Revolución a besos

Tras cuatro años de violencia institucional sistemática, Mariana tuvo lo que tanto merecía: justicia. El miércoles 7 de abril, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal absolvió a Mariana Gómez de los cargos de lesiones leves y desacato a la autoridad y revocó un fallo de primera instancia, sentando un precedente contra la discriminación.

Casación reconoció que Mariana «tenía derecho a defenderse ya que no está obligada a soportar ese acto». Al mismo tiempo, Emiliano Montini, representante de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) que acompañó la apelación como amicus curiae expresó: «El fallo es muy importante para toda la comunidad LGBTQ+ porque Casación reconoce que hubo un acto de discriminación, tanto del oficial de justicia como del empleado de Metrovías, y la jueza de primera instancia que la condenó hizo valoración de la prueba que continuó con esa discriminación».

Tener antecedentes penales hizo que Mariana perdiera distintas oportunidades laborales y, en consecuencia, tuvo que continuar con su trabajo no formal. Pero este no fue el único factor negativo de lo que tuvo que vivir desde aquel 2 de octubre, por eso Mariana va a ir por la condena por violencia institucional contra les policías que la atacaron y analiza seguir con las acciones legales contra les funcionaries del poder judicial que llevaron a cabo un proceso sin sentido. Para que el lesboodio no quede impune y con el objetivo de hacer su aporte para que el resto del colectivo no tenga que pasar por este tipo de consecuencias.

Cuando la heteronorma manda, la revolución es orden

El poder y dominio que ejercen los varones ante las personas que no cumplen con la heteronorma se puede encontrar en distintos casos de la actualidad como en este. En 2017, Mariana y su esposa Rocío Girat charlaban y se besaban en la estación de trenes de Constitución, cuando un empleado de Metrovías y luego un policía se acercaron a decirle a Mariana que no podía fumar, a lo que ella respondió que no había carteles que lo prohibieran y que otras personas estaban haciendo lo mismo.

Por normativa, esto podría haberse solucionado si Mariana apagaba el cigarrillo o se iba del lugar pero en su declaración aseguró que al intentar irse uno de los policías le puso la mano en el pecho, la trató de «pibe» y le dijo que iba a ser «detenido». Ese día la detuvieron y la trasladaron a la estación policial de la estación subterránea de Boedo de la Línea E, donde estuvo seis horas detenida. Ahí la obligaron a desnudarse y le revisaron sus partes íntimas, lo cual no está permitido.

Finalmente, en 2019 la condenaron a un año de prisión en suspenso por resistencia a la autoridad y lesiones leves contra dos efectivos de la Policía de la Ciudad, Jonatan Rojo y Karen Villarreal.

«Para Marian, la condena significó la imposibilidad de acceder a un trabajo inscripto. Nadie quiere contratar a alguien con un antecedente penal por desacato a la autoridad».

Rocío para Agencia Presentes.

El 17 de febrero de este año comenzó la audiencia por la absolución de Mariana, donde se expusieron los argumentos de su apelación ante la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional de la Capital Federal. Se denunció al fallo como discriminatorio y lesbofóbico porque se entiende que el arresto y la condena fueron parte de una lógica de criminalización y adoctrinamiento hacia las identidades disidentes que rompen la heteronorma.

Heterocastigo

La heteronorma se refiere a un orden construido en base a un sistema de sexo y género binario y jerárquico, donde lo humano se reduce a mujeres hetero-cis, consideradas «inferiores», y a varones hetero-cis, entendidos como «superiores». A su vez, este orden es reforzado por la imposición de la heterosexualidad obligatoria, institución política denominada de esta manera por Adrienne Rich, feminista y activista lesbiana estadounidense.

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En otras palabras, este sistema limita la definición de lo humano a solo dos categorías genéricas y además disciplina el deseo sexual para que la orientación sexual sea solo por el sexo opuesto.

En definitiva, la heteronormatividad discrimina e invisibiliza a todas las personas que no se identifican con estas dos identidades de género ni con la única opción que brinda de orientación sexual. Por lo tanto, quedan expulsadas las personas travestis, trans, intersexuales, lesbianas, bisexuales, asexuales y gays.

Un caso y otro y otro y otro

Pero el caso de Mariana no es el único. Sin buscar demasiado aparecen muchos otros, como el de Tomás y Joaquín en 2018, insultados y echados de una pizzería, o el de Brian y Ariel en 2019, que mientras estaban en su cita un hombre se les acercó y los empezó a golpear con un látigo «por estarse besando».

La heteronorma excluye y repudia todo lo que supone diferente a ella. En palabras de Judith Butler, filósofa feminista, se podría decir que esta normativa muestra miedo al deseo homosexual por temor a la pérdida tanto de la feminidad como de la masculinidad y, en consecuencia, su comportamiento es violento.

Otras consecuencias concretas de la heteronorma son legitimar la desigualdad de género con las posibilidades laborales y la brecha salarial, impedir que sea bien vista la maternidad y la paternidad entre identidades que no sean un varón y una mujer hetero-cis, dividir binariamente juguetes «para nenes» y colores «para nenas», entre otras.

Para deconstruir esta norma, que cada día queda más obsoleta y es más inútil, debemos trabajar desde nuestros círculos: erradicar ciertos insultos, tener en cuenta a todas las identidades, desterrar los estigmas que durante años recayeron sobre el colectivo de la diversidad y tratar a todes por igual, porque todes somos personas y eso es lo que debemos respetar.


Fuentes:


A Luciano lo mató la policía

Luciano Arruga tenía 16 años cuando se le perdió el rastro. Su familia siempre denunció que lo había desaparecido la Policía Bonaerense por negarse a robar para ellos. En octubre de 2014, sus restos fueron hallados en el Cementerio de la Chacarita. Como cada enero, familiares y amigos lo recordaron y volvieron a denunciar que la violencia institucional acabó con su vida.

Cronología del caso

Luciano Arruga fue visto por última vez el sábado 31 de enero de 2009, cuando volvía a su casa en Lomas del Mirador. La familia denunció que su desaparición respondía a una represalia policial: Luciano les había contado que agentes de la Bonaerense le habían ofrecido ser “pibe chorro” en las zonas liberadas de La Matanza, pero él se había negado.

Pudo comprobarse que, cuatro meses antes, el adolescente había sido torturado por el oficial Diego Torales (condenado en 2015 a diez años de prisión por este hecho).

Durante la investigación, un peritaje con perros precisó que Arruga había estado en la comisaría 8ª de Lomas de Mirador y en uno de los patrulleros, que esa noche no había cumplido con su recorrido programado. Asimismo, en julio de 2009 se determinó que los libros de detenidos que llevaba la dependencia estaban adulterados. Había nombres tachados y borrados de la noche de la desaparición de Luciano y otras anteriores.

Luego de cinco años de desidia estatal, el 17 de octubre de 2014 los restos del joven fueron encontrados en el Cementerio de la Chacarita. Había sido enterrado como NN, luego de un accidente automovilístico producido el mismo 31 de enero en Mosconi y General Paz, a quince cuadras de su casa.

Nadie pudo explicar aún qué hacía Luciano cruzando la General Paz con tanta imprudencia. Sin embargo, el testimonio del joven que lo atropelló refuerza la hipótesis de su familia: “Corría desesperado, como escapando”Por su parte, un motoquero que se detuvo para cuidarlo luego del accidente, sostiene que vio a lo lejos una camioneta policial observando la escena.

“¿Por qué Luciano intentaría cruzar una autovía tan transitada si podía cruzar por un paso peatonal cercano que él conocía?”, se preguntan Mónica Alegre y Vanesa Orieta, madre y hermana de Arruga.

Por su muerte no hay imputados en la causa, aunque ocho policías fueron señalados como sospechosos.

CORREPI

No es un caso aislado

La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó a fines del año pasado el Archivo Antirrepresivo 2017, que sostiene: “Cada 23 horas, el Estado asesina una persona. En los 721 días de gobierno de la alianza Cambiemos se asesinaron 725 personas”. Las principales víctimas son los y las jóvenes de los sectores populares.

El informe señala que vivimos el mayor pico represivo desde el retorno de la democracia en 1983. La mayoría de las muertes (55,49%) corresponden al conjunto de las policías provinciales, excluidas la ex Metropolitana y la de la Ciudad.

Además, sostiene que casi  la totalidad de las muertes en comisaría corresponden a personas que estaban arbitrariamente detenidas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones menores.

El 50% de los casos en los que se conoce la edad exacta o aproximada de la víctima corresponde a personas menores de 25 años. La represión apunta a la clase social y también a la edad. Estigmatiza a lxs jóvenes pobres y lxs convierte en el chivo expiatorio de un sistema que primero lxs excluye, y después lxs mata.

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A la memoria de Luciano

El sábado pasado, familiares y amigos de Luciano realizaron una jornada por el derecho a saber la verdad y en repudio de la “violencia ejercida por las fuerzas de seguridad contra adolescentes y jóvenes de los barrios más vulnerables”. El punto de encuentro fue la plaza de Lomas del Mirador, ubicada en Perú y Pringles, que lleva su nombre.

Además de asambleas de familiares de víctimas y de organizaciones de DD. HH., se organizaron juegos y tocaron bandas en vivo como Kumbia Queers y Anda Calabaza. Acompañaron la jornada Sergio Maldonado (hermano de Santiago), el papá de Rafael Nahuel “Rafita” (asesinado por la espalda por Prefectura), familiares de víctimas de Cromañón, y Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora).

La reglamentación de la violencia

Entrevista a Luciana Sánchez, abogada feminista y miembro de COPADI (Colectivo para la Diversidad) sobre el nuevo protocolo para la detención y el registro de personas LGBTI que presentó el Ministerio de Seguridad esta semana.

La semana empezó con novedades desde el Ministerio de Seguridad, cartera a cargo de Patricia Bullrich: la difusión del fragante Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T.

El documento, compuesto de tres anexos y acompañado de la resolución ministerial N° 1149-E/2017, reglamenta la manera de actuar de las fuerzas de seguridad al momento de detener a una persona que se identifique con identidades de género u orientaciones sexuales disidentes.

El texto, que parece asumir un lenguaje políticamente correcto, estipula que el registro y las posteriores requisas a personas no heterosexuales y no cisgénero serán efectuados exclusivamente por personal policial femenino, que actuará bajo los principios del Uso Racional de la Fuerza.

Entre otras disposiciones, establece que «la persona detenida será alojada según el género autopercibido”, y que la detención sólo puede aplicarse “de un modo excepcional y siempre que (la persona) tenga prevista una pena privativa de libertad”.

Lejos de transmitir seguridad, el protocolo impuso un clima de profunda preocupación y abrió puertas a toda una serie de dudas, desde el por qué presentar esta herramienta a tan sólo dos semanas de la XXVI Marcha del Orgullo a nivel nacional, hasta el qué sucederá con las trans y travestis que sufren la violencia institucional en carne propia y a diario, ahora que un instrumento oficial regula la represión.

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Diana Sacayán, militante trans, frente a agentes de la Policía Federal.

Escritura Feminista habló con Luciana Sánchez, abogada feminista e integrante de COPADI (Colectivo para la Diversidad), quien considera a este protocolo como “un instrumento que viene a criminalizar al colectivo LGBT, que lo vuelve a asociar al delito”.

Escritura Feminista: ¿Cuáles considerás que son los puntos en los que el protocolo deja mayores dudas o espacio a arbitrariedades?

Luciana Sánchez: Deja lugar a muchas arbitrariedades. Dos son especialmente preocupantes, más allá de que toda la herramienta en sí lo es porque establece cómo pueden usar la fuerza sin ningún tipo de control en el momento: siempre se apuesta al control judicial posterior, que sabemos que muchas veces llega tarde o no llega.

Los dos aspectos que enfatizo están en el Anexo I. El primero tiene que ver con la requisa de una persona desnuda, que se conoce como desnudez forzada, y las requisas íntimas.

El protocolo dice que pueden llevarse a cabo en la dependencia policial, lo que es una barbaridad enorme porque están consideradas tortura, por más que tengan una orden judicial. Tal es así que ni siquiera hay una ley que las prohíba expresamente, porque los tratados de Derechos Humanos lo vienen previendo hace muchos años.

La segunda cosa más preocupante tiene que ver con que en el Anexo I hay una parte que da a entender que no se considerará tortura ningún dolor o sufrimiento infringido que no sea grave y que se realice legítimamente por la policía en el ejercicio de la fuerza.

La regla es que cualquier ejercicio de la fuerza no debe causar ni dolor ni sufrimiento, y que esto debe estar graduado y controlado. La policía no puede ejercer la fuerza en cualquier caso, siempre debe seguir una serie de principios que están desarrollados en el protocolo, pero que aparecen desvirtuados. Es decir, expresa los principios de proporcionalidad, racionabilidad y control, pero después se contradice. 

La violencia como constante

Existen pocos estudios destinados a echar luz sobre la violencia institucional en la comunidad LGBTI en Argentina. Entre ellos, está “La gesta del nombre propio” del año 2005, el primer censo travesti, impulsado por Lohana Berkins y la antropóloga Josefina Fernández, y actualizado en el 2016 en el libro “La revolución de las mariposas” (que puede descargarse aquí).

El relevamiento arrojó que el 83,8% de las mujeres trans y travestis reconocen haber sido detenidas ilegalmente. También se detectó un alarmante índice de abusos sexuales (26,1%) y tortura (25,2%) por parte de los uniformados. En el 42% de los casos se habló de golpes y aproximadamente en la mitad, de coimas.

El Registro de Violencia hacia personas LGBT llevado adelante por la CIDH entre 2013 y 2014 explicó que en los casos de abuso policial en América Latina “se advierten bajos niveles de denuncia”, por miedo “a represalias y discriminación por parte de la policía y las fuerzas de seguridad estatales”, además de advertir muchos casos de “remoción arbitraria y violenta de hombres gay y mujeres trans y lesbianas de lugares públicos”. Situación que, sin ir más lejos, sufrieron Rocío Girat y Mariana Gómez hace unas semanas por besarse en Constitución.

 

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Rocío Girat y Mariana Gómez.

Otra arista que se agrega a esta problemática es la represión policial en las marchas de mujeres, como la razzia que tuvo lugar el pasado 8 de marzo luego del Paro Nacional de Mujeres o en los Encuentros Nacionales de Mujeres de años anteriores.

E.F.: ¿Creés que es necesaria la existencia de un protocolo dedicado exclusivamente a la población LGBTI?

L.S.:Estos protocolos deberían existir para establecer los límites de la policía sobre los  colectivos vulnerables, pero no hacer regla un uso de la fuerza que debería ser excepcional. Ese es el sentido que deben tener y para lo cual Naciones Unidas exige que se redacten; razón por la cual ya había un protocolo en vigencia (desde el año 2011, dispuesto por la resolución 1.811).

Este protocolo está destinado a las actividades que el colectivo LGBTI desarrolla en la vía pública y no a cualquier tipo de crimen, ni siquiera a delitos graves, a estafas, desfalcos, de cuello blanco.

Está orientado a reprimir a la parte más vulnerable del colectivo LGBT, que son las travestis y las trans que realizan actividades relacionadas a su supervivencia en la calle por la exclusión estructural que sufren y a las lesbianas que realizan acciones de visibilidad, protesta.

Entonces es sesgado en ese sentido, busca reprimir la supervivencia y la protesta social, a los dos sectores del colectivo LGBT más expuestos a la violencia policial. El protocolo legitima los excesos de la fuerza y avala una situación que se agravó en los últimos dos años. 

 

E.F.: ¿Cuáles son las diferencias entre el protocolo actual y el que había sido puesto en funcionamiento en 2011?

L.S.:Las diferencias con el protocolo anterior son muchas. En principio, porque el Ministerio de Seguridad en la gestión de Nilda Garré no tenía sólo este, sino que tenía toda una serie de protocolos y una bajada de línea para el uso racional de la fuerza y el control civil de la fuerza de seguridad. Contemplaba formación en género para los agentes.

No es el caso ahora. La brutalidad policial está avalada por la jefatura de la seguridad. Lo vemos todos los días en la calle, lo sufrimos con las compañeras travestis y trans en las plazas, en Once, en Constitución, lo estamos sufriendo en cada una de las manifestaciones en donde compañeras lesbianas y otros sujetos visibles para la policía se manifiestan.

Hacia una Justicia más injusta

El lunes, mientras el protocolo generaba polémica y repudio, otro acontecimiento tuvo lugar: la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó su renuncia, la cual comenzará a correr desde el 31 de diciembre en adelante. Tras haber denunciado diversas presiones, explicó que su partida era un intento de evitar “reformas que rompan el equilibrio” del organismo y afectaran “de manera sustancial su autonomía”.

Estos dos hechos se conectan de forma sutil: la Procuraduría General de la Nación debe velar por el correcto funcionamiento de los procedimientos y por el respeto de los Derechos Humanos en el accionar de las fuerzas de seguridad.

E.F.: Con respecto a la renuncia de Gils Carbó, ¿creés que puede poner en riesgo los avances en materia de género en el ámbito judicial?

L.S.: Hay un antes y un después de Gils Carbó en la Procuraduría. Ella implementó el Cupo Laboral Trans. Incluso antes de que estuviera sancionada la Ley, había trans y travestis trabajando en el Ministerio Público Fiscal.

Esto tuvo un impacto enorme para el Poder Judicial, nunca antes había habido sujetos no cisgénero en trabajando en el Poder Judicial como empleados y empleadas con posibilidades de ser magistradas y magistrados. Siempre habían sido los sujetos criminales.

Además, creó las unidades especializadas con despliegue territorial. Por ejemplo, ATAJO (Programa de Acceso Comunitario a la Justicia) y la RE.TE.GER. (Red Territorial en Género), un trabajo indispensable para los barrios que en otras áreas del Estado de la nueva gestión se viene recortando.

La UFEM (unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales), la PROCUVIN (Procuraduría de Violencia Institucional) y la DOVIC (Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas), son todas instituciones que han cambiado la forma de acceder a la justicia, sobre todo para colectivos vulnerables.

Esperemos que los avances trasciendan a la persona, ese es nuestro mayor deseo.

 

E.F.: Entonces, ¿con qué herramientas se cuentan ante los casos de abusos policiales?

L.S.: Desde lo legal, hay que seguir utilizando la presentación de habeas corpus, de medidas autosatifactivas como la que presentó ATE para la marcha por Santiago Maldonado de esta semana, las denuncias contra las fuerzas de seguridad, los planteos de nulidad en las detenciones. Después están las otras herramientas, las movilizaciones, el reclamo social. 

No es inclusión, es más violencia

Es para celebrar cada vez que los sectores excluidos y estigmatizados son reconocidos por el Estado, porque pasan a tener espacio en las legislaciones y más posibilidades de alcanzar sus derechos. Dejan de ser invisibles ante las instituciones que deben velar por ellos.

Claros ejemplos de esto fueron el matrimonio igualitario, la ley de cupo laboral trans o ley Sacayán (aún no reglamentada) y la ley de identidad de género, entre otras medidas traccionadas por años de lucha y reclamos.

Pero no se puede incluir desde la violencia: con este protocolo el Gobierno está reconociendo a la comunidad LGBTI sólo en términos penales, en lugar de avanzar en la erradicación de la desigualdad.

«Que el INADI haya respaldado el protocolo demuestra que no hay una ley que pueda ser aplicada e interpretada de manera abstracta. Lo que hace la diferencia es tener un gobierno que haga de los derechos humanos una política real, como pasó con la sanción del matrimonio igualitario, bien distinto a lo que pasa en un gobierno antipopular como este«, opinó Sánchez.

Justicia patriarcal en La Matanza: Separan a madre e hijo víctimas de violencia de género

El pasado miércoles, la jueza Petrona Martínez del Juzgado N°5 de La Matanza, provincia de Buenos Aires, ordenó retirar al hijo de Valeria Sainz Moreno del jardín de infantes con la fuerza pública para apartarlo de la tutela de su madre, quien ya realizó más de 30 denuncias contra su expareja, Horacio Javier Otranto, por violencia de género.

La Justicia vuelve a fallar de forma arbitraria y violenta contra una mujer. Luego de insistir en una revinculación forzada entre el niño y el agresor, y considerar que la madre es la culpable de impedir el desarrollo de la relación filial, la jueza decidió entregar al menor al cuidado de la abuela paterna, con la intermediación de la policía y sin notificar previamente a la madre.

Además, Sainz carga con una condena en suspenso por «impedimento de contacto», y ahora se le aplicó una perimetral que le prohíbe acercarse a su hijo, quien se encuentra internado en el Hospital Italiano de San Justo por una crisis nerviosa. El violento, mientras tanto, permanece libre y sin procesamientos.

Valeria denuncia a Otranto hace años porque suele emboscarla cuando camina con el niño por la calle o entrar en la casa para atormentarlos y golpearlos. Los informes psicológicos y del abogado del niño constataron que, por su personalidad violenta, no está en condiciones de ejercer paternidad. Sin embargo, la Justicia fomenta el acercamiento y la relación entre el menor y Otranto.

En la historia de Valeria, la violencia machista se confabula con la violencia ejercida por las instituciones. Cuando la causa era tratada ante el Juzgado de Familia N°4, su abogado defensor asentó varias denuncias ante la Suprema Corte de Justicia provincial por irregularidades en el accionar de Juan Manuel Delfino, titular de la dependencia judicial, y sufrió aprietes por ello.

A mediados del 2014, pasó a hacerse cargo la jueza Martínez y la situación empeoró para madre e hijo, ya que se encargó de promover la revinculación forzosa y los encuentros entre las partes, situaciones en las que el niño se quebraba en llanto en cuanto veía al progenitor.

Familiares y amigxs organizan diferentes actividades para visibilizar la causa y exigir justicia. Hoy participarán desde las 10:30 hs en Yrigoyen al 2569 (San Justo) en la realización de una radio abierta.

Imagen extraída de Página 12.

 

Seis meses sin justicia para Higui

“No sé hablar, yo lloro nomás”.

Esas son las primeras palabras que dice Susana mientras se acerca al escritorio donde la espera el micrófono. La acompaña una de sus hijas, Azucena. Le falta otra hija, Higui.

Analía Eva, más conocida como Higui, está presa desde el 16 de octubre de 2016 por haber sobrevivido. Con 42 años, vivía en el barrio Mariló, localidad de Bella Vista, donde era hostigada de forma constante por ser lesbiana: fue apuñalada, prendieron fuego a su casa y asesinaron a su perro, entre muchos más actos violentos de intolerancia.

En octubre del año pasado, fue atacada por una patota de diez varones que, al grito de “forra lesbiana, te vamos a convertir en mujer”, la golpearon y trataron de abusar sexualmente de ella. No era la primera vez que la emboscaban en la calle. Higui llevaba un arma blanca entre sus ropas para defenderse y, en el forcejeo, hirió de muerte a uno de sus atacantes.

El día miércoles 26 de abril, a más de seis meses de la detención de Higui, su familia y la Comisión de Justicia por Eva se presentaron ante la Fiscalía N° 25 de Malvinas Argentinas para exigir el cambio de carátula de la causa, de Homicidio Simple a Legítima Defensa, y por consiguiente la inmediata liberación de Higui.

Primero, se negaron a atenderlos. Cuando, por la fuerza, lograron ingresar a la Fiscalía, el fiscal Muñoz que entiende en la causa les explicó que no se está investigando el abuso sufrido por Higui porque, en realidad, “[la familia] interpretó mal los hechos, porque el hombre muerto por Higui solo le dijo que quería hacerla sentir mujer, no abusar de ella”.

“La familia interpretó mal los hechos, porque el hombre muerto por Higui solo le dijo que quería hacerla sentir mujer, no abusar de ella”, explicó el fiscal Muñoz.

Tras la protesta ante la Fiscalía, se dio una conferencia de prensa en la municipalidad de Moreno, por parte de la familia y miembros de distintas organizaciones que acompañan la lucha.

En el expediente, solo figuran tres de los diez varones que la atacaron esa noche, y todos ellos se cuentan como víctimas mientras Higui aparece como victimaria. La investigación está plagada de irregularidades que nacen tanto de los policías que intervinieron como de la fiscalía. La familia denuncia que la abogada Hermida Leyenda, que representa a Higui desde enero de este año, no está haciendo su trabajo y es amiga de la justicia que encarceló a Higui.

Carina Leguizamón (Red de Mujeres de Moreno) acusó a la abogada Leyenda de no realizar la investigación ni atender el caso debidamente, dado que tras cuatro meses de trabajo, el pedido de excarcelación de Higui fue presentado apenas ese mismo día miércoles. Además, en el expediente de la causa no constaban fotografías de los golpes que había recibido en todo el cuerpo durante el ataque hasta que la familia las proveyó.

Sasha Sacayán, hermano de Diana Sacayán y miembro del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación y de la Comisión Justicia por Diana Sacayán, agregó que la abogada se niega a pedir el cambio de carátula que la familia exige, lo cual destruye la base de la defensa.

“La declaración de Higui no es tomada en cuenta como tal, porque el fiscal dice que él no entiende que haya sido atacada ni que hayan querido violarla. Él solo ve que el tipo le dijo ‘lesbiana, te voy a convertir en mujer’ (…) y que la familia y una de las compañeras recibió amenazas de este grupo de personas, pero el fiscal no ve absolutamente nada ahí y estos tipos jamás son vistos como culpables de nada”, reclamó Sacayán durante la conferencia.

“La familia está pidiendo un cambio de fiscal o que se agregue uno que entienda desde una perspectiva de género”, añadió Carolina Abregú, referente de la Defensoría de Género de Malvinas Argentinas.

Susana, conteniendo apenas las lágrimas, contó que pudo visitar a su hija el viernes anterior. Higui sabe del apoyo que está recibiendo desde todo el país, y está esperanzada con salir en libertad antes de su cumpleaños, el 7 de junio, aunque la realidad no sea esa. “Son todas mentiras que le dice la abogada para manipularla, e Higui es una piba que no tiene maldad y le cree”. Aunque la familia ya está en busca de unx nuevx abogadx que represente a Higui, tiene que ser ella misma la que revoque el poder que le cedió a Leyenda. Si no lo hace, la única forma de cambiar de representante sería con la renuncia de la abogada actual.

Desde el municipio de Moreno, el Director General de Derechos Humanos, Emiliano Quinteros, y la Directora de Diversidad Sexual, Nancy Sena, expresaron su compromiso con la causa y su total disposición a la familia y a Higui.

“No es momento para ser tibios, tenemos que ir por todos”, concluyó Sena.


El próximo sábado 29 de abril a las 18 hs, se realizará un festival de rock a beneficio que contará con la presencia de varixs oradorxs y bandas. La entrada consiste de un bono contribución y todos los fondos recaudados serán destinados a continuar la causa.

El festival se llevará a cabo en la Universidad Nacional de General Sarmiento (Juan María Gutiérrez 1150, 1613 Los Polvorines).

Susana, mamá de Higui, pidió que los asistentes al festival, si lo desean, lleven cartas para entregarle a su hija en su próxima visita.


¡Aviso importante!

La familia de Higui ha suspendido por el momento el festival antes mencionado y todas sus actividades, debido a la difícil situación que está atravesando con respecto a la abogada y representante de Higui.

En el evento publicado en Facebook, se ha hecho la siguiente aclaración:

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Todo palo es político

El macrismo viene decidido a aplicar la fuerza represiva del Estado como respuesta a la protesta social, tal como se pudo constatar el pasado domingo mientras los docentes armaban la Escuela Itinerante frente al Congreso. La violencia institucional no nació a fines del 2015, pero hay algo novedoso en el ejercicio espectacularizado de la fuerza: la violencia como puesta en escena de una estrategia comunicacional, en víspera de las elecciones 2017.

La consultora Tendencias Económicas contabilizó 110 mil despidos en los primeros dos meses del 2016, cifra récord desde 1985. A este dato, se suma la baja del valor real de los salarios: el Indec calculó una pérdida en el poder adquisitivo del trabajador promedio de entre 8 y 10 puntos respecto de la inflación, estimada en un 40% según el IPC que difunde el Congreso. El Presupuesto 2017 previó recortes en las áreas de Salud, Cultura, Educación y Derechos Humanos, a la vez que incrementó en un 34% el pago de los intereses de la deuda pública con respecto al año pasado.

Las medidas del Ejecutivo no favorecen al sector mayoritario de la sociedad. Marzo fue un mes álgido, signado por una seguidilla de protestas masivas y terminó de afirmar, después de más de un año de gobierno, que las disputas políticas y las negociaciones hoy sólo pueden zanjarse con capacidad de movilización y demostración de fuerza en la calle.

Sin embargo, el macrismo respondió con la represión como método de disciplinamiento. La violencia de las fuerzas de seguridad en el Paro Internacional de las Mujeres y durante la huelga general del 6 de abril se sumó a las imágenes de camiones hidrantes apuntados hacia los trabajadores de Cresta Roja a fines del 2015 y al episodio vivido por los despedidos estatales de La Plata a principio del 2016. Inclusive, luego se reprimió a los trabajadores del Ingenio Ledesma. No son datos menores la existencia amenazante del Protocolo Antipiquetes y el marco persecutorio creado por el encarcelamiento de Milagro Sala y la detención cada vez más frecuente de militantes.

Cada avanzada de los uniformados se dio en coyunturas diferentes, con su propio trasfondo y finalidad. No son iguales las necesidades de un gobierno recién asumido que a meses de las elecciones de medio término. Así, se puede ubicar un común denominador en las últimas situaciones de represión: la presencia de las cámaras y los reflectores. Todos podíamos ver lo que estaba sucediendo en tiempo real, todos pudimos tomar conocimiento y no hubo intención alguna de taparlo. Pareciera tratarse de la construcción de un mensaje unívoco: «Vamos a realizar los sacrificios necesarios para llegar al sueño del país del primer mundo».

Al mismo tiempo, la represión que sí permanece en las penumbras, la que es cotidiana en los barrios más pobres, crece. Dos casos que sí recorrieron los medios son la balacera iniciada por la Gendarmería en enero del 2016 contra la murga barrial del Bajo Flores y la irrupción policial en el merendero Los Cartoneritos en Lanús, hace poco más de una semana. Para noviembre del año pasado, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) difundió sus índices y denunció un muerto cada 25 horas a manos de la policía. En el 2016 contabilizaron 259 casos y es el récord anual alcanzado por un gobierno constitucional después de la vuelta a la democracia.

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En la marcha del #1A, desfiló por las plazas principales del país una masa que se mostraba contenta y enojada al mismo tiempo. Contenta, porque se sentía a gusto con la gestión macrista y con los valores que el presidente encarna; enojada porque, a pesar de la heterogeneidad en las lecturas, cada manifestante encontraba en la pesada herencia la razón del desequilibrio social. Un auto paseaba con un muñeco disfrazado de militar sobre el techo. Una señora mostraba orgullosa su cartel a las cámaras y sentenciaba: “Desaparecieron los que tenían que desaparecer”.

El oficialismo piensa en las elecciones legislativas, y por ello no hace oídos sordos a las demandas del elenco permanente de votantes PRO, que piden más mano dura y que se esconda o se borre la pobreza. La represión y la decisión de no ceder un centímetro a los reclamos de los trabajadores («los vagos que no trabajan y cortan calles») es, en este punto, otra maniobra de “marketing” electoral.

El Gobierno nacional está atravesando una crisis de representación y nada garantiza la captación del votante indeciso. Elige entonces replegarse y afianzar a los asegurados, que, dicho sea de paso, el primero de abril demostraron no ser pocos y estar bastante convencidos. Si la demanda es aplicar más mano dura y el costo político es mínimo o poco, el oficialismo tendría razones de sobra para intensificar su postura de dureza contra la manifestación popular y además exponerla públicamente.

Una vez más, el macrismo apuesta a una campaña comunicacional efectiva. Su triunfo o derrota en las elecciones 2017 aportará más experiencias para analizar las herramientas explotadas por Durán Barba: muchas cámaras y una meticulosa puesta en escena para intervenir sobre la realidad cuando la política es una cáscara vacía.