El Puerto de Dock Sud contra la violencia de género

El pasado 20 de abril Carla Monrabal, primera presidenta de un puerto bonaerense, en este caso del Consorcio de Gestión Puerto Dock Sud (CGPDS), firmó y puso en funcionamiento un protocolo para el tratamiento de los casos de violencia de género junto a la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA), representada por Leonardo Salom.

En un ámbito que aún se considera «de hombres» y en el marco de una realidad que cuenta de a un femicidio cada 27 horas, el principal objetivo del protocolo es prevenir y erradicar la violencia por motivos de género en el ámbito laboral.

En palabras de Carla Monrabal: «El objetivo de este protocolo es prevenir y proteger a las personas que trabajan dentro del Consorcio, así como erradicar la violencia por motivos de género y garantizar un ambiente de trabajo inclusivo, donde no haya discriminación».

El surgimiento de una gran idea

Con una mujer al frente, el puerto tan masculinizado fue tomando otro color, entre algunas de sus iniciativas se sumaron a la campaña Oficios Sin Prejuicios del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y, por otro lado, están trabajando para integrar el programa Sello Construir Igualdad, que lidera la ministra Estela Díaz. La implementación de ambas políticas forma parte de un mismo propósito: respetar los derechos de todas las personas y hacer de la actividad portuaria un lugar más inclusivo.

En este sentido, el año pasado se firmó un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo con el objetivo de ampliar y modernizar los derechos de les trabajadores, en ese marco, surgió la creación del protocolo que, tras siete meses de mucho trabajo, pudo ver la luz.

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Esta herramienta, podríamos decir fundamental en los tiempos que corren, se activará cuando la Comisión de Perspectiva de Género del CGPDS tome conocimiento de alguna situación de violencia, la cual analizará y dará lugar a la intervención de la Gerencia Legal.

Al referirse a situaciones de violencia el protocolo no se limita a casos específicos de maltrato físico sino que incluye otras formas como la violencia psicológica, sexual, económica, simbólica y mediática. La presidenta de la Comisión de Género del Puerto además aclaró a Escritura Feminista que: «Generalmente estos casos suponen una relación de desigualdad de poder y afectan a la persona no solo en el ámbito laboral, sino también en otras esferas de su vida».

«El protocolo protege a toda persona que desempeñe funciones en el Consorcio y esté atravesando una situación de discriminación o violencia laboral por motivos de género. Se aplica tanto para casos que sucedan en las instalaciones del puerto, como en espacios virtuales, por ejemplo, reuniones de zoom, correos electrónicos, chats, llamadas, redes sociales».

Carla Monrabal.

Al tener en cuenta el trato especial que necesitan estos casos, Monrabal detalló que es muy importante estar alertas a «la no revictimización de la persona, es decir, no hacerla repetir una y otra vez la situación o situaciones que viene sufriendo» y agregó: «Se maneja con total confidencialidad y discreción la información que surja del caso. El rol de la Comisión de Perspectiva de Género es acompañar y contener a quien denuncia durante todo el proceso».

Derribando paredes y techos de cristal

En cuanto a la situación laboral de las mujeres en los puertos de Buenos Aires en general y en el Consorcio de Gestión Puerto Dock Sud en particular, se puede ver cómo forman un claro ejemplo de los techos de cristal como aquel límite horizontal invisible que no deja que las mujeres y las diversidades ingresen a sectores de trabajo que son «para hombres» como, en este caso, la parte operativa del puerto.

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«El ámbito portuario es un espacio históricamente masculinizado donde, a nivel general, el número de trabajadoras es mucho menor que el de los hombres», afirmó Monrabal. Además describió que «en los puertos de la provincia de Buenos Aires, solo el 24% de las personas que trabajan son mujeres y, de ellas, solo el 4% trabajan en el muelle».

Sobre el Consorcio especificó que «hasta finales de marzo, teníamos un 30% de trabajadoras y solo una de ellas trabajaba en el muelle. Recientemente, ingresaron tres mujeres que se incorporaron al área de operaciones. Con el propósito de continuar ampliando el número de mujeres y de personas de otros géneros para que el puerto sea un lugar más inclusivo y que genere igualdad de oportunidades».

Atacar por todos los frentes

Al tener en cuenta que la violencia de género se combate principalmente desde la transformación social, el nuevo protocolo se articula con otras actividades de concientización que se impulsan desde el Consorcio.

«El año pasado se creó la Comisión de Perspectiva de Género y desde ahí trabajamos en campañas de sensibilización, información y prevención de violencia referidas al género. Se hicieron talleres y capacitaciones internas para todo el personal. Y tanto la Comisión como yo recibimos capacitaciones de la ley Micaela, con el objetivo de hacerla extensiva, durante este año, a todo el personal y permisionarios del Puerto Dock Sud».

Carla Monrabal.

Al mismo tiempo, se enlazaron con otros organismos para batallar juntes, por ejemplo, firmaron un Convenio con Malena Galmarini, presidenta de AYSA para trabajar en conjunto temáticas de género y desde el año pasado articulan acciones con perspectiva de género con Magdalena Sierra y el Observatorio Social de Políticas Públicas de la Municipalidad de Avellaneda.

«Buscamos que el trabajo que estamos haciendo en género tenga una continuidad y no se limite a acciones puntuales», finalizó la representante de la Comisión. Todo accionar consciente y responsable sirve para impulsar el cambio social que nos va a llevar hacia una sociedad mejor, en la que todes tengamos los mismos derechos.


#Pañuelazo contra la muerte y la desigualdad

El aborto no es inmoral. El aborto es una realidad. Sucede a diario, en todos los rincones de los barrios y del país. Lo inmoral son las muertes que genera la clandestinidad.

El lunes en la tarde, con esta idea como convicción, nos atamos el pañuelo verde al cuello y nos congregamos de a miles frente al Congreso para discutir el aborto como una problemática de salud pública y de desigualdad social y demandar al Estado una ley de aborto legal, seguro y gratuito.

Entre 370.000 y 522.000 personas abortan de manera clandestina al año, según estima el Ministerio de Salud de la Nación desde el año 2009, dato que no puede confirmar por lo irregular de la práctica pero sí calcular en base a la cantidad de consultas e internaciones por sus consecuencias.

Hoy el aborto clandestino es la principal causa de muerte materna. Un informe del Centro Atenea calculó que, a nivel mundial, el aborto causa la muerte del 11% de las personas gestantes. En América Latina, ese número asciende al 13%. En Argentina alcanza el 20% y supera la media de los países vecinos.

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Foto: Télam

Los números abruman y se suman a la desigualdad que viven las niñas, las mujeres y los trans de forma estructural. Porque quienes mueren a causa de los abortos clandestinos son los mismos sectores de siempre: los excluidos del sistema de salud y del sistema en general. Es decir, las pobres. Quienes no pueden acceder a un aborto seguro porque son caros, ni a salud gratuita y de calidad. Y también los hombres trans, que experimentan la marginación en todas las instituciones por las que pasan: desde la familia y el mercado laboral, hasta en los hospitales.

En el 2007, cuando se presentó por primera vez un proyecto de ley para implementar el aborto legal, seguro y gratuito, algunas voces pedían que esperemos porque la sociedad «aún no estaba preparada para ello». Ya fueron presentados seis proyectos por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito y este año vamos hacia el séptimo. Y aún se pide paciencia. Pero, ¿cuántas  muertes más podemos esperar para hacernos cargo?

En los megáfonos, en los afiches y en las remeras, ayer aparecía una y otra vez una misma consigna: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Ese es el horizonte y un paso fundamental para comenzar a construir un mundo un poco más igualitario.

Entre lo clandestino y lo permitido

Antes que nada, cabe aclarar que el aborto no es por completo ilegal en Argentina. Pero tampoco funciona como debería en los casos permitidos por la ley, ya que muchas veces lxs profesionales de la salud deciden no practicarlos por objeción de conciencia, violan el secreto profesional o se interponen procesos judiciales para retrasarlos que culminan al mismo tiempo o después del embarazo.

Otras veces, la idiosincrasia machista encarcela y castiga sin preguntar, como sucedió con Belén, la joven tucumana que llegó al hospital con un cuadro de aborto espontáneo (y sin siquiera saber que estaba embarazada) y salió con una condena de 8 años a prisión.

Desde la segunda reforma al Código Penal, en 1921, la interrupción del embarazo es legal cuando la vida de la mujer peligra o cuando el embarazo es fruto de una violación.

Tras varias modificaciones, dictaduras militares, gobiernos democráticos y reformas constitucionales, en el 2012 la Corte Suprema de Justicia habilitó a lxs médicxs a practicar la Interrupción Legal del Embarazo en las causales previstas desde 1921, en el fallo denominado “F.A.L.”. El único requisito a presentar por las personas gestantes para realizar el aborto sería una declaración jurada sobre el delito sexual que se les hubiera infringido.

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Foto: Primera Piedra

En el año 2015, el Ministerio de Salud de la Nación confeccionó el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE), basado en los lineamientos de la Corte Suprema y destinado a dictar cómo proceder en hospitales y centros de salud nacionales.

Esta herramienta amplió el concepto de “salud” al incluir los aspectos psicosociales de lxs sujetxs y al tener en cuenta las consecuencias del embarazo y la maternidad obligada en lxs pacientes. Abrió la posibilidad de que el daño psicológico y el estigma social que generaría un embarazo no deseado en la vida de una adolescente, por ejemplo, pudiera llegar a considerarse una causal válida para practicar el aborto. Sin embargo, siempre estuvo sujeto a interpretaciones y a decisiones de la institución interviniente en cada caso.

El problema es que el protocolo ILE no tiene carácter de resolución ministerial, como sí tenían los dos previos, del 2007 y 2010. Además, las autoridades federales no se encargaron de darle una correcta difusión e implementación hasta la fecha. Por lo tanto, las posibilidades de aplicarlo en todo el país disminuyeron.

Sólo ocho provincias adoptaron el protocolo y respetaron en gran medida la disposición del ministerio y la Justicia: Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Entre Ríos (esta última, desde noviembre de 2017).

Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Salta, en cambio, pusieron en funcionamiento un protocolo modificado, con mayores limitaciones que el original. En Córdoba, se encuentra suspendido parcialmente por orden judicial.

En la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri vetó el primer proyecto aprobado por la legislatura cuando aún se desempeñaba como Jefe de Gobierno. El entonces ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, presentó otro, mucho más restringido, que aún está siendo tratado por la Justicia.

Otro caso particular es el de la provincia de Buenos Aires, que contaba con la adhesión al protocolo nacional, hasta que la gobernadora María Eugenia Vidal lo anuló en el 2016.

En el resto del país, no existen protocolos y muchas veces no se registran índices de personas atendidas por consecuencias de los abortos inseguros.

 

Foto de portada: Rosario Plus

La reglamentación de la violencia

Entrevista a Luciana Sánchez, abogada feminista y miembro de COPADI (Colectivo para la Diversidad) sobre el nuevo protocolo para la detención y el registro de personas LGBTI que presentó el Ministerio de Seguridad esta semana.

La semana empezó con novedades desde el Ministerio de Seguridad, cartera a cargo de Patricia Bullrich: la difusión del fragante Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T.

El documento, compuesto de tres anexos y acompañado de la resolución ministerial N° 1149-E/2017, reglamenta la manera de actuar de las fuerzas de seguridad al momento de detener a una persona que se identifique con identidades de género u orientaciones sexuales disidentes.

El texto, que parece asumir un lenguaje políticamente correcto, estipula que el registro y las posteriores requisas a personas no heterosexuales y no cisgénero serán efectuados exclusivamente por personal policial femenino, que actuará bajo los principios del Uso Racional de la Fuerza.

Entre otras disposiciones, establece que «la persona detenida será alojada según el género autopercibido”, y que la detención sólo puede aplicarse “de un modo excepcional y siempre que (la persona) tenga prevista una pena privativa de libertad”.

Lejos de transmitir seguridad, el protocolo impuso un clima de profunda preocupación y abrió puertas a toda una serie de dudas, desde el por qué presentar esta herramienta a tan sólo dos semanas de la XXVI Marcha del Orgullo a nivel nacional, hasta el qué sucederá con las trans y travestis que sufren la violencia institucional en carne propia y a diario, ahora que un instrumento oficial regula la represión.

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Diana Sacayán, militante trans, frente a agentes de la Policía Federal.

Escritura Feminista habló con Luciana Sánchez, abogada feminista e integrante de COPADI (Colectivo para la Diversidad), quien considera a este protocolo como “un instrumento que viene a criminalizar al colectivo LGBT, que lo vuelve a asociar al delito”.

Escritura Feminista: ¿Cuáles considerás que son los puntos en los que el protocolo deja mayores dudas o espacio a arbitrariedades?

Luciana Sánchez: Deja lugar a muchas arbitrariedades. Dos son especialmente preocupantes, más allá de que toda la herramienta en sí lo es porque establece cómo pueden usar la fuerza sin ningún tipo de control en el momento: siempre se apuesta al control judicial posterior, que sabemos que muchas veces llega tarde o no llega.

Los dos aspectos que enfatizo están en el Anexo I. El primero tiene que ver con la requisa de una persona desnuda, que se conoce como desnudez forzada, y las requisas íntimas.

El protocolo dice que pueden llevarse a cabo en la dependencia policial, lo que es una barbaridad enorme porque están consideradas tortura, por más que tengan una orden judicial. Tal es así que ni siquiera hay una ley que las prohíba expresamente, porque los tratados de Derechos Humanos lo vienen previendo hace muchos años.

La segunda cosa más preocupante tiene que ver con que en el Anexo I hay una parte que da a entender que no se considerará tortura ningún dolor o sufrimiento infringido que no sea grave y que se realice legítimamente por la policía en el ejercicio de la fuerza.

La regla es que cualquier ejercicio de la fuerza no debe causar ni dolor ni sufrimiento, y que esto debe estar graduado y controlado. La policía no puede ejercer la fuerza en cualquier caso, siempre debe seguir una serie de principios que están desarrollados en el protocolo, pero que aparecen desvirtuados. Es decir, expresa los principios de proporcionalidad, racionabilidad y control, pero después se contradice. 

La violencia como constante

Existen pocos estudios destinados a echar luz sobre la violencia institucional en la comunidad LGBTI en Argentina. Entre ellos, está “La gesta del nombre propio” del año 2005, el primer censo travesti, impulsado por Lohana Berkins y la antropóloga Josefina Fernández, y actualizado en el 2016 en el libro “La revolución de las mariposas” (que puede descargarse aquí).

El relevamiento arrojó que el 83,8% de las mujeres trans y travestis reconocen haber sido detenidas ilegalmente. También se detectó un alarmante índice de abusos sexuales (26,1%) y tortura (25,2%) por parte de los uniformados. En el 42% de los casos se habló de golpes y aproximadamente en la mitad, de coimas.

El Registro de Violencia hacia personas LGBT llevado adelante por la CIDH entre 2013 y 2014 explicó que en los casos de abuso policial en América Latina “se advierten bajos niveles de denuncia”, por miedo “a represalias y discriminación por parte de la policía y las fuerzas de seguridad estatales”, además de advertir muchos casos de “remoción arbitraria y violenta de hombres gay y mujeres trans y lesbianas de lugares públicos”. Situación que, sin ir más lejos, sufrieron Rocío Girat y Mariana Gómez hace unas semanas por besarse en Constitución.

 

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Rocío Girat y Mariana Gómez.

Otra arista que se agrega a esta problemática es la represión policial en las marchas de mujeres, como la razzia que tuvo lugar el pasado 8 de marzo luego del Paro Nacional de Mujeres o en los Encuentros Nacionales de Mujeres de años anteriores.

E.F.: ¿Creés que es necesaria la existencia de un protocolo dedicado exclusivamente a la población LGBTI?

L.S.:Estos protocolos deberían existir para establecer los límites de la policía sobre los  colectivos vulnerables, pero no hacer regla un uso de la fuerza que debería ser excepcional. Ese es el sentido que deben tener y para lo cual Naciones Unidas exige que se redacten; razón por la cual ya había un protocolo en vigencia (desde el año 2011, dispuesto por la resolución 1.811).

Este protocolo está destinado a las actividades que el colectivo LGBTI desarrolla en la vía pública y no a cualquier tipo de crimen, ni siquiera a delitos graves, a estafas, desfalcos, de cuello blanco.

Está orientado a reprimir a la parte más vulnerable del colectivo LGBT, que son las travestis y las trans que realizan actividades relacionadas a su supervivencia en la calle por la exclusión estructural que sufren y a las lesbianas que realizan acciones de visibilidad, protesta.

Entonces es sesgado en ese sentido, busca reprimir la supervivencia y la protesta social, a los dos sectores del colectivo LGBT más expuestos a la violencia policial. El protocolo legitima los excesos de la fuerza y avala una situación que se agravó en los últimos dos años. 

 

E.F.: ¿Cuáles son las diferencias entre el protocolo actual y el que había sido puesto en funcionamiento en 2011?

L.S.:Las diferencias con el protocolo anterior son muchas. En principio, porque el Ministerio de Seguridad en la gestión de Nilda Garré no tenía sólo este, sino que tenía toda una serie de protocolos y una bajada de línea para el uso racional de la fuerza y el control civil de la fuerza de seguridad. Contemplaba formación en género para los agentes.

No es el caso ahora. La brutalidad policial está avalada por la jefatura de la seguridad. Lo vemos todos los días en la calle, lo sufrimos con las compañeras travestis y trans en las plazas, en Once, en Constitución, lo estamos sufriendo en cada una de las manifestaciones en donde compañeras lesbianas y otros sujetos visibles para la policía se manifiestan.

Hacia una Justicia más injusta

El lunes, mientras el protocolo generaba polémica y repudio, otro acontecimiento tuvo lugar: la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó su renuncia, la cual comenzará a correr desde el 31 de diciembre en adelante. Tras haber denunciado diversas presiones, explicó que su partida era un intento de evitar “reformas que rompan el equilibrio” del organismo y afectaran “de manera sustancial su autonomía”.

Estos dos hechos se conectan de forma sutil: la Procuraduría General de la Nación debe velar por el correcto funcionamiento de los procedimientos y por el respeto de los Derechos Humanos en el accionar de las fuerzas de seguridad.

E.F.: Con respecto a la renuncia de Gils Carbó, ¿creés que puede poner en riesgo los avances en materia de género en el ámbito judicial?

L.S.: Hay un antes y un después de Gils Carbó en la Procuraduría. Ella implementó el Cupo Laboral Trans. Incluso antes de que estuviera sancionada la Ley, había trans y travestis trabajando en el Ministerio Público Fiscal.

Esto tuvo un impacto enorme para el Poder Judicial, nunca antes había habido sujetos no cisgénero en trabajando en el Poder Judicial como empleados y empleadas con posibilidades de ser magistradas y magistrados. Siempre habían sido los sujetos criminales.

Además, creó las unidades especializadas con despliegue territorial. Por ejemplo, ATAJO (Programa de Acceso Comunitario a la Justicia) y la RE.TE.GER. (Red Territorial en Género), un trabajo indispensable para los barrios que en otras áreas del Estado de la nueva gestión se viene recortando.

La UFEM (unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales), la PROCUVIN (Procuraduría de Violencia Institucional) y la DOVIC (Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas), son todas instituciones que han cambiado la forma de acceder a la justicia, sobre todo para colectivos vulnerables.

Esperemos que los avances trasciendan a la persona, ese es nuestro mayor deseo.

 

E.F.: Entonces, ¿con qué herramientas se cuentan ante los casos de abusos policiales?

L.S.: Desde lo legal, hay que seguir utilizando la presentación de habeas corpus, de medidas autosatifactivas como la que presentó ATE para la marcha por Santiago Maldonado de esta semana, las denuncias contra las fuerzas de seguridad, los planteos de nulidad en las detenciones. Después están las otras herramientas, las movilizaciones, el reclamo social. 

No es inclusión, es más violencia

Es para celebrar cada vez que los sectores excluidos y estigmatizados son reconocidos por el Estado, porque pasan a tener espacio en las legislaciones y más posibilidades de alcanzar sus derechos. Dejan de ser invisibles ante las instituciones que deben velar por ellos.

Claros ejemplos de esto fueron el matrimonio igualitario, la ley de cupo laboral trans o ley Sacayán (aún no reglamentada) y la ley de identidad de género, entre otras medidas traccionadas por años de lucha y reclamos.

Pero no se puede incluir desde la violencia: con este protocolo el Gobierno está reconociendo a la comunidad LGBTI sólo en términos penales, en lugar de avanzar en la erradicación de la desigualdad.

«Que el INADI haya respaldado el protocolo demuestra que no hay una ley que pueda ser aplicada e interpretada de manera abstracta. Lo que hace la diferencia es tener un gobierno que haga de los derechos humanos una política real, como pasó con la sanción del matrimonio igualitario, bien distinto a lo que pasa en un gobierno antipopular como este«, opinó Sánchez.