Las omisiones que le hacen mal a la Argentina

El pasado viernes, la noticia principal fue la cantidad de personas abarrotadas en las puertas de los bancos. La escena le cayó mal al presidente Alberto Fernández que se desayunaba, programas televisivos mediante, que sus funcionarios no habían coordinado con Anses y el Banco Central. Se pidieron renuncias de funcionarios. En Tucumán, en tanto, la policía no accionaba frente a un posible femicidio que se consumaría ese mismo día. Las omisiones le hacen mal a la Argentina. Sigue leyendo Las omisiones que le hacen mal a la Argentina

El cuento de Lucía: el aborto que no fue

¿Cómo justificar el silencio cuando se vuelve tortura, cuando al pedido y la súplica de una niña se responde con mayor violencia? Cuando el mismo Estado, supuesto garante y protector, se convierte en antiderechos pese a una ley activa desde 1921.

El martes pasado, se le practicó una cesárea a una nena de 11 años de Tucumán en el Hospital del Este Eva Perón. Había quedado embarazada tras ser violada por la pareja de su abuela. La niña no vivía con su madre, puesto que su concubino había abusado de sus dos hermanas mayores. Según fuentes judiciales, el autor de estos delitos fue condenado y está preso.

El 25 de febrero, Lucía y su madre solicitaron la ILE (interrupción legal del embarazo) de acuerdo con el artículo 86 del Código Penal, ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo «F.A.L.» de 2012, que certifica que es legal en los siguientes casos:

  • Si el embarazo representa un riesgo para la vida de la persona gestante.
  • Si el embarazo representa un riesgo para el bienestar físico, emocional y social de la persona gestante.
  • Si el embarazo es producto de una violación.

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(Cladem, red regional de organizaciones y activistas feministas, creó la petición dirigida a las autoridades de la provincia de Tucumán para solicitar protección y respeto a los derechos de la niña, a quien se identifica como Lucía, un nombre ficticio).

El gobierno de Tucumán falló y abandonó a una niña de 11 años, violada y sometida a un sistema de salud desigual que desampara y poco responde.

La criatura enfrentó un embarazo que no eligió. Frente a esta situación y en menos de 24 horas, una petición lanzada en la plataforma Change.org por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) consiguió casi 15 mil firmas. La organización internacional Equality Now se sumó como promotora de la petición.

«Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo». Con esa desgarradora declaración, la menor le suplicó a la psicóloga del hospital que le practicasen una interrupción legal del embarazo. La menor de tres hermanas había decidido no continuar con esa gestación pero poco efectivo fue el accionar de las autoridades.

El embarazo se detectó el 23 de enero en el Centro de Atención Primaria de la Salud de la localidad de Siete de Abril, cerca de la frontera con Santiago del Estero. Tras varios intentos de suicidio, la niña fue ingresada por «autolesiones». Lloraba, pedía por su mamá, necesitaba que la abrazaran y la contuvieran. El 31 de enero, la niña fue derivada al Hospital del Este Eva Perón, en las afueras de San Miguel de Tucumán, donde fue obligada a parir bajo una tutela que la oyó pero nunca la escuchó.

El cuento de Manzur

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Con la dilatación de la decisión de permitirle a Lucía acceder al aborto, la provincia incumplió el «Protocolo Interinstitucional para el Abordaje de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual» aprobado por el Poder Ejecutivo y el Judicial de Tucumán en julio de 2015. En este se establece que se debe cumplir con los protocolos de la Nación en casos de violencia sexual y que el sistema de salud debe ofrecer y garantizar la interrupción legal de embarazo como opción terapéutica en caso de embarazo forzado.

«¿Quién se hará cargo de los daños producidos a la niña? Porque el retardo en la ILE viola el derecho a la salud que no es sólo lo físico sino lo psíquico y social, una definición la OMS desde 1948», declaró Marisa Herrera, abogada especialista en Familia.

La niña que jugaba

El Sistema de Salud Provincial (Siprosa) ordenó el lunes por la noche proceder con la práctica para dar cumplimiento a un fallo judicial. «Una nena de esa edad tiene peligro de muerte porque no tiene el cuerpo desarrollado para continuar el embarazo», afirmó Cecilia Ousset, la ginecóloga que le realizó la cesárea a la niña, en un relato estremecedor a través de Radio Nacional Tucumán.

«Cuando llegamos al quirófano, la niña pidió escuchar música cristiana mientras jugaba con muñequitas. La ví y se me aflojaron las piernas, era como ver a mi hija menor. La chiquita no entendía todo lo que iba a pasar».

La profesional denunció que «la nena estuvo 7 semanas a cargo del sistema público de salud y creo que el gobernador Juan Manzur, por una cuestión electoral, impidió que se realizara la interrupción legal del embarazo y obligó a la nena a dar a luz. Eso es tortura».

Nuevos métodos de tortura

El aborto que no fue en el caso de la niña de 12 años, víctima de una violación en Jujuy, también fue parte de este nuevo método de tortura en Argentina donde el acceso a un aborto legal es ficticio. Se le practicó una cesárea y el bebé murió esa misma noche.

«Aplicar la ILE hubiera evitado la agonía que esa recién nacida padeció, además de la maternidad forzada a la que se obligó a la niña», remarcaron diversas organizaciones de mujeres.

La madre de la criatura presentó un recurso formal para pedir la renuncia del ministro de Salud de esa provincia por sacrificar «la intimidad, la libertad, la dignidad y la salud integral» de la niña de 12 años. «No fue ILE, fue tortura», denunciaron desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Jujuy.

¿La vida de quién fue salvada? Solo quedan una criatura con 40% de posibilidades de sobrevivir y la agonía de Lucía, producto del sufrimiento a causa de la ausencia del Estado, de un encarnizamiento fuera de la ley y de la falta de autonomía sobre su propio cuerpo.

 

 


Fuentes:

  • lmneuquen.com
  • pagina12
  • tn.com.ar
  • Fundación Huésped

Fotos:

  • Izquierda Diario
  • La Nación

Femicidio en Tucumán: ¿quién mató a Ornella?

La joven tenía 16 años y estaba embarazada de un mes y medio. Aunque llevaba desaparecida varios días, su familia no había hecho la denuncia. Dos niños la encontraron muerta en un campo de soja en Alberdi, una localidad a 90 kilómetros de la capital tucumana.

El 10 de abril, apareció su cuerpo semidesnudo y con signos de haber sido violada. Desde entonces, no se sabe mucho más. Familiares y amigos marchan y exigen justicia, mientras los vecinos denuncian irregularidades en el accionar policial: dicen que, cuando llegó la Brigada de investigaciones a la zona, la policía local se negó a entregar el mando de la investigación. Los oficiales locales parecían nerviosos.

Existen varias líneas de investigación en paralelo. La primera apunta a Damián “Pomelo” del Valle Fernández, porque estaba con ella la última vez que se la vio con vida. Según la autopsia, habría sido asesinada ese mismo día. El hombre se presentó de manera espontánea en la sede de los tribunales de Concepción y negó cualquier responsabilidad en el hecho.

La segunda línea de investigación recae sobre un joven que aparece en las imágenes de una cámara de seguridad junto a Ornella. Una testigo se acercó a declarar en la fiscalía. Asegura que, el día del femicidio, caminaba por el barrio y, alarmada por los gritos que escuchó, se escondió detrás de un árbol.

Desde allí, pudo ver cómo cuatro hombres violaban y mataban a la joven. Uno de ellos, el que aparece en el video, fue identificado como “perrito”.

Una tercera hipótesis apunta a la relación que Ornella mantenía con un policía, quien, se dice, podría ser el padre del bebé que esperaba. Al momento, se desconoce la identidad del efectivo policial.

Por último, no se descarta que el crimen tuviera alguna relación con los antecedentes penales del padre de la joven.

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Las dudas siguen instaladas. La investigación parece girar siempre sobre el mismo eje. El tiempo pasa y Ornella nos falta a todos desde el 10 de abril. Desde ese día, su nombre se sumó a la larga lista de femicidios. Lista que, dolorosamente, no para de crecer.

 

 


Fuentes consultadas

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15 años tras las huellas de Marita

Esta semana, se cumplieron 15 años de la desaparición de Marita Verón, la joven tucumana secuestrada por una red de trata para prostituirla. Aunque los culpables están presos y condenados, la búsqueda continúa. Susana Trimarco, madre coraje que mediante su fundación rescató a más de 9.600 víctimas, asegura que nunca dejará de buscarla.

María de los Ángeles Verón tenía 23 años en el 2002 y era mamá de Micaela, de 3 años. Había decido ponerse un DIU. Su vecina y enfermera de la Maternidad de San Miguel de Tucumán, Patricia Soria, la había contactado con Miguel Ardiles para que le facilitara la atención con el médico Tomás Rojas. La citaron el 3 de abril con documento en mano. Nunca más regresó a su casa.

Sus padres, Susana Trimarco y Daniel Verón comenzaron a buscarla. Descubrieron que Ardiles no era jefe de personal de la Maternidad sino empleado de limpieza. Intentaron hacer la denuncia pero la policía no se las quiso tomar. Tampoco salieron a buscarla porque “no tenían nafta en la camioneta”.

Amigos y familiares pegaron afiches, recorrieron las calles sin éxito. Una testigo aseguró que había sido secuestrada en un auto rojo.

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Un día, en la zona roja de la ciudad de Tucumán, una mujer que había sido violada y vendida para explotación sexual aseguró haberla visto en La Rioja. Gracias a esa pista, Trimarco comenzó a frecuentar whiskerías y prostíbulos en busca de algún indicio.

A partir de esos recorridos, pudo entender que el negocio de la trata incluía a quienes debían combatirla: funcionarios públicos –policías, jueces, fiscales, políticos– de distinta jerarquía. La investigación era una y otra vez desviada.

En junio de 2002 llegaron hasta El Desafío, un prostíbulo en La Rioja del que rescataron a Anahí Manassero, quién además de reconstruir el destino de Marita hasta el 2003, confirmó la complicidad estatal que garantizaba la impunidad del delito. Anahí aseguró que, horas antes del allanamiento que la dejó en libertad, un policía había sacado a Marita y otras chicas para esconderlas en su casa.

El juicio

Nueve años después de su secuestro, comenzó el juicio. En el mismo, participaron más de 150 testigos y fueron acusadas 13 personas. A pesar de los testimonios de varias víctimas, el 11 de diciembre de 2012 los jueces de la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán, Alberto César Piedrabuena, Emilio Andrés Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, absolvieron a todos los imputados.

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Recién en diciembre de 2013, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revocó el fallo absolutorio y condenó a todos los imputados. La sentencia final fue el 8 de abril de 2014 y estableció penas de entre 15 y 22 años de prisión. Hoy, todos los condenados están presos.

La búsqueda sigue

El 3 de abril de este año, al cumplirse 15 años de la desaparición de la joven, Susana Trimarco renovó una vez más el compromiso con su hija. Publicó en Twitter: «Hoy, a 15 años de la desaparición de mi hija Marita Verón sigo exigiendo Justicia. No voy a parar hasta encontrarla. #15AñosSinMarita”.

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La mujer que se enfrentó a la mafia tucumana, que arriesgó incontables veces su vida tras la huella de su hija, que liberó a miles de víctimas de la trata de personas para la explotación sexual, sigue en pie. Dispuesta a seguir luchando. Más presente que nunca, Marita nos falta a todas.

 


Fuentes Consultadas

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“Belén”: absuelta por la Corte Suprema de Tucumán

El caso “Belén” es un caso histórico. La Corte Suprema de Tucumán absolvió finalmente a Belén, quién había sido acusada de cometer un aborto en el baño de un hospital público y de homicidio agravado por el vínculo, tras encontrarse un feto que nunca pudo comprobarse que fuera de ella. Estuvo dos años presa. Nunca hubo pruebas para su condena. Le implantaron constancias falsas. Un caso donde las maniobras judiciales, la acusación moral y la estigmatización social quedaron al descubierto.

“Belén” –su identidad real fue protegida– fue absuelta, quedó libre de los cargos en su contra. Pero, ¿quién le devuelve a la joven los años que estuvo encerrada? Varias preguntas para plantearse, que aún hoy no tienen respuesta. Pero hay datos certeros, que demuestran y confirman la estigmatización que vivió Belén. Como se le quisieron implantar pruebas en su contra, como los medios –al comienzo– trataron su caso y cómo esto influyó para que ella, luego de haber acudido al hospital por un dolor abdominal severo, quedara detenida. Es decir, del hospital, la llevaron directamente a la cárcel. Sin pruebas en su contra, sin análisis de ADN que comprobara si el feto encontrado en el baño realmente había sido el de su embarazo.

La joven que en el momento de los hechos tenía 25 años, se dirigió al Hospital Clínicas Presidente Dr. Nicolás Avellaneda, en Tucumán, porque tenía un dolor abdominal severo. Fue acompañada por su madre. Le hicieron una revisación superficial, le inyectaron un calmante y la dejaron acostada. Esta es la única parte en la que coinciden las declaraciones de los implicados en el caso.

A Belén le diagnosticaron un “aborto espontáneo incompleto sin complicaciones”, de hecho eso figura en el diagnóstico realizado por el primer médico que la atendió. Pero a partir de ahí, comenzó el infierno para ella.  La acusaron de homicidio agravado por el vínculo, al encontrar un feto en el baño del hospital.  El que fue encontrado había tenido signos vitales, bajo esa premisa acusaron a Belén. Pero sin ningún análisis de ADN. Es decir, sin pruebas. Los trabajadores del sistema de salud, policías e incluso el mismo sistema judicial, le adjudicó a Belén un feto. Le armaron una causa y la encarcelaron 881 días.

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La condena estipulada por la justicia era de ocho años de prisión. El 18 de agosto de 2016 la joven recuperó su libertad  tras haber estado dos años, cuatro meses y 23 días presa bajo prisión preventiva en el Penal de Santa Ester. Recién esta semana quedó absuelta de los cargos en su contra. Tiempos judiciales dilatados y en el medio Belén encarcelada, perdiendo su tiempo de vida injustamente.

La historia de Belén, un caso histórico.

Este caso fue emblemático porque sacó a la calle a miles de personas para pedir por la liberación de Belén.  Se crearon mesas especiales para debatir y colaborar con el caso. En pos de ayudar a que Belén saliera en libertad y se le retiraran los cargos en su contra.

Soledad Deza fue la última abogada de Belén. La que consiguió su libertad y su absolución. Previo a que Soledad tomara la defensa, hubo tres abogados en la causa: Walter Frías Barreras, Abraham Musi (quién abandonó la defensa unos días antes del juicio) y la defensora oficial Norma Bulacios.

Su abogada defensora explica que las pruebas de la inocencia de Belén siempre estuvieron en el expediente. Argumenta que no presentó nuevas constancias a las causas, sino que lo único que hizo fue volver a leer el expediente. Es decir, algo que no hizo ninguno de los anteriores defensores de Belén. Y algo que estaba desde el día 21 de marzo en el que se le inició la causa judicial y se la dejó bajo prisión preventiva.

Sí, las pruebas estaban ahí, a la vista. Bastaba con leer el expediente. Entonces, ¿qué fue lo que condenó a Belén? Soledad Deza, en una charla con la revista Lavaca, responde: “La condena de Belén fue moral antes que jurídica”. No hubo en ningún momento una correlación legal de pruebas para establecer el dictamen.

En este caso que deja precedente, entran en juego otros factores, que trascienden el caso e incluso a Belén. Aquí lo que se estigmatizó y juzgó no fue sólo a Belén, esa joven que al momento de ingresar al hospital tenía 25 años. En este caso se condenó a la mujer que aborta.  Fuera cual fuera su nombre propio. Se la asoció a la figura homicida, sin tener ninguna prueba. Negando la justicia, una parte de la sociedad, y los medios hegemónicos, que los abortos existen en nuestro país y en el mundo. Que todos los días se mueren mujeres en lugares donde se practican abortos clandestinos. Y que hay un mayor porcentaje de mujeres y jóvenes que son de bajos recursos.

Esto que niegan los sectores más conservadores de la sociedad, es lo que se reclama en las calles. Porque el aborto existe. Y la legalización no implicaría un incremento en la cantidad de abortos realizados, sino una baja en la tasa de mortalidad femenina. No hay forma de negarlo. Esto existe y no es nuevo. Los detractores de la legalización del aborto se quedan sin argumentos cuando se presentan los números netamente duros. Y por supuesto que esto no deja afuera los debates sobre educación sexual, anticonceptivos y todos los temas que nos rodean y que hacen al día a día de  nuestra sociedad.

El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo busca ser ley. Y convoca no solo al movimiento feminista o al movimiento de mujeres como muchos creen. Este caso convocó a que otros sectores que se identificaron con su problemática salgan a las calles. La criminalización del aborto es una violación de los derechos humanos.

A Belén la acusaron sin pruebas. Le frenaron su vida. La encerraron. Pero ella nunca estuvo sola. La lucha por Belén, sus derechos y los de todas nosotras se hizo en conjunto. Y se logró mucho. Pero esto no termina, debe continuar. Es necesario, no se puede esquivar.