Mi cuerpo no quiere tu opinión

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley que tipifica el acoso callejero como delito de violencia de género. La iniciativa busca incorporar este tipo de agresiones a la Ley de Protección Integral a las Mujeres, sancionada en 2009.

La norma fue impulsada por la diputada del FpV-PJ Diana Conti, y buscó modificar la Ley 26.485 sancionada años atrás. A su vez, se pretende y quiere añadir una línea gratuita, articulada con las provincias a través de organismos gubernamentales.

La creación de organismos gubernamentales y/o no gubernamentales, junto a la creación de líneas telefónicas gratuitas, que brindan contención y asesoramiento para quienes lo necesiten, es muy importante porque las víctimas, al fin y al cabo, siempre están desprotegidas. Aunque se reconoce que es un proceso lento, es necesario recalcar la importancia que tiene que existan lugares y/o organismos de resguardo.

Según un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo bonaerense, se reveló que 8 de cada 10 mujeres sufrieron acoso callejero. Además, solo el 3% aseguró que realizó la denuncia policial. No solo nos trauman y asustan, sino que se cree fehacientemente que la denuncia no favorece a la víctima.

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Estos resultados se obtuvieron tras colectar 300 testimonios a mujeres de diferentes edades y de las localidades de La Plata, Ezeiza, Esteban Echeverría y Lomas de Zamora, y se pudo establecer que el hostigamiento empieza en la preadolescencia.

Además, en el relevamiento se determinó que en el 60% de los casos el acoso fue verbal, mientras que en el 3,5% hubo contacto físico, y el 35% de esos ataques tuvieron situaciones tanto físicas como verbales.

Por nuestra parte, promovemos y apostamos a estas leyes que, día a día, nos ayudan a defendernos y resguardarnos de una sociedad y una realidad que nos agobian. Es de suma importancia que exista acompañamiento del Estado y diferentes organismos que contengan a las víctimas.

Nuevamente, apostamos a la hermandad, unidad que nos llevará a conseguir todos los derechos que merecemos y que, gracias a la lucha intensa, hoy por hoy, nos lleva a lograr este tipo de reconocimientos. Porque todos debemos gozar los derechos que merecemos y es imprescindible que así sea.

Nos hacemos eco al grito de «De camino a casa quiero ser libre, no valiente».

FUENTE: La Nación.

LA CENA BLANCA DE ROMINA, el documental sobre el caso Tejerina

En 2003, la joven jujeña mató al bebé que había concebido como resultado de una violación que quedó impune. En un ataque psicótico, había visto en su bebé la cara del violador. La Justicia la condenó a 14 años de prisión. La reconstrucción del caso que conmocionó al país pone en contexto la violencia de género que sufrió Romina y que, lejos de ser un hecho aislado, aún hoy atraviesa todos los estamentos de la sociedad.

La propuesta del grupo de cine El Ojo Obrero se compone de tres partes. La primera, “La Cena Blanca” nos muestra a la sociedad de San Pedro de Jujuy a partir de los testimonios de sus habitantes: la noche jujeña, el elevado número de embarazos adolescentes, muchas veces ocultados por miedo a la opinión ajena, y la fuerte influencia de la Iglesia en la vida cotidiana del pueblo.

Además, explica la importancia de La Cena Blanca para las adolescentes que finalizan el secundario y que sueñan con la noche en que lucirán como princesas. Esta instancia sirve para contrastar con la vida de Romina. Para ella no hubo Cena Blanca, porque estaba presa. A ella no se le permitió ser princesa ni una sola noche.

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En una segunda instancia titulada “Romina”, el documental dirigido por Francisco Rizzi y Hernán Martín apunta a reconstruir la historia de la joven al ensamblar los diferentes testimonios obtenidos. Juan Carlos Moisés, intendente de San Pedro de Jujuy, asegura: “Si mi hija me dice ‘papá, me violaron’, le contesto ‘hija, tu papá no es tonto’”. El mecanismo siempre es el mismo: se juzga a la víctima (la joven usaba polleras ‘cortísimas’) y no se cree en su denuncia (las relaciones habrían sido consentidas).

El último subtítulo llamado “La Lucha” enmarca el caso en la lucha del movimiento de mujeres contra el sistema patriarcal y por el reconocimiento del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ese movimiento logró la libertad para Romina el 24 de junio de 2012 (el día de su cumpleaños), tras 9 años de prisión.

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El documental suma una perspectiva política a la tragedia que conmovió al país: Romina fue víctima de su violador, pero también del Estado que no le garantizó el acceso al aborto, del Poder Judicial que no creyó en sus palabras, de la Iglesia que la condenó sin juicio previo y de una sociedad que aún la señala con el dedo. La propuesta es contundente, genera impacto, y eso es lo más valioso que tiene.

*“La Cena Blanca de Romina” se proyecta por tercera semana consecutiva en el Cine Gaumont Espacio INCAA Km0 (Av. Rivadavia 1635) a las 18.45 hs hasta el 05/07 (excepto el martes 4/7).

Imágenes:

El Ojo Obrero

Las vidas invisibles de las mujeres refugiadas

El 20 de junio se conmemoró el Día Mundial de los Refugiados. Las mujeres adultas y las niñas se encuentran entre los grupos más perjudicados por los desplazamientos forzados. A la grave situación de buscar una frontera para cruzar y un país que las reciba, se les suman los peligros a los que están expuestas por su género.

Según el informe “Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2016” presentado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), al finalizar el año “había 65,6 millones de personas desplazadas forzosamente en todo el mundo a consecuencia de la persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones de Derechos Humanos”. Este número, además, representa un aumento de 300.000 personas respecto del 2015.

El informe agrega que de la totalidad de los refugiados del mundo, más de la mitad (55%) procedía tan sólo de tres países: República Árabe Siria, Afganistán y Sudán del Sur. En el caso de Siria, más de la mitad de la población estaba desplazada, fuera o dentro del país. Sin embargo, los números resultan insuficientes para dar cuenta de la cotidiana lucha de millones de personas a las que habitar el planeta les parece negado.

Si se profundiza en la gravedad de la crisis de los refugiados para intentar conocer la identidad de sus víctimas, es posible descubrir que, en algunos casos, la situación empeora. Se estima que por lo menos la mitad de las personas desarraigadas son mujeres adultas y niñas. Y se sabe que a su endeble condición de refugiadas se le suma el peligro de ser mujeres. Ellas están expuestas a más riesgos en su intento por sobrevivir y en su derecho a vivir dignamente.

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De acuerdo al ACNUR, durante su viaje las mujeres -en especial quienes tienen niños o bebés, las menores, las embarazadas y las que viajan solas- se enfrentan a una serie de riesgos adicionales que van desde la extorsión y la explotación hasta la violación, el acoso sexual, el sexo de supervivencia, el matrimonio precoz y/o forzado y la trata de personas.

Amnistía Internacional denuncia: En 2016, una serie de mujeres refugiadas y migrantes del África subsahariana que habían atravesado Libia contaron que a lo largo de las rutas de tráfico de personas, la violación era tan habitual que, durante el viaje, tomaban píldoras anticonceptivas para evitar quedar embarazadas”. Los victimarios están en todas partes. Son los traficantes y grupos criminales pero también el personal de seguridad y los propios refugiados.

La asistencia médica para casos de violencia de género es prácticamente nula. Los intérpretes de farsi y árabe de sexo femenino son insuficientes. Al carecer de documentación regularizada, muchas de ellas optan por no denunciar los ataques para evitar ser detenidas y deportadas.

Si bien el ACNUR cuenta con programas destinados a aumentar la matriculación y permanencia de las niñas en las escuelas, para que puedan superar las limitaciones económicas y culturales heredadas, y provee material sanitario para mejorar sus condiciones de salud, la solución está lejos de encontrarse. Mientras los responsables políticos de la crisis sigan generando refugiados y cerrando sus fronteras, la situación no se revertirá.

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Siempre es bueno recordar que detrás del número, se esconden millones de vidas que buscan con desesperación un lugar en el mundo. Esas personas son ignoradas a diario por quienes tienen la posibilidad de salvarlas. Entre ellas, las mujeres son doblemente invisibilizadas.

Fuentes consultadas

Parirás con amor

Del 14 al 20 de mayo se celebra la Semana Mundial del Parto Respetado. En Argentina, desde el año 2004 existe una ley que promueve los derechos de la madre y el niño por nacer. Sin embargo, muchos de ellos no se respetan. Escritura Feminista dialogó con Julieta Saulo, fundadora de Las Casildas, agrupación que creó el primer Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO) del país.

La práctica del Parto Respetado en Argentina se rige por la ley 25.929 de “Derechos de Padres e Hijos durante el proceso de Nacimiento”. La norma establece que la violencia obstétrica se manifiesta mediante el trato humillante, el abuso de medicalización y la patologización innecesaria que sufren las mujeres en proceso de parto en instituciones de salud públicas y privadas.

pregnant-2057370_1920Según la legislación, las madres tienen derecho a ser informadas sobre las distintas intervenciones médicas que puedan tener lugar durante el parto y el postparto, y participar activamente en la toma de decisiones; así como también a un parto respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos, evitando prácticas invasivas y suministro injustificado de medicación.

Además, la normativa garantiza que la mujer pueda elegir una persona de confianza que la acompañe durante todo el proceso y tener a su bebé a su lado durante su permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que el recién nacido no necesite cuidados especiales. Sin embargo, entre la letra de la ley y la práctica existe una distancia más que importante.

Resultados del primer OVO del país

Julieta Saulo, fundadora de Las Casildas, asegura que a pesar de la existencia de la ley, no existe un cambio de comportamiento en los profesionales de la salud ante las mujeres en situación de parto. A falta de cifras oficiales, se dispuso a crear en el año 2015 un Observatorio que permitiera dar cuenta del panorama de la atención perinatal en el país.

Desde septiembre de 2015 hasta agosto de 2016 se realizó una encuesta de atención parto/cesárea. De los 4939 nacimientos reportados, el 50.4% sucedieron en una institución privada, el 27.9% en una institución pública, 17% en institución de obra social y 3% en el domicilio de la persona gestante.

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Los resultados revelan un alto índice de maltrato verbal, con frases como “le estás haciendo mal a tu bebé” y “bien que te gustó”, y cuentan que a 3 de cada 10 mujeres no se les garantizó su derecho a estar acompañadas durante el parto. El informe muestra también cifras alarmantes de intervenciones innecesarias sobre la persona gestante que, en la mayoría de los casos, no contaron con autorización previa:

  • A 7 de cada 10 mujeres les rompieron artificialmente la bolsa;
  • A 6.4 de cada 10 mujeres les suministraron oxitocina para conducir y/o acelerar el trabajo de parto;
  • A 6 de cada 10 mujeres se les practicó una episiotomía (incisión en el periné para partir la comisura posterior de la vulva hacia el ano, con el fin de «evitar» un desgarro de los tejidos durante el parto). Esta práctica es considerada mutilación genital por la OMS.
  • 7 de cada 10 nacimientos fueron por cesáreas y, entre ellas, 4 de cada 10 fueron programadas.

Las prácticas deshumanizadas continúan durante el postparto: 7 de cada 10 mujeres no saben qué prácticas realizaron sobre sus hijos o hijas, y 4 de cada 10 recién nacidos debieron ser ingresados en salas de neonatología. Asimismo, 4 de cada 10 mujeres no recibieron información para amamantar.

La ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres tipifica distintos tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y simbólica. A partir de la información obtenida por el OVO, se puede afirmar que la violencia obstétrica abarca, por lo menos, violencia física, psicológica y simbólica.

Mientras los profesionales de la salud y las instituciones que los emplean violan dos leyes nacionales, vulnerando los derechos de las mujeres, el Estado calla y mira para otro lado.

Denuncias

Se puede realizar un reclamo administrativo gratuito en la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (CONSAVIG). El correo electrónico es consavig@jus.gov.ar. También se puede contactar al INADI o la Defensoría del Pueblo.

Para asesoramiento, está disponible el siguiente número: 0800-122-5878.

 

 


Fuentes consultadas

Educación Sexual Integral: Derecho en jaque

En las ya reiteradas marchas del colectivo #NiUnaMenos y en todas aquellas improvisadas para exigir justicia y hacer duelo colectivo ante un nuevo caso de femicidio, se repiten los carteles que exigen el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) ¿Qué establece? ¿Por qué no se aplica? ¿Qué está en juego?

El Programa de Educación Sexual Integral (ESI) se creó a partir de la sanción de la Ley N° 26.150 en el año 2006 para garantizar el derecho de todos los estudiantes –desde nivel inicial hasta el secundario– a recibir una formación que promueva la igualdad de género y el respeto a la diversidad sexual.

El objetivo es que los jóvenes cuenten con información sobre las distintas formas de organización familiar, los métodos de anticoncepción, la prevención del abuso sexual y los noviazgos violentos.

El enfoque que promueve el Programa no se limita al aspecto biológico de la sexualidad, sino que abarca también aspectos psicológicos, sociales, culturales, afectivos, éticos y jurídicos, e incluye la perspectiva de género. Esta última implica una crítica a las relaciones de poder.

Si tomamos en cuenta el número creciente de femicidios en el país, la aplicación de la ley resulta no sólo deseable sino también fundamental para combatir la violencia machista.

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Sin embargo, en junio pasado el Ministerio de Educación, dirigido por Esteban Bullrich, redujo a un tercio el personal para el funcionamiento del Programa. Desde entonces, la situación no ha mejorado. Los escasos y precarizados trabajadores que continúan desempeñando sus tareas denuncian la lentitud con la que se trabaja y la falta de impresión y distribución de los materiales que desarrollan.

El personal desvinculado se encargaba de realizar materiales escritos y audiovisuales, realizaba talleres y adecuaba manuales para chicos con capacidades diferentes y de comunidades indígenas. Además, monitoreaba y evaluaba el funcionamiento del programa, y coordinaba los cursos virtuales para los docentes. Es decir, eran imprescindibles para el funcionamiento del programa y el cumplimiento de la ley.

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Gremios docentes, organizaciones feministas y partidos de izquierda denunciaron mediante un comunicado titulado “Sin Educación Sexual Integral no hay #NiUnaMenos” que el vaciamiento se corresponde, por un lado, con la política de achicamiento del Estado implementada de manera sistemática desde la asunción de Mauricio Macri, pero por otro, con la ya conocida estrategia del gobierno de Cambiemos de permitir la intervención en materia de políticas públicas de varias ONG vinculadas a la doctrina católica.

El ejemplo más concreto de lo denunciado lo representa la ONG “Protege tu corazón” que, a través de un convenio firmado en el año 2012 por Bullrich (entonces Ministro de Educación porteño), fue la encargada de dictar educación sexual en las escuelas promoviendo abiertamente la abstinencia sexual entre los jóvenes.

Novedades

El pasado martes por la tarde, el Ministerio de Educación de la ciudad anunció que se eliminaban seis jornadas específicas de la agenda educativa del año. Entre ellas, se encontraban dos días que iban a ser destinados a discutir sobre Educación Sexual Integral (ESI) y violencia de género.

Los docentes denuncian un intento de disciplinamiento del gobierno porteño en represalia por los paros realizados durante los meses de marzo y abril. Además, sostienen que la medida afectará de manera directa a los alumnos, en un contexto en el que se vuelve urgente generar una nueva conciencia que contribuya a erradicar la violencia de género.

 

 


Fuentes consultadas

Imágenes extraídas de: