Grey Anahí Ríos: la violencia transodiante viralizada

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ presentó su informe semestral, del 1 de enero al 30 de junio, que da cuenta de 69 crímenes de odio, de los cuales el 78% corresponden a víctimas mujeres trans (travestis, transexuales y transgénero). Dentro del 16% se encuentran los varones gay cis y con el 4% de los casos les siguen las lesbianas. Por último, el 2% corresponde a los varones trans.

El 6 de septiembre, Grey Anahí Ríos, una mujer trans hondureña de 34 años, estaba en un bar de su pueblo en San José de Comayagua, una zona central de Honduras, cuando la atacaron a machetazos. Grey, quien se dedica al trabajo doméstico, le contó a la agencia de noticias Presentes que ese día acababa de salir de una de las casas en las que trabajaba y sintió sed. «Fui a buscar un refresco en un local donde también venden bebidas alcohólicas», comentó.

Según su relato, al verla dentro del negocio, Jesús Tábora Muñoz (hijo de la propietaria del bar) le dijo «Te voy a matar». Grey no salió del bar, por lo cual el agresor procedió a cumplir su amenaza tomando un machete –instrumento de labranza usado por los campesinos hondureños–: se acercó a Grey y le dio un machetazo en la muñeca izquierda, causándole una profunda herida que requirió la aplicación de diez puntos de sutura.

«Salí sin decir nada para ver si alguien me ayudaba. Fui a sentarme en una banca de un punto de buses. La gente que estaba ahí me ayudó».

Grey Anahí Ríos, mujer trans atacada.

Una de las personas que estaban en la estación de autobuses tomó la foto que se ha vuelto viral en las redes sociales. La foto de Grey ensangrentada sentada en una banca de madera tras el ataque de Tábora se viralizó en las redes sociales con el mensaje: «¡Los derechos trans también son derechos humanos!».

Imagen Archivo

En la imagen se ve a Grey sentada mientras se aprieta la muñeca izquierda con la otra mano en un intento de detener el flujo de sangre que le cubre la ropa y las piernas así como forma un charco en el suelo. «Unas mujeres me apretaron el brazo para parar la sangre», relató Grey. Luego la llevaron a un centro médico cercano para atenderla.

Lamentablemente, el odio y la discriminación hacia Gray no terminaron con el ataque: siguieron cuando radicó la denuncia en el juzgado de paz de San José de Comayagua, donde dice nadie le hizo caso. «Me sentí discriminada porque muchos de los que tomaron la denuncia no me tomaron en cuenta. Sentí que yo no era una persona, que no había derechos humanos para mí», se lamentó. 

El 16 de septiembre, Grey y su abogada llegaron a los juzgados comayagüenses para tener una audiencia con el agresor Jesús Tábora, donde ambas exigieron una orden de alejamiento contra al atacante, así como el pago de los costos médicos derivados de la herida. «También pedimos que no siga el hostigamiento físico y psicológico que él ha tenido contra mí», comentó Grey.

Además de la angustia y el dolor físico, Grey tiene que enfrentarse al desempleo, ya que la convalecencia por la herida le impide trabajar. «Tengo derecho a un empleo y no sé si después de esto estaré incapacitada durante varios meses», sentenció.

Para Grey, no es la primera vez que sufre el desprecio de la pequeña comunidad rural en la que vive. Inició su transición a los 11 años y casi toda su vida, contó, ha sufrido humillaciones y abusos. «Pero soy lo que soy y me siento orgullosa de ser quien soy», agregó. 

El ataque contra Grey es uno entre muchos en Honduras. En 2020, el Observatorio de Muertes Violentas de LGTBI+ de Cattrachas (Honduras) ha registrado 16 muertes violentas de personas de la diversidad sexual. Siete de ellas, personas trans.


Fuentes:


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Orgullo matancero

El sábado 9 de noviembre se realizó la 3° Marcha del Orgullo Matancera y Escritura Feminista habló con una de sus organizadoras, Florencia Guimaraes, la activista travesti del colectivo Furia Trava. Sigue leyendo Orgullo matancero

La reglamentación de la violencia

Entrevista a Luciana Sánchez, abogada feminista y miembro de COPADI (Colectivo para la Diversidad) sobre el nuevo protocolo para la detención y el registro de personas LGBTI que presentó el Ministerio de Seguridad esta semana.

La semana empezó con novedades desde el Ministerio de Seguridad, cartera a cargo de Patricia Bullrich: la difusión del fragante Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T.

El documento, compuesto de tres anexos y acompañado de la resolución ministerial N° 1149-E/2017, reglamenta la manera de actuar de las fuerzas de seguridad al momento de detener a una persona que se identifique con identidades de género u orientaciones sexuales disidentes.

El texto, que parece asumir un lenguaje políticamente correcto, estipula que el registro y las posteriores requisas a personas no heterosexuales y no cisgénero serán efectuados exclusivamente por personal policial femenino, que actuará bajo los principios del Uso Racional de la Fuerza.

Entre otras disposiciones, establece que «la persona detenida será alojada según el género autopercibido”, y que la detención sólo puede aplicarse “de un modo excepcional y siempre que (la persona) tenga prevista una pena privativa de libertad”.

Lejos de transmitir seguridad, el protocolo impuso un clima de profunda preocupación y abrió puertas a toda una serie de dudas, desde el por qué presentar esta herramienta a tan sólo dos semanas de la XXVI Marcha del Orgullo a nivel nacional, hasta el qué sucederá con las trans y travestis que sufren la violencia institucional en carne propia y a diario, ahora que un instrumento oficial regula la represión.

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Diana Sacayán, militante trans, frente a agentes de la Policía Federal.

Escritura Feminista habló con Luciana Sánchez, abogada feminista e integrante de COPADI (Colectivo para la Diversidad), quien considera a este protocolo como “un instrumento que viene a criminalizar al colectivo LGBT, que lo vuelve a asociar al delito”.

Escritura Feminista: ¿Cuáles considerás que son los puntos en los que el protocolo deja mayores dudas o espacio a arbitrariedades?

Luciana Sánchez: Deja lugar a muchas arbitrariedades. Dos son especialmente preocupantes, más allá de que toda la herramienta en sí lo es porque establece cómo pueden usar la fuerza sin ningún tipo de control en el momento: siempre se apuesta al control judicial posterior, que sabemos que muchas veces llega tarde o no llega.

Los dos aspectos que enfatizo están en el Anexo I. El primero tiene que ver con la requisa de una persona desnuda, que se conoce como desnudez forzada, y las requisas íntimas.

El protocolo dice que pueden llevarse a cabo en la dependencia policial, lo que es una barbaridad enorme porque están consideradas tortura, por más que tengan una orden judicial. Tal es así que ni siquiera hay una ley que las prohíba expresamente, porque los tratados de Derechos Humanos lo vienen previendo hace muchos años.

La segunda cosa más preocupante tiene que ver con que en el Anexo I hay una parte que da a entender que no se considerará tortura ningún dolor o sufrimiento infringido que no sea grave y que se realice legítimamente por la policía en el ejercicio de la fuerza.

La regla es que cualquier ejercicio de la fuerza no debe causar ni dolor ni sufrimiento, y que esto debe estar graduado y controlado. La policía no puede ejercer la fuerza en cualquier caso, siempre debe seguir una serie de principios que están desarrollados en el protocolo, pero que aparecen desvirtuados. Es decir, expresa los principios de proporcionalidad, racionabilidad y control, pero después se contradice. 

La violencia como constante

Existen pocos estudios destinados a echar luz sobre la violencia institucional en la comunidad LGBTI en Argentina. Entre ellos, está “La gesta del nombre propio” del año 2005, el primer censo travesti, impulsado por Lohana Berkins y la antropóloga Josefina Fernández, y actualizado en el 2016 en el libro “La revolución de las mariposas” (que puede descargarse aquí).

El relevamiento arrojó que el 83,8% de las mujeres trans y travestis reconocen haber sido detenidas ilegalmente. También se detectó un alarmante índice de abusos sexuales (26,1%) y tortura (25,2%) por parte de los uniformados. En el 42% de los casos se habló de golpes y aproximadamente en la mitad, de coimas.

El Registro de Violencia hacia personas LGBT llevado adelante por la CIDH entre 2013 y 2014 explicó que en los casos de abuso policial en América Latina “se advierten bajos niveles de denuncia”, por miedo “a represalias y discriminación por parte de la policía y las fuerzas de seguridad estatales”, además de advertir muchos casos de “remoción arbitraria y violenta de hombres gay y mujeres trans y lesbianas de lugares públicos”. Situación que, sin ir más lejos, sufrieron Rocío Girat y Mariana Gómez hace unas semanas por besarse en Constitución.

 

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Rocío Girat y Mariana Gómez.

Otra arista que se agrega a esta problemática es la represión policial en las marchas de mujeres, como la razzia que tuvo lugar el pasado 8 de marzo luego del Paro Nacional de Mujeres o en los Encuentros Nacionales de Mujeres de años anteriores.

E.F.: ¿Creés que es necesaria la existencia de un protocolo dedicado exclusivamente a la población LGBTI?

L.S.:Estos protocolos deberían existir para establecer los límites de la policía sobre los  colectivos vulnerables, pero no hacer regla un uso de la fuerza que debería ser excepcional. Ese es el sentido que deben tener y para lo cual Naciones Unidas exige que se redacten; razón por la cual ya había un protocolo en vigencia (desde el año 2011, dispuesto por la resolución 1.811).

Este protocolo está destinado a las actividades que el colectivo LGBTI desarrolla en la vía pública y no a cualquier tipo de crimen, ni siquiera a delitos graves, a estafas, desfalcos, de cuello blanco.

Está orientado a reprimir a la parte más vulnerable del colectivo LGBT, que son las travestis y las trans que realizan actividades relacionadas a su supervivencia en la calle por la exclusión estructural que sufren y a las lesbianas que realizan acciones de visibilidad, protesta.

Entonces es sesgado en ese sentido, busca reprimir la supervivencia y la protesta social, a los dos sectores del colectivo LGBT más expuestos a la violencia policial. El protocolo legitima los excesos de la fuerza y avala una situación que se agravó en los últimos dos años. 

 

E.F.: ¿Cuáles son las diferencias entre el protocolo actual y el que había sido puesto en funcionamiento en 2011?

L.S.:Las diferencias con el protocolo anterior son muchas. En principio, porque el Ministerio de Seguridad en la gestión de Nilda Garré no tenía sólo este, sino que tenía toda una serie de protocolos y una bajada de línea para el uso racional de la fuerza y el control civil de la fuerza de seguridad. Contemplaba formación en género para los agentes.

No es el caso ahora. La brutalidad policial está avalada por la jefatura de la seguridad. Lo vemos todos los días en la calle, lo sufrimos con las compañeras travestis y trans en las plazas, en Once, en Constitución, lo estamos sufriendo en cada una de las manifestaciones en donde compañeras lesbianas y otros sujetos visibles para la policía se manifiestan.

Hacia una Justicia más injusta

El lunes, mientras el protocolo generaba polémica y repudio, otro acontecimiento tuvo lugar: la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó su renuncia, la cual comenzará a correr desde el 31 de diciembre en adelante. Tras haber denunciado diversas presiones, explicó que su partida era un intento de evitar “reformas que rompan el equilibrio” del organismo y afectaran “de manera sustancial su autonomía”.

Estos dos hechos se conectan de forma sutil: la Procuraduría General de la Nación debe velar por el correcto funcionamiento de los procedimientos y por el respeto de los Derechos Humanos en el accionar de las fuerzas de seguridad.

E.F.: Con respecto a la renuncia de Gils Carbó, ¿creés que puede poner en riesgo los avances en materia de género en el ámbito judicial?

L.S.: Hay un antes y un después de Gils Carbó en la Procuraduría. Ella implementó el Cupo Laboral Trans. Incluso antes de que estuviera sancionada la Ley, había trans y travestis trabajando en el Ministerio Público Fiscal.

Esto tuvo un impacto enorme para el Poder Judicial, nunca antes había habido sujetos no cisgénero en trabajando en el Poder Judicial como empleados y empleadas con posibilidades de ser magistradas y magistrados. Siempre habían sido los sujetos criminales.

Además, creó las unidades especializadas con despliegue territorial. Por ejemplo, ATAJO (Programa de Acceso Comunitario a la Justicia) y la RE.TE.GER. (Red Territorial en Género), un trabajo indispensable para los barrios que en otras áreas del Estado de la nueva gestión se viene recortando.

La UFEM (unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales), la PROCUVIN (Procuraduría de Violencia Institucional) y la DOVIC (Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas), son todas instituciones que han cambiado la forma de acceder a la justicia, sobre todo para colectivos vulnerables.

Esperemos que los avances trasciendan a la persona, ese es nuestro mayor deseo.

 

E.F.: Entonces, ¿con qué herramientas se cuentan ante los casos de abusos policiales?

L.S.: Desde lo legal, hay que seguir utilizando la presentación de habeas corpus, de medidas autosatifactivas como la que presentó ATE para la marcha por Santiago Maldonado de esta semana, las denuncias contra las fuerzas de seguridad, los planteos de nulidad en las detenciones. Después están las otras herramientas, las movilizaciones, el reclamo social. 

No es inclusión, es más violencia

Es para celebrar cada vez que los sectores excluidos y estigmatizados son reconocidos por el Estado, porque pasan a tener espacio en las legislaciones y más posibilidades de alcanzar sus derechos. Dejan de ser invisibles ante las instituciones que deben velar por ellos.

Claros ejemplos de esto fueron el matrimonio igualitario, la ley de cupo laboral trans o ley Sacayán (aún no reglamentada) y la ley de identidad de género, entre otras medidas traccionadas por años de lucha y reclamos.

Pero no se puede incluir desde la violencia: con este protocolo el Gobierno está reconociendo a la comunidad LGBTI sólo en términos penales, en lugar de avanzar en la erradicación de la desigualdad.

«Que el INADI haya respaldado el protocolo demuestra que no hay una ley que pueda ser aplicada e interpretada de manera abstracta. Lo que hace la diferencia es tener un gobierno que haga de los derechos humanos una política real, como pasó con la sanción del matrimonio igualitario, bien distinto a lo que pasa en un gobierno antipopular como este«, opinó Sánchez.

17 de mayo: Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia

Hace casi ya 10 años que en nuestro país se conmemora el Día de Lucha Contra la Discriminación por Orientación Sexual o Identidad de Género.

La fecha elegida hace referencia al 17 de mayo de 1990, cuando la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, como fruto de una larga lucha de los colectivos por los derechos de las personas homosexuales.

Fue en 2005, tras un año de campañas, que se celebró por primera vez el «Día Internacional contra la Homofobia«. Cuatro años después se agregó la transfobia -violencia y/o discriminación hacia las personas transexuales o transgénero– y en 2015 se añadió la bifobia –violencia y/o discriminación hacia las personas bisexuales-, lo cual estableció el «Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia«

En 2017 el tópico es la «familia»

Cada año, en el marco de esta fecha, se trata un tema central; en 2017, el tópico es «la familia». Las principales ideas a transmitir son: el respeto a las familias compuestas por miembros de la comunidad LGBTI y el rol que cumplen las familias en el bienestar de sus miembros LGBTI.

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 17 de mayo en la Argentina

En nuestro país, una ley del año 2012 instituyó este día como el «Día de Lucha Contra la Discriminación por Orientación Sexual o Identidad de Género», incorporándolo al calendario escolar y promoviendo la realización de actividades y campañas contra la discriminación durante toda esa semana.

Este año, la Defensoría del Pueblo presentó un proyecto de ley para que cada 17 de mayo, sea izada la bandera LGBTI en las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, y en todos los edificios de la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Para lanzar el proyecto, se llevó a cabo un izamiento de la bandera LGBTI en la sede central de la Defensoría del Pueblo.

Lo que se busca con este proyecto es visibilizar la lucha y los reclamos de las personas del colectivo LGBTI para así promover el respeto a sus derechos.


Imágenes: Defensoría del Pueblo