¿Querés ver genocidas sueltos? Veraneá en La Feliz

A finales de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 le otorgó la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz. Repasamos quién es y repudiamos sus días de paseo por Mar del Plata.

Miguel Osvaldo Etchecolatz fue, durante la última dictadura cívicomilitar, el Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense. Coordinó los grupos de tareas (encargados del secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición de personas) y los 21 centros clandestinos de detención de la provincia de Buenos Aires, conocidos como el «Circuito Camps» (en alusión a Ramón Camps, jefe de la policía bonaerense de ese entonces).

Junto a Camps, estuvo a cargo de la Noche de los lápices: el secuestro organizado de estudiantes secundarios en septiembre de 1976 en la ciudad de La Plata. Solo cuatro de los secuestrados lograron sobrevivir, y seis permanecen desaparecidos al día de hoy.

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Izq. a der.: Daniel A. Racero, María Clara Ciocchini, Horacio Ungaro, Francisco Lopez Muntaner, Claudio de Acha, María Claudia Falcone.

En el año 1986, Etchecolatz fue condenado a 23 años de prisión en el marco de la Causa Camps, como responsable de 95 delitos de tormentos. En 2004, fue condenado a 7 años de prisión en la Causa Sanz, por la supresión de la identidad de Carmen Sanz, hija de desaparecidos. En esa causa se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria por primera vez, que luego le sería revocado por tener un arma de fuego en su domicilio.

A fines de la década de 1990, se iniciaron los Juicios por la Verdad. Fue entonces cuando Jorge Julio López se presentó a declarar en calidad de testigo en los juicios llevados a cabo en La Plata. López había sido secuestrado durante la dictadura y permaneció detenido en varios de los centros clandestinos a cargo de Etchecolatz.

En el año 2006, tras la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Miguel Etchecolatz fue el primer genocida en enfrentarse a un juicio oral. Se lo condenó a prisión perpetua por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y, por primera vez, se usó el termino «genocidio» en una condena de este tipo.

Durante este juicio, conocido también como la Causa Etchecolatz, Julio Lopez se presentó a declarar en tres oportunidades, la última en junio de 2006. El 18 de septiembre de 2006 fue el último día en que se vio a Julio Lopez con vida, quien al día de la fecha permanece desaparecido.

En el año 2014, Etchecolatz fue condenado nuevamente junto a otras 14 personas que intervinieron en el centro clandestino de detención «La Cacha». En el marco de ese juicio, Leo Vaca, fotógrafo de InfoJus, tomó una foto donde el genocida tiene un papel en su mano, en el que se lee «Jorge Julio López. Secuestrar».

 

En marzo de 2016, se lo volvió a condenar a cadena perpetua por el secuestro y la desaparición  de Daniel Favero y María Paula Alvarez. Al sumarse las cuatro sentencias anteriores, se le unificó una reclusión perpetua.

En diciembre de 2017 fue beneficiado con prisión domiciliaria debido a su «delicado cuadro de salud», sumándose así a los casi 600 genocidas que gozan de este beneficio. Desde entonces,  reside en su casa en el Bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata, donde vive también una de sus víctimas.

A pesar del repudio de vecinos, organizaciones de Derechos Humanos y distintos movimientos políticos, el represor, genocida y torturador transcurre sus días en la comodidad de su casa. Incluso, el pasado domingo 21 de enero se lo vio mientras era trasladado a la Clínica Colón sin siquiera estar esposado.

La única casa de un genocida es la cárcel. Pero parece que, por ahora, los dejamos veranear en La Feliz.


Fuentes:
La Izquierda Diario
Página 12
Diario Veloz
Agencia Paco Urondo
Perfil

Radiografía de un represor: «Astiz»

A raíz del fallo de la corte suprema de justicia que aplicó el 2×1 a Luis Muiña, condenado por crímenes de lesa humanidad en el Hospital Posadas, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad analizó la situación y concluyó que más de la mitad de los condenados sentenciados están en condiciones de pedir el beneficio del 2×1 y quedar libres.

Alfredo Ignacio Astiz, «el ángel de la muerte«, es uno de ellos. Está implicado en dos causas internacionales: uno por el asesinato de Dagmar Hagelin y otro por el secuestro de las monjas francesas. Secuestró, torturó y asesinó, pero eso es lo único que le enseñaron a hacer y lo único para lo que fue bueno.

Nació en Mar del Plata, un 8 de noviembre de 1950, tiene 66 años. Una edad que se acerca a la que tenía una de las monjas francesas cuando fue secuestrada, torturada y asesinada en uno de los vuelos de la muerte. Todo planificado y comandado por él.

«Gustavo Niño» fue el nombre ficticio que utilizó para infiltrarse en la Iglesia de la Santa Cruz, lugar donde se reunían las madres y familiares de desaparecidos en aquel momento. Él se hizo pasar por un hermano de desaparecido. Su nombre ficticio llegó a aparecer en una lista de una solicitada del diario La Nación reclamando la libertad de sus familiares.

Entre el 8 y 10 de diciembre de 1977 se llevaron, en total a 12 personas. Fueron 12 nombres que él indicó luego de pasar 6 meses como infiltrado. Fueron 12 personas que él condenó a muerte.

Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce, las tres madres fundadoras de la naciente organización «Madres de Plaza de Mayo».

Alice Domon y Léonie Duquet, las dos monjas francesas.

Ángela Auad, Remo Berardo, Horacio Elbert, José Julio Fondevilla, Eduardo Gabriel Horane, Raquel Bulit y Patricia Oviedo, activistas por los derechos humanos.

El destino fue la ESMA, en el altillo escondido del casino de oficiales llamado «capuchita» se encuentra una prueba judicial. Son cinco números tallados en  la capa de pintura que estaba cuando era un centro clandestino. Cinco números. Sólo le falta uno para ser el del teléfono del convento de la Iglesia de la Santa Cruz.

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Debido al escándalo internacional con el gobierno francés, los militares decidieron atribuirle su secuestro a los Montoneros. Pero el detenido que pintó la bandera dibujó un círculo perfecto en vez de un óvalo como realmente es el logo. Nadie les creyó, tuvieron que acelerar el proceso de desaparición de las víctimas.

Los testimonios de los sobrevivientes que estuvieron en la ESMA indican que las mantuvieron poco tiempo en el centro clandestino.

El 20 de diciembre de 1977 comenzaron a aparecer cuerpos con las manos y piernas atadas, algunos con capuchas. Los vecinos pensaron que se trataba de un naufragio. Los enterraron como NN, o en una fosa común. Guardaron silencio.

En agosto de 2005 el Equipo Argentino de Antropología Forense analizó los NN que se encontraban en el Cementerio de General Lavalle.

99,92 por ciento fue la compatibilidad de uno de los restos con los familiares de Léonie Duquet.

«Fracturas múltiples a nivel de miembros superiores e inferiores y cráneo, compatibles con la caída desde altura contra una superficie dura que podría ser el mar», dictó el informe del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Astiz es rubio y tiene ojos celestes, por eso las madres lo apodaban «rubito» cuando era jóven, por eso parecía un ángel. Aunque estaba muy lejos de serlo.

«—Usted los secuestraba y torturaba.

-Yo nunca torturé. No me correspondía ¿Si hubiera torturado si me hubieran mandado? Sí, claro que sí. Yo digo que a mi la Armada me enseñó a destruir. No me enseñaron a construir, me enseñaron a destruir. Sé poner minas y bombas, sé infiltrarme, sé desarmar una organización, sé matar- Todo eso lo sé hacer bien. Yo digo siempre: soy bruto, pero tuve un solo acto de lucidez en mi vida, que fue meterme en la Armada.» 

Alfredo Astiz en una entrevista con Gabriela Cerruti (1998).


Fuentes utilizadas:

https://www.pagina12.com.ar/35762-via-libre-para-la-patota-de-la-esma

https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/identifican-restos-monjas-francesas_0_H1wZfAwyAFx.html

http://www.fernandopeirone.com.ar/Lote/nro068/Astiz.htm

Entrevista completa con Gabriela Cerruti:

Alfredo Astiz: «No me arrepiento de nada»

 

 

Represores: el calor del hogar no merecido

Ya son más de 50 los militares beneficiados con prisión domiciliaria desde la asunción del gobierno de Cambiemos. Entre explicaciones que no alcanzan, parece ser realidad el fin del “curro de los Derechos Humanos” que tanto prometió el Presidente en campaña.

De los cambios efectuados en distintas esferas estatales a partir de la asunción de Mauricio Macri en diciembre de 2015, no escapa la política de Derechos Humanos. Distintos juzgados federales han concedido la prisión domiciliaria a militares y policías condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar argentina.

Desde el Ministerio de Justicia, afirman que la decisión no es automática sino que depende del criterio de cada juez, y que aplica a presos mayores de 70 años con problemas de salud.

Además, el Ministerio de Defensa encabezado por Julio Martínez habilitó a los condenados por este tipo de delitos a ser atendidos nuevamente en Hospitales Militares. La medida dejó sin efecto la prohibición que había establecido su antecesor, Agustín Rossi, luego de la fuga de dos condenados (Gustavo De Marchi y Jorge Olivera) en 2013.

Escudados tras el objetivo de “cumplir la ley”, desde el gobierno aseguran que los juicios continuarán y que no habrá impunidad.

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El CELS afirma que, si bien durante los gobiernos kirchneristas también se concedió este tipo de beneficios a muchos genocidas, en la actualidad la cifra representa al 41% de los condenados. Miembros de Cambiemos aseguran que la única diferencia con el gobierno anterior es que ellos no van a apelar las decisiones de los jueces ni a presionarlos para evitar que tomen este tipo de decisiones.

A la ola de prisiones domiciliarias, se le suma la denuncia de organismos de Derechos Humanos sobre el funcionamiento de lo que llaman una “cárcel VIP” en la Unidad 34 de Campo de Mayo, que no cumple con las condiciones elementales de seguridad. Allí se encuentran alojados más de 54 represores en un predio sin doble estructura de valla y con escaso personal penitenciario.

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Entre el discurso que pretende reavivar la teoría de los dos demonios y que minimiza el número de desaparecidos, los editoriales del diario La Nación que piden amnistía para torturadores y genocidas, y el intento de hacer movible el feriado del 24 de marzo, el gobierno nacional muestra señales más que preocupantes con respecto a su política de Derechos Humanos. Parece ser que la Memoria, la Verdad y la Justicia no están en su agenda.

 


Fuentes consultadas:

Imágenes extraídas de: