La pobreza tiene género

Artículo escrito en colaboración por Camila Díaz y Karen Cuesta


El 17 de octubre fue el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y, según Naciones Unidas, el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres. Además, una de cada cinco niñas en el mundo vive en condiciones de extrema pobreza.

Según Amnistía Internacional, «15 millones de niñas no asisten a la escuela primaria, frente a 10 millones de niños. En la adolescencia, muchas niñas tienen que abandonar la escuela secundaria debido a embarazos precoces y al trabajo doméstico». El informe expresa que las mujeres realizan el 66% del trabajo, pero solo reciben el 10% de los ingresos y poseen el 1% de la propiedad. Dentro del ámbito laboral la brecha salarial a nivel mundial es del 24%.

En la misma línea, un informe de UNICEF asegura que dos de las causas de inequidad en el sistema de salud tienen que ver con razones estructurales y de género. Es decir, por un lado, aquellas relacionadas con las condiciones socioeconómicas, el diseño del sistema de salud y las condiciones medioambientales. Por otro lado, buena parte de las muertes están asociadas a embarazos evitables o complicaciones en prácticas abortivas. La mayoría de las mujeres ha experimentado discriminación en el ámbito de salud, con el embarazo de adolescentes entre 9 y 13 años de edad como principal problema. 

las mujeres y el trabajo

Desde una perspectiva feminista se hace mención a la doble jornada laboral que realizan las mujeres, quienes, por un lado, trabajan de manera gratuita dentro de sus hogares y, por el otro, deben afrontar la búsqueda de un trabajo remunerado. Frente a la crisis actual son ellas quienes tienen más dificultades para insertarse en un mercado laboral pensado y estructurado para personas sin responsabilidades familiares: varones plenamente disponibles para el mercado que cuenten con el aporte de una persona encargada del cuidado de la casa y la familia.

A pesar de ser mayoría en la universidad (el 55% frente al 45% de los hombres), el resultado no se traduce en la inserción laboral. De cada 10 graduades, 6 son mujeres y, sin embargo, son quienes sufren mayor precariedad, mayores dificultades para llegar a puestos de poder y peores salarios aunque realicen las mismas tareas que los hombres.

En Argentina, según datos brindados por el INDEC en 2013, el 76% de las tareas domésticas son realizadas por mujeres y el 24% restante por varones. Dentro de la cantidad de horas diarias que le dedican a dicha actividad, el promedio de las mujeres es de 5 a 6 horas mientras que los hombres dedican alrededor de 2 horas.

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La desocupación en las personas trans, travestis y no binaries es aun mayor. Según un informe de ATTTA y Fundación Huésped de 2014 (el último disponible), solo el 18% de las personas travestis y trans han tenido trabajos formales. El 78,6% de las mujeres trans entrevistadas mencionaron que no tienen ningún tipo de cobertura médica adicional que no sea la garantizada por el Estado; solo un 11,9% tiene obra social, mientras que un 8,2% tiene algún servicio de emergencia y un 3% prepaga o mutual.

Asimismo, la pandemia de COVID-19 ha profundizado la pobreza estructural de las mujeres en todos los ámbitos. La ONU calcula que unos 47 millones más de mujeres y niñas caerán por debajo de la línea de pobreza, revirtiendo así décadas de progreso para erradicar la pobreza extrema. Se esperaba que la tasa disminuyera entre las mujeres el 2,7% entre 2019 y 2021. Sin embargo, las proyecciones ahora prevén un aumento del 9,1% debido a la pandemia y sus consecuencias.

Este aumento en la pobreza de las mujeres se debe a que, en su gran mayoría, son ellas y las niñas quienes cargan con las labores de cuidados, haciendo aportes fundamentales para intentar enfrentar el virus. La mayoría prestan cuidados en los hogares y comunidades, así como también cuentan con una menor protección social. Por esto mismo, corren un mayor riesgo de perder sus medios de vida y de todas maneras tienen que seguir haciéndose cargo de las tareas domésticas en su propio hogar, muchas veces en soledad. 

La división sexual del trabajo es una construcción social invisibilizada que asigna roles a las personas a partir de su sexo de nacimiento y convierte la diferencia en desigualdad social. La continuidad de los roles de género fomentan desigualdades sociales, culturales y económicas que generan pobreza. En algunos países, las mujeres tienen que pedir permiso a su padre, hermano o marido para abrir una cuenta corriente, lo que genera obstáculos en el acceso a la propiedad, la vivienda o las finanzas.

Para mitigar el impacto de la crisis por la pandemia, ONU Mujeres ha diseñado una respuesta centrada en cinco prioridades: mitigar y reducir la violencia de género, incluida la violencia doméstica; ofrecer protección social y paquetes de estímulo económico que tengan en cuenta a las mujeres y las niñas; conseguir que las personas apoyen y practiquen el reparto equitativo del trabajo de cuidados y liderazgo; y aumentar la participación de las mujeres y las niñas en la planificación y toma de decisiones de la respuesta ante la COVID-19. 



Fuentes:


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El COVID-19 no afecta a todes por igual

El 20 de abril confirmaron el primer caso de coronavirus en la Villa 31. Pasaron dos semanas: una vecina murió el sábado y ya hay 106 casos nuevos. Una vez más, son las personas de los sectores más vulnerados las que más sufren las crisis.

El Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio obliga a los argentinos y las argentinas a quedarnos en nuestras casas para cuidarnos y cuidar a les demás. Pero, ¿qué pasa cuando unes viven en lujosos barrios privados, en casas que cuentan con todos los servicios, en departamentos de varios metros cuadrados y otres viven hacinades? Las realidades son complejas y es por esto que el gobierno porteño determinó en un principio un «aislamiento comunitario» en las villas. Pero el coronavirus ya está ahí y no hay nuevas respuestas.

Los casos de coronavirus en la Villa 31 y Villa 31 Bis escalaron de 1 a 107 en menos de dos semanas y ya murió la primera persona. Este domingo, Nacho Levy, referente de la Garganta Poderosa, publicó las estadísticas oficiales: hay 31 casos en la Villa 31 y 76 en la 31 Bis; otros 62 en la 1-11-14; 2 en Ciudad Oculta; 2 en la Villa 20; 1 en Rodrigo Bueno; 1 en Barrio Mitre; 1 Barrio Ramón Carrillo; 1 en la 21-24; 1 en Fátima, 1 en Piletones y 3 en «barrios populares sin precisar».

Además, la Villa 31 está sin agua desde hace 9 días y no hay soluciones para las 1500 personas que conforman el grupo de riesgo y que, al vivir hacinadas, no pueden cumplir el aislamiento necesario para sus cuidados.

Como el gobierno porteño no acondicionó ningún espacio para recibir a los grupos de riesgo y sólo se cuenta con 300 camas que prepararon los Curas Villeros, el Hotel cooperativo Bauen ofreció 100 camas más para los barrios populares pero los funcionarios de Larreta no las aceptaron. En el año 2016, Macri vetó la ley de expropiación del Bauen para que sea administrado por la cooperativa de trabajadores que obstruye negocios inmobiliarios de la Ciudad.

Y vos, ¿con qué canción te lavás las manos?

No sirven de nada las campañas de prevención ni los videos institucionales acerca de qué medidas tomar para cuidarse cuando hay un barrio de 50 mil personas sin agua hace más de una semana. Las recomendaciones de higiene que hacen les científiques y repiten les periodistas por televisión son una ficción lejana para elles.

El abastecimiento de agua que provee AySA llega a los límites de los barrios informales y las conexiones hacia el interior las realizan les vecines. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el titular de AySA –empresa prestataria– y es el responsable de garantizar el acceso al agua, que es un derecho constitucional.

Sin embargo, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta rechazó un amparo colectivo presentado por referentas barriales con el respaldo de organizaciones sociales, sindicales y académicas para poner en marcha un plan de contingencia para abastecer de agua potable a les vecines de los barrios populares.

Los primeros casos de coronavirus en las villas fueron mujeres

Unos de los primeros escritos de Nacho Levy en los que denuncia los casos de COVID-19 en la Villa 31 relata: «Hoy no podemos publicar los nombres de las mujeres comprometidas, ni para poner en valor sus vidas, porque no quieren tener la culpa de la culpa que les adjudicarían los demás, ni verse discriminadas todavía más».

No es casual que los primeros casos en la Villa 31 y el primer caso en el Barrio Los Pumitas fueran mujeres. Son quienes llevan adelante los hogares y las tareas de cuidado pero también quienes organizan los comedores, quienes salen a buscar alimentos y quienes se exponen en las filas del cajero.

En los barrios populares, la violencia de género también se agrava durante el aislamiento. El hacinamiento y las complicaciones económicas provocan que la crisis habitacional sea un agravante de la violencia. Desde las distintas Casas de la Mujer y las Disidencias de la organización La Poderosa, el feminismo villero acompaña a 383 víctimas en medio de la pandemia.

Solo el 35% de las mujeres pudo realizar la denuncia durante la cuarentena y únicamente al 53% le otorgaron las medidas de protección que fueron requeridas. El 56% tiene personas a su cargo y solo el 31% cuenta con un ingreso económico regular. «Una de cada 4 mujeres en nuestros barrios necesita una solución habitacional urgente para poder romper el círculo de violencia», publicó Levy en Página 12.

¿Por qué las villas son parte de una crisis ambiental?

De acuerdo a Enrique Viale, abogado ambiental, en las ciudades es la especulación inmobiliaria la que expulsa y aglutina población, concentra riquezas, produce desplazamientos de personas, se apropia de lo público, provoca daños ambientales y desafía a la naturaleza. A este fenómeno de las ciudades se lo denomina «extractivismo urbano».

El extractivismo urbano busca liberar a las ciudades de les pobres y, en el marco de una emergencia habitacional, afecta fundamentalmente a los sectores más vulnerables. El Estado garantiza el marco jurídico para la especulación inmobiliaria y contribuye a hacer a las ciudades cada vez más excluyentes: incapaces de incorporar a las nuevas generaciones y a les migrantes.

Además del miedo a la pandemia, ante a la precariedad habitacional de los barrios se suma el temor a las ocupaciones de las casas. De acuerdo a Levy, muchas personas temen perder sus casas –viviendas que no están reguladas– al ser aisladas en caso de tener coronavirus.

Puede pensarse entonces el rechazo del gobierno porteño a la ayuda ofrecida por parte del Hotel Bauen a los barrios populares en relación directa al modelo extractivista de la CABA. La cooperativa de trabajadores que administra el Bauen es una traba para el desarrollo de negocios inmobiliarios de la Ciudad.

Según un informe de la Secretaría de Planeamiento del año 2012 mencionado en Extractivismo Urbano: debate para una construcción de las ciudades, entre 2002 y 2012 en la Ciudad de Buenos Aires se construyeron 20 millones de metros cuadrados de inmuebles y creció un 50% la población de las villas. Mientras en CABA unes viven hacinades y comparten un baño entre 13 personas, hay más de 150 mil viviendas ociosas o desocupadas.


Imágen: La Garganta Poderosa

 

 

 

 

 

Viralizar la indiferencia

¿Quién puede decir que visitó microcentro y no vio a una persona durmiendo sobre un colchón viejo tirado en alguna vereda? Esperando el tren en Once o en Constitución, ¿nunca te cruzaste con algún menor de edad o una persona con discapacidad que pedía monedas para atender a necesidades básicas? ¿Cómo se explica que no nos horroricemos frente a esta catástrofe diaria?

Sergio, la cara visible del abandono estatal

La trágica muerte de Sergio Zacarías, un hombre de 52 años que dormía a la intemperie en las calles de San Telmo, suscitó una estruendosa respuesta social. Las redes sociales estallaron: comenzaron a difundirse números de teléfono a los que recurrir para solicitar ayuda para conseguir lugares donde dormir, comer y abrigarse. La cancha del River Plate, algunas universidades, sindicatos e iglesias abrieron sus puertas y ofrecieron albergue a gente en situación de calle durante las noches más frías del año.

Sin embargo, no debemos olvidar que estos no son actos solidarios: representan una respuesta a un gobierno que de forma sistemática impulsa medidas que atacan a los sectores económicamente más vulnerables. Ollas populares y merenderos vienen trabajando hace años (a pulmón, dicho sea de paso) para compensar las problemáticas inherentes a una gestión que golpea de lleno sobre quienes menos tienen. La Olla Popular de Haedo trabaja cada viernes desde hace dos años en la preparación de cenas para más de 60 personas cada noche. En el día de ayer, después de la viralización de la noticia de Zacarías, su página de Facebook recibió un caudal inédito de mensajes que ofrecían ayuda y donaciones.

¿Lo real es lo viral?

Según el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, el fenómeno de la indiferencia hacia la otredad se produce mediante algo que se conoce como adiaforización. En su trabajo, Trabajo, consumismo y nuevos pobres, el autor señala que estas calamidades visibles en el día a día son producto de un sistema socioeconómico cuya existencia está basada en las desigualdades, en donde la esencia moral ha sido reconstruida en torno a la ética del trabajo. Como resultado se obtiene un proceso de adiaforización, definido como «hacer que el acto y el propósito de dicho acto se vuelvan moralmente neutros o irrelevantes».

Siguiendo a Bauman, la base de toda moral es la tendencia a sentirnos responsables por el bienestar de los desafortunados y sufrientes; sin embargo, la indigencia asociada al delito se manifiesta como una de las varias maneras para calmar ese impulso solidario. La pobreza deja de ser un problema ético y se quita de las conciencias el peso de la responsabilidad individual. Este efecto se construye mediante tres recursos interconectados, los cuales se ponen en práctica a través de medios masivos de comunicación:

  • El dato que muestra lo que necesita ser probado. Un claro ejemplo de esto son los contados casos que se espectacularizan de personas nacidas en villas miseria que, aunque estén representando a un 1% de la población, parecieran no estar afectadas por las pésimas condiciones en las que les tocó nacer: sea porque se esforzaron y mostraron mérito para obtener lo que buscaban o porque vinieron al mundo con cierto «talento natural», consiguen escapar de esa realidad en la que les tocó vivir sin afectar a terceros y por motu proprio. Se deja en evidencia, entonces, la existencia de alternativas que los pobres -por falta de decisión o voluntad- parecen dejar pasar.
  • La pobreza vista solo como carencia alimenticia. Se plantea la pobreza desde una visión de escasez alimentaria, en la cual las privaciones quedan reducidas a la falta de alimentos, limitando la ayuda a encontrar comida (y ropa) para «los que tienen hambre», cuando las carencias que sufren los sectores sociales más vulnerados económicamente están atravesadas por una multiplicidad de variables, como padecimiento de enfermedades, analfabetismo, pésimas condiciones de vida, violencia familiar, etc.
  • El desastre como espectáculo y amenaza. Se comparten imágenes mediante medios masivos que adjudican la pobreza a catástrofes naturales o guerras; de esta manera pareciera que el peligro se encuentra lejos, en un mundo ajeno y sin salvación, lo cual nos deja (supuestamente) sin margen de maniobra para ayudar desde nuestras casas.

Según las cifras…

¿Cuál es el fin de analizar cómo se construye discursivamente la pobreza? Pensar con mayor complejidad la sociedad en la que vivimos: entre 2015 y 2018, se duplicó la indigencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según la Dirección General de Estadística y Censos de la jefatura de gobierno. A comienzos de la gestión de Mauricio Macri se habían registrado 100 mil casos de indigencia, número que había ascendido a 198 mil hacia finales de 2018.

Asimismo, un informe reciente del INDEC dejó ver una realidad que duele: casi el 50% de les niñes del país viven en situación de pobreza. Los últimos monitoreos de la Defensoría del Público reconocen que les adolescentes y les niñes aparecieron en menos del 3% del total de las noticias emitidas en 2017. Dentro de este porcentaje, el 48,4% del material analizado les relaciona con la sección policiales.

Contra la adiaforización, solidaridad e información. La viralización de temas de relevancia social pareciera ser una herramienta útil para impulsar, en principio, el reconocimiento público de causas que urgen soluciones. Pero hace falta reflexionar, a la vez, sobre los modos en que se puede convertir a lo virtual en acciones colectivas concretas para paliar de raíz la desigualdad.

 

Imagen de portada: Parabuenosaires

#Opinión: Menos recursos, más represión y exposición

El informe transmitido en el programa «Periodismo para todos» acerca del chico de 11 años expuso la existencia de un entramado mediático e institucional, cuyo objetivo es culpabilizar y castigar a quienes carecen de oportunidades en nuestro país en un contexto socioeconómico donde casi 6 de cada 10 menores son pobres, y en el que la presencia de violencia estatal hacia los que tienen menos recursos es visible, incluso, en casos como la represión a los trabajadores de PepsiCo.

 

A partir de la entrevista al menor que se transmitió el domingo pasado en el programa conducido por Jorge Lanata en Canal 13, distintos medios se hicieron eco y lanzaron todo tipo de opiniones punitivistas. Durante el ciclo, en la parte superior de la imagen se podía leer el hashtag «#DrogasyCurros», utilizado en Twitter por muchos usuarios que coincidieron en que el menor debería estar preso.

 

El hecho de haber presentado a un niño que confesó tener acceso a drogas y que se adjudicó varios delitos, reales o no, opera en función de construir una representación estigmatizante que, lejos de visibilizar o analizar las causas por las que vive en esas condiciones,contribuye a instalar el tema de la baja en la edad de imputabilidad, en sintonía con la ideología del gobierno actual, que encuentra en ese proyecto una posible solución al problema de la inseguridad.

 

Sin ir más lejos, en un momento del relato, el nene expresó: «No me da nada nadie. (…) Son todos pobres», refiriéndose a su familia. En cuanto a datos estadísticos, un informe de la UCA publicado la semana pasada indicó que 7,6 millones de niños, es decir, el 59% de la población infantil total, no tienen cubiertas las necesidades básicas como alimentación adecuada, vivienda, educación y asistencia médica. Entonces, es conveniente repensar si encerrarlo y negarle esas oportunidades, que ya señaló de forma explícita que no tiene, es la manera acertada de cambiar su realidad y la de tantos otros chicos que viven en la calle.

 

Además, la madre del menor junto con la organización Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) denunció penalmente al canal por «el uso de una imagen que viola leyes y tratados internacionales de los derechos del niño», y al Secretario de Seguridad del Municipio de Lanús, Diego Kravetz, por «extorsión, amenazas y violencia física y verbal» sufridas por su hijo de parte de personal policial, antes y después de aparecer en el informe.

El Estado es responsable, los medios también

La violencia ejercida desde el Estado, y en concreto desde el aparato policial, está dirigida a aquellos que no tienen espacio en el modelo que impone este gobierno: no importa si son menores en situación vulnerable, tampoco si son personas despedidas de forma injusta de sus trabajos.

 

A las amenazas y las extorsiones que denunció la madre del chico, se suma la represión política ante el reclamo laboral social. El caso más reciente es el de los trabajadores de PepsiCo, que fueron despedidos de manera abrupta, y tras salir a defender su puesto laboral, fueron desalojados con violencia por 300 policías bonaerenses; como en su momento ocurrió con el personal de Cresta Roja, y con los docentes de la Escuela Itinerante frente al Congreso, entre muchos otros ejemplos.

 

En este sentido, es importante destacar que el vaciamiento de la planta de Florida se dio por el cierre imprevisto y el traslado de la producción a otra fábrica en Mar del Plata, lo que llevó a que trabajadores que contaban con empleo hasta hace unas semanas, al ser despedidos de pronto, decidieran tomar la fábrica para reclamar la reincorporación. El gobierno ordenó la presencia policial, que actuó con gases lacrimógenos y balas de goma.

 

Frente a un panorama donde empresas cierran y vacían plantas, personas pierden su trabajo y quedan en la calle, y menores sufren la falta de asistencia y políticas para reincorporarse en la sociedad, la postura del Estado, ente que debería garantizar y respetar los derechos de los ciudadanos, es la de responder con más violencia. Desde nuestro lugar, es clave escapar de esa visión propuesta por algunos medios, despojada de todo tipo de sensibilidad, que refuerza el modelo represivo que encuadra a personas marginadas como enemigos sociales.

 

Fuente imagen destacada: Disculpen la molestia

Colecta TECHO: la lucha por la superación de la pobreza

La organización social TECHO llevará a cabo su Colecta Anual los días 5, 6 y 7 de mayo en más de 30 ciudades de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Misiones, Tucumán, Salta, Córdoba, Neuquén y Río Negro.

Más de 9000 voluntarios se movilizan en conjunto con la organización para recaudar fondos que permitan seguir trabajando en los distintos programas de desarrollo comunitario que se realizan en los asentamientos informales: desarrollo de emprendedores, cursos de capacitación, construcción de viviendas de emergencia, espacios de apoyo escolar e infraestructura comunitaria.

TECHO explica que el objetivo de la Colecta es “invitar a la sociedad a participar, desde su lugar, para la superación de la pobreza y de esta manera, entre todos transformar la situación en la que viven más de ​3 millones de personas en los asentamientos informales, ​según el último relevamiento de la organización en 2016”.

En esta línea, Gabriela Arrastua, Directora de Áreas Sociales de TECHO Argentina aseveró: “Como sociedad podemos contribuir a que esto cambie. En primera instancia, desde los gobiernos pero también desde las universidades, las escuelas, las empresas, los medios de comunicación, las organizaciones, desde nuestro lugar”.

Además, agregó que la Colecta busca “levantar la voz” de los vecinos y vecinas de las villas y asentamientos para poder visibilizar la injusticia y falta de oportunidades, y generar una mayor participación que logre integrar de forma social y urbana los asentamientos.

Hisopo, un lenguaje para los que no quieren escuchar, creado por TECHO. 

Para anotarte en la Colecta hace click acá.


Fuente: TECHO Argentina

Bolivia, el aborto y un tema pendiente para toda América Latina

A principios de marzo, el oficialismo boliviano representado en el Movimiento al Socialismo (MAS) propuso un proyecto de ley para ampliar los causales de aplicación de aborto no punible. Aunque no se trata de una despenalización total, la Asamblea Legislativa del país andino debe empezar a lidiar con el debate que el feminismo plantea hace años.

La disputa por la aprobación de la interrupción legal del embarazo en América Latina continúa vigente no sólo porque son cuatro países (Uruguay, Cuba, Puerto Rico y Guyana) los únicos que lo aplican sin necesidad de que la mujer alegue motivos, sino también porque es uno de los principales ejes de la inequidad de género y la falta de acceso a mejores estándares de vida para las mujeres del continente.

Un vistazo a Bolivia

La propuesta del MAS consiste en modificar el Código del Sistema Penal para que el aborto no sea punible en mujeres en situación de extrema pobreza, con más de tres hijos, y en estudiantes. Esta iniciativa responde a una problemática urgente en el territorio boliviano: los índices de morbilidad materna en las clases bajas a causa de abortos inseguros.

La antropóloga mexicana Marta Lamas analizó en su estudio El aborto en la agenda del desarrollo en América Latina que, en el seno de la niñez indígena y rural, la exclusión social, la falta de educación sexual adecuada y el peso de la religión y costumbres conservadoras alientan al fenómeno de la maternidad temprana. En Latinoamérica los índices de fecundidad disminuyeron en los últimos diez años debido a un mayor acceso a anticonceptivos, pero aumentaron en el grupo etario de menores de 20 años.

Por lo general, son las mujeres que viven en situación de vulnerabilidad social y bajos recursos las que acuden a técnicas y clínicas abortivas inseguras.

El proyecto de ley despertó fuertes críticas, no sólo en el arco conservador y católico, sino también entre sectores del feminismo. La organización Mujeres Creando se caracteriza por ser anarquista y trabajar en pos de la construcción de un feminismo comunitario. María Galindo, una de sus referentes, opinó que la ampliación de los casos de abortos no punibles es una medida paliativa y que no ataca la problemática de fondo.

“¿Por qué si has abortado una vez no puedes abortar una segunda vez?, o ¿por qué si eres muy pobre puedes abortar, pero si eres estudiante universitaria y quieres abortar, pero no estás en extrema pobreza, debes continuar con el embarazo?”, escribió Galindo el 22 de marzo para el medio boliviano Página Siete.

“Los servicios clandestinos de aborto -agregó- sufrirán una persecución mayor aún y la penalización que recaerá sobre la que no está dentro de las causales que el Nuevo Código sufrirá [sic] una persecución policíaca (…) mayor todavía a la que ya se vive actualmente, o sea que podemos ir a peor”.

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La situación latinoamericana

La ley boliviana permite hoy en día el aborto en casos de violación, peligro para la salud de la madre o incesto. Para otras situaciones, se prevén penas para la mujer que consiente y la persona que lo realiza. Similar es el caso de la mayoría de los países de la región, a excepción de las legislaciones de Chile, Surinam, Centroamérica y el Caribe, donde el aborto está prohibido por completo. En general, se permite hasta la duodécima semana de gestación y las sanciones acrecientan o disminuyen acorde a la edad de la mujer intervenida y si se realizó o no con su consentimiento.

Según un estudio de la ONG Sí Mujer de Nicaragua, el aborto clandestino es la tercera causa de mortalidad materna en Bolivia. En Argentina, El Salvador, Chile, Guatemala, Panamá, Perú y Paraguay, es directamente la primera. Estos índices se acentúan en las zonas rurales y en las comunidades indígenas.

La situación también se agrava en la etapa post-aborto. En los métodos clandestinos, las complicaciones que las mujeres pueden sufrir posteriormente van desde pérdida excesiva de sangre e infecciones hasta la perforación de órganos internos. Para ello, el sistema de salud de cada país debiera estar preparado y ser gratuito, pero eso no siempre sucede. En el 2015, el Instituto Guttenmacher especificó características de la atención post-parto en Latinoamérica: retrasos en los tratamientos, actitudes prejuiciosas del personal médico y técnicas de intervención inapropiadas.

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Estos factores delinean el mapa de la desigualdad latinoamericana. Las mujeres de zonas urbanas o clases más altas pueden optar por intervenciones quirúrgicas más seguras y cuidadas, o por las pastillas de misoprostol (que son de venta libre, pero a un valor muy alto), de acuerdo con la etapa del embarazo. Las mujeres pobres, muchas provenientes de zonas rurales, acuden a centros clandestinos con escasas medidas de higiene y seguridad, sufren la persecución policial y legal y, si sobreviven al aborto, pueden padecer serios problemas de salud dada la deficiente atención post-aborto.

Con miras al futuro

Entre 2010 y 2014, el Instituto Guttenmacher calculó 6.5 millones de abortos anuales en América Latina y el Caribe. Para el 2015, además, estimó que el 97% de las mujeres en edad reproductiva vivían en países donde la interrupción del embarazo permanece altamente castigada por la ley.

El proyecto que se debate en el parlamento boliviano no busca la legalización del aborto sino que apenas amplía la despenalización parcial. Pero las estadísticas nos demuestran que la discusión en torno a la autonomía de la mujer sobre su cuerpo es urgente en la región.

Los avances que se consiguen en términos de los derechos de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos siempre son notorios, sobre todo en una región donde el aborto legal, seguro y gratuito no parece estar incluido en la mayoría de las agendas gubernamentales.

Lo importante es que los movimientos feministas sepan aprovechar el envión y ejercer la fuerza necesaria para profundizar los logros que están sabiendo conseguir.

 

Imágenes extraídas de: 

http://www.herstory.es/2015/12/nuestro-feminismo-comunitario-es.html

http://latincorrespondent.com/2016/11/papa-latinoamerica-aborto/#Y4ls2vr1J7dgh7D7.97

http://distintaslatitudes.net/aborto-en-subsuelo-los-derechos