El cuento de Lucía: el aborto que no fue

¿Cómo justificar el silencio cuando se vuelve tortura, cuando al pedido y la súplica de una niña se responde con mayor violencia? Cuando el mismo Estado, supuesto garante y protector, se convierte en antiderechos pese a una ley activa desde 1921.

El martes pasado, se le practicó una cesárea a una nena de 11 años de Tucumán en el Hospital del Este Eva Perón. Había quedado embarazada tras ser violada por la pareja de su abuela. La niña no vivía con su madre, puesto que su concubino había abusado de sus dos hermanas mayores. Según fuentes judiciales, el autor de estos delitos fue condenado y está preso.

El 25 de febrero, Lucía y su madre solicitaron la ILE (interrupción legal del embarazo) de acuerdo con el artículo 86 del Código Penal, ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo «F.A.L.» de 2012, que certifica que es legal en los siguientes casos:

  • Si el embarazo representa un riesgo para la vida de la persona gestante.
  • Si el embarazo representa un riesgo para el bienestar físico, emocional y social de la persona gestante.
  • Si el embarazo es producto de una violación.

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(Cladem, red regional de organizaciones y activistas feministas, creó la petición dirigida a las autoridades de la provincia de Tucumán para solicitar protección y respeto a los derechos de la niña, a quien se identifica como Lucía, un nombre ficticio).

El gobierno de Tucumán falló y abandonó a una niña de 11 años, violada y sometida a un sistema de salud desigual que desampara y poco responde.

La criatura enfrentó un embarazo que no eligió. Frente a esta situación y en menos de 24 horas, una petición lanzada en la plataforma Change.org por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) consiguió casi 15 mil firmas. La organización internacional Equality Now se sumó como promotora de la petición.

«Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo». Con esa desgarradora declaración, la menor le suplicó a la psicóloga del hospital que le practicasen una interrupción legal del embarazo. La menor de tres hermanas había decidido no continuar con esa gestación pero poco efectivo fue el accionar de las autoridades.

El embarazo se detectó el 23 de enero en el Centro de Atención Primaria de la Salud de la localidad de Siete de Abril, cerca de la frontera con Santiago del Estero. Tras varios intentos de suicidio, la niña fue ingresada por «autolesiones». Lloraba, pedía por su mamá, necesitaba que la abrazaran y la contuvieran. El 31 de enero, la niña fue derivada al Hospital del Este Eva Perón, en las afueras de San Miguel de Tucumán, donde fue obligada a parir bajo una tutela que la oyó pero nunca la escuchó.

El cuento de Manzur

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Con la dilatación de la decisión de permitirle a Lucía acceder al aborto, la provincia incumplió el «Protocolo Interinstitucional para el Abordaje de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual» aprobado por el Poder Ejecutivo y el Judicial de Tucumán en julio de 2015. En este se establece que se debe cumplir con los protocolos de la Nación en casos de violencia sexual y que el sistema de salud debe ofrecer y garantizar la interrupción legal de embarazo como opción terapéutica en caso de embarazo forzado.

«¿Quién se hará cargo de los daños producidos a la niña? Porque el retardo en la ILE viola el derecho a la salud que no es sólo lo físico sino lo psíquico y social, una definición la OMS desde 1948», declaró Marisa Herrera, abogada especialista en Familia.

La niña que jugaba

El Sistema de Salud Provincial (Siprosa) ordenó el lunes por la noche proceder con la práctica para dar cumplimiento a un fallo judicial. «Una nena de esa edad tiene peligro de muerte porque no tiene el cuerpo desarrollado para continuar el embarazo», afirmó Cecilia Ousset, la ginecóloga que le realizó la cesárea a la niña, en un relato estremecedor a través de Radio Nacional Tucumán.

«Cuando llegamos al quirófano, la niña pidió escuchar música cristiana mientras jugaba con muñequitas. La ví y se me aflojaron las piernas, era como ver a mi hija menor. La chiquita no entendía todo lo que iba a pasar».

La profesional denunció que «la nena estuvo 7 semanas a cargo del sistema público de salud y creo que el gobernador Juan Manzur, por una cuestión electoral, impidió que se realizara la interrupción legal del embarazo y obligó a la nena a dar a luz. Eso es tortura».

Nuevos métodos de tortura

El aborto que no fue en el caso de la niña de 12 años, víctima de una violación en Jujuy, también fue parte de este nuevo método de tortura en Argentina donde el acceso a un aborto legal es ficticio. Se le practicó una cesárea y el bebé murió esa misma noche.

«Aplicar la ILE hubiera evitado la agonía que esa recién nacida padeció, además de la maternidad forzada a la que se obligó a la niña», remarcaron diversas organizaciones de mujeres.

La madre de la criatura presentó un recurso formal para pedir la renuncia del ministro de Salud de esa provincia por sacrificar «la intimidad, la libertad, la dignidad y la salud integral» de la niña de 12 años. «No fue ILE, fue tortura», denunciaron desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Jujuy.

¿La vida de quién fue salvada? Solo quedan una criatura con 40% de posibilidades de sobrevivir y la agonía de Lucía, producto del sufrimiento a causa de la ausencia del Estado, de un encarnizamiento fuera de la ley y de la falta de autonomía sobre su propio cuerpo.

 

 


Fuentes:

  • lmneuquen.com
  • pagina12
  • tn.com.ar
  • Fundación Huésped

Fotos:

  • Izquierda Diario
  • La Nación

Niñas, no madres: la grave situación en América Latina

La campaña pretende dar visibilidad a la problemática de salud pública y derechos humanos que predomina en nuestra región: el embarazo de niñas y adolescentes, que en la mayoría de los casos es resultado de la violencia sexual, pero también de la ausencia del Estado en su obligación de protegerlas y reconocerles sus derechos.

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Una situación dramática

El proyecto, que pretende ser la voz de las miles de niñas violentadas, parte de un hecho concreto: América Latina es la única región del mundo donde ha aumentado el número de partos en niñas menores de 15 años. Las consecuencias que enfrentan quienes se encuentran con la maternidad en edades tan tempranas son tanto físicas como emocionales y sociales. Sus vidas resultan doblemente robadas: por sus agresores sexuales y por el Estado.

El futuro de una niña o adolescente víctima de violencia sexual y embarazada es oscuro: no tendrá acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva, se verá forzada a ser madre siendo una niña, su salud física y emocional estarán en riesgo permanente y se preservará el círculo de pobreza y marginación en el que (en la mayoría de los casos) vive, ya que la maternidad precoz suele interrumpir su educación y por consiguiente, su potencial económico.

De la campaña participan el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), Amnistía Internacional y Planned Parenthood. Está centrada en seis países: México, Perú, Guatemala, Nicaragua, Ecuador y Paraguay.

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Cifras alarmantes

En la mayoría de los países, el aborto sólo es legal cuando pone en riesgo la vida o la salud de la gestante. Ecuador lo autoriza también en caso de violación de una mujer con discapacidad mental mientras que México lo hace en todos los casos de violación pero hasta las 12 semanas de gestación. Nicaragua, en cambio, lo penaliza siempre. Estos países priorizan la continuidad del embarazo y obligan a las niñas a convertirse en madres y heroínas. La violencia sexual sufrida parece ser un detalle menor.

Lo que resulta aún más grave de esta situación es que los embarazos a temprana edad y los abusos no son casos aislados. Las cifras son de verdad alarmantes y obligan a tomar medidas urgentes:

  • En México se cometen al menos 600 mil delitos sexuales cada año, 9 de cada 10 víctimas son mujeres y 4 de cada 10 de ellas tienen menos de 15 años de edad;
  • En Perú, 4 de cada 5 denuncias por violencia sexual son de niñas y adolescentes, y el 56% de las muertes maternas en adolescentes son por suicidio;
  • En Guatemala, cada 4 horas se denuncia un caso de violencia sexual contra una niña o adolescente y el 98% de ellos quedan impunes. A diario se registran 5 embarazos de menores de 14 años;
  • En Nicaragua, el 27% de los embarazos registrados en el país son de niñas y adolescentes, de las cuales 47% tenían entre 10 y 14 años. Además, 8 de cada 10 mujeres víctimas de violencia sexual son niñas menores de 13 años;
  • En Ecuador, entre 2002 y 2010, los partos en niñas de 10 a 14 años aumentaron un 78%. En el 2013, se registraron 634 denuncias por violencia sexual en el sistema educativo. El 85% de estos casos fueron cometidos en contra de niñas y adolescentes mujeres; y
  • En Paraguay, en 2011 se registraron 611 embarazos en niñas y adolescentes. Las principales causas de muerte materna son: aborto, toxemia y hemorragia.

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Estados ausentes y derechos vulnerados

Amnistía Internacional afirma que los derechos sexuales y reproductivos se fundamentan en Derechos Humanos establecidos en tratados regionales e internacionales que la mayoría de los Estados de la región se han comprometido a cumplir; entre ellos, La Convención sobre los Derechos del Niño, La Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará).

Además, el organismo destaca como fundamentales entre los derechos sexuales y reproductivos: la libertad para decidir si ser o no sexualmente activo; mantener relaciones sexuales consentidas con independencia de la orientación sexual, no sufrir violencia ni prácticas dañinas, tener acceso a información, a servicios de contracepción y planificación familiar, y a educación sobre la salud sexual.

¿Dónde están los Estados que firman y ratifican pero después obligan a las niñas a continuar con sus embarazos? Desde la campaña denuncian que los países están obligados a prevenir que las niñas sean víctimas de violencia sexual pero también a responder de manera adecuada cuando, en consecuencia, resultan embarazadas. Por eso, realizan una serie de recomendaciones:

  • Garantizar que las niñas víctimas de violencia sexual reciban una atención integral (física, mental y social);
  • Brindar acceso a la anticoncepción de emergencia e interrupción legal del embarazo bajo las causales de violación y riesgo para la vida y/o salud de la mujer;
  • Contar con procesos legales que sean congruentes con la legislación nacional y los estándares internacionales de derechos humanos; y
  • Capacitar de manera permanente al personal médico y judicial en la atención integral que deben recibir las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, con perspectiva de género y derechos humanos.

Que cada Estado se haga cargo de sus compromisos es también una responsabilidad de la sociedad civil. Ésta debe exigir a sus funcionarios el cumplimiento de los tratados internacionales pero aún más, que se garanticen los derechos humanos de todos los ciudadanos. Resulta imprescindible comenzar a revertir la situación de vulnerabilidad que afecta a las niñas y adolescentes en nuestra región.

Fuentes consultadas:

Imágenes: