Removieron de su cargo al fiscal Julio Castro denunciado por violencia sexual y laboral

El Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal decidió por unanimidad remover de su cargo al fiscal Julio César Castro por mal desempeño y por no haber obrado con buena conducta. En la decisión se acreditaron «numerosos hechos de suma gravedad» cometidos por el fiscal que se repitieron a lo largo del tiempo y que mostraron un ensañamiento hacia las mujeres.

A Castro se le imputan cargos por actos de acoso sexual y laboral y de maltrato en general. Los actos de acoso sexual estuvieron dirigidos a distintas mujeres que se desempeñaron como dependientes en fiscalías que estuvieron a su cargo o que trabajaron en otras dependencias del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial. También se lo acusa de cometer hechos de maltrato laboral contra empleados y funcionarios que prestaron servicio bajo sus órdenes. Por su parte, las similitudes de los relatos de las víctimas, que no se conocían entre sí, brindaron verosimilitud a los testimonios.

Ex Fiscal Julio César Castro.

En el expediente, unas seis mujeres declararon haber sufrido acoso sexual, situaciones que oscilan entre comentarios e invitaciones a salir, dentro y fuera del ámbito laboral. Es por ello que en la acusación que habían realizado los fiscales Federico Reynares Solari e Indiana Garzón se había solicitado la remoción del ahora ex titular de la Fiscalía General Nº13 ante los Tribunales Orales Criminales y Correccionales.

El tribunal que dio a conocer el veredicto estuvo conformado por Adriana Donato, en representación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, César Grau, por el Senado de la Nación, Juan Carlos Paulucci y Alejandra Obregón, por el Ministerio Público Fiscal, Francisco Panero, en representación de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Laura Giosa, del Consejo Interuniversitario Nacional y Héctor Recalde, representante del Poder Ejecutivo Nacional.

Un machista siempre tiene antecedentes

Además de las denuncias en el ámbito laboral, los fiscales recordaron también un episodio de «contacto inadecuado» que tuvo Castro hacia una joven menor de edad a través de Twitter y la condena penal del 2019 que pesa sobre el fiscal, que se encuentra en etapa de revisión en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Dos años atrás fue considerado culpable frente a los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado en dos oportunidades con lesiones leves, en perjuicio de su ex pareja, en contexto de violencia de género. Si bien fue condenado a 6 años y seis meses de prisión, no se hicieron efectivos por no existir una condena firme debido a las instancias de apelación. Además, por estar gozando de una licencia por razones psiquiátricas, el fiscal no fue suspendido en sus funciones, lo que implica que continuó cobrando su sueldo hasta mayo de este año.

Fotografía de Claudia Conteris para el Portal Fiscales.

Los violentos no son casos aislados

Si bien en los últimos años se han dado avances en cuanto a los derechos de las mujeres y se han creado nuevas normas, como la obligatoriedad de la capacitación en ley Micaela, no son suficientes; hombres violentos con denuncias por abuso y acoso siguen siendo los encargados de tomar las denuncias y llevar a delante los procesos de las mujeres violentadas.

Otro ejemplo es el del juez Pedro Fragueiro en Misiones, provincia en la cual su gobernador, Oscar Herrera Ahuad, no aceptó la renuncia presentada por el magistrado luego de recibir cinco denuncias por abuso sexual realizadas ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Oberá y ante el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas. Al recibir las notificaciones, desde el Colegio de Abogados presentaron un pedido de jury hacia Fragueiro ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), lo que condujo a su suspensión por 15 días mientras se realizaba un sumario administrativo.

Las acusaciones fueron efectuadas por mujeres que compartieron espacios de trabajo junto a Fragueiro. La primera fue por un hecho sucedido en 2017 cuando el juez era encargado de esa área en la Unión de Rugby de Misiones. La segunda fue realizada por una mujer que trabajaba en su juzgado por un abuso sucedido en febrero de este año. La tercera por una denunciante que tenía un trámite en su juzgado, quien dice haber sido acosada en las entrevistas. Las otras dos restantes las realizaron dos empleadas del Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Oberá y de Posadas.

¿Puede un varón denunciado y condenado por delitos sexuales estar a cargo de la Unidad Fiscal especializada en Delitos Sexuales? Hasta hace unos días la respuesta era sí. Castro y Fragueiro son solo algunos de los tantos hombres que aun con denuncias previas forman parte de la justicia patriarcal. A la hora de elegir a los representantes de la ley se debe tener en cuenta que la violencia sexual en el ámbito extraoficial constituye mal desempeño. Del mismo modo, es necesario remarcar que la violencia y el acoso son una amenaza para la igualdad de oportunidades laborales.


Fuentes:

Imagen de portada: Claudia Conteris para Fiscales


El Puerto de Dock Sud contra la violencia de género

El pasado 20 de abril Carla Monrabal, primera presidenta de un puerto bonaerense, en este caso del Consorcio de Gestión Puerto Dock Sud (CGPDS), firmó y puso en funcionamiento un protocolo para el tratamiento de los casos de violencia de género junto a la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA), representada por Leonardo Salom.

En un ámbito que aún se considera «de hombres» y en el marco de una realidad que cuenta de a un femicidio cada 27 horas, el principal objetivo del protocolo es prevenir y erradicar la violencia por motivos de género en el ámbito laboral.

En palabras de Carla Monrabal: «El objetivo de este protocolo es prevenir y proteger a las personas que trabajan dentro del Consorcio, así como erradicar la violencia por motivos de género y garantizar un ambiente de trabajo inclusivo, donde no haya discriminación».

El surgimiento de una gran idea

Con una mujer al frente, el puerto tan masculinizado fue tomando otro color, entre algunas de sus iniciativas se sumaron a la campaña Oficios Sin Prejuicios del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y, por otro lado, están trabajando para integrar el programa Sello Construir Igualdad, que lidera la ministra Estela Díaz. La implementación de ambas políticas forma parte de un mismo propósito: respetar los derechos de todas las personas y hacer de la actividad portuaria un lugar más inclusivo.

En este sentido, el año pasado se firmó un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo con el objetivo de ampliar y modernizar los derechos de les trabajadores, en ese marco, surgió la creación del protocolo que, tras siete meses de mucho trabajo, pudo ver la luz.

1, 2, 3 en marcha

Esta herramienta, podríamos decir fundamental en los tiempos que corren, se activará cuando la Comisión de Perspectiva de Género del CGPDS tome conocimiento de alguna situación de violencia, la cual analizará y dará lugar a la intervención de la Gerencia Legal.

Al referirse a situaciones de violencia el protocolo no se limita a casos específicos de maltrato físico sino que incluye otras formas como la violencia psicológica, sexual, económica, simbólica y mediática. La presidenta de la Comisión de Género del Puerto además aclaró a Escritura Feminista que: «Generalmente estos casos suponen una relación de desigualdad de poder y afectan a la persona no solo en el ámbito laboral, sino también en otras esferas de su vida».

«El protocolo protege a toda persona que desempeñe funciones en el Consorcio y esté atravesando una situación de discriminación o violencia laboral por motivos de género. Se aplica tanto para casos que sucedan en las instalaciones del puerto, como en espacios virtuales, por ejemplo, reuniones de zoom, correos electrónicos, chats, llamadas, redes sociales».

Carla Monrabal.

Al tener en cuenta el trato especial que necesitan estos casos, Monrabal detalló que es muy importante estar alertas a «la no revictimización de la persona, es decir, no hacerla repetir una y otra vez la situación o situaciones que viene sufriendo» y agregó: «Se maneja con total confidencialidad y discreción la información que surja del caso. El rol de la Comisión de Perspectiva de Género es acompañar y contener a quien denuncia durante todo el proceso».

Derribando paredes y techos de cristal

En cuanto a la situación laboral de las mujeres en los puertos de Buenos Aires en general y en el Consorcio de Gestión Puerto Dock Sud en particular, se puede ver cómo forman un claro ejemplo de los techos de cristal como aquel límite horizontal invisible que no deja que las mujeres y las diversidades ingresen a sectores de trabajo que son «para hombres» como, en este caso, la parte operativa del puerto.

Quizás te interese leer: «Construyendo puentes en el puerto», por Camila Cortez

«El ámbito portuario es un espacio históricamente masculinizado donde, a nivel general, el número de trabajadoras es mucho menor que el de los hombres», afirmó Monrabal. Además describió que «en los puertos de la provincia de Buenos Aires, solo el 24% de las personas que trabajan son mujeres y, de ellas, solo el 4% trabajan en el muelle».

Sobre el Consorcio especificó que «hasta finales de marzo, teníamos un 30% de trabajadoras y solo una de ellas trabajaba en el muelle. Recientemente, ingresaron tres mujeres que se incorporaron al área de operaciones. Con el propósito de continuar ampliando el número de mujeres y de personas de otros géneros para que el puerto sea un lugar más inclusivo y que genere igualdad de oportunidades».

Atacar por todos los frentes

Al tener en cuenta que la violencia de género se combate principalmente desde la transformación social, el nuevo protocolo se articula con otras actividades de concientización que se impulsan desde el Consorcio.

«El año pasado se creó la Comisión de Perspectiva de Género y desde ahí trabajamos en campañas de sensibilización, información y prevención de violencia referidas al género. Se hicieron talleres y capacitaciones internas para todo el personal. Y tanto la Comisión como yo recibimos capacitaciones de la ley Micaela, con el objetivo de hacerla extensiva, durante este año, a todo el personal y permisionarios del Puerto Dock Sud».

Carla Monrabal.

Al mismo tiempo, se enlazaron con otros organismos para batallar juntes, por ejemplo, firmaron un Convenio con Malena Galmarini, presidenta de AYSA para trabajar en conjunto temáticas de género y desde el año pasado articulan acciones con perspectiva de género con Magdalena Sierra y el Observatorio Social de Políticas Públicas de la Municipalidad de Avellaneda.

«Buscamos que el trabajo que estamos haciendo en género tenga una continuidad y no se limite a acciones puntuales», finalizó la representante de la Comisión. Todo accionar consciente y responsable sirve para impulsar el cambio social que nos va a llevar hacia una sociedad mejor, en la que todes tengamos los mismos derechos.


Un femicidio cada 27 horas

Dana Berenice, Josefina Cruceño, María José Gramajo, Sofía Micaela Catán, Priscila Arce, Débora Jesús de la Pasión Barros, Karen, Violeta Argentina Fernández, Marcela Amalia Maydana y Viviana Olga Sagastizabal son los nombres de las mujeres que sabemos asesinadas en lo que va del mes de abril. La situación se repite: una mujer es violentada por su pareja durante años, intenta dejarlo o denunciarlo, el Estado no la protege, el violento la mata. Después, la frase más utilizada por los femicidas: «Me mandé una cagada».

Los femicidios en Argentina no paran. En lo que va de 2021, una mujer fue asesinada en manos de su pareja o expareja cada 27 horas. Las medidas dispuestas por el gobierno y el trabajo de diferentes organizaciones no alcanzan, las mujeres en situación de violencia siguen quedando desamparadas después de denunciar.

Guadalupe estacionó su vehículo frente al destacamento de bomberos, fue al cajero automático para retirar dinero y, cuando regresaba al vehículo, la atacó y asesinó su ex quien la seguía con un cuchillo. Sofía, después de agonizar poco más de una semana, murió en una cama de terapia intensiva del Hospital Regional. Las lesiones internas que provocaron las quemaduras que sufrió en más del 50% de su cuerpo fueron demasiado para su corazón que no lo toleró y se detuvo.

Quizás te interese leer: «Femicidios: nos siguen matando», por Micaela Oliva

Priscila estaba en su habitación y le dijo a su mamá «Dame unos minutos y salgo». Cuando entró, ella ya no estaba y no volvieron a verla viva. Encontraron su cuerpo, tras varios días de búsqueda, en la cava de un basural de la ciudad santafesina de Marcelino Escalada. Ludmila fue a una previa con sus amigas. A las siete de la mañana del día siguiente avisó a sus xadres que iba de camino a su casa pero nunca llegó. Su cadáver fue hallado el domingo, semidesnudo y entre dos colchones, en la vivienda de Jerez, vecino del lugar donde había sido la fiesta; murió de asfixia por estrangulamiento.

No somos cifras, somos mujeres asesinadas

Según el Observatorio Lucia Pérez de violencia patriarcal, creado por el medio La Vaca, en lo que va de 2021 se cometieron 94 femicidios. Como consecuencia de estos crímenes, 71 niñes quedaron huérfanes. También se realizaron 139 movilizaciones exigiendo que paren de matarnos. Del mismo modo, entre marzo de 2020 y marzo de 2021 hubo 304 femicidios y travesticidios. Dentro de los datos del informe se destaca que:

  • 37 víctimas eran mayores de 60 años.
  • Hubo 260 tentativas de femicidios.
  • 320 niñes quedaron huérfanes.
  • 41 femicidas tenían denuncias previas.
  • Se realizaron 314 marchas en tiempos de aislamiento social obligatorio.
Femicidios mes por mes. Fuente: Observatorio Lucía Pérez.

En relación a los femicidios de este año, desde el Observatorio Mumalá advierten que el 25% de las víctimas había denunciado a su agresor, mientras que el 15% tenía orden de restricción de contacto o perimetral. Además, el 14% de los femicidas se suicidó mientras que el 8% lo intentó.

La policía no nos cuida

Uno de los informes de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) señala que en el año 2018 uno de cada cinco femicidios fue llevado a cabo por integrantes de las fuerzas de seguridad y con sus armas reglamentarias. En este sentido, CORREPI señala que los femicidios por agentes uniformados se convierten en la primera causa de muerte de mujeres y mujeres trans en manos del aparato represivo estatal.

El 1° de enero de 2021, Noelia Albornoz fue asesinada por su pareja Marcos Suasnada, miembro de la policía de La Rioja. Luego de dispararle con su arma reglamentaria, se suicidó. Al femicidio de Noelia, le siguió el de Úrsula Bahillo, quien había denunciado a su expareja en varias oportunidades. Matías Martínez, integrante de la policía bonaerense, la hostigó durante varios meses con violencia psíquica y física hasta que terminó con su vida.

Siguiendo el comportamiento de sus compañeros, el 15 de febrero, el policía retirado Carlos Medina asesinó a su expareja, Mirna Funes, en Formosa y luego se suicidó. También, Ivana Módica de 47 años fue asesinada por su pareja, Javier Galván, miembro de la Fuerza Aérea. Ivana fue intensamente buscada durante varios días, hasta que el femicida confesó el lugar en donde había dejado el cuerpo.

Quizás te interese leer: «No solo nos mata una pandemia», por Candela Ayala

El comportamiento abusivo de las fuerzas represivas no se limita a los momentos en los cuales están en servicio. Por el contrario, la mayoría de los policías lleva su arma reglamentaria aun fuera del horario laboral. Los datos brindados por el Observatorio Mumalá en relación al año 2021 detallan que el 17% de los femicidios fue cometido por personas de las fuerzas de seguridad y en el 38% de los femicidios cometidos por armas de fuego, se utilizó un arma reglamentaria.

La punta del iceberg

La violencia que sufren las mujeres es multidimensional. Sus peores manifestaciones, el femicidio, el transfemicidio y las violaciones, son solo la punta de un iceberg que incluye la violencia económica, obstétrica, política y patrimonial que se desprende de la discriminación laboral, los prejuicios de género, la agresión simbólica y la desigual distribución de tareas domésticas y de cuidado.

Fuente: Amnistía Internacional

Con apresar al femicida no alcanza. La ayuda a las víctimas tiene que llegar antes de que sean asesinadas, incluso antes de sufrir violencia. En esta perspectiva, un artículo publicado por CIPPEC propone un listado de políticas públicas que podrían ayudar a erradicar la violencia:

  1. Avanzar en la implementación de un sistema integral de cuidados: la expansión de la oferta pública de servicios de crianza, enseñanza y cuidado. Un sistema de licencias y políticas de conciliación universal.
  2. Transversalizar la perspectiva de género en los servicios públicos de empleo: atender a las necesidades específicas de las mujeres. Derribar estereotipos de género que contribuyen a la desigualdad.
  3. Implementar medidas que contribuyan a derribar paredes y techos de cristal: establecer metas de género en los programas de formación tradicionalmente masculinos.

Según la abogada Natalia Gherardi: «El femicidio es la expresión más extrema de la violencia, y la violencia contra las mujeres es la manifestación extrema de la discriminación». Una sociedad que sigue sosteniendo y permitiendo la desvalorización de las mujeres, la cosificación, la violencia simbólica y su consumo sexualizado en los medios de comunicación es una sociedad que sostiene y permite una estructura social patriarcal de sometimiento de un género.


Fuentes:

Imagen de portada: Juana Lo Duca


Violencia sexual como crimen de lesa humanidad

En los Centro Clandestinos de Detención (CCD) que funcionaron durante la última dictadura cívico-militar hubo maltratos de todo tipo, sin distinción de género. Sin embargo, en el caso específico de las mujeres existieron además otros métodos de tortura, no solo por ser militantes sino también por su género; en particular, por no ser las mujeres que la sociedad heteropatriarcal esperaba.

Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, se encontraron delitos sexuales en 36 de las 254 sentencias dictadas hasta principios de marzo. En cuanto a los condenados de estas causas, representan el 11% del total. Dicho de otra manera, de un total de 1025 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad hasta hoy, 121 fueron responsabilizadas también por delitos sexuales.

«Cada vez son más las causas en las que se trata y se acepta de forma autónoma e independiente el tratamiento de los casos de agresiones sexuales en el marco del plan sistemático».

Ángeles Ramos, Fiscal Federal a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

En 2000, la Corte Penal Internacional estableció como delitos de lesa humanidad a las violaciones, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, los embarazos forzados, la esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable «cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque». La repercusión de lo establecido tardó 10 años en llegar al país.

De hecho, en diciembre de 2008, en la causa «Riveros, Santiago Omar y otros por privación ilegal de libertad, tormentos, homicidio», condenaron a Santiago Omar Riveros por otros crímenes pero dictaron falta de mérito respecto al delito de violaciones sexuales, por considerar que habían sido «eventuales y no sistemáticas» y, por lo tanto, no constituían crímenes de lesa humanidad. Cuando en realidad estos delitos contra la integridad sexual formaron parte del ataque sistemático del terrorismo de Estado.

En 2006 se realizaron los dos primeros juicios como resultado de la declaración de inconstitucionalidad y de la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Desde ese entonces, hubo 36 juicios concluidos que abordaron delitos de violencia sexual, los cuales representan el 14% del total. En ellos existen 136 víctimas, que se dividen en 112 mujeres y 24 varones.

El proceso judicial y sus demoras

La Justicia se tomó su tiempo para escuchar estas denuncias. Durante el Juicio a las Juntas de 1985, consideró a las violaciones como parte integral del resto de las prácticas inhumanas en vez de tomarlas como hechos autónomos y nombrarlas como lo que son.

Susana Chiarotti, fundadora del Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de las Mujeres (CLADEM), en la investigación Grietas del silencio, detalla algunas de las dificultades que identificaron en el aparato judicial para recibir estas denuncias en particular: «Prejuicios y falta de sensibilidad; mayores exigencias para probar la violación sexual que para probar la tortura; negativa a aceptar la responsabilidad mediata en casos de violación sexual, entre otros».

Por su parte, Pablo Llonto, abogado querellante, en diálogo con Escritura Feminista, explicó la situación de los delitos sexuales en ese momento histórico: «Antes estaban invisibilizados porque cuando las víctimas contaban esto, la Justicia lo subsumía en la figura de los tormentos y por lo tanto no aparecían las prácticas sistemáticas de violaciones y abusos sexuales centralmente contra mujeres».

Además, detalló otras trabas y su resolución: «Las víctimas mujeres estaban encapuchadas y, salvo excepciones, no podían identificar al genocida agresor, entonces el salto se dio al poder condenar en algunos casos a los jefes de los centros clandestinos, de las áreas y de los cuerpos del ejército, lo cual tiene un valor enorme porque ellos sí sabían que el plan sistemático de exterminio incluía el secuestro, la tortura, el saqueo, el robo, las violaciones, los abusos sexuales, las apropiaciones de bebes».

Recién en 2010 se logró la primera condena a un represor como violador. Y en 2011, el juez Sergio Torres, a cargo de la causa ESMA, declaró a los sometimientos sexuales en el centro clandestino como prácticas sistemáticas llevadas a cabo por el Estado dentro del plan clandestino de represión y exterminio.

Quizás te interese leer: «Historia de los Derechos Humanos en Argentina», por Juana Lo Duca

La conquista de esta batalla por la autonomía de los delitos sexuales de los tormentos cometidos por los genocidas tuvo múltiples impulsoras. En primer lugar, las personas sobrevivientes que tuvieron la fuerza de brindar sus testimonios; a la par, las querellas y las fiscalías que con su arduo trabajo lograron que las causas avanzaran; por otro lado, el movimiento feminista que pudo compartir sus convicciones con el ámbito de los derechos humanos y, en este sentido, Pablo Llonto también menciona a la nueva generación de abogadas que hizo fuerza para que se diera este gran paso.

Por ejemplo, las organizaciones feministas CLADEM y el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR) se presentaron como amicus curiae en la causa de Riveros antes mencionada para lograr que se reconozcan, juzguen y castiguen los delitos contra la integridad sexual que figuran en los testimonios correspondientes.

Sentido de memoria y verdad

Como lo que no se nombra, no existe, poder tipificar de manera correcta estos delitos y no considerarlos ni aislados ni parte de un todo le da un significado muy valioso para toda la sociedad pero particularmente para las sobrevivientes y sus familias.

«Permitió que se comprendiera desde las víctimas y los familiares el valor jurídico, en el sentido de memoria y verdad, que tenía reflejar de una vez por todas todo esto como corresponde. No es lo mismo escuchar la frase «por tortura» en una condena que escuchar «por tortura, por violación» o «por tortura, secuestro y abusos sexuales», que da cuenta con exactitud de lo que sucedía dentro de los centros clandestinos a la vista, el control y la supervisión de los ojos de los represores».

Pablo Llonto, abogado querellante.


En este sentido, se destaca la condena al ex agente de inteligencia del Ejército Argentino Horacio Barcos por el secuestro, privación ilegal de la libertad y torturas contra Amalia Ricotti y quien era su marido, José Alberto Tur, detenidos en el centro clandestino conocido como «La Casita». En esta condena, se consideró por primera vez la violencia sexual como un crimen de lesa humanidad.

El fiscal y los abogados querellantes plantearon que «la violencia sexual cometida en los centros clandestinos de detención de la dictadura fueron parte del plan sistemático de represión ilegal y, por lo tanto, constituyen delitos de lesa humanidad, imprescriptibles». En consecuencia, se solicitó al tribunal que Barcos sea condenado también por la violencia sexual que padeció Amalia en el centro clandestino.

Para tener dimensión de lo que la violencia de género significó en el plan sistemático es importante saber cuáles fueron sus formas. Entre ellas se registran: violaciones; abusos; abortos forzados; desnudez; tocamientos; partos en cautiverio, lo que incluía en muchos casos que a los siete meses, aproximadamente, les inducían el parto (en general, cesáreas); negación de productos de higiene para cuando menstruaban; y robo y apropiación de bebés.

«Si la justicia minimizara o dejara de investigar y sancionar estos hechos estaría enviando un mensaje equívoco a la sociedad, lo que fomentaría la impunidad y la discriminación, además de no mostrar la verdadera imagen de quienes estuvieron a cargo de la represión ilegal», denunció la representante de CLADEM.

Hoy visibilizamos que los crímenes de violencia sexual no estuvieron aislados del plan represivo general de los genocidas sino que fueron parte, como también representaron una forma de la violencia machista más extrema. Lo resaltamos, lo juzgamos y lo repudiamos para que no suceda NUNCA MÁS.


En casa no estamos seguras

La pandemia es una caja de resonancia que agudiza situaciones históricas de desigualdad. En este escenario las mujeres que sufren violencia intrafamiliar, especialmente aquellas que deben transitar el aislamiento obligatorio junto a su agresor, corren el riesgo de convertirse en las víctimas ocultas de la pandemia porque se dificultan sus posibilidades de denunciar así como el acceso a sus redes de contención.

En América Latina, en promedio 1 de cada 3 mujeres ha padecido violencia física o sexual en una relación íntima a lo largo de su vida. Además, de los 25 países con los números más elevados de femicidios, 14 están en nuestra región: nueve mujeres son asesinadas cada día. Una de las principales estrategias de control de los perpetradores de violencia doméstica es la de aislar a la víctima, es por eso que las mujeres nos encontramos resistiendo a dos pandemias letales: el Covid-19 y el machismo.

Según datos recogidos por Naciones Unidas, en Argentina, México, Colombia y otros países de la región, la violencia familiar contra las mujeres creció este año entre 30% y 50%. En nuestro país, desde la cuarentena obligatoria dispuesta como medida sanitaria contra el coronavirus, aumentaron los llamados a las líneas de ayuda por violencia de género y familiar: en la línea 144 recibieron un 40% más de llamados y en la 137 subió un 20%.

Quizás te interese leer: «No solo nos mata una pandemia», por Candela Ayala

¿De qué hablamos cuando decimos violencia de género?

En el año 1995, la Organización de las Naciones Unidas, definió a la violencia de género como: «todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada».

Esta primera definición de la ONU contempla los tipos de violencia física, sexual y psicológica, pero existen otras. La ley N° 26.485 sobre prevención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres en todos los ámbitos en que estas desarrollen sus relaciones intrapersonales, nos da un marco teórico para comprender los diversos aspectos de la violencia.

La ley enuncia que se entenderá por violencia contra las mujeres «toda conducta, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público o privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedando comprendidas también las perpetradas por el Estado o sus agentes».

La cuarentena que obliga a convivir a las mujeres junto a su agresor puede exacerbar los riesgos de violencia a partir de los siguientes factores:

  • Aumenta el tiempo de contacto entre la mujer y su agresor.
  • El estrés es mayor y las mujeres son las más afectadas por el cuidado de familiares durante esta pandemia.
  • La pérdida o disminución del contacto con las redes sociales (familiares y amigues) que pueden brindar apoyo y protección contra la violencia.
  • Otros servicios, como líneas directas y refugios, también pueden reducirse.

Además de las situaciones de daño físico (golpes, violación, femicidio), durante la cuarentena el distanciamiento social le permite al abusador ejercer otras formas de control y maltrato psicológico que incluyen:

  • Limitación al acceso a las noticias y otros medios, convirtiéndose en la fuente de toda la información.
  • Retención y ocultamiento de documentos, tarjetas de crédito y de obra social o medicina prepaga.
  • Control sobre las interacciones en línea o uso del teléfono celular para coartar su acceso al mundo exterior.
  • Justificación de tácticas de aislamiento basándose en la «seguridad» de la víctima.

El Estado es responsable

Con la intención de combatir la violencia de género en todos sus ámbitos, desde el Estado se crearon medidas como la implementación de nuevas vías de comunicación además de la línea 144, se permitió que las mujeres en situación de violencia pudieran circular en cualquier momento a pesar de las restricciones y hasta se realizó un convenio para que quienes necesitaban ayuda se acercaran a las farmacias y pidieran un «barbijo rojo».

Pero nada alcanza, las mujeres con o sin denuncias previas se encuentran desprotegidas frente a sus agresores que las hacen padecer todo tipo de violencias, humillaciones y, en el más extremo de los escenarios, las matan. Por su parte, programas como el de Educación Sexual Integral deben servir para educar desde edades tempranas a los varones en otros patrones socioculturales, varones que hablen a otros varones de estos temas, que no sea solo un tema de mujeres.

La pandemia silenciosa

Graciela, Ivana, Úrsula o Vanesa; Córdoba, Jujuy, Neuquén o Buenos Aires. Los nombres propios son intercambiables pero la situación es la misma: una mujer denuncia a su agresor, un violento que se cree que las mujeres son un objeto del que se puede disponer, una justicia ineficaz, un Estado ausente o con respuestas que no alcanzan, una mujer que pide ayuda desesperada y, finalmente, un femicidio.

En 2020 la pandemia no frenó los asesinatos por razones de género. Según el análisis de medios gráficos y digitales realizado por el Observatorio Ahora que sí nos ven, del 1 de enero al 30 de diciembre, ocurrieron 298 femicidios, 25 femicidios en el mes de diciembre. Lo que equivale a una mujer asesinada cada 29 horas.

Fuente: Observatorio Ahora que sí nos ven

Los datos nos vuelven a confirmar que quienes dicen amarnos son quienes nos matan, ya que en el 64,5% de los casos el femicida fue la pareja o ex pareja de la víctima. Respecto del lugar donde ocurrió el femicidio, en el año 2020 el 65% tuvo lugar en la vivienda de la víctima. Tal como venimos señalando, el hogar no es un lugar seguro para las mujeres.

El Observatorio Lucia Pérez, del medio de comunicación La Vaca, creó un mapa y un padrón colaborativo para brindar información acerca de la violencia machista. Los datos brindados muestra que en lo que transcurrió del año 2021 se cometieron 65 femicidios, 54 niñes perdieron a su madre y, en muchos casos, su padre es el femicida.

Precarizarnos también es violencia

La pandemia de Covid-19 ha profundizado la pobreza estructural de las mujeres en todos los ámbitos. La ONU calcula que unas 47 millones más de mujeres y niñas caerán por debajo de la línea de pobreza, revirtiendo así décadas de progreso para erradicar la pobreza extrema.

Este aumento en la pobreza de las mujeres se debe a que, en su gran mayoría, son ellas y las niñas quienes cargan con las labores de cuidados, haciendo aportes fundamentales para intentar enfrentar el virus. Además, la mayoría de quienes ponen el cuerpo por bajos salarios trabajando como enfermeras, docentes y empleadas de casas particulares son mujeres.

Quizás te interese leer: «Obviedades de pandemia: el trabajo feminizado no va más», por Luciana Vartabedian

Las tácticas de supervivencia que pueden desarrollar las mujeres en situación de violencia de cualquier tipo deben estar acompañadas por acciones externas de la comunidad, de las organizaciones que trabajan directamente con las mujeres en situación de riesgo de violencia y de las instituciones de todos los poderes del Estado (nacional, provincial y municipal) para que el mensaje #QuedateEnCasa no ponga en riesgo a mujeres y niñes.

Las mujeres no deberían ser las únicas que busquen soluciones. Para erradicar la violencia machista también es necesario el compromiso de los varones para construir nuevas masculinidades y transformar estas relaciones asimétricas de poder que sostienen un sistema patriarcal que nos explota, empobrece y mata.


Fuentes:

Imagen de portada: Canal Abierto


Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Un día de reflexión, concientización y sensibilización sobre una de las violaciones a los derechos humanos más persistentes en el tiempo.

Según la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, la violencia contra la mujer es «todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada».

Dicha declaración expresa que la violencia dirigida hacia las mujeres puede tener distintas formas, entre ellas podemos encontrar: 

  • Violencia física.
  • Violencia simbólica: conocida como «madre» de todas las violencias porque contiene en sí misma otras violencias y porque está tan naturalizada que muchas veces no es percibida ni por las mismas víctimas. Como, por ejemplo, creer que por ser hombre se es mejor, que lavar los platos es cosa de mujeres o que existen razones para ejercer violencia física sobre una mujer solo por su condición de género.
  • Violencia psicológica: cualquier acción que tenga el objetivo de degradar a la mujer como personas o tratar de controlar sus acciones o decisiones. Por ejemplo, cuando se dice «No servís para nada», «Si te vas me mato», «Si me denuncias no ves más a tus hijes».
  • Violencia económica o patrimonial: se da cuando el hombre maneja los recursos comunes; cuando siendo el único sostén del hogar regatea los recursos necesarios para llevar una vida digna o cuando no aporta las cuotas alimentarias de hijes.
  • Violencia sexual: ¿Cuántas veces tuvieron sexo pero no querían, no tenían muchas ganas o no estaban preparadas pero les insistieron tanto que accedieron? ¿Cuántas veces las «apoyaron» en un espacio público? ¿Cuántas veces las tocaron sin su consentimiento? Hay muchas pequeñas acciones que no concebimos como violencia sexual pero lo son.

Quizás te interese leer: «Historia de los Derechos Humanos en Argentina», por Juana Lo Duca

«Los efectos psicológicos adversos de la violencia contra las mujeres y niñas, al igual que las consecuencias negativas para su salud sexual y reproductiva, afectan a las mujeres en toda etapa de sus vidas. Por ejemplo, las desventajas tempranas en materia de educación no solo constituyen el obstáculo principal para alcanzar la escolarización universal y hace cumplir el derecho a la educación de las niñas, luego también le restringe el acceso a la educación superior a la mujer y limita sus oportunidades de empleo».

– Naciones Unidas.

¿Por qué se conmemora un 25 de noviembre?

El origen radica en la necesidad de honrar la memoria de las hermanas Mirabal: María Teresa, Patria y Minerva, tres activistas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por oponerse al gobernante dictatorial dominicano, Rafael Trujillo, por defender la libertad y por combatir las injusticias. 

Las tres hermanas fueron conocidas como «las mariposas» y se convirtieron en un símbolo de lucha contra las violencias de género en el mundo. En 1981, a raíz de la huella que dejaron, en el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe en Colombia se decidió reconocer este día en su memoria.

Actividades para generar conciencia y buscar la verdadera eliminación de la violencia

En este marco, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación lanza la Campaña de Prevención de las Violencias por Motivos de Género de la mano de talleres de sensibilización sobre los distintos tipos y modalidades de violencias en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Salta y Comodoro Rivadavia.

Se hará la firma de convenios para llevar adelante diversas acciones de fortalecimiento de las políticas de género y diversidad en las distintas provincias y municipios de la Argentina, la puesta en marcha del programa contra las Violencias Extremas en Tucumán, que se realizará en simultáneo en distintos puntos del país, reuniones con organizaciones comunitarias y un encuentro con mujeres de América Latina, entre otras actividades.

El martes se realizó el panel «La violencia basada en género contra las mujeres y niñas: la pandemia en la sombra» organizado por la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres y en Córdoba hubo distintas reuniones sobre el fortalecimiento de las áreas de género; la situación de la comunidad LGBTIQ+ y mujeres cooperativistas, trabajo e igualdad. 

En el día de hoy hubo una jornada federal llamada «Argentina unida contra las violencias de género», que se llevó a cabo en 17 puntos de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Chubut y Salta con talleres de sensibilización. También se hará una intervención cultural a través de dicha Campaña Nacional sobre paredes de edificios emblemáticos, monumentos, lugares históricos y contextos de naturaleza para generar un diálogo federal. Al mismo tiempo, en Córdoba se hizo una reunión con las autoridades de las áreas de géneros de distintas facultades de la Universidad Nacional de Córdoba y en Salta otra con referentes de las áreas de género de la provincia.

Las actividades seguirán el jueves 26 con el IV Encuentro del Ciclo Beijing 25 años, experiencia y balance en «El cuerpo de las mujeres»; el primer taller de sensibilización con equipos de trabajo que hacen el seguimiento de mujeres y personas LGBTIQ+ en arresto domiciliario y/o en período de pre libertad y próximas al egreso; un Encuentro Federal con organizaciones del Programa Articular; se dará el Ciclo de charlas «Desafíos feministas para la Educación Superior», organizado por CONICET sobre protocolos contra la violencia de género en las universidades y la jornada finalizará con un encuentro de sensibilización sobre perspectiva de género para autoridades deportivas.

Para finalizar, el viernes 27 se cerrará con un evento presencial de capacitación en el marco de la Ley Micaela en la Honorable Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación; el conversatorio «Aportes hacia una vida institucional libre de violencias de género. Ley Micaela y perspectiva feminista» y se iniciará el Ciclo de Encuentros para Periodistas sobre Violencia Simbólica

Por otra parte, en Tucumán se presentará un Programa contra las Violencias Extremas y otro de Acceso a Derechos, en una mesa con actores y actoras locales de la provincia para conocer el alcance de sus intervenciones y sus interacciones institucionales.

Promover la conciencia sobre las distintas formas de la violencia y reflexionar sobre los patrones culturales sobre las que se sostienen, así como los dispositivos que brinda atención, contención e información, como la Línea 144, son ejes fundamentales para avanzar en la eliminación de todos los tipos de violencia por motivos de género. Exigimos ni una menos.


Fuentes:

La otra pandemia: 4 femicidios en Jujuy

Cesai Reinaga, Iara Rueda, Rosana Mazala y Gabriela Cruz fueron asesinadas durante el mes de septiembre en la provincia de Jujuy. Durante la semana pasada hubo multitudinarias marchas en las que se reclamó el fin de los femicidios y se pidió, entre otras cosas, un mejor accionar policial y la renuncia del Ministro de Seguridad de la provincia, Ekel Meyer.

Cesia Nicole Reinaga tenía 20 años y estuvo diez días desaparecida hasta que su cuerpo fue encontrado en un estanque de agua de un ex matadero municipal en Abra Pampa. Por el femicidio acusan a un adolescente de 14 años y detuvieron a su padre y a su abuelo. También, el cuerpo de Iara Rueda, de 16 años, apareció el pasado lunes después de estar cinco días desaparecida. Estaba semienterrado en un descampado donde vecines ya habían rastrillado, a ocho cuadras de su domicilio.

Quizás te interese leer: «Femicidios: nos siguen matando», por Micaela Oliva

Roxana Mazala cumplió 32 años el lunes. Ese día fue a la manifestación que se organizó en Palpalá (y que se replicó en varias ciudades de Jujuy) para exigir justicia por los femicidios y las compañeras desaparecidas en la provincia. Después de la marcha, Mazala volvió a su casa en el barrio Éxodo Jujeño, de Perico, acompañada por cuatro compañeras.

Ellas pensaban quedarse un rato para festejar el cumpleaños pero cuando llegó el exmarido, Fabián Barraza, se fueron. A Roxana la encontraron muerta al otro día sus tres hijes de 13, 9 y 4 años de edad. Las primeras informaciones de los medios locales hablan de que Roxana fue envenenada por su ex y que luego él se suicidó.

Por su parte, Gabriela Cruz tenía 23 años y dos hijos de 7 y 4 años. Su pareja, quien había participado de los rastrillajes de su búsqueda, confesó que la había asesinado tras una discusión e indicó a las autoridades dónde estaba enterrado el cuerpo. Llevaba una semana desaparecida y fue encontrada en la zona de las Serranías de Zapla, en la localidad de Centro Forestal, del departamento Palpalá.

en la otra vereda, la policía represora

La abuela de Gabriela, Carmen Vega, dijo en una conferencia de prensa que «la policía tardó mucho en la investigación». Tanto los familiares de Gabriela como los de Iara denunciaron la inacción de la policía en la investigación de las jóvenes. Fueron les vecines, amigues y familiares quienes debieron encargarse de la búsqueda y los rastrillajes.

Las marchas masivas en diferentes puntos de la provincia buscan convertir la bronca y el dolor en organización. Al conocerse los primeros tres femicidios y cuando aún buscaban a Gabriela con vida, familiares y organizaciones sociales y feministas se situaron cerca de la ruta 66 y poco después de las 18 h se manifestaron por las calles de la ciudad en medio de un clima de tristeza e indignación.

Pasadas las 20 h, en inmediaciones de la Brigada de Investigaciones de la Ciudad de Palpalá y entre gritos y corridas, los efectivos de la policía jujeña iniciaron una violenta represión con balas de gomas y gases lacrimógenos contra les manifestantes. Organizaciones de mujeres compartieron en sus redes sociales imágenes de personas heridas y repudiaron la actuación de las fuerzas de seguridad.

Según el Observatorio Mumalá, Jujuy posee una tasa de 2 femicidios cada 100.000 mujeres, la cual es la más alta del país. Es urgente que el Estado, en lugar de usar sus fuerzas para reprimir y perseguir a quienes buscan una solución al problema de la violencia machista, realice acciones concretas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género.

registro nacional de femicidios

En los últimos días el Observatorio Mumalá dio a conocer el Registro Nacional de Femicidios, el cual se basa en medios gráficos y digitales desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de este año. Según sus datos, se cometieron 202 femicidios, 1 cada 32 horas, de los cuales 136 se produjeron durante el aislamiento social preventivo.

Fuente: Observatorio Mumalá

Además, hubo 183 intentos de femicidios y hay 33 muertes violentas de mujeres en proceso de investigación. Las mujeres no son las únicas víctimas: 231 niñes y adolescentes se quedaron sin madre y, en muchos de los casos, su padre es el femicida. El 20% de las victimas había realizado denuncias, el 15% de los agresores se suicidó y el 4% de los femicidas pertenecían a alguna fuerza de seguridad.

Quizás te interese leer: «Cifras de los femicidios en Argentina», por Paula Grossi

Si algo queda expuesto es que ni el hogar ni la calle son lugares seguros para las mujeres. Los políticos pasan, las cifras de femicidios aumentan y los reclamos continúan siendo los mismos: se necesita del compromiso de la sociedad y del Estado para poder frenar la violencia machista y los femicidios.


Fuentes:


¿Te gustó la nota?

Invitame un café en cafecito.app

Activistas y víctimas de violencia de género toman la CNDH de México

Activistas mexicanas tomaron las oficinas oficiales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como método de reclamo a la falta de acción política y defensa de la gobernación de México. Piden la renuncia de Grisel Barrientos, directora del Instituto Municipal de la Mujer, y de Sandra Pacheco, del Centro de Justicia para las Mujeres. Afirman que no abandonarán las sedes tomadas hasta que cambie la situación.

Más de 10 días de toma y cada vez más compañeras se suman y transmiten su apoyo a la causa que comenzó en Ciudad de México. Se transformó en un movimiento nacional: activistas de Michocán, Veracruz, Puebla y Aguascalientes se sumaron a los reclamos las sedes del CNDH correspondientes a sus ciudades.

¿Qué llevó al reclamo?

México es un epicentro de violencia de género. En los últimos cinco años, los casos de femicidios aumentaron un 137% y, según la ONG México Evalúa, durante el segundo semestre del año pasado 6 millones de mujeres fueron victimas de acoso o violencia sexual. Las participantes de los reclamos aseguran que las instituciones del Estado no las respaldan ni escuchan.

El mismo presidente, López Obrador, tuvo dichos polémicos que desestimaron la problemática a principio de año. En marzo, cuando los centros de llamados de emergencia se desbordaron con más de 26.000 llamados denunciando situaciones de violencia, la respuesta del presidente fue que «seguramente la mayoría eran falsas», comparándolas con bromas telefónicas y restándole la importancia a la situación.

En este contexto, el pasado miércoles 2 de septiembre hubo una reunión entre Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, y víctimas que forman parte del Colectivo 10 de Marzo. En esta conversación se desató un conflicto donde la titular del CNDH les dijo que las carpetas de los casos por los que iban a pedir justicia estaban mal integradas y que no iban a poder hacer nada por el momento. La respuesta de una de las madres que fue a reclamar justicia por el caso de su hija de 4 años fue amarrarse a una de las sillas.

De esta manera, pasaron la noche en el interior de las oficinas y afuera de estas empezaron a reunirse feministas para apoyar la causa y transmitirles apoyo a las víctimas. El día viernes fue cuando donde las colectivas entraron y desalojaron a los trabajadores. Así fue que se tomó la decisión de transformar las oficinas en un refugio para victimas de violencia de género y consolidar la toma.

Violencia policial para disipar el reclamo

La respuesta policial no tardó en llegar: intentaron desalojar a las manifestantes por la fuerza. Tal como muestran en los videos compartidos por periodistas que estaban en el lugar para cubrir los hechos, se puede ver cómo los policías, que llegaron en móviles no oficiales, agredieron y detuvieron a 13 mujeres.

Además de las detenciones, rompieron los vidrios del auto de una reportera y se manejaron con violencia, golpeando y arrastrando a algunas de las activistas. La fiscalía rechazó que se haya hecho uso de fuerza excesiva pese a que las imágenes muestran exactamente lo contrario.

LA «ANTIGRITA»

El 15 de septiembre en México se festeja el primer paso hacía la independencia de España. Se celebra en todo el país el Grito de Dolores y se planificaron numerosos eventos y actos oficiales. Las manifestantes desde su lugar también quisieron «festejar» aunque aseguran que no hay nada con motivo de festejo.

Se reunieron en las puertas del CNDH los distintos colectivos, madres de víctimas de feminicidios y familiares de los desaparecidos de Guerrero para dar testimonio de sus casos y la nula respuesta que han recibido del gobierno.

«La patria no nos representa. Queremos una matria que nos acompañe y nos abrace, una matria feminista que forme parte de cada una de las expresiones que tenemos de ser feministas, porque no hay un feminismo hegemónico».

Una de las manifestantes desde el balcón del CNDH.

Entre carteles, cantos y hasta una piñata con la cara del presidente, el mensaje a transmitir se escuchó fuerte y claro: las mujeres mexicanas están cansadas de la violencia, la injusticia y la impunidad. El Ni Una Menos se vive a flor de piel y las manifestantes aseguran que no desalojarán el edificio hasta que no se las escuche de verdad y no se planteen políticas certeras para proteger a las víctimas de violencia.

Fuente: Leslie Pérez

El edificio que solía ser una oficina más, hoy está transformado. Las paredes pintadas con mensajes y los pañuelos violetas son parte de la ambientación; los cuadros colgados en las paredes ahora se encuentran intervenidos por las manifestantes. Los que formaban parte de la decoración de la sala de juntas ahora están siendo subastados, pese a las críticas que recibieron por parte de artistas e importantes figuras del gobierno. Lo recaudado será dirigido a madres de víctimas que no recibieron respuestas.


¿Te gustó la nota?

Invitame un café en cafecito.app