Caso Abigail: «Cuando se alteran los pueblos agraviados, nunca sin sangre o sin venganza vuelven»

La semana pasada la provincia de Tucumán retrocedió al siglo XVI, donde se daba vida a la obra teatral Fuente Ovejuna escrita por Lope de Vega. El dramaturgo español jamás imaginó que su obra pudiera tener la impronta en estas latitudes del norte argentino donde un hecho aberrante recuerda el argumento de aquella obra basada en hechos reales. 

En el texto de Lope de Vega quedan expuestos a la perfección los excesos que comete el poder —representado en el comendador— arremetiendo contra el pueblo de Fuente Ovejuna, que actúa cuando Laurencia es violada por el funcionario del Rey, mancillando el honor de toda esa comunidad. El texto teatral pone el foco en el pueblo interpelado por el deseo de sangre, el deseo de venganza. 

Salvando las distancias pero no siendo menos comparable lo que sucedió con los tucumanos el pasado miércoles 21 de octubre, toda una comunidad hastiada de la lentitud de la Justicia, decepcionada con todas las instituciones, y acusando a la policía como principal partícipe necesario de la muerte de Rocío Abigail Riquel, decidieron «tomar la justicia entre sus manos». Con un final lamentable —y evitable—, tuvo como resultado la muerte del principal sospechoso, José Guaymás.

El caso Abigail

El domingo 18 de octubre alrededor de las 9 de la mañana, Rocío Abigail Riquel, de 9 años, desapareció de su hogar, lo cual provocó la inmediata reacción de su familia y de los vecinos, quienes emprendieron una búsqueda desesperada. Los padres de la niña se dirigieron a la comisaría de la zona poniendo en conocimiento a las autoridades policiales sobre la desaparición de la menor. Pese a la gravedad de lo que contaron, la policía no tomó la denuncia

No fue sino hasta las 5 de la tarde de ese mismo domingo que los vecinos encontraron el cuerpo de Abigail en un descampado con signos de haber sido abusada sexualmente y luego asesinada a golpes con las mismas piedras que estaban en el lugar. 

El principal sospechoso del femicidio era José Antonio Guaymás, de 25 años, quien según se pudo saber contaba con 19 causas en su contra por delitos contra la propiedad privada. En algún momento circuló también la versión de que tenía antecedentes de índole sexual, aunque esto último fue descartado por José María Molina, abogado de la familia Riquel. 

La viralización de su fotografía en las redes sociales activó una bomba que esperaba su tiempo para estallar en la cara de propios y extraños. Eso finalmente ocurrió en el día miércoles cuando alrededor de 500 personas encontraron al sospechoso y lo lincharon. Las autoridades del Cuerpo Médico Forense y Morgue Judicial confirmaron que Guaymás llegó sin vida a esa dependencia. 

Es la maldita policía 

La policía de Tucumán lleva en su haber el estigma de «no servir para nada». Para los habitantes de la provincia, las fuerzas no solo no cumplen con el trabajo que se les ha asignado, sino que entorpecen y en ocasiones «defienden» a los culpables. Esta misma policía es la que mató al adolescente Facundo Ferreyra en un caso de gatillo fácil, la que también tuvo participación en la desaparición y posterior muerte de Luis Espinoza y se podría seguir nombrando los innumerables casos donde la fuerza estuvo involucrada.

Sin embargo, tanto para el gobernador Juan Manzur como para el ministro de seguridad provincial Claudio Maley, la policía actuó siempre de acuerdo a las disposiciones de la Justicia. No hay autocrítica posible en donde no se reconoce que hubo inacción y excesos en los casos correspondientes. 

La policía tucumana no solo falló en primera instancia cuando no tomó la denuncia, sino que agravó aun más su accionar al no movilizar los recursos necesarios para encontrar a la niña en las primeras horas de su desaparición. La policía falló, otra vez, cuando comenzó la viralización de la identidad de Guaymás. Ese accionar derivó en un solo objetivo: encontrar al presunto autor y matarlo.

Efectivamente, cuando fue capturado por los vecinos recibió golpes y lesiones con elementos contundentes que terminaron dándole la muerte. La policía no solo no garantiza la seguridad de los niños y niñas tucumanas, sino que además no garantiza la seguridad de quien debía tener un proceso justo como principal sospechoso, porque el Estado de derecho —desdibujado en Tucumán— se alcanzó hace muchos años, pero se fue lavando como una tinta berreta con cada lágrima de injusticia en la provincia. 

El pueblo tucumano lo hizo

La sensación que nos queda al oír al padre de Abigail es que ni siquiera siente que lo que pasó sea un acto de justicia. Entre líneas, sus declaraciones hablan de una total decepción con las instituciones de la provincia. No hay palabras que lo consuelen porque creyó desde el domingo a las 9 horas, cuando desapareció Abigail, que el Estado no lo abandonaría. Porque se dirigió a la comisaría como acto reflejo que tiene un ciudadano que exige que sus derechos sean respetados. Pero no recibió lo que buscaba. La palabra de autoridades nunca llegó a sus oídos, ni siquiera un mea culpa por la inoperancia de todos los responsables involucrados. No hubo renuncias. No hubo respuestas. Tampoco, justicia.

Hoy, varios días luego del caos, no solo nos invade la sensación de retroceso sino que también quedó en evidencia el hartazgo de una sociedad que no cree ni respeta las leyes, que no desea ya esperar los tiempos judiciales para resolver estos casos y en donde la violencia sexual a niñas y mujeres en la provincia es moneda corriente. 

Los vecinos se muestran molestos al enterarse de que la Justicia podría tomar como autores de la muerte de Guaymás a las personas que participaron en el linchamiento. Sin embargo, y trayendo a propósito unas líneas de la obra de Lope de Vega: «Cuando se alteran los pueblos agraviados, y resuelven, nunca sin sangre o sin venganza vuelven». ¿No hubo en Tucumán un funcionario que leyera el panorama en esa clave? ¿Era tan difícil imaginar lo demasiado predecible? 

Ante el linchamiento del comendador de Fuente Ovejuna, el Rey resuelve: «Pues no puede averiguarse el suceso por escrito, aunque fue grave el delito, por fuerza ha de perdonarse». Tucumán, en tanto, escribió un capítulo más a su novela de desidia permanente, de política acéfala, de total carencia de Justicia. Tucumán ya no soporta que violen a sus niñas y mujeres. Tucumán tomó la justicia en sus manos, no sin mancharse con sangre.


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Niñas obligadas a maternar

Cada 3 horas, una niña de entre 10 y 14 años tiene un parto en Argentina.

UNICEF – informe maternidad y paternidad adolescente – 2017

La historia de María, según su legajo del sistema de protección de niñez, estuvo atravesada por los abusos sexuales. En los documentos figuran denuncias de cuando ella tenía 3 años de edad —en 2011— y luego dos episodios nuevos padecidos en 2013 y 2017. La niña vive junto a su madre, la pareja de ella y sus dos hermanos de 8 y 6 años de edad en una habitación muy humilde que la familia alquila en las afueras de La Banda, Santiago del Estero.

En este contexto, María, de 12 años de edad, fue victima de violación y como consecuencia quedó embarazada. Acompañada de su madre por un dolor abdominal, se presentó el 2 de abril a la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) N° 3 del barrio Villa Griselda, La Banda, en Santiago del Estero, en donde la derivaron con un turno para el día 6 de abril a otro centro con la excusa que no había ecógrafo. Llegado ese día, confirmaron un embarazo de 20 semanas pero nunca les brindaron consejería en derechos sexuales y reproductivos garantizados por ley.

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De acuerdo con la actualización (2019), para acceder a la ILE (Interrupción Legal del Embarazo), las personas gestantes solo deberán pedirla y cumplir con dos requisitos: dar su consentimiento informado y firmar una declaración jurada que afirme que su situación está entre los casos comprendidos por la ley para la intervención. Entre el pedido y la realización de la práctica no pueden pasar más de 10 días corridosla decisión de quien pide el aborto «es incuestionable y no debe ser sometida por parte de las/os profesionales de salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas».

Lamentablemente, a María le negaron ese derecho ya que, según la médica que se ocupó del caso, María de los Ángeles Pereyra, se demoró casi tres semanas en comunicar a las autoridades sanitarias de Santiago del Estero sobre el embarazo de María.

El informe está fechado el 26 de abril pero llegó al Ministerio de Salud de la provincia dos días después. Lo negligente de la situación es que, en ese mismo documento, la médica informó que la niña entraba en la semana 30 de gestación, es decir, que le agregó un mes y medio al tiempo de gestación real. Por consecuencia se dificultaba la posibilidad de ILE, confiaron fuentes de la gobernación.

Con este contexto les representantes de Fortalecimiento Familiar de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia decidieron derivar a la pequeña al Centro Integral de La Banda, una de las grandes referencias de maternidad en la provincia.

En ese nuevo centro de salud se constató que María no cursaba la semana 30 de embarazo, sino que se encontraba alrededor de las 24 semanas. Pese a que con esa nueva información todavía se podría haber efectuado la práctica de la ILE, un alto funcionario de Maternidad e Infancia se echó atrás y alegó que en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva le habían dicho que no era apropiada la práctica.

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Santiago del Estero es una de las provincias (junto a Corrientes, Formosa, Catamarca y San Juan) que no tiene protocolo para acceder al aborto no punible. A la vez, es una de las provincias con más alto índice de niñas madres, según datos del Ministerio de Salud de Nación.

La ley 26.061 establece que todos los actores sociales son responsables de proteger el interés superior de los niños y niñas y de actuar en consonancia con su reconocimiento y ejercicio. Esto incluye a las familias, al Estado, a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación.

Las niñas que son obligadas a llevar a término un embarazo forzado no son madres: son víctimas de la violencia institucional de un Estado ausente o, aun peor, cómplice con la vulneración de sus derechos. Es necesario que se deje de pedirle a las niñas que sean supuestas heroínas para que puedan ser, precisamente, niñas.


Fuentes: