La lucha de Black Lives Matter no termina

Luego de tres semanas, el 21 de abril el jurado de Minneapolis declaró como culpable de todos los cargos por el homicidio de George Floyd al policía Derek Chauvin. Sin embargo, el veredicto sigue sin traer justicia a la causa.

Ha pasado casi un año desde que George Floyd fuera arrestado en la ciudad de Minneapolis, Minnesota (Estados Unidos), por parte de cuatro policías locales al intentar hacer una compra con un billete falso de 20 dólares, para luego morir asfixiado por el agente Derek Chauvin quien, tras esposarlo y ponerlo boca abajo, colocó su rodilla en el cuello de Floyd por 8 minutos y 46 segundos.

«No puedo respirar».

Últimas palabras de George Floyd, las cuales se volverían importantes dentro de las protestas.

Pocos días después de ese 25 de mayo de 2020, el hecho generó múltiples protestas en varias ciudades de Estados Unidos en contra del racismo y el abuso policial que sufren ciudadanes afroamericanes en todo el país. La muerte de Floyd bajo custodia policial se convirtió en un símbolo gráfico de la brutalidad policial y generó manifestaciones globales exigiendo justicia racial. El movimiento Black Lives Matter, el cual comenzó en 2013 luego de la absolución de un policía que había matado a un adolescente afroamericano, se expandió internacionalmente por medio de las redes sociales.

El juicio

A lo largo del juicio, prestaron testimonio varies jóvenes que presenciaron la muerte de George Floyd, quienes afirmaron que él estaba «rogando por su vida» y que la policía no permitió que una socorrista le brindara asistencia médica, lo que hubiera podido salvarle la vida. Les jóvenes añadieron que se sienten con culpa de «no haber hecho más que filmar lo sucedido».

Por su parte, la defensa de Derek Chauvin tomó como principal argumento que la muerte de Floyd ocurrió por otras razones médicas e hizo hincapié en el consumo de drogas, su resistencia inicial a los agentes y sus problemas cardíacos preexistentes. A pesar de estas pruebas, el médico que realizó la autopsia declaró que la muerte fue un homicidio y que durante «el sometimiento, la sujeción y la compresión del cuello por parte de los agentes policiales», George Floyd sufrió un paro cardiopulmonar.

Tras conocerse el veredicto, muchas personas han festejado que se hiciera justicia pero, ¿hasta este punto tenemos que llegar para que se reconozca que hay un serio problema de racismo y xenofobia? No hablamos solo de Estados Unidos, es un problema que nos afecta globalmente a todes.

La familia de Floyd compartió una publicación diciendo que: «El veredicto de hoy tiene implicaciones significativas para el país y el mundo». Consideran que la sentencia es «un punto de inflexión para la rendición de cuentas y la aplicación de la ley en el país» y también han expresado que esto no acaba aquí y que «no han olvidado que hay otros tres policías que tuvieron un papel en la muerte de George Floyd y que deben responder por sus acciones».

Las opiniones de figuras importantes en la política

El presidente estadounidense, Joe Biden, expresó que este hecho «puede ser un enorme paso en la lucha hacia la justicia en Estados Unidos» y que «todavía queda mucho trabajo por hacer, ya que nadie debe estar por encima de la ley».

A su vez, la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, respaldó las palabras de Biden diciendo que el veredicto es un paso hacia adelante, pero todavía hay mucho trabajo por hacer en ese sentido. También, mencionó una ley que presentó para que la policía rinda cuentas, presentada en honor a George Floyd y que impulsará para que el Senado la apruebe.

El expresidente Barack Obama también expresó que se ha dado un paso en el camino del progreso, pero no es suficiente: «La verdadera justicia requiere que entendamos que a les estadounidenses negres se les trata diferente todos los días. Requiere que reconozcamos que millones de amigues, familiares y ciudadanes viven con miedo de que un encuentro con la policía pueda ser el último», añadió.

Alexandria Ocasio-Cortez, legisladora demócrata de los Estados Unidos, expresó lo que la mayoría de las personas sintieron con el veredicto: que, en realidad, justicia sería que George Floyd pudiera regresar a casa cada noche con su familia. Un veredicto no es justicia.

Reflexiones

Para que este caso tuviera el reconocimiento que merece, millones de personas en todo el país norteamericano tuvieron que organizarse y marchar pero ¿cuántos casos no han tenido esta importancia? A pesar de todo el esfuerzo que se hace para combatir la problemática del racismo, todos los meses se reporta un caso exactamente igual al de George Floyd.

Daunte Wright, de 20 años de edad, murió el 11 de abril de 2021 tras recibir un disparo de la policía durante una detención de tránsito en la calle. El oficial que le disparó dijo que confundió su arma y en realidad había querido sacar su picana eléctrica.

Breonna Taylor, de 26 años, murió el 13 de marzo de 2020 tras recibir disparos de tres agentes que llevaban a cabo una orden de registro sin aviso en su departamento.

El mismo día del veredicto contra Chauvin se dio a conocer la noticia de que una niña de 15 años llamada Makiyah Bryant había sido asesinada a tiros por la policía.

Cada día se sigue viviendo lo mismo. Por eso, el veredicto es un paso hacia adelante, pero no es el final del camino.


Fuentes:


911: violación en manada

Una agente de la policía bonaerense denunció que fue abusada por cuatro compañeros en un polideportivo de Los Polvorines. Participaba de un operativo de refuerzo por la pandemia de coronavirus.

Bajo el contexto de pandemia, el municipio de Malvinas Argentinas recibió asistencia de 90 policías recién egresades de la Escuela Vucetich. La agente de 21 años de edad, al igual que el resto de sus colegas, decidió pasar la noche del sábado en el polideportivo, en lugar de viajar hasta su casa para volver la mañana siguiente. Lo que parecía una buena decisión se transformó en otro ataque sobre la integridad y los cuerpos de las mujeres.

Según consta en la denuncia, durante la madrugada del domingo tuvo relaciones sexuales consentidas con un compañero en el baño. Cuando él salió, otros cuatro agentes ingresaron a donde ella se duchaba. El oficial no hizo nada para detenerlos y los cuatro policías la violaron en grupo. Poco importa lo que la oficial hacía antes de que los abusadores entraran, ella no les dio su consentimiento y con eso basta.

La joven pidió ayuda y fue auxiliada por otros colegas que estaban en el lugar, quienes la llevaron hasta la Comisaría de la Mujer y la Familia de Malvinas Argentinas. La denuncia y la pericia médico-psicológica estuvieron a cargo de la UFI Nº 14 especializada en delitos sexuales del Departamento Judicial de San Martín.

Desde la Fiscalía, coordinada por Jorge Castagna, se confirmó que los atacantes están detenidos. Los cinco acusados tienen entre 19 y 26 años de edad: cuatro de ellos enfrentarán cargos de abuso sexual con acceso carnal; el restante, que no hizo nada para impedirlo, una causa por omisión de auxilio. La Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia dispuso la separación del cargo para los cinco policías.

Omisión de auxilio o pacto de silencio

No es la primera vez que quienes, se supone, deberían cuidarnos se comportan de manera machista y abusiva. En menos de 48 horas, 13 efectivos de la policía bonaerense fueron detenidos acusados de abuso sexual: están quienes atacan a sus compañeras y quienes someten a las detenidas.

El otro caso ocurrió en la Jefatura Distrital de La Tablada, donde la justicia detuvo a ocho policías, seis hombres y dos mujeres, por abusar sexualmente y torturar a presas alojadas en esa seccional. Fueron 28 las víctimas detenidas que presentaron denuncias por abuso sexual, abuso de autoridad, lesiones y torturas.

Otra violación en grupo se registró en marzo de este año, cuando una oficial de la policía bonaerense que trabajaba en el Operativo Sol denunció ante el fiscal Juan Pablo Calderón haber sido violada por tres compañeros en la localidad de Valeria del Mar.

El método se repite: la joven contó que había tenido relaciones sexuales con un compañero y a mitad de la noche otros dos llegaron al lugar para abusar de ella. Bajo la justificación de «falta de pruebas», el Ministerio Público de Pinamar dejó a los acusados en libertad.

Actuar en manada

A estos grupos denominados «manadas» los une la cultura machista en la que vivimos, la necesidad de reforzar su masculinidad, la homofobia y un enemigo en común: las mujeres. Susan Brownmiller, periodista y activista feminista estadounidense, explica que «la violación tiene muy poco de sexual y mucho más de agresión». El objetivo es el terror y la dominación de la mujer.

Según el estudio realizado por los psiquiatras del Grupo Doctor Oliveros «Violadores en manada: dinámicas grupales y características clínicas», la mayor parte de los miembros de un grupo de abusadores jamás violarían en solitario.

«La violación de grupos es más frecuente en adolescentes y jóvenes adultos, a diferencia de los violadores solitarios que tienen edades superiores. Se encuentran en etapas de la vida en las que el sentido de pertenencia, la importancia de la reputación y el sometimiento al líder adquieren una relevancia extraordinaria. De ahí que estos grupos, bajo las ordenes de un líder, sean los mismos que prenden fuego un mendigo o apalean un inmigrante».

¿Qué ocurre cuándo quienes deberían cuidarnos nos ponen en peligro? ¿Cuándo el agresor y el defensor son la misma persona? ¿Qué sucede con el machismo dentro de instituciones como las fuerzas de seguridad? Es necesario revisar la importancia de instruir en perspectiva de género y derechos humanos a quienes tienen tanto poder entre sus manos.


La reglamentación de la violencia

Entrevista a Luciana Sánchez, abogada feminista y miembro de COPADI (Colectivo para la Diversidad) sobre el nuevo protocolo para la detención y el registro de personas LGBTI que presentó el Ministerio de Seguridad esta semana.

La semana empezó con novedades desde el Ministerio de Seguridad, cartera a cargo de Patricia Bullrich: la difusión del fragante Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T.

El documento, compuesto de tres anexos y acompañado de la resolución ministerial N° 1149-E/2017, reglamenta la manera de actuar de las fuerzas de seguridad al momento de detener a una persona que se identifique con identidades de género u orientaciones sexuales disidentes.

El texto, que parece asumir un lenguaje políticamente correcto, estipula que el registro y las posteriores requisas a personas no heterosexuales y no cisgénero serán efectuados exclusivamente por personal policial femenino, que actuará bajo los principios del Uso Racional de la Fuerza.

Entre otras disposiciones, establece que «la persona detenida será alojada según el género autopercibido”, y que la detención sólo puede aplicarse “de un modo excepcional y siempre que (la persona) tenga prevista una pena privativa de libertad”.

Lejos de transmitir seguridad, el protocolo impuso un clima de profunda preocupación y abrió puertas a toda una serie de dudas, desde el por qué presentar esta herramienta a tan sólo dos semanas de la XXVI Marcha del Orgullo a nivel nacional, hasta el qué sucederá con las trans y travestis que sufren la violencia institucional en carne propia y a diario, ahora que un instrumento oficial regula la represión.

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Diana Sacayán, militante trans, frente a agentes de la Policía Federal.

Escritura Feminista habló con Luciana Sánchez, abogada feminista e integrante de COPADI (Colectivo para la Diversidad), quien considera a este protocolo como “un instrumento que viene a criminalizar al colectivo LGBT, que lo vuelve a asociar al delito”.

Escritura Feminista: ¿Cuáles considerás que son los puntos en los que el protocolo deja mayores dudas o espacio a arbitrariedades?

Luciana Sánchez: Deja lugar a muchas arbitrariedades. Dos son especialmente preocupantes, más allá de que toda la herramienta en sí lo es porque establece cómo pueden usar la fuerza sin ningún tipo de control en el momento: siempre se apuesta al control judicial posterior, que sabemos que muchas veces llega tarde o no llega.

Los dos aspectos que enfatizo están en el Anexo I. El primero tiene que ver con la requisa de una persona desnuda, que se conoce como desnudez forzada, y las requisas íntimas.

El protocolo dice que pueden llevarse a cabo en la dependencia policial, lo que es una barbaridad enorme porque están consideradas tortura, por más que tengan una orden judicial. Tal es así que ni siquiera hay una ley que las prohíba expresamente, porque los tratados de Derechos Humanos lo vienen previendo hace muchos años.

La segunda cosa más preocupante tiene que ver con que en el Anexo I hay una parte que da a entender que no se considerará tortura ningún dolor o sufrimiento infringido que no sea grave y que se realice legítimamente por la policía en el ejercicio de la fuerza.

La regla es que cualquier ejercicio de la fuerza no debe causar ni dolor ni sufrimiento, y que esto debe estar graduado y controlado. La policía no puede ejercer la fuerza en cualquier caso, siempre debe seguir una serie de principios que están desarrollados en el protocolo, pero que aparecen desvirtuados. Es decir, expresa los principios de proporcionalidad, racionabilidad y control, pero después se contradice. 

La violencia como constante

Existen pocos estudios destinados a echar luz sobre la violencia institucional en la comunidad LGBTI en Argentina. Entre ellos, está “La gesta del nombre propio” del año 2005, el primer censo travesti, impulsado por Lohana Berkins y la antropóloga Josefina Fernández, y actualizado en el 2016 en el libro “La revolución de las mariposas” (que puede descargarse aquí).

El relevamiento arrojó que el 83,8% de las mujeres trans y travestis reconocen haber sido detenidas ilegalmente. También se detectó un alarmante índice de abusos sexuales (26,1%) y tortura (25,2%) por parte de los uniformados. En el 42% de los casos se habló de golpes y aproximadamente en la mitad, de coimas.

El Registro de Violencia hacia personas LGBT llevado adelante por la CIDH entre 2013 y 2014 explicó que en los casos de abuso policial en América Latina “se advierten bajos niveles de denuncia”, por miedo “a represalias y discriminación por parte de la policía y las fuerzas de seguridad estatales”, además de advertir muchos casos de “remoción arbitraria y violenta de hombres gay y mujeres trans y lesbianas de lugares públicos”. Situación que, sin ir más lejos, sufrieron Rocío Girat y Mariana Gómez hace unas semanas por besarse en Constitución.

 

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Rocío Girat y Mariana Gómez.

Otra arista que se agrega a esta problemática es la represión policial en las marchas de mujeres, como la razzia que tuvo lugar el pasado 8 de marzo luego del Paro Nacional de Mujeres o en los Encuentros Nacionales de Mujeres de años anteriores.

E.F.: ¿Creés que es necesaria la existencia de un protocolo dedicado exclusivamente a la población LGBTI?

L.S.:Estos protocolos deberían existir para establecer los límites de la policía sobre los  colectivos vulnerables, pero no hacer regla un uso de la fuerza que debería ser excepcional. Ese es el sentido que deben tener y para lo cual Naciones Unidas exige que se redacten; razón por la cual ya había un protocolo en vigencia (desde el año 2011, dispuesto por la resolución 1.811).

Este protocolo está destinado a las actividades que el colectivo LGBTI desarrolla en la vía pública y no a cualquier tipo de crimen, ni siquiera a delitos graves, a estafas, desfalcos, de cuello blanco.

Está orientado a reprimir a la parte más vulnerable del colectivo LGBT, que son las travestis y las trans que realizan actividades relacionadas a su supervivencia en la calle por la exclusión estructural que sufren y a las lesbianas que realizan acciones de visibilidad, protesta.

Entonces es sesgado en ese sentido, busca reprimir la supervivencia y la protesta social, a los dos sectores del colectivo LGBT más expuestos a la violencia policial. El protocolo legitima los excesos de la fuerza y avala una situación que se agravó en los últimos dos años. 

 

E.F.: ¿Cuáles son las diferencias entre el protocolo actual y el que había sido puesto en funcionamiento en 2011?

L.S.:Las diferencias con el protocolo anterior son muchas. En principio, porque el Ministerio de Seguridad en la gestión de Nilda Garré no tenía sólo este, sino que tenía toda una serie de protocolos y una bajada de línea para el uso racional de la fuerza y el control civil de la fuerza de seguridad. Contemplaba formación en género para los agentes.

No es el caso ahora. La brutalidad policial está avalada por la jefatura de la seguridad. Lo vemos todos los días en la calle, lo sufrimos con las compañeras travestis y trans en las plazas, en Once, en Constitución, lo estamos sufriendo en cada una de las manifestaciones en donde compañeras lesbianas y otros sujetos visibles para la policía se manifiestan.

Hacia una Justicia más injusta

El lunes, mientras el protocolo generaba polémica y repudio, otro acontecimiento tuvo lugar: la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó su renuncia, la cual comenzará a correr desde el 31 de diciembre en adelante. Tras haber denunciado diversas presiones, explicó que su partida era un intento de evitar “reformas que rompan el equilibrio” del organismo y afectaran “de manera sustancial su autonomía”.

Estos dos hechos se conectan de forma sutil: la Procuraduría General de la Nación debe velar por el correcto funcionamiento de los procedimientos y por el respeto de los Derechos Humanos en el accionar de las fuerzas de seguridad.

E.F.: Con respecto a la renuncia de Gils Carbó, ¿creés que puede poner en riesgo los avances en materia de género en el ámbito judicial?

L.S.: Hay un antes y un después de Gils Carbó en la Procuraduría. Ella implementó el Cupo Laboral Trans. Incluso antes de que estuviera sancionada la Ley, había trans y travestis trabajando en el Ministerio Público Fiscal.

Esto tuvo un impacto enorme para el Poder Judicial, nunca antes había habido sujetos no cisgénero en trabajando en el Poder Judicial como empleados y empleadas con posibilidades de ser magistradas y magistrados. Siempre habían sido los sujetos criminales.

Además, creó las unidades especializadas con despliegue territorial. Por ejemplo, ATAJO (Programa de Acceso Comunitario a la Justicia) y la RE.TE.GER. (Red Territorial en Género), un trabajo indispensable para los barrios que en otras áreas del Estado de la nueva gestión se viene recortando.

La UFEM (unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales), la PROCUVIN (Procuraduría de Violencia Institucional) y la DOVIC (Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas), son todas instituciones que han cambiado la forma de acceder a la justicia, sobre todo para colectivos vulnerables.

Esperemos que los avances trasciendan a la persona, ese es nuestro mayor deseo.

 

E.F.: Entonces, ¿con qué herramientas se cuentan ante los casos de abusos policiales?

L.S.: Desde lo legal, hay que seguir utilizando la presentación de habeas corpus, de medidas autosatifactivas como la que presentó ATE para la marcha por Santiago Maldonado de esta semana, las denuncias contra las fuerzas de seguridad, los planteos de nulidad en las detenciones. Después están las otras herramientas, las movilizaciones, el reclamo social. 

No es inclusión, es más violencia

Es para celebrar cada vez que los sectores excluidos y estigmatizados son reconocidos por el Estado, porque pasan a tener espacio en las legislaciones y más posibilidades de alcanzar sus derechos. Dejan de ser invisibles ante las instituciones que deben velar por ellos.

Claros ejemplos de esto fueron el matrimonio igualitario, la ley de cupo laboral trans o ley Sacayán (aún no reglamentada) y la ley de identidad de género, entre otras medidas traccionadas por años de lucha y reclamos.

Pero no se puede incluir desde la violencia: con este protocolo el Gobierno está reconociendo a la comunidad LGBTI sólo en términos penales, en lugar de avanzar en la erradicación de la desigualdad.

«Que el INADI haya respaldado el protocolo demuestra que no hay una ley que pueda ser aplicada e interpretada de manera abstracta. Lo que hace la diferencia es tener un gobierno que haga de los derechos humanos una política real, como pasó con la sanción del matrimonio igualitario, bien distinto a lo que pasa en un gobierno antipopular como este«, opinó Sánchez.

Decomisaron dos radios y detuvieron a uno de sus directores

El pasado martes 25 por la mañana, efectivos policiales ingresaron de forma simultánea en las instalaciones de Radio M de Virrey del Pino (104.1) y de FM Fórmula 1 de Merlo (87.7), secuestraron los equipamientos y demoraron por más de 6 horas a Ariel Montes, responsable del medio matancero, por pedir explicaciones del accionar policial.

“La policía llegó con órdenes judiciales que los habilitaban a manejarse con violencia si alguien se interponía”, explicó Guillermo Saucedo, presidente de la Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines. “Estaba participando de una radio abierta en el marco de la Escuela Itinerante en Congreso, y me llamó Ariel Montes para contarme que lo estaban llevando preso y que decomisaban la radio”.

En febrero, ambas radios habían recibido notificaciones por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) en las que se les solicitaba que se solucionaran desperfectos técnicos en sus antenas causantes de interferencias para la aviación. Se realizaron los arreglos correspondientes, aunque sin dar aviso posterior, y los agentes de policía se presentaron esta semana con órdenes judiciales para decomisar las radioestaciones.

El pasado 6 de abril, día de paro general, se publicaron en el Boletín Oficial de la Nación dos resoluciones del Ministerio de Comunicaciones orientadas a “impulsar los procesos sancionatorios de caducidad de licencias de servicios de TIC y de telecomunicaciones”. La resolución N° 2064-E/2017 crea la Dirección Nacional de Control y Fiscalización en la órbita del ENACOM y le otorga la “facultad de disponer la clausura, secuestro, apercibimiento, multa y/o comiso de estaciones radioeléctricas no autorizadas o en infracción (…) con el concurso del poder judicial y la fuerza pública, en caso de ser necesario”. Es decir, permite avanzar sobre medios que consideren fuera de regla y habilita el uso de la fuerza pública para ello, así como el inicio de causas judiciales.

El caso de estas dos radios se suma al de las radios formoseñas decomisadas en febrero de este año (FM Popular, FM La Torre y FM Millenium, entre otras). Para secuestrar el equipamiento de estas últimas, el motivo presentado por ENACOM fue que provocaban interferencia para la Torre de Control del Aeropuerto Internacional Formosa.

“Desde el ENACOM, el gobierno nacional viene por nosotros. Porque resistimos y somos la comunicación comunitaria. No les convenimos, necesitan mercantilizar y monopolizar la comunicación”, opinó Saucedo sobre lo ocurrido.