Eulalia Ares: primera gobernadora en Argentina

Si de revoluciones se trata, el siglo XIX argentino tuvo incontables encuentros armados. Los relatos sobre estos hechos (escritos, casualmente, por hombres) contaron y describieron durante mucho tiempo la actitud heroica, valiente y patriótica de cientos de hombres dispuestos a defender el territorio.

No hace tanto tiempo, el enfoque cambió y se abrió el telón que descubrió a muchas mujeres activas en la defensa nacional argentina. La estereotipada idea construida a lo largo de los años en donde las mujeres tiraban aceite, criaban a sus hijos y asistían a fiestas se vio desdibujada por la contraposición de las tenientes, las generales y las combatientes.

Eulalia Ares fue una de las tantas mujeres que decidió tomar las armas para combatir el orden constitucional establecido. Con Bartolomé Mitre como presidente de facto (1862), algunas provincias modificaban también sus gobernaciones. En Catamarca, Ramón Rosa Correa había vencido en elecciones al gobernador provisional Moisés Omill.

Sin embargo, Omill no cedió el cargo argumentando que Correa no había conseguido la mayoría absoluta de los dos tercios de la asamblea electoral. Con ánimos de defender su legítimo lugar, Correa se enfrentó al usurpador Omill, junto al general Vildoza y otros militares. No tuvieron suerte y fueron derrotados, lo cual forzó su exilio en Santiago del Estero.

Eulalia Ares, catamarqueña nacida en 1809, había asistido al Colegio de las Carmelitas y, cuando falleció su padre, se hizo cargo de los negocios. Años después se casó con el general Vildoza y su activismo político hizo que su vida no se resumiera a ocuparse de su familia puertas adentro de su casa.

Después de la derrota que sufrieron su marido y Correa, y con Omill autoproclamado gobernador constitucional, Eulalia Ares reunió a las esposas de varios exiliados políticos, compró armas en Santiago del Estero y armó la «Revolución de las mujeres». Camufladas con ropa de hombre sorprendieron a la custodia del Cabildo. En el medio de la balacera, Omill se fugó saltando los paredones y huyó a caballo (con ayuda de unos frailes), vestido de monje, hacia Tucumán.

Eulalia fue la primera mujer gobernadora de una provincia argentina, ya que tuvo que ocupar el cargo mientras Vildoza y el resto de los exiliados regresaban de Santiago del Estero.

Aunque fueron solo 10 horas las que estuvo al mando de Catamarca, la gobernadora llegó a establecer algunas medidas como ordenar rezos en agradecimiento al triunfo de la revolución y que se repartieran limosnas entre las personas pobres. Además, convocó al Cabildo y dictó un plebiscito en el que designaba como gobernador provisorio a Pedro Cano hasta que Ramón Correa pudiera regresar.

Después de la Revolución, Eulalia siguió vinculada a la política y marcó huellas de lucha activa y compromiso social de las mujeres para con la patria.


Nos siguen prohibiendo derechos

Santiago del Estero es una de las provincias que aún no adhiere al protocolo por la interrupción legal del embarazo en Argentina. En lo que va del año se hicieron públicos dos casos de abortos no punibles negados a niñas de 11 y 12 años. Faltan leyes que promuevan los derechos de las mujeres pero, además, que las que están vigentes se cumplan.  

Desde 1921, el Código Penal establece los casos en los que no se debe penar la interrupción del embarazo: cuando se practica con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer y cuando se interrumpe un embarazo fruto de una violación. Sin embargo, 100 años después las mujeres siguen sin tener acceso al aborto legal.

En 2012, la Corte Suprema se pronuncia con el fallo F.A.L. sobre el aborto por violación y resuelve que las mujeres violadas pueden interrumpir un embarazo sin autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal. Según el fallo, solo es necesaria una declaración jurada que deje constancia del delito que sufrió la persona que quiera interrumpir el embarazo.

El 12 de diciembre de 2019, tras asumir Fernández como presidente y el Dr. Ginés González García como ministro de Salud de la Nación, dicho Ministerio aprobó la última actualización al «Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo». El documento reconoce la posibilidad de la objeción de conciencia pero establece que esta no puede suponer un obstáculo para el acceso al derecho a abortar.

Según un informe de La Izquierda Diario, en la actualidad son siete las provincias que aún no han adherido al protocolo nacional. Además de Santiago del Estero se cuentan Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan y Tucumán. Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto manifestaron su preocupación y reclamaron que se cumpla con la ley en Santiago y en el resto del país.

Niñas, no madres

En los últimos años se han dado a conocer varios casos de niñas abusadas que no han podido interrumpir su embarazo porque los médicos se niegan a cumplir con la ley o porque grupos religiosos y hasta gobernantes interfieren para que sus embarazos lleguen a término. Por más títulos románticos e historias de jóvenes que son madres ejemplares que se difundan, es importante remarcar que una niña madre es una niña violada, y que además es revictimizada cuando no se respetan sus derechos.

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En mayo de este año, se conoció el caso de una nena de 12 años obligada a gestar en Santiago del Estero. La niña es cartonera, vive en condiciones de hacinamiento con su mamá, la pareja de ella y dos hermanitos de 8 y 6 años, en una habitación muy precaria que alquilan en un barrio humilde de las afueras de La Banda, a unos sesenta kilómetros al norte de la capital provincial. No tienen agua potable. Además, pasó la mayor parte de su vida en instituciones alejada de su familia.

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El 2 de abril, la menor fue a atenderse por dolores abdominales a la Unidad Primaria de Atención Sanitaria N° 3, de Villa Griselda, de La Banda. El 6 de abril, en el del barrio Misky Mayu, le hicieron una ecografía que dio una edad gestacional de 20 semanas. Según pudo reconstruir la referente en Salud Sexual y Reproductiva de Santiago del Estero, nunca le brindaron la consejería en derechos sexuales y reproductivos que se le garantiza por ley.

Esa consejería debería cubrir aspectos relativos al origen de ese embarazo, los derechos que la asisten, las opciones de acuerdo a la edad gestacional, los riesgos de continuación o interrupción de embarazo y los apoyos posibles en cada caso. Además, la médica María de los Ángeles Pereyra, coordinadora de la UPA N° 3, de Villa Griselda, demoró 18 días en informar a las autoridades sanitarias de la provincia sobre el embarazo que, dado que la niña tiene menos de 13 años, se considera siempre que es producto de violencia sexual.

El informe detalla que a la niña se le constató una gestación de 26 semanas. Es decir, mintió en la edad gestacional. Además, expresa que la niña «refiere haber estado de novia con un joven y ahora ya no, negando la identidad del mismo». Y más adelante, detalla: «Con antecedente de transgresión alimentaria, se indica dieta y seguimiento, programándose control obstétrico». Todo el tiempo se la trató como una mujer embarazada más.

Cuando el informe ingresó al Ministerio de Salud, teniendo en cuenta la información notificada por la médica Pereyra, se presumió que la niña ya tenía un embarazo avanzado, que entraba en la semana 30 de gestación, lo cual dificultaba la posibilidad de ILE. Con ese cuadro, intervino el área de Fortalecimiento Familiar de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y se decidió derivarla a un hospital de mayor complejidad, el Centro Integral de La Banda.

El 7 de mayo, fue con su madre a atenderse y quedó internada por un día para realizarle los estudios necesarios y descubrieron que, en realidad, cursaba la semana 24 de gestación. Con esa información, se podría haber ofrecido una ILE. Pero el sistema de salud provincial tampoco respondió a tiempo: ni siquiera se le brindó la consejería adecuada.

El caso de esta pequeña sacó a la luz el modo de manejarse de una gran parte del personal de salud de Santiago del Estero. Se descubrió que no brindan la información necesaria acerca de los derechos y las posibilidades de las menores o gestantes violadas, niegan contención psicológica, demoran sus informes o denuncias y, además, exageran el número de semanas de gestación para generar la idea de que ya no se puede hacer nada.

La ley existe. Ahora, se necesita de un Estado y un sistema de salud que actúen en nombre de las víctimas y no de sus concepciones personales.


Fuentes:

Imagen de portada: Otra Óptica


Niñas obligadas a maternar

Cada 3 horas, una niña de entre 10 y 14 años tiene un parto en Argentina.

UNICEF – informe maternidad y paternidad adolescente – 2017

La historia de María, según su legajo del sistema de protección de niñez, estuvo atravesada por los abusos sexuales. En los documentos figuran denuncias de cuando ella tenía 3 años de edad —en 2011— y luego dos episodios nuevos padecidos en 2013 y 2017. La niña vive junto a su madre, la pareja de ella y sus dos hermanos de 8 y 6 años de edad en una habitación muy humilde que la familia alquila en las afueras de La Banda, Santiago del Estero.

En este contexto, María, de 12 años de edad, fue victima de violación y como consecuencia quedó embarazada. Acompañada de su madre por un dolor abdominal, se presentó el 2 de abril a la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) N° 3 del barrio Villa Griselda, La Banda, en Santiago del Estero, en donde la derivaron con un turno para el día 6 de abril a otro centro con la excusa que no había ecógrafo. Llegado ese día, confirmaron un embarazo de 20 semanas pero nunca les brindaron consejería en derechos sexuales y reproductivos garantizados por ley.

Imagen Archivo

De acuerdo con la actualización (2019), para acceder a la ILE (Interrupción Legal del Embarazo), las personas gestantes solo deberán pedirla y cumplir con dos requisitos: dar su consentimiento informado y firmar una declaración jurada que afirme que su situación está entre los casos comprendidos por la ley para la intervención. Entre el pedido y la realización de la práctica no pueden pasar más de 10 días corridosla decisión de quien pide el aborto «es incuestionable y no debe ser sometida por parte de las/os profesionales de salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas».

Lamentablemente, a María le negaron ese derecho ya que, según la médica que se ocupó del caso, María de los Ángeles Pereyra, se demoró casi tres semanas en comunicar a las autoridades sanitarias de Santiago del Estero sobre el embarazo de María.

El informe está fechado el 26 de abril pero llegó al Ministerio de Salud de la provincia dos días después. Lo negligente de la situación es que, en ese mismo documento, la médica informó que la niña entraba en la semana 30 de gestación, es decir, que le agregó un mes y medio al tiempo de gestación real. Por consecuencia se dificultaba la posibilidad de ILE, confiaron fuentes de la gobernación.

Con este contexto les representantes de Fortalecimiento Familiar de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia decidieron derivar a la pequeña al Centro Integral de La Banda, una de las grandes referencias de maternidad en la provincia.

En ese nuevo centro de salud se constató que María no cursaba la semana 30 de embarazo, sino que se encontraba alrededor de las 24 semanas. Pese a que con esa nueva información todavía se podría haber efectuado la práctica de la ILE, un alto funcionario de Maternidad e Infancia se echó atrás y alegó que en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva le habían dicho que no era apropiada la práctica.

Imagen Archivo

Santiago del Estero es una de las provincias (junto a Corrientes, Formosa, Catamarca y San Juan) que no tiene protocolo para acceder al aborto no punible. A la vez, es una de las provincias con más alto índice de niñas madres, según datos del Ministerio de Salud de Nación.

La ley 26.061 establece que todos los actores sociales son responsables de proteger el interés superior de los niños y niñas y de actuar en consonancia con su reconocimiento y ejercicio. Esto incluye a las familias, al Estado, a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación.

Las niñas que son obligadas a llevar a término un embarazo forzado no son madres: son víctimas de la violencia institucional de un Estado ausente o, aun peor, cómplice con la vulneración de sus derechos. Es necesario que se deje de pedirle a las niñas que sean supuestas heroínas para que puedan ser, precisamente, niñas.


Fuentes: