Caso Thelma Fardín: cuando la Justicia actúa correctamente

Pasaron casi tres años desde que la declaración pública de Thelma Fardin sobre el abuso sexual que sufrió por parte de Juan Darthés se volviera un hito sin igual para el feminismo argentino. El caso de esta actriz tiene un triunfo excepcional y festejable ya que, el pasado 6 de abril, una fiscalía de Brasil presentó la denuncia formal contra Darthés. Son tres Ministerios Públicos Fiscales los implicados en esta causa y no deberíamos esperar menos.

El 11 de diciembre de 2018, nos enterábamos con una conferencia de prensa del Colectivo Actrices Argentinas del abuso sexual que había sufrido Thelma Fardín en 2009 por parte de Juan Darthés durante las presentaciones teatrales en Nicaragua de Patito Feo, la serie televisiva en la que trabajan juntes. Ella actuaba como amiga de la protagonista con 16 años de edad y él como padre de esta última con 45 años.

Declaración de Thelma Fardín, 11 de diciembre de 2018.

La respuesta de la Justicia

El hecho caló en el cuerpo social y el feminismo de una manera muy particular pero claramente el accionar de la Justicia y de organismos internacionales que respondieron ante la denuncia de Thelma, demuestran también una preocupación igual de especial. 

Como el hecho sucedió en Nicaragua, la denuncia de Thelma debió hacerse en ese país. La respuesta fue positiva y se pidió la extradición de Darthés en 2019 para juzgarlo en la corte de este país, junto con la Interpol. Según el código penal de Nicaragua la condena que le corresponde a Darthés es de 15 a 20 años en prisión. 

Sin embargo, el imputado se fugó hacia Brasil, donde se prohíbe la extradición de sus nacionales. Esta sugerencia fue propuesta por Fernando Burlando, abogado encargado de la causa de Darthés, ya que el abusador tiene doble nacionalidad y es oriundo de Brasil.

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Parecía que la causa iba a quedar trabada hasta que el pasado 7 de abril, a través de una nueva conferencia, Thelma Fardín junto con su nuevo equipo de abogades, Actrices Argentinas y Amnistía Internacional Argentina hizo público que una fiscalía de Brasil había presentado el día anterior una denuncia formal contra Darthés. Por ende, si un juez toma la causa en el futuro, el imputado será juzgado por la Justicia de Brasil por el hecho ocurrido en 2009 en Nicaragua. Es importante destacar que esta acción que llevó a cabo el Ministerio Público Fiscal de Brasil fue de oficio, lo que quiere decir que fue una iniciativa propia de este ministerio sin que Thelma Fardín o sus abogades lo impulsaran. 

El accionar de la Justicia de Argentina, Nicaragua y Brasil es alentador ya que el abogado de Thelma, Martín Arias Duval declaró para Télam que «el Ministerio Público Fiscal de Brasil decide promover la causa porque hay un pedido de extradición por parte de Nicaragua que mantiene la orden de captura. Además, la circular roja de Interpol sigue vigente»

La respuesta de la sociedad

El impacto de la primera conferencia de Actrices Argentinas en 2018 fue sin igual: el conmovedor video de Thelma contando el hecho y su final, donde se muestra todo el apoyo que tenía (y tiene) por parte de sus colegas y figuras públicas, fueron inspiradores. 

Luego de la conferencia de este Colectivo, reportamos un aumento de llamadas al 144, la línea de violencia contra la mujer y el aumento en un 1240% de las denuncias en la línea contra el abuso sexual infantil del Ministerio de Justica de la Nación.

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Además, el repudio público por Darthés cruzó fronteras cuando él se fugó hacia Brasil. Allí, el 21 de diciembre de 2018 lo recibió una manifestación de mujeres argentinas que residían en el país vecino, exponiendo con carteles la cara de Darthés y los hechos que él cometió.

Es importante resaltar, como dijo en su comunicado del 7 de abril el Colectivo de Actrices Argentinas, cómo el caso de Thelma es «la excepción y la regla» a la vez: la excepción, porque son muy pocos los casos que tienen apoyo social y judicial y, además, tal relevancia mediática. Pero también debería ser la regla, como dicen las actrices: «Hoy estamos acá, otra vez, para hacer pública esta victoria y corroborar que, a pesar de los innumerables obstáculos, este es un camino que para las mujeres y disidencias de América Latina no tiene vuelta atrás».

La relevancia del caso tiene que ver con las maneras en que pudo organizarse el Colectivo que respalda a Thelma Fardín -y a todas las denunciantes de Darthés- y la valentía que ella misma tuvo y tiene día a día para enfrentar esta exposición.

Es una inspiración para todas las personas que sufrimos abusos. Animarse a hablar sobre estas cosas es tan complicado que es igual de difícil ponerle palabras: el estigma y «la deslegitimación siempre están a la orden del día». La empatía y el poder escuchar sin intentar refutar o justificar a los abusadores son acciones que faltan en sociedades en las que estas temáticas recién ahora empiezan a ser preocupaciones públicas realmente.

Este es un caso que nos demuestra una manera eficaz de accionar de la Justicia pero que además pone en tela de juicio las formas en que se perciben socialmente estas declaraciones de abusos. Recién después de tres años, porque la justicia de tres países lo están afirmando y por las pericias psicológicas como fuente de prueba para este caso, se alcanza a juzgar a Darthés. Sin embargo, cuando esto no era así, se dudaba de la suficiencia de estas pruebas y lo que menos se necesita en estos casos es la templanza de una supuesta objetividad que de objetiva no tiene nada y responde a una construcción patriarcal de la justicia.

Los rastros de una violación se puede limpiar fácilmente y las lastimaduras en el cuerpo sanan. Pero lo que más cuesta curar son los traumas psicológicos. Que casos de violación no puedan prosperar porque no hay pruebas físicas es algo que necesita cambiar y este caso es la demostración de que eso es posible. 


Fuentes:


Alemania: el «stealthing» es ataque sexual

El Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, Estado del norte alemán, resolvió que quitarse el preservativo sin consentimiento durante el coito es considerado ataque sexual. Se trata del concepto identificado como stealthing que proviene del verbo ingles stealth y denota el «hacer una acción o movimiento con cautela».

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Esta resolución se dio después de anular un fallo emitido por el Tribunal del Distrito de Kiel en el que, en noviembre de 2020, se absolvió a un hombre acusado de quitarse el preservativo durante una interrupción del acto sexual sin que la persona que lo acompañaba lo advirtiera y de continuar el coito sin protección. Asimismo, la persona denunciante había señalado previamente y en repetidas ocasiones que solo deseaba tener relaciones sexuales utilizando protección. Sin embargo, el Tribunal de Distrito no consideró que la conducta del hombre fuera criminal y absolvió al acusado.

En esta nueva oportunidad, el 19 de marzo el Tribunal Superior concluyó que «si una víctima declara antes de la relación sexual que solo la acepta con condón, la penetración sin protección puede ser punible como agresión sexual, incluso si la víctima no nota la falta de condón durante la relación sexual», informó el Portal DW News. Por esto, el hombre será juzgado nuevamente.

Sexualidad y derechos humanos

El stealthing puede darse en cualquier relación sexual que implique penetración anal o vaginal. Incluso existen grupos donde se promueve la práctica y se comparten técnicas para efectivizar la acción no consensuada.

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Según detalla María Fernanda García, integrante del DeCyT Doctrina Penal Feminista (UBA), los Estados deben proyectar técnicas legislativas para abordar delitos sexuales, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos. A nivel local, en el caso del Código Penal argentino, el artículo 119 es el encargado de regular las conductas que constituyen abusos sexuales en diversos grados, por lo que resulta la norma adecuada para ser aplicada.

Desde la perspectiva del stealthing, la libertad sexual se ve dañada en el mismo momento en que una persona modifica las condiciones iniciales del encuentro sexual sin obtener consentimiento explícito. Y al estar en juego la libertad sexual no solo es imprescindible que haya consentimiento inicial sino también que el acto se desarrolle de acuerdo a lo pactado cuando se aceptó.

Además, en esta práctica se observan patrones socioculturales de conducta sexistas. En ese sentido es que los estándares internacionales de derechos humanos deben contribuir al diseño de políticas públicas que tengan en miras la modificación de dichos patrones. La educación sexual integral dentro de las propuestas educativas, por ejemplo, tiene como objetivo promover actitudes responsables ante la sexualidad, prevenir los problemas relacionados con la salud en general, la salud sexual y reproductiva en particular y procurar igualdad de trato y oportunidades.


Fuentes: 

Imagen de portada: Adobe Stock


Inglaterra: el 97% de las mujeres ha sufrido acoso sexual

Un estudio realizado por la ONU en Inglaterra reveló que el 97% de mujeres entre 18 y 24 años de edad ha sufrido acoso sexual en espacios públicos. El 96% de ellas no denunciaron la situación porque no creen que se pueda hacer justicia. El caso de Sarah Everard que conmociona a Gran Bretaña es tan solo la punta de un enorme iceberg.

El estudio se llevo a cabo a través de la recolección de testimonios e historias de más de 1000 mujeres y niñas de Inglaterra. Con el objetivo de generar conciencia sobre la realidad en el país, ahora buscan que les polítiques legislen a favor de las mujeres y su seguridad.

La ONU define al acoso sexual como una práctica violenta contra las mujeres que puede tomar varias formas: violación, otras formas de abuso sexual, toma y circulación de imágenes sexuales sin consentimiento y piropos o silbidos. Los datos son abrumadores: tan solo el 3% de mujeres entre 18 y 24 años dijeron que no habían sufrido ninguna de las distintas formas.

Londres es la ciudad con las tasas más altas de acoso de Gran Bretaña y los espacios públicos son donde más se llevan a cabo; lugares como los medios de transporte, las veredas y los bares son donde esta realidad afecta más a las británicas.

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Lo que narra el estudio se vio ilustrado por el caso de Sarah Everard, de 33 años, que fue asesinada a principios del mes pasado. Luego de visitar a una amiga, a las 21 h salió de regreso a su casa a la que nunca llegó. Unos días después fue hallada muerta en un bosque en Kent. La investigación tiene como principal sospechoso a un policía que la habría secuestrado y luego asesinado.

Desde que se dio a conocer el caso de Sarah, miles de mujeres se manifestaron tanto por redes sociales como en movilizaciones reclamando por justicia y acción política. Una oleada de ira se apoderó de las calles de Inglaterra: los colectivos y las mujeres están cansadas de esta realidad y buscan obtener justicia por Sarah y por todas las que han sufrido algo similar.

Traducción del cartel: «Vivimos con miedo. No todas sobreviven. La policía no nos cuida». Fuente: Shutterstock.

¿Y la justicia?

Los sistemas encargados de reducir la violencia y el acoso no están funcionando. Los dos motivos principales por los cuales las victimas no realizan denuncias contra sus acosadores son porque no creen que haya sido lo suficientemente grave como para reportarlo o porque no creen que hacerlo sirva de algo. Las encuestadas también declararon que no sienten que hacer la denuncia evite que estas situaciones sigan ocurriendo.

Cuando llega la hora de denunciar, otro estudio realizado por la Universidad de Washington reveló que la policía y la justicia suelen creerle más a las mujeres «convencionalmente atractivas» y que actúan de manera más «femenina» cuando reciben sus denuncias. Esto crea una gran división entre las experiencias de las mujeres que presentan sus denuncias, ya que algunas son tomadas como más validas que las de otras.

Cuando se percibe el acoso, también se establece una conexión con la idea de feminidad, pero esta forma en que entendemos a la feminidad se define de una manera muy rígida y estereotipada. Entonces, para cualquiera que se salga de esta definición, es difícil establecer la conexión con el acoso.

De esa manera, no solo se ve afectado el derecho de las mujeres de sentirse a salvo en los espacios públicos sino que además el de recibir justicia cuando esos derechos son violados. La ONU entiende que para solucionar esto se debe buscar la manera de que los sistemas judicial y penitenciario brinden confianza al público, además de que el proceso sea tomado con seriedad por parte de las autoridades brindando seguimiento y atención a las afectadas.

El problema va más allá de Inglaterra. Esto sucede en todo el mundo: casi 9 de 10 mujeres no se sienten seguras en espacios públicos y cada 10 minutos una adolescente muere como resultado de violencia machista.

Un primer paso

Tan solo diez días después de la publicación de este estudio que pasmó a gran parte de la población, el gobierno de Inglaterra realizó un cambio en la legislación que sirve como primer paso para garantizar justicia: la misoginia es considerada un crimen de odio.

Se espera que este cambio en la ley colabore con las víctimas en los procesos judiciales. El año pasado tan solo una de cada 70 denuncias de violación resultó en condena. Esta claro que queda un enorme y arduo camino por delante pero este parece ser un buen primer paso.


Fuentes:


Violencia sexual como crimen de lesa humanidad

En los Centro Clandestinos de Detención (CCD) que funcionaron durante la última dictadura cívico-militar hubo maltratos de todo tipo, sin distinción de género. Sin embargo, en el caso específico de las mujeres existieron además otros métodos de tortura, no solo por ser militantes sino también por su género; en particular, por no ser las mujeres que la sociedad heteropatriarcal esperaba.

Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, se encontraron delitos sexuales en 36 de las 254 sentencias dictadas hasta principios de marzo. En cuanto a los condenados de estas causas, representan el 11% del total. Dicho de otra manera, de un total de 1025 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad hasta hoy, 121 fueron responsabilizadas también por delitos sexuales.

«Cada vez son más las causas en las que se trata y se acepta de forma autónoma e independiente el tratamiento de los casos de agresiones sexuales en el marco del plan sistemático».

Ángeles Ramos, Fiscal Federal a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

En 2000, la Corte Penal Internacional estableció como delitos de lesa humanidad a las violaciones, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, los embarazos forzados, la esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable «cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque». La repercusión de lo establecido tardó 10 años en llegar al país.

De hecho, en diciembre de 2008, en la causa «Riveros, Santiago Omar y otros por privación ilegal de libertad, tormentos, homicidio», condenaron a Santiago Omar Riveros por otros crímenes pero dictaron falta de mérito respecto al delito de violaciones sexuales, por considerar que habían sido «eventuales y no sistemáticas» y, por lo tanto, no constituían crímenes de lesa humanidad. Cuando en realidad estos delitos contra la integridad sexual formaron parte del ataque sistemático del terrorismo de Estado.

En 2006 se realizaron los dos primeros juicios como resultado de la declaración de inconstitucionalidad y de la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Desde ese entonces, hubo 36 juicios concluidos que abordaron delitos de violencia sexual, los cuales representan el 14% del total. En ellos existen 136 víctimas, que se dividen en 112 mujeres y 24 varones.

El proceso judicial y sus demoras

La Justicia se tomó su tiempo para escuchar estas denuncias. Durante el Juicio a las Juntas de 1985, consideró a las violaciones como parte integral del resto de las prácticas inhumanas en vez de tomarlas como hechos autónomos y nombrarlas como lo que son.

Susana Chiarotti, fundadora del Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de las Mujeres (CLADEM), en la investigación Grietas del silencio, detalla algunas de las dificultades que identificaron en el aparato judicial para recibir estas denuncias en particular: «Prejuicios y falta de sensibilidad; mayores exigencias para probar la violación sexual que para probar la tortura; negativa a aceptar la responsabilidad mediata en casos de violación sexual, entre otros».

Por su parte, Pablo Llonto, abogado querellante, en diálogo con Escritura Feminista, explicó la situación de los delitos sexuales en ese momento histórico: «Antes estaban invisibilizados porque cuando las víctimas contaban esto, la Justicia lo subsumía en la figura de los tormentos y por lo tanto no aparecían las prácticas sistemáticas de violaciones y abusos sexuales centralmente contra mujeres».

Además, detalló otras trabas y su resolución: «Las víctimas mujeres estaban encapuchadas y, salvo excepciones, no podían identificar al genocida agresor, entonces el salto se dio al poder condenar en algunos casos a los jefes de los centros clandestinos, de las áreas y de los cuerpos del ejército, lo cual tiene un valor enorme porque ellos sí sabían que el plan sistemático de exterminio incluía el secuestro, la tortura, el saqueo, el robo, las violaciones, los abusos sexuales, las apropiaciones de bebes».

Recién en 2010 se logró la primera condena a un represor como violador. Y en 2011, el juez Sergio Torres, a cargo de la causa ESMA, declaró a los sometimientos sexuales en el centro clandestino como prácticas sistemáticas llevadas a cabo por el Estado dentro del plan clandestino de represión y exterminio.

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La conquista de esta batalla por la autonomía de los delitos sexuales de los tormentos cometidos por los genocidas tuvo múltiples impulsoras. En primer lugar, las personas sobrevivientes que tuvieron la fuerza de brindar sus testimonios; a la par, las querellas y las fiscalías que con su arduo trabajo lograron que las causas avanzaran; por otro lado, el movimiento feminista que pudo compartir sus convicciones con el ámbito de los derechos humanos y, en este sentido, Pablo Llonto también menciona a la nueva generación de abogadas que hizo fuerza para que se diera este gran paso.

Por ejemplo, las organizaciones feministas CLADEM y el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR) se presentaron como amicus curiae en la causa de Riveros antes mencionada para lograr que se reconozcan, juzguen y castiguen los delitos contra la integridad sexual que figuran en los testimonios correspondientes.

Sentido de memoria y verdad

Como lo que no se nombra, no existe, poder tipificar de manera correcta estos delitos y no considerarlos ni aislados ni parte de un todo le da un significado muy valioso para toda la sociedad pero particularmente para las sobrevivientes y sus familias.

«Permitió que se comprendiera desde las víctimas y los familiares el valor jurídico, en el sentido de memoria y verdad, que tenía reflejar de una vez por todas todo esto como corresponde. No es lo mismo escuchar la frase «por tortura» en una condena que escuchar «por tortura, por violación» o «por tortura, secuestro y abusos sexuales», que da cuenta con exactitud de lo que sucedía dentro de los centros clandestinos a la vista, el control y la supervisión de los ojos de los represores».

Pablo Llonto, abogado querellante.


En este sentido, se destaca la condena al ex agente de inteligencia del Ejército Argentino Horacio Barcos por el secuestro, privación ilegal de la libertad y torturas contra Amalia Ricotti y quien era su marido, José Alberto Tur, detenidos en el centro clandestino conocido como «La Casita». En esta condena, se consideró por primera vez la violencia sexual como un crimen de lesa humanidad.

El fiscal y los abogados querellantes plantearon que «la violencia sexual cometida en los centros clandestinos de detención de la dictadura fueron parte del plan sistemático de represión ilegal y, por lo tanto, constituyen delitos de lesa humanidad, imprescriptibles». En consecuencia, se solicitó al tribunal que Barcos sea condenado también por la violencia sexual que padeció Amalia en el centro clandestino.

Para tener dimensión de lo que la violencia de género significó en el plan sistemático es importante saber cuáles fueron sus formas. Entre ellas se registran: violaciones; abusos; abortos forzados; desnudez; tocamientos; partos en cautiverio, lo que incluía en muchos casos que a los siete meses, aproximadamente, les inducían el parto (en general, cesáreas); negación de productos de higiene para cuando menstruaban; y robo y apropiación de bebés.

«Si la justicia minimizara o dejara de investigar y sancionar estos hechos estaría enviando un mensaje equívoco a la sociedad, lo que fomentaría la impunidad y la discriminación, además de no mostrar la verdadera imagen de quienes estuvieron a cargo de la represión ilegal», denunció la representante de CLADEM.

Hoy visibilizamos que los crímenes de violencia sexual no estuvieron aislados del plan represivo general de los genocidas sino que fueron parte, como también representaron una forma de la violencia machista más extrema. Lo resaltamos, lo juzgamos y lo repudiamos para que no suceda NUNCA MÁS.


¿Qué es la mutilación genital femenina?

La mutilación o ablación genital femenina (MGF) es un procedimiento que se realiza con el objeto de alterar o lesionar sus órganos genitales sin que existan razones médicas que lo justifiquen. Casi siempre implica la extirpación parcial o total de los genitales externos.

Este procedimiento no ofrece ningún tipo de beneficio para la salud y al menos 200 millones de personas han sido sometidas a la práctica y han sufrido las consecuencias tanto físicas como psicológicas a largo plazo.

La MGF es casi siempre practicada en menores de edad por distintos motivos: algunos lo asocian con creencias religiosas pese a que no existen textos religiosos que obliguen a practicarla. En general, los motivos son más bien culturales y se relacionan con ritos de «transición a la madurez».

Esta violación de los derechos humanos se da más frecuentemente en las regiones occidental, oriental y nororiental de África, en algunos países de Oriente Medio y Asia y entre migrantes de esas áreas. Por lo tanto, la mutilación genital femenina es un problema mundial.

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«La mutilación genital femenina es como un iceberg: únicamente se ve o sale a la luz la práctica, pero debajo hay toda una estructura que considera a las mujeres como un ciudadano de segunda. Muchas veces existe presión social dentro y fuera de la familia por no estar mutilada, vas a estar señalizada y tampoco se hace con el seguimiento adecuado».

Hayat Traspas – cofundadora de Save a Girl, Save a Generation

África, el continente más afectado

La MGF forma parte de la cultura de numerosas comunidades y la práctica data de hace cientos de años. En el continente africano es en donde más se lleva a cabo y la edad en la que se realiza puede variar según los distintos países.

Les activistas que luchan en contra de este proceso entienden que no basta con que esto sea ilegal porque, pese al estado de ilegalidad, se sigue realizando en la mayoría de los países. Sudán es un buen ejemplo que ilustra esta situación a la perfección: las leyes de penalización existen pero igualmente el 86,6% de mujeres entre los 15 y 49 años de edad han sido sometidas a ella.

Sierra Leona es otro de los países que tiene las tasas más altas en África. Pese a los años de campaña, los números apenas se redujeron. Según datos de UNICEF de 2017, más del 85% de las mujeres fueron sometidas a la MGF. Por su parte, Kenia esta compuesta por 47 pueblos distintos, con distintas lenguas, culturas y religiones. De esos 47, hay 21 pueblos que practican la mutilación genital femenina.

Les activistas entienden la importancia de no eliminar los rituales y proteger la cultura de los distintos pueblos; por eso, buscan remplazar este ritual tradicional por otro que también festeje la femineidad pero sin poner en riesgo las vidas de las afectadas.

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Migración y MGF: Europa y Asia

A través de los años, Europa ha debido lidiar con este conflicto: muchos países implementaron leyes de criminalización con el objetivo de erradicar la MFG. Algunos de los más afectados han sido Gran Bretaña y España.

La Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género presentó a fines de 2020 un estudio sobre la situación de la mutilación genital femenina en España. Un dato alarmante se vio reflejado en los resultados: un total de 15.562 de niñas de entre 0 y 14 años se encuentran en riesgo de ser víctimas. Barcelona, Girona y Madrid son las provincias con el número estimado de niñas en riesgo más elevado.

En Asia occidental, la MGF ha aumentado los últimos años: pasó de un 1% en 1997 a poco menos del 16% en 2013. La mutilación genital en Asia se da principalmente en comunidades musulmanas: se calcula que más del 90% de la población musulmana de Indonesia y Malasia lleva a cabo la práctica.

En países como Tailandia, Singapur, Brunei, Sri Lanka, Pakistán y Maldivas también es tradicional que se lleve a cabo, lo cual hace que la problemática se exporte a través de procesos migratorios al continente oceánico también.

En verde se marcan los países que poseen leyes que prohíben la práctica; en amarillo, los países que tienen una penalización parcial o estatus legal poco claro; en rojo, los que que no lo criminalizan; y en gris, los países de los que no hay información.

Fuentes:


Dinamarca: sin consentimiento explícito, es violación

El Parlamento de Dinamarca aprobó la nueva ley que califica como violación cualquier tipo de relación sexual sin consentimiento explícito previo entre las partes involucradas. La ley busca dar mayor protección a las víctimas de abuso sexual.

La ley, aprobada hace unas semanas y promovida por la primer ministra Mette Frederiksen, entró oficialmente en vigor el 1 de enero de 2021 y fue aprobada sin oposición ni abstenciones, fruto de una ardua lucha de supervivientes y de la presión de Amnistía Internacional.

«Que tengamos ahora una nueva ley de consentimiento significa un día revolucionario para la igualdad de género en Dinamarca».

Nick Haekkerup, ministro de Justicia.

Según el Ministerio de Justicia danés, en el país cada año 11.400 mujeres sufren una violación o un intento de violación y una investigación de la Universidad del Sur de Dinamarca calcula que en el año 2017 la cifra puede haber sido de hasta 24.000, pero la cantidad de denuncias y condenas es muchísimo menor. Se espera que esta ley proteja los derechos de supervivientes y garantice justicia.

Según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 1 de cada 10 mujeres de 15 años o más habría sufrido algún tipo de violencia sexual. Tan solo 12 países europeos reconocen que las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violación. El último en modificar su ley fue Grecia el año pasado, mientras que España y Países Bajos anunciaron su intención de seguir este camino.

La nueva normativa supone un gran avance respecto a la antigua legislación, en la que los fiscales debían demostrar que el violador había hecho uso de la violencia o atacado a alguien que no podía resistirse para poder calificar los hechos como violación. A partir de la aprobación de la ley bastará con que la otra persona no haya manifestado claramente su deseo de mantener relaciones sexuales.

La influencia sueca

El país vecino que cambio su legislación hace dos años fue una gran fuente de inspiración para la redacción de la ley. Luego de la modificación en la ley sueca en el año 2018, la condenas por violación aumentaron un 75% respecto a las interpuestas con la legislación anterior.

En el artículo 36 de la ley se deja en claro que «el consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona considerado en el contexto de las condiciones circundantes».



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Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Un día de reflexión, concientización y sensibilización sobre una de las violaciones a los derechos humanos más persistentes en el tiempo.

Según la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, la violencia contra la mujer es «todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada».

Dicha declaración expresa que la violencia dirigida hacia las mujeres puede tener distintas formas, entre ellas podemos encontrar: 

  • Violencia física.
  • Violencia simbólica: conocida como «madre» de todas las violencias porque contiene en sí misma otras violencias y porque está tan naturalizada que muchas veces no es percibida ni por las mismas víctimas. Como, por ejemplo, creer que por ser hombre se es mejor, que lavar los platos es cosa de mujeres o que existen razones para ejercer violencia física sobre una mujer solo por su condición de género.
  • Violencia psicológica: cualquier acción que tenga el objetivo de degradar a la mujer como personas o tratar de controlar sus acciones o decisiones. Por ejemplo, cuando se dice «No servís para nada», «Si te vas me mato», «Si me denuncias no ves más a tus hijes».
  • Violencia económica o patrimonial: se da cuando el hombre maneja los recursos comunes; cuando siendo el único sostén del hogar regatea los recursos necesarios para llevar una vida digna o cuando no aporta las cuotas alimentarias de hijes.
  • Violencia sexual: ¿Cuántas veces tuvieron sexo pero no querían, no tenían muchas ganas o no estaban preparadas pero les insistieron tanto que accedieron? ¿Cuántas veces las «apoyaron» en un espacio público? ¿Cuántas veces las tocaron sin su consentimiento? Hay muchas pequeñas acciones que no concebimos como violencia sexual pero lo son.

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«Los efectos psicológicos adversos de la violencia contra las mujeres y niñas, al igual que las consecuencias negativas para su salud sexual y reproductiva, afectan a las mujeres en toda etapa de sus vidas. Por ejemplo, las desventajas tempranas en materia de educación no solo constituyen el obstáculo principal para alcanzar la escolarización universal y hace cumplir el derecho a la educación de las niñas, luego también le restringe el acceso a la educación superior a la mujer y limita sus oportunidades de empleo».

– Naciones Unidas.

¿Por qué se conmemora un 25 de noviembre?

El origen radica en la necesidad de honrar la memoria de las hermanas Mirabal: María Teresa, Patria y Minerva, tres activistas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por oponerse al gobernante dictatorial dominicano, Rafael Trujillo, por defender la libertad y por combatir las injusticias. 

Las tres hermanas fueron conocidas como «las mariposas» y se convirtieron en un símbolo de lucha contra las violencias de género en el mundo. En 1981, a raíz de la huella que dejaron, en el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe en Colombia se decidió reconocer este día en su memoria.

Actividades para generar conciencia y buscar la verdadera eliminación de la violencia

En este marco, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación lanza la Campaña de Prevención de las Violencias por Motivos de Género de la mano de talleres de sensibilización sobre los distintos tipos y modalidades de violencias en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Salta y Comodoro Rivadavia.

Se hará la firma de convenios para llevar adelante diversas acciones de fortalecimiento de las políticas de género y diversidad en las distintas provincias y municipios de la Argentina, la puesta en marcha del programa contra las Violencias Extremas en Tucumán, que se realizará en simultáneo en distintos puntos del país, reuniones con organizaciones comunitarias y un encuentro con mujeres de América Latina, entre otras actividades.

El martes se realizó el panel «La violencia basada en género contra las mujeres y niñas: la pandemia en la sombra» organizado por la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres y en Córdoba hubo distintas reuniones sobre el fortalecimiento de las áreas de género; la situación de la comunidad LGBTIQ+ y mujeres cooperativistas, trabajo e igualdad. 

En el día de hoy hubo una jornada federal llamada «Argentina unida contra las violencias de género», que se llevó a cabo en 17 puntos de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Chubut y Salta con talleres de sensibilización. También se hará una intervención cultural a través de dicha Campaña Nacional sobre paredes de edificios emblemáticos, monumentos, lugares históricos y contextos de naturaleza para generar un diálogo federal. Al mismo tiempo, en Córdoba se hizo una reunión con las autoridades de las áreas de géneros de distintas facultades de la Universidad Nacional de Córdoba y en Salta otra con referentes de las áreas de género de la provincia.

Las actividades seguirán el jueves 26 con el IV Encuentro del Ciclo Beijing 25 años, experiencia y balance en «El cuerpo de las mujeres»; el primer taller de sensibilización con equipos de trabajo que hacen el seguimiento de mujeres y personas LGBTIQ+ en arresto domiciliario y/o en período de pre libertad y próximas al egreso; un Encuentro Federal con organizaciones del Programa Articular; se dará el Ciclo de charlas «Desafíos feministas para la Educación Superior», organizado por CONICET sobre protocolos contra la violencia de género en las universidades y la jornada finalizará con un encuentro de sensibilización sobre perspectiva de género para autoridades deportivas.

Para finalizar, el viernes 27 se cerrará con un evento presencial de capacitación en el marco de la Ley Micaela en la Honorable Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación; el conversatorio «Aportes hacia una vida institucional libre de violencias de género. Ley Micaela y perspectiva feminista» y se iniciará el Ciclo de Encuentros para Periodistas sobre Violencia Simbólica

Por otra parte, en Tucumán se presentará un Programa contra las Violencias Extremas y otro de Acceso a Derechos, en una mesa con actores y actoras locales de la provincia para conocer el alcance de sus intervenciones y sus interacciones institucionales.

Promover la conciencia sobre las distintas formas de la violencia y reflexionar sobre los patrones culturales sobre las que se sostienen, así como los dispositivos que brinda atención, contención e información, como la Línea 144, son ejes fundamentales para avanzar en la eliminación de todos los tipos de violencia por motivos de género. Exigimos ni una menos.


Fuentes:

Caso Abigail: «Cuando se alteran los pueblos agraviados, nunca sin sangre o sin venganza vuelven»

La semana pasada la provincia de Tucumán retrocedió al siglo XVI, donde se daba vida a la obra teatral Fuente Ovejuna escrita por Lope de Vega. El dramaturgo español jamás imaginó que su obra pudiera tener la impronta en estas latitudes del norte argentino donde un hecho aberrante recuerda el argumento de aquella obra basada en hechos reales. 

En el texto de Lope de Vega quedan expuestos a la perfección los excesos que comete el poder —representado en el comendador— arremetiendo contra el pueblo de Fuente Ovejuna, que actúa cuando Laurencia es violada por el funcionario del Rey, mancillando el honor de toda esa comunidad. El texto teatral pone el foco en el pueblo interpelado por el deseo de sangre, el deseo de venganza. 

Salvando las distancias pero no siendo menos comparable lo que sucedió con los tucumanos el pasado miércoles 21 de octubre, toda una comunidad hastiada de la lentitud de la Justicia, decepcionada con todas las instituciones, y acusando a la policía como principal partícipe necesario de la muerte de Rocío Abigail Riquel, decidieron «tomar la justicia entre sus manos». Con un final lamentable —y evitable—, tuvo como resultado la muerte del principal sospechoso, José Guaymás.

El caso Abigail

El domingo 18 de octubre alrededor de las 9 de la mañana, Rocío Abigail Riquel, de 9 años, desapareció de su hogar, lo cual provocó la inmediata reacción de su familia y de los vecinos, quienes emprendieron una búsqueda desesperada. Los padres de la niña se dirigieron a la comisaría de la zona poniendo en conocimiento a las autoridades policiales sobre la desaparición de la menor. Pese a la gravedad de lo que contaron, la policía no tomó la denuncia

No fue sino hasta las 5 de la tarde de ese mismo domingo que los vecinos encontraron el cuerpo de Abigail en un descampado con signos de haber sido abusada sexualmente y luego asesinada a golpes con las mismas piedras que estaban en el lugar. 

El principal sospechoso del femicidio era José Antonio Guaymás, de 25 años, quien según se pudo saber contaba con 19 causas en su contra por delitos contra la propiedad privada. En algún momento circuló también la versión de que tenía antecedentes de índole sexual, aunque esto último fue descartado por José María Molina, abogado de la familia Riquel. 

La viralización de su fotografía en las redes sociales activó una bomba que esperaba su tiempo para estallar en la cara de propios y extraños. Eso finalmente ocurrió en el día miércoles cuando alrededor de 500 personas encontraron al sospechoso y lo lincharon. Las autoridades del Cuerpo Médico Forense y Morgue Judicial confirmaron que Guaymás llegó sin vida a esa dependencia. 

Es la maldita policía 

La policía de Tucumán lleva en su haber el estigma de «no servir para nada». Para los habitantes de la provincia, las fuerzas no solo no cumplen con el trabajo que se les ha asignado, sino que entorpecen y en ocasiones «defienden» a los culpables. Esta misma policía es la que mató al adolescente Facundo Ferreyra en un caso de gatillo fácil, la que también tuvo participación en la desaparición y posterior muerte de Luis Espinoza y se podría seguir nombrando los innumerables casos donde la fuerza estuvo involucrada.

Sin embargo, tanto para el gobernador Juan Manzur como para el ministro de seguridad provincial Claudio Maley, la policía actuó siempre de acuerdo a las disposiciones de la Justicia. No hay autocrítica posible en donde no se reconoce que hubo inacción y excesos en los casos correspondientes. 

La policía tucumana no solo falló en primera instancia cuando no tomó la denuncia, sino que agravó aun más su accionar al no movilizar los recursos necesarios para encontrar a la niña en las primeras horas de su desaparición. La policía falló, otra vez, cuando comenzó la viralización de la identidad de Guaymás. Ese accionar derivó en un solo objetivo: encontrar al presunto autor y matarlo.

Efectivamente, cuando fue capturado por los vecinos recibió golpes y lesiones con elementos contundentes que terminaron dándole la muerte. La policía no solo no garantiza la seguridad de los niños y niñas tucumanas, sino que además no garantiza la seguridad de quien debía tener un proceso justo como principal sospechoso, porque el Estado de derecho —desdibujado en Tucumán— se alcanzó hace muchos años, pero se fue lavando como una tinta berreta con cada lágrima de injusticia en la provincia. 

El pueblo tucumano lo hizo

La sensación que nos queda al oír al padre de Abigail es que ni siquiera siente que lo que pasó sea un acto de justicia. Entre líneas, sus declaraciones hablan de una total decepción con las instituciones de la provincia. No hay palabras que lo consuelen porque creyó desde el domingo a las 9 horas, cuando desapareció Abigail, que el Estado no lo abandonaría. Porque se dirigió a la comisaría como acto reflejo que tiene un ciudadano que exige que sus derechos sean respetados. Pero no recibió lo que buscaba. La palabra de autoridades nunca llegó a sus oídos, ni siquiera un mea culpa por la inoperancia de todos los responsables involucrados. No hubo renuncias. No hubo respuestas. Tampoco, justicia.

Hoy, varios días luego del caos, no solo nos invade la sensación de retroceso sino que también quedó en evidencia el hartazgo de una sociedad que no cree ni respeta las leyes, que no desea ya esperar los tiempos judiciales para resolver estos casos y en donde la violencia sexual a niñas y mujeres en la provincia es moneda corriente. 

Los vecinos se muestran molestos al enterarse de que la Justicia podría tomar como autores de la muerte de Guaymás a las personas que participaron en el linchamiento. Sin embargo, y trayendo a propósito unas líneas de la obra de Lope de Vega: «Cuando se alteran los pueblos agraviados, y resuelven, nunca sin sangre o sin venganza vuelven». ¿No hubo en Tucumán un funcionario que leyera el panorama en esa clave? ¿Era tan difícil imaginar lo demasiado predecible? 

Ante el linchamiento del comendador de Fuente Ovejuna, el Rey resuelve: «Pues no puede averiguarse el suceso por escrito, aunque fue grave el delito, por fuerza ha de perdonarse». Tucumán, en tanto, escribió un capítulo más a su novela de desidia permanente, de política acéfala, de total carencia de Justicia. Tucumán ya no soporta que violen a sus niñas y mujeres. Tucumán tomó la justicia en sus manos, no sin mancharse con sangre.


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