1994, implica que toda la información que las autoridades tengan acerca de delincuentes sexuales liberados por la justicia tiene que ser pública. Esto consiste en datos de apariencia, lugar de vivienda y trabajo. A su vez, en febrero de 2016, Barack Obama autorizo la Ley Megan Internacional, lo que significa que si una persona estadounidense que cometió delitos sexuales o tiene cargos en su contra con dicha carátula viaja al exterior, las autoridades deberán informarle al país al que irá acerca de su pasado con la justicia.

Por otro lado, la Alerta Amber es un sistema de comunicación conectado a todos los celulares estadounidenses. Esta se activa cuando se denuncia la desaparición de un menor de dieciocho años y se tiene la información suficiente para lograr una descripción del niño y un sospechoso. Consiste de un mensaje enviado a todos los teléfonos celulares de las zonas involucradas con la descripción del niño, el sospechoso y, a veces, un vehículo. De esta forma, los ciudadanos están en alerta para que, si ven elementos similares a los descritos, puedan informar a las autoridades. Aunque la Alerta Amber fue creada en Estados Unidos, ya se utiliza también en otros trece países del mundo.

Si bien son leyes creadas específicamente para la protección de menores de edad, no está de más considerar su adaptación a las necesidades del país para poder aplicarla con eficacia, dado que en la Argentina desaparecen 140 mujeres por año (Información de la Procuraduría de Trata y Explotación de personas). Nuestro sistema de justicia tiene muchas fallas, pero ninguna que no pueda ser corregida.


Orgullo y Prejuicio: Trabajo Sexual Autónomo

La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), fundada en 1994 e integrante de la CTA desde 1995, presentó en 2013 su proyecto para la regulación del trabajo sexual autónomo. Desde entonces, luchan por su tratamiento en el Congreso Nacional. Reclaman que son invisibilizadas, no sólo por los políticos y los grandes medios de comunicación, sino también por sectores del feminismo abolicionista.

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Con varios años de lucha a sus espaldas, las afiliadas de Ammar eligieron autodefinirse como trabajadoras sexuales y no prostitutas, para dejar de cargar con el estigma que recae sobre su actividad. Con el mismo objetivo, intentan dejar bien en claro la diferencia entre proxenetismo y trata de personas con fines de explotación sexual –ambos delitos- y trabajo sexual autónomo –actividad lícita-.

Desde Ammar reclaman que quiénes defienden el lema “mi cuerpo es mío” muchas veces olvidan que las trabajadoras sexuales tienen el mismo derecho que cualquier otra persona a la autodeterminación de su cuerpo y su sexualidad, y que no necesitan que nadie hable por ellas. Cuestionan las condiciones en que ejercen su actividad y no a la actividad en sí misma.

La asociación denuncia que aún existen en Argentina medidas que penalizan el trabajo sexual. Por ejemplo, el Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto Ley 8031/1973) establecen multas y/o arrestos para quienes ofrezcan o demanden sexo en espacios públicos. Además, el decreto 936/2011 prohíbe la difusión de mensajes con ofertas sexuales.

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Debido a la situación adversa en el ámbito legislativo que fomenta la clandestinización de su actividad, proponen el tratamiento de un proyecto de ley que regule su ejercicio. Definen como trabajo sexual a “la actividad voluntaria y autónoma de ofrecer servicios sexuales a cambio de un pago y para beneficio propio”. Mediante estas precisiones, buscan protegerse del proxenetismo y desprenderse de la vinculación con la trata de personas.

De a poco, y cuestionando el sentido hegemónico sobre la sexualidad, las mujeres de Ammar se van ganando un lugar en la lucha feminista. El 8 de marzo, fueron incluidas por primera vez en el manifiesto que se leyó en la marcha por el Paro Internacional de Mujeres.

Sin embargo, el debate sigue vigente entre quienes sostienen que todo comercio sexual implica explotación y debe ser erradicado, y quienes denuncian que la decisión es individual y debe ser respetada la autonomía de cada mujer sobre su propio cuerpo.

 


Fuentes:

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