Las desigualdades sociales, económicas y culturales, el desarrollo asimétrico en los distintos grupos de la sociedad y el mercado hostil en el que se inserta el complejo entramado de relaciones laborales son causas de la precarización laboral y las distintas formas de explotación, entendida como la apropiación de los recursos, el capital o incluso las cualidades de un individuo.
Una de las formas de explotación más prominentes en el patriarcado es la prostitución forzada. Aunque, según Infobae, el número de víctimas de trata rescatadas se encuentra en crecimiento, muchas de las ofertas laborales que hoy en día están publicadas no son más que frases engañosas con el objetivo de reclutar a jóvenes en lo que se conoce como «redes de trata» para obligarlas a prostituirse, explotarlas y privarlas de su libertad. En estas redes, las mujeres son captadas, trasladadas, violentadas y vulneradas con el fin de someterlas y de lucrar con su actividad.
La sexual no es el único tipo de explotación existente: según información distribuida por el Ministerio de Seguridad de nuestro país, entre 2016 y 2018 hubo más de 1000 allanamientos relacionados con el delito de trata, en donde alrededor de 2700 víctimas fueron rescatadas. La mayor parte de ellas pertenecía a redes de explotación laboral o servidumbre.
Si bien está ligada a una cuestión de género (afecta mayormente a mujeres jóvenes), también se vincula con la nacionalidad de las víctimas que son, en gran parte, inmigrantes de países limítrofes y, además, con una cuestión socioeconómica. La vulnerabilidad socioeconómica genera que cada vez sean más quienes, por querer cambiar su vida, caigan en el engaño de una mejoría.
Aunque la explotación sexual es una de las actividades ilegales que aumentó en estos años, la que más porcentaje de crecimiento demuestra es la explotación laboral en un 201%. En la mayor parte de los casos revela una ilusión hecha pedazos que termina en un taller clandestino, en pequeños supermercados barriales o en huertas donde se cultivan verduras y hortalizas, y en donde las jornadas duran a veces más de 12 horas.
En 2017, Laura Aparicio afirmaba para La Izquierda Diario que la precarización laboral tiene «rostro de mujer», que emigran a edades cada vez más tempranas enfrentándose a muchos posibles peligros como el acoso sexual o el femicidio.
Raquel, hoy una mujer con dos hija y sostén de su hogar, lo vivió en primera persona. En diálogo con Escritura Feminista afirma:
«La explotación laboral viene desde hace mucho tiempo. Soy paraguaya, llegué acá en 1991 con 18 años, trabajaba en una casa en donde tenía que hacer de todo, y la crianza de los nenes que vivían ahí estaba a mi cargo. La diferencia se sentía, o me la hacían sentir. No comíamos en la misma mesa, me pagaban poco y nada porque era muy joven y además extranjera, entonces se aprovechaban. Durante ese tiempo estuve muy triste, había adelgazado mucho y me quería volver a mi país. Mi marido también trabajaba muchísimo, como 10 horas, y le pagaban muy poco».
El testimonio de Raquel es muy parecido a la información que aportan los medios con respecto a quienes atraviesan este tipo de situaciones, en donde la explotación, aunque se trabaje «en blanco», es moneda corriente. ¿Realmente se redujo este tipo de procesos para “sacar provecho”? ¿O simplemente cambió sus formas, buscando adaptarse?
Aunque los modos más conocidos de aprovechamiento ilegales, insalubres y vinculados a la esclavitud sean los talleres y la servidumbre, hay un nuevo tipo de abuso de poder que arrasa en el siglo XXI. Se trata de grupos empresariales o empresas multinacionales que obtienen un beneficio de la precariedad laboral ya instalada en el sistema, que externalizan los riesgos empresariales a costa de lxs trabajadorxs y que carecen de control o regulación normativa.
Son instituciones cada vez más reconocidas, como por ejemplo las de rápidos delivery, que no solo mantienen jornadas de trabajo muy largas, sino que también pagan poco y ya han recibido varias denuncias por maltrato y explotación. Las nuevas plataformas buscan abaratar costos e implementan reformas que alimentan cada vez más la desigualdad vigente en un sistema que sostiene la precariedad en el contexto de crisis.
Según El Salto, este tipo de empleos de baja calidad actúa como una imagen de recuperación económica y está vinculado a lo que se conoce como “economía colaborativa”, un tipo de empleo que, básicamente, pide a lxs trabajadorxs que aporten sus propias herramientas o dinero para empezar a trabajar.
Verónica Itatí González, de la Universidad Nacional del Nordeste, plantea que en países como Argentina los empleos permanentes de tiempo completo siempre fueron escasos. En lugar de avanzar hacia trabajos más estables, se retrocede hacia empleos más precarios que atentan contra los derechos y los beneficios de los trabajadores a nivel mundial, y recaen en prácticas de explotación que van desde lo ilegal hasta lo estacional o temporal.
En su artículo Estudios de género y migración: Una revisión desde las perspectiva del siglo XXI, publicado por Autoctonía, Pierrette Hondagneu-Sotelo retoma las cuestiones de género y migración. Expone que hay un vínculo muy estrecho entre las mujeres migrantes, el trabajo doméstico y la atención familiar, que empezó a manifestarse a partir del siglo XX, y también con el tráfico sexual.
La problemática de la migración trasnacional que antes solía recaer sobre la mano de obra masculina ahora se cierne sobre las mujeres, que no solo deben buscar un trabajo por el que ganan muy poco, sino que también deben ocuparse del hogar y, muchas veces, dejar a sus hijos en otro punto geográfico. Esta decisión, conocida como «los niños dejados atrás», inicia cuando sus madres emigran, en su mayoría, como trabajadoras domésticas.
Cynthia Cranford, socióloga de la Universidad de Toronto, sostiene que la reestructuración económica, el trabajo y la política sindical activa de las mujeres migrantes latinas permiten desafiar las restricciones de género impuestas en múltiples ámbitos. Remiseras, plomeras, electricistas que no solo pretenden brindar seguridad, sino también romper la brecha salarial y de desempleo que históricamente suele afectar más al género femenino.
Aplicaciones de trabajo como Sara y Femplea fueron pensadas como bancos de trabajo de mujeres para mujeres, para facilitar la inserción laboral femenina. Silvia Ferraro, de la Fundación Mujeres en Igualdad, desarrolló Femplea con el objetivo de que trabajadoras y clientas «puedan ofrecer su servicio y tener la confianza de que van a llegar a mujeres a su hogar».
«Son algo más que una propuesta de seguridad. Son una estrategia de acción afirmativa a favor de grupos desaventajados en sus condiciones laborales. Las mujeres son mayoría en el trabajo informal y las peor rentadas en la escala laboral, sobre todo en el trabajo doméstico. La estrategia alcanza a otros géneros perjudicados en las oportunidades laborales -travestis y mujeres y varones trans- y también a colectivos particulares como, por ejemplo, sobrevivientes de explotación sexual». Diana Maffia, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
Es evidente que en Argentina existe un alto margen de precarización laboral, cada vez más visible por la crisis que afecta de forma estructural al país. La inmigración y los cambios en las perspectivas de género impactan sobre el funcionamiento del mercado, buscando que la inserción laboral de aquellxs más marginadxs, sea legal y que gocen no solo de los derechos laborales y de la protección, sino también de los beneficios que vienen aparejados con el trabajo «en blanco».
Fuentes
- Página 12
- El Salto Diario – Alkimia
- Infobae
- La Izquierda Diario
- Rosario nuestro
- El Diario de Madryn
- El Salto Diario- (portada)
- Autoctonía
- Perfil
- La Izquierda Diario
- Proyecto Esperanza
- González, V. (2018). La precarización laboral del contratado como detonante de discriminación en el sector público. Anales De La Facultad De Ciencias Juridicas Y Sociales De La Universidad Nacional De La Plata, (48).
- Infobae
Escritura Feminista 
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