Hablemos de higiene menstrual

Eufemismos que ocultan el proceso natural de úteros, leyendas, mitos, tabúes y cuántas cosas más que aportan a una invisibilización sistemática sobre la menstruación. ¿Cuál es la importancia de hablar sobre higiene menstrual? ¿Por qué debería ser considerado un derecho y una temática a tratar desde el ámbito estatal?

DE QUÉ HABLAMOS CUANDO DECIMOS HIGIENE MENSTRUAL

En los últimos años se volvió imprescindible comenzar a hablar de la menstruación como una ocupación y preocupación pública. 

Desde siempre, el menstruar ha estado vinculado con la privacidad y lo íntimo: algo que deberíamos esconder y disimular. Así es como nos lo han enseñado, desde el miedo y la vergüenza, cuando, muy por el contrario, es un proceso físico y natural que interpela a todas las personas que portan útero.

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Cuando hablamos de higiene menstrual, hablamos de algo que debería ser un derecho. Poder tener el control sobre la higiene de nuestros cuerpos cuando atravesamos los días de sangrado es algo elemental tanto para nuestra salud mental como corporal.

La venta de nuevas tecnologías para la higiene menstrual, tales como toallas femeninas —convencionales y de tela—, tampones, protectores diarios y copas menstruales, dio lugar a la posibilidad de mantener una higiene adecuada durante los días de sangrado y así permitir a todas las personas menstruantes seguir con su vida normal. 

Sin embargo, actualmente acceder a estos productos es un privilegio por sus elevados precios y las desventajas económicas que las brechas salariales producen. Según Economía Femini(s)ta, el promedio del costo por persona y por año de toallitas femeninas es de $1924,41 y el de tampones es de $2.136,84 (datos que fueron recolectados en marzo de 2019).

A su vez, según un informe del Ministerio de Economía nacional: «Las mujeres son las que sufren los mayores niveles de desempleo y precarización laboral. Ganan, en promedio, un 29% menos que sus pares varones, brecha que se amplía para las asalariadas informales, alcanzando un 35,6%» (Las brechas de género en la Argentina, 2020). Por otro lado, las condiciones económicas de las personas trans, travestis y no binaries son completamente desconocidas ya que el Estado todavía no ha realizado ningún abordaje de este tipo.

Por ende, tenemos una doble problemática económica. ¿Cómo hace el grupo etario más desaventajado para cubrir los elevados costos de estos productos esenciales? 

MENSTRUAR COMO POLÍTICA PÚBLICA

En el pasado mes de noviembre, Escocia se convirtió en el primer país del mundo en votar una ley que obliga a que todos los espacios públicos, tales como escuelas, universidades, cárceles y hogares de día, provean gratuitamente productos de higiene menstrual a todas las personas que los soliciten. 

El proyecto de ley intenta solucionar la problemática económica estructural que afecta directamente a las personas menstruantes. 

Para esto, se realizó una encuesta a la sociedad en la que distintas perspectivas sobre esta problemática fueron reflejadas. Un concepto muy usado fue el de Period Poverty (pobreza menstrual) que una oradora bien describe:

«Cuando une tiene la preocupación sobre cómo va a pagar los impuestos para así mantener el gas, la electricidad y para comprar comida, la última cosa que necesita es la preocupación de no poder comprar productos sanitarios. Usar simplemente papel higiénico no es suficiente. […] Yo conozco lo vergonzoso de que el sangrado te atraviese la ropa, así que la preocupación constante durante todos los días del periodo debe causar mucho estrés extra. La provisión de productos de higiene menstrual aliviaría lo que debería ser un estrés innecesario».

Claire Shepherd (pág. 8. Consultation Summary). 

Por otro lado, algunas respuestas a la encuesta apelaron a que la menstruación forma parte de una biología que no es opción, que es importante para una persona menstruante poder tener al menos el control de la higiene de esta naturaleza. 

La importancia de que la higiene durante la menstruación sea una política pública radica en que muchas personas la atravesamos y que no todas tenemos el privilegio de tener bajo control esta higiene. Esto trae como consecuencias, por ejemplo, que niñes y adolescentes falten a la escuela durante los días de sangrado porque no pueden administrar su higiene. 

¿QUÉ PASA EN ARGENTINA?

En nuestro país, hay proyectos de ley a nivel nacional y provincial que buscan la conquista de este derecho. 

Un ejemplo es el de Norma Durango que fue realizado este año. Este no solo busca la provisión gratuita de productos de higiene menstrual en todos los recintos públicos tales como escuelas, universidades, cárceles, instituciones de salud mental y hogares de día/noche, sino también la eliminación del impuesto IVA a este tipo de productos, la investigación sobre el impacto en el ambiente y en le usuarie de los productos descartables (toallitas, protectores, tampones, entre otros) y el fomento del uso de productos reutilizables (copa menstrual, toallitas de tela, entre otros).

Además, solicita la articulación del proyecto con la ESI (Educación Sexual Integral), para así ampliar el conocimiento de les niñes y adolescentes sobre el periodo menstrual.

En tanto, en el Municipio de Morón (Buenos Aires), en Santa Fe y en la Municipalidad de San Rafael (Mendoza) la provisión de productos de higiene menstrual es gratuita a través de una ordenanza local. Esta es una problemática necesaria a solucionar, es la conquista de un derecho básico de salud, es visibilizar realidades y naturalezas. Es indispensable.


Techo de cristal: la participación de la mujer en el mercado laboral argentino

A partir del Movimiento Ni Una Menos, que empezó a tomar forma en el año 2015, comenzó a romperse el cascarón de una pelea gestada en el interior del espacio social que data de hace muchos años. Fue así como la puja de las mujeres y su necesidad (no confundamos con deseo) de que sus derechos como personas se legitimen les otorgó voz y entidad en el espacio público y privado. 

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9 años de la ley de matrimonio igualitario

Argentina fue pionera en la región en la conquista de derechos para la comunidad LGBTIQ; hoy, continúa la lucha por desterrar los prejuicios en la sociedad y la justicia patriarcal.

Era una noche de invierno, pero los abrazos y las banderas abrigaban los cuerpos que custodiaban sus derechos en las puertas del Congreso de la Nación. Lo que más mantenía cálida la noche del 15 de julio de 2010 era la esperanza de hacer historia, porque adentro se estaba por decidir el futuro de miles de familias. 

Luego de tres meses de debate en comisiones, quince horas de sesión y muchísimos años de lucha, a las cuatro de la madrugada se escuchó el grito de alegría de toda una comunidad que por fin fue reconocida por el Estado. Con 33 votos afirmativos, Argentina venció los prejuicios y le dijo sí al amor, le dijo sí a la ley de matrimonio igualitario.  

Fueron muchos los factores que hicieron posible la sanción de la histórica ley 26.618 que habilita la unión civil de personas del mismo sexo, y que convirtió a la Argentina en el primer país de América Latina en reconocer este derecho. «Fue una cabal y exitosa demostración de lo que es posible cuando se alcanza una sinergia entre las demandas de la sociedad civil y el poder político del Estado» explicó Diego Bocchio, activista de Conurbanes por la Diversidad.

El proyecto fue presentado numerosas veces desde los años 90, impulsado por agrupaciones civiles como la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) y muchas otras que se sumaban desde cada rincón del país, pero fue ese año en que el debate tomó estado público: cenas familiares, programas de TV, escuelas, universidades; en todos lados se discutía sobre el tema.

Los dinosaurios también votan

Como siempre sucede en la historia de las luchas por los derechos humanos hay quienes se oponen a garantizarlos. Este fue el caso les 27 senadores que dieron su voto negativo, muchos justificados con los argumentos más absurdos. «No voté la ley de matrimonio igualitario porque me hacía ruido, pensé en los hijos que podían adoptar», sostuvo la entonces senadora Gabriela Michetti, hoy vicepresidenta de la Nación.

Casi una década después de este hecho histórico que prometía un avance hacia una sociedad libre de violencia y discriminación, hoy la situación es muy diferente. 

«El contexto actual está marcado por un incremento de las violencias hacia nuestras identidades», afirma Bocchio. «El accionar y el discurso del gobierno de Macri en Argentina hay que verlos en un contexto regional en donde hay una avanzada conservadora, con un discurso y un accionar también muy amenazantes hacia las comunidades LGBTI».

El asesinato de Marielle Franco, las violaciones «correctivas», las golpizas y los ataques a parejas homosexuales en la vía pública por parte de civiles o fuerzas de seguridad. El encarcelamiento de Higui por defenderse, la condena a Mariana Gómez por besar a su esposa en la estación de Constitución. Son situaciones que dan cuenta de que aún falta mucho por construir, o deconstruir.


La educación como herramienta de transformación social por excelencia

Arturo Pozzali, defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo en la Ciudad de Buenos Aires, nos recibió en su oficina para contarnos más acerca del trabajo que se hace desde el organismo.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires fue creada en el año 1998, cuando la Legislatura Porteña sancionó la ley Nº 3 que la regula y establece sus funciones. Sin embargo, a pesar de ser un organismo presente en la ciudad hace ya casi 20 años, muchos no saben de él o desconocen cuál es su objetivo.

Por eso, nos contactamos con Arturo Pozzali, designado en 2016 por la Legislatura como uno de los defensores adjuntos. En una charla de casi dos horas, hablamos sobre la Defensoría,  las causas que apoya y el trabajo que se viene haciendo desde el organismo con respecto a distintas problemáticas sociales.

El trabajo de la Defensoría del Pueblo

Dado que hay mucha gente en la Ciudad de Buenos Aires que no conoce este organismo, decidimos meternos un poco en su historia y sus funciones.

Las Defensorías en Latinoamérica intentan imitar el ombudsman (término equivalente a defensor del pueblo) que se incorporó en el derecho argentino con la reforma del 94 de la Constitución Nacional y de CABA.

Entra dentro de los organismos de control; junto con la Defensoría, también se creó la Auditoría de la Ciudad, ambos organismos externos al Poder Ejecutivo que tienen la idea de garantizar su correcto funcionamiento.

En la Ciudad de Buenos Aires y en Latinoamérica, los defensores del pueblo surgen con acuerdo legislativo. Se entiende que tienen que ser de la oposición; no pueden ser del partido en el gobierno por una cuestión lógica, porque deben pensarse como acciones de control.

En efecto, la Legislatura vota a los defensores del pueblo y eso nos da la potestad de tener básicamente las mismas funciones que los jueces. Disponemos de las mismas virtudes y limitaciones.

La Defensoría tiene un defensor del pueblo, que hoy es Alejandro Amor, y todas las decisiones las toma él. Si bien los adjuntos trabajan algunas temáticas, pueden presentar informes, pedidos de informes, hacer presentaciones y demás, en definitiva todo lo tiene que acompañar y firmar el defensor del pueblo.

La Defensoría del Pueblo no solo tiene un rol de control del Estado (cada vez que hay un abuso del Estado, ya sea por parte de las Fuerzas de Seguridad, por el tema de las vacantes, de todos los Ministerios, etcétera), sino también un rol de intervención.

Pero por otro lado, para defender un derecho, la gente lo tiene que conocer, lo tiene que saber. La Defensoría tiene además un rol de difusión de muchos derechos, de acercarse a la sociedad, en el sentido de poder canalizar cuáles son esos derechos, y eso lleva a poder crear nuevos derechos.

El defensor tiene potestad legislativa, como si fuera un legislador. Eso le da a la Defensoría una herramienta para no solo poder poner un tema en debate, en discusión, en agenda, sino después efectivamente poner un proyecto de ley.

Es una herramienta interesante porque, por lo general, los proyectos que salen de la Defensoría surgen de las organizaciones civiles. 

Es un órgano muy colorido, no solo en el marco de la diversidad, de la equidad y del trabajo sino también por todas las organizaciones civiles que participan, sin «embanderarse» atrás de ningún partido político. Eso empuja mucho las leyes que salen desde la Defensoría.

La Defensoría funciona muchas veces como una instancia de consulta y asesoramiento. Las personas van a plantear alguna problemática, desde cómo hacer determinado trámite hasta a quién recurrir ante distintas eventualidades. Recurrir a la Defensoría no implica que luego no se pueda llegar a alguna otra instancia en caso de ser necesario, como por ejemplo una acción judicial.

Este organismo se encarga de atender a cualquier persona que viva o transite en la Ciudad de Buenos Aires. No sólo los habitantes de la ciudad sino a cualquier persona que trabaje en ella o que esté haciendo turismo.

Actualmente, la Defensoría del Pueblo esta compuesta por el defensor del pueblo, Alejandro Amor, y cuatro defensores adjuntos: María América González, Oscar Zago, José Palmiotti y Arturo Pozzali.

Arturo Pozzali, del Centro de Estudiantes a la Defensoría del Pueblo

Cuando, en 2016, fue designado defensor adjunto, Pozzali ya contaba con un arduo historial de militancia y participación en distintas organizaciones.

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Su rol como defensor está ligado más que nada a educación, salud, juventud y cultura.

Mi rol es estar dentro de la Defensoría canalizando estos temas. Hicimos algunos informes sobre la falta de vacantes en la ciudad, hicimos recorridas en los hospitales para poder conocer de primera mano cuál era la situación de la salud en la ciudad, ahora estamos viendo el tema de los CeSAC (Centros de Salud y Acción Comunitaria). Acompañamos estos reclamos que trae la gente.

También acompañamos a chicos de los colegios secundarios que tuvieron en las tomas un rol activo para poder canalizar los conflictos, por la importancia del rol de mediación.

La educación en la Ciudad de Buenos Aires

Uno de los temas que se trabaja de manera constante es la educación. Tratamos la situación de las tomas de los colegios secundarios en el marco del rechazo a la reforma educativa que todos conocimos como «Secundaria del Futuro».

Nos empezamos a juntar, desde mediados del año pasado, con distintos especialistas de todas las corrientes políticas porque nos parece que lo que más necesita la educación ahora es que se discuta.

Estoy de acuerdo con los chicos que tomaron la escuela y desde la Defensoría los acompañamos. Fue importante que lo hicieran por lo inconsulto de la reforma, la prepotencia con la que se trabajó el tema. Sin dudas, los estudiantes tienen que tener un rol protagónico a la hora de una reforma educativa.

Dejó en claro que es necesaria una reforma, porque en la actualidad el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires «sigue fomentando y profundizando las desigualdades».

Ahora, la discusión es cómo se hace eso, qué significa eso. Por ejemplo, tener estudiantes “emprendedores”: ¿qué significa emprendedor? ¿Significa que el estudiante va tener que pensarse a sí mismo y solucionar todos sus problemas, mientras la educación va a estar pensada simplemente con respecto al mercado de trabajo?

La educación tiene que formar ciudadanos, seres pensantes, tiene que darle a la gente las herramientas para convertirse en ciudadanos desarrollados. De acuerdo con Pozzali, el gobierno no terminó de definir las terminologías y hay mucha desinformación. «Eso hace que la discusión no sea equitativa», señala.

Con respecto a una de las grandes problemáticas que tiene la Ciudad, que es la falta de vacantes en las escuelas públicas, opina que la falta de infraestructura e inversión son algunos de los motivos por lo que esto ocurre.

El Ministerio de Educación le reconoció a la Justicia a través de un amparo que hay casi 11 mil chicos que el año pasado no tuvieron vacante. Es claro que se trata de crisis edilicia: faltan aulas, docentes, infraestructura. Las escuelas que hoy están en funcionamiento, sobre todo de Rivadavia hacia el sur, están en muy mal estado.

Hay un problema concreto que nosotros estuvimos denunciado sistemáticamente que es que hay un desfinanciamiento del sistema.

El presupuesto presentado para el 2018 por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no tiene grandes aumentos en educación, y de hecho, según Pozzali «se mantiene o baja un poco». 

En ese escenario, la cuestión que se debate desde Defensoría es: «Propusieron hacer todas esas cosas, pero ¿quién las va a financiar? Porque es el mismo presupuesto que tenían el año pasado y tampoco las hicieron».  Además, Pozzali agrega que, teniendo en cuenta que el Gobierno de la Ciudad es el mismo hace casi 11 años, ¿cuáles son las prioridades realmente?

Respecto a la inclusión en las escuelas, es un tema que aún avanza lentamente: falta capacitación, trabajo en equipo. No hay una idea ni un proyecto de cómo generar escuelas que sean cada vez más inclusivas. «No está pensado de esa manera el sistema», acusa.

La reforma educativa debe ser un tema en el que se involucre toda la sociedad, que no distinga partidos políticos o gremios.

La educación es la herramienta de transformación social por excelencia. Si no generamos una mejor educación, no vamos a poder generar movilidad ascendente, no vamos a poder darle a la gente las herramientas necesarias para afrontar todo lo que viene. Eso no lo puede hacer un partido político. Tiene que haber honestidad en el debate de todas las partes.

Durante las tomas de los colegios secundarios, la Defensoría del Pueblo tuvo un rol clave de acompañamiento a los estudiantes, recorriendo de forma permanente las escuelas para garantizar la seguridad de los chicos mientras ejercieran su derecho a tomar la escuela y protestar.

También tuvo un rol como mediadora en las reuniones que se llevaron a cabo entre Soledad Acuña (Ministra de Educación de CABA) y los estudiantes de distintos establecimientos, y ayudó a lograr llegar a algunos puntos en común. 

Quedó claro que los chicos necesitaban, por ejemplo, un protocolo en caso de violencia de género. Entonces la Defensoría empezó a trabajar en cómo bajarle un protocolo a la ciudad que no estaba vigente. 

Después, estaba el tema de la ESI, que no se estaba aplicando y que los chicos lo veían como un punto fundamental, más allá de los temas edilicios y demás. 

La Defensoría no tomaba posiciones. No estaba a favor de uno ni otro. Se trataba de acompañar, de entender que los estudiantes tenían un derecho y que aquel que no entendiera que es un derecho tomar una escuela, está equivocado.

La Ley de Educación Sexual Integral

Otro de los puntos importantes que se hablaron fue la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, sancionada en el año 2006.

Si bien hace unos años la ley tuvo un avance, Pozzali reconoce que en los últimos tres años hubo un retroceso, que la ley es perfectible y que puede ser mejorada. Hoy, trabajan en conjunto con FEIM (Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer) y AAES (Asociación Argentina de Educadoras/es Sexuales) en pos de que se cumpla la ley. 

Según el defensor adjunto, hubo fallas administrativas en cuanto a la implementación de la ley en la Ciudad porque las escuelas debían presentar un plan de trabajo que debía ser aprobado por el Ministerio, quien iba a financiar jornadas de capacitación para los docentes. Sin embargo, había trabas en cuando a la documentación que se debía presentar o a cómo se organizaban esas capacitaciones.

Tenemos que discutir la formación docente. Es lógico que haya muchos docentes que no sepan cómo enfrentar esa situación. No es que no quieren o no tiene la voluntad, es que a veces prefieren hacer silencio a decir algo incorrecto o que sea tomado mal.

Creo que eso también pasa porque dentro de la formación docente esto no se habla. Es algo que después tiene que implementarse de alguna manera y terminamos con esto de que «que hable la de Biología, que explique un poco». Le dan un folleto al chico y ellos creen que con eso están cumpliendo con la ley.

El rol de las escuelas

Pozzali nos comentó la necesidad de tener un debate a fondo sobre cuál es el rol de las escuelas en la sociedad argentina. «¿Cuál es el rol?», cuestiona. «¿Darles a los chicos  un espacio para que aprendan, ofrecerles las herramientas para volverse ciudadanos y poder enfrentar un futuro, o darles un lugar donde es preferible que esté para que no este en la calle?».

Hay muchas escuelas donde el chico va a comer. Está bien que eso pase, pero no alcanza con que ese sea el rol de la escuela.

Se debe buscar que se fomente la igualdad desde el sistema educativo. Necesitamos que la escuela sea igual para todos. Hay zonas donde hay más necesidades y la existencia de un comedor escolar es vital. Hay que destruir esas diferencias. Hoy la escuela lo que hace es profundizarlas.

Esa gran herramienta que tenía el sistema de educación pública argentina, que era juntar al que tenía mucho con el que tenía poco con guardapolvos blancos porque en la escuela eramos todos iguales, está rota.

Hoy en día, se hace una gran diferencia entre escuelas públicas y privadas, y quienes pueden costear una privada probablemente tendrán mas posibilidades en el futuro que quienes concurren a las escuelas públicas.

Otra discusión importante fue hasta qué punto se iba a aplicar la «Escuela del Futuro» en las escuelas privadas. Las diecisiete escuelas piloto que probaron este sistema eran todas públicas. «Si es una reforma educativa, que sea para todos, porque si después sale mal, el que sigue como estaba antes es el que tiene plata», exige Pozzali. «Si va a cambiar la currícula porque es para mejor,  que sea para todos».

Durante la entrevista, se planteó la idea de que la Secundaria del Futuro parecía estar orientada a formar empresarios y emprendedores, y que no se puede pretender esa misma visión de futuro para todos los estudiantes.

Lo que hace hoy la educación es garantizar que el que tiene, haga lo que quiera, y el que no tiene, se conforme. Está claro que hay que hacer muchas cosas para solucionar el hoy, pero tenemos que pensar en el mañana. 

La Argentina hoy tiene un proceso de desigualdad que es estructural; el problema es que cómo salir de esa situación.

La diversidad en las escuelas y en la Ciudad

Uno de los objetivos de la ESI era poder educar a los chicxs en cuanto a la diversidad, la posibilidad de elegir ser quiénes desean ser con total libertad y poder aceptar las distintas realidades que existen.

La Ciudad avanzó en los últimos tiempos en un montón de cosas. Se lograron leyes muy importantes para seguir avanzando. «Es un fenómeno bastante interesante», considera. No solo desde la diversidad sexual, sino desde la ruptura de estereotipos, la igualdad de género, y demás.

Dentro de la Defensoría, existen distintos organismos que están avocados a la discriminación y la diversidad, tales como el Instituto Contra la Discriminación en la CABA y la Defensoria LGBT.

Estos organismos trabajan para acompañar a todos los colectivos que sufren algún tipo de discriminación y terminar la estigmatización de algunos colectivos más vulnerados. 

El mismo Arturo Pozzali fue el impulsor de una ley que propone izar la bandera LGBTIQ+ en los establecimientos públicos todos los 17 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.

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Representantes de la Defensoría del Pueblo, el Instituto Contra la Discriminación y refentes de distintas organizaciones LGBTIQ+

Hubo una iniciativa similar con el simbolo wiphala, conocido como la Bandera de los Pueblos Originarios. La idea era entender que vivimos en un país multicultural y que es importante darle visibilidad a una parte de nuestra cultura que tal vez no tenemos tanto en cuenta.

Aborto Legal, Seguro y Gratuito

En el último tiempo, el movimiento de mujeres alcanzo una gran visibilidad. Con reclamos de distintos tipos, uno de los que suenan más fuerte es el del Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

La mujer tiene la capacidad de decidir sobre su cuerpo, y eso es lo que hay que explicar a la gente. Por eso es tan importante que la Ley de Educación Sexual Integral se aplique, para que las chicas puedan decidir.

Según las estadísticas, de todas las muertes por abortos clandestinos, la mayoría de las victimas son mujeres en situaciones de vulnerabilidad tanto social como económica. No es el caso que las que están en situaciones menos vulnerables no lo hagan, sino que tienen los recursos para que sean en otras condiciones.

«El Estado tiene que terminar con eso; tiene la responsabilidad de que no haya gente que se muera por no poder acceder a ciertos derechos a causa del lugar en que nació. No sólo porque las chicas tienen total potestad sobre su cuerpo, sino porque el Estado tiene responsabilidad total sobre esas muertes«, afirma Pozzali.

Violencia de género y políticas públicas

A fecha 17 de noviembre de este año, había 254 femicidios registrados (datos publicados por MuMaLá), y muchos casos ocurrieron a pesar de haber denuncias previas de las víctimas contra sus femicidas, que no avanzaron judicialmente.

Hoy la falla está incluso en la contención a la víctima del abuso; sin que se llegue al extremo del femicidio, todo lo que sucede antes también genera trastornos psíquicos y económicos, y no hay un acompañamiento de esa situación.

Si bien, por ejemplo, la sanción de la Ley Brisa supone un avance, porque garantiza que a los chicos se les dé una retribución económica, está claro que no alcanza porque eso funciona en casos donde la madre de los chicos está en una situación extrema. Para todos los demás casos, no hay una legislación efectiva que los canalice.

Pozzali recalca la importancia que tiene la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral para frenar la violencia de género.

Necesitamos que la ley de Educación Sexual Integral se cumpla, necesitamos romper con los estereotipos de que la mujer tiene un determinado rol  y que el hombre tiene otro, y que es uno sobre otro. Tenemos que hacer entender a la sociedad que hay igualdad, que es otra la forma de discutir y que tiene que terminar con una sociedad que es cada vez más violenta en todo sentido. 

Como conclusión, sostiene que la educación es un pilar fundamental en toda construcción de una sociedad. No se puede hablar de futuro sin un sistema educativo que deje de fomentar la desigualdad. Se puede ayudar a las personas, darles lo necesario para vivir, pero sin educación nada alcanza.

Son cambios que no se dan de un día para el otro y no hay que permitir el retroceso. Esa discusión hay que darla desde todas las aristas posibles.

Las transformaciones culturales son mucho más complejas y más largas, necesitan de un abanico muy amplio de políticas. «Si no hay capacidad de discutir con seriedad, si no terminamos de romper los estereotipos y la violencia contra la mujer, está bien que haya un cincuenta y cincuenta [referencia a la Ley de Paridad] pero las mujeres se siguen muriendo», concluyó.


Imágenes

Juana Lo Duca
Defensoría del Pueblo